Los servicios de inteligencia del estado se han apartado de la legalidad, se han autonomizado del poder político -que nunca tuvo el control de los mismos- y en las diversas facciones que los atraviesan se encuentran reiteradas evidencias de sus actividades y vinculaciones con campañas de difamación, extorsiones, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas que atentan contra los intereses democráticos de la Nación. Los servicios de inteligencia nunca estuvieron al servicio del pueblo argentino.
Celebramos que hoy el gobierno nacional, luego de desplazar a la conducción de la exSIDE, decida quitarle el poder de las escuchas, subordinar los servicios de inteligencia al poder democrático, y a crear mejores mecanismos de control para que estén al servicio de la Nación.
Esperemos que el proyecto del ejecutivo sea efectivo y que esta nueva Agencia Federal de Inteligencia sea concertada con todas las fueras democráticas y populares para una profunda reforma de las políticas de inteligencia. Sin embargo ahí no termina la tarea, entre otras cosas, también se deberá desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas bajo directivas de Milani y la orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina. Así como también se deberá redefinir la manera en que el Estado recolecta y protege la información de la ciudadanía -la ley de identificación actual es de la dictadura de Onganía-. Es fundamental la transparencia legal e institucional en todas las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial. En especial en lo que hace a las investigaciones del caso AMIA.
La muerte del fiscal Nisman, cuyas causas revisten todavía varias hipótesis de suicido, suicidio inducido u homicidio, pone al desnudo los déficits pendientes de nuestra democracia para garantizar justicia. Son muchos los interrogantes que este grave hecho genera, y más aún las evaluaciones que pueden inferirse del contexto en que se produce.
Cualquiera sea la evaluación que puede efectuarse de la denuncia del fiscal, resulta necesario investigar la presentación y determinar la pertinencia de sus acusaciones. Pese a las muchas dudas que genera la oportunidad y consistencia de su denuncia, será tarea de la justicia dilucidar la consistencia de la misma.
Desde el inicio de la gestión kichnerista la política exterior adoptada fue alinearse con los EEUU en la acusación contra Irán, de la cual da muestra el nombramiento del fiscal y del todopoderoso responsable de inteligencia en la ex Side designado para trabajar en la investigación de la causa. La acusación contra Irán fue reiteradamente sostenida por el gobierno nacional en diversos foros internacionales pese a que las principales pruebas para sostener dicha acusación provinieran de fuentes interesadas y sospechadas como la CIA y el Mossad. Los EEUU iniciaron una guerra basados en acusaciones fraguadas obtenidas por los servicios inteligencia que acusaban a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Esta acusación permitió justificar la invasión, desbastar Irak y generar un proceso de desestabilización regional. Una investigación independiente debiera apelar a diversas fuentes, no sólo las que provean sectores de inteligencia, para poder fundamentar las acusaciones de quienes fueran los ejecutores del atentado de la AMIA.
La investigación de la causa AMIA, como ilustra la información provista por WikiLeaks, evidencia el alineamiento y colaboración del fiscal Nisman con las instrucciones dictadas por la embajada norteamericana para centrar la acusación sobre Irán, descartando la investigación de otras pistas también plausibles de sospecha como la mentada pista Siria que no ha sido explorada en las investigaciones en curso para evaluar su pertinencia o descartarla con fundamentos. La causa ha quedado moldeada por las disputas de diversas facciones de los servicios de inteligencia cuyo principal responsable se alineaba con los intereses de los EE.UU. Y todo indica que el objetivo es asegurar una trama de impunidad de la misma.
El Poder Judicial en lugar de disponer como auxiliar de su investigación la eventual información que pudieran haberles provisto las agencias de inteligencia aparece en diversas oportunidades y con diferentes actores subordinada y presa de los designios y disputas de estos servicios que inteligentes.
Han transcurrido más de 20 años sin lograr justicia del atentado en la AMIA y la embajada de Israel, actos terroristas que continúan en la total impunidad; frente a esta situación APEMIA (una de las organizaciones de familiares de la AMIA), ha presentado un proyecto de ley para la formación de una comisión investigadora independiente, es un derecho que tienen los familiares de las víctimas y el pueblo argentino.
Como comunidad reclamamos junto a los familiares de las víctimas de la AMIA que la justicia investigue en forma independiente todas las pistas que puedan asegurar la identificación y sanción de los responsables del atentado, así como para sancionar la trama de ocultamiento e impunidad que ha impedido una investigación independiente de la causa.
Acompañamos a los familiares del fiscal en este momento de dolor y reclamamos que se investigue su muerte con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos.
La democracia y los derechos humanos no se regalan, se construyen con la participación ciudadana. Y en esta etapa resulta fundamental asegurar la subordinación y control democrático de los servicios de inteligencia. Tengamos presente que sobre la impunidad no es posible construir la democracia.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio de Paz y Justicia
