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Editorial
Soberanías energéticas tuteladas
Por Observatorio Petrolero Sur
Centro de Documentación e Información Bolivia
Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia
Empresas y gobiernos clavaron sus ojos sobre yacimientos de frontera: no convencionales y offshore. El estancamiento de los niveles globales de extracción tradicional de petróleo y el improbable descubrimiento de mega yacimientos, son parte del problema que se agudiza con el incremento exponencial del consumo de energía –no sólo por los países del Norte global sino, también, por las economías emergentes, como China e India. El gas y el petróleo de esquistos o lutitas –más conocidos por su denominación sajona, shale–, junto a los hidrocarburos de arenas compactas –tight sands–, los crudos ultra pesados y el petróleo del Ártico y de aguas profundas han cobrado suma relevancia en la apuesta sistémica a sostener esta matriz, donde los combustibles fósiles representan el 82% de las fuentes primarias de energía mundial.
Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. A partir de su desarrollo masivo, Washington no sólo apunta a que el mercado esté abastecido de combustibles fósiles y que los precios no se disparen, sino también a que se modifique el mapa geopolítico de la energía. Al ampliar el espectro de proveedores busca limitar el protagonismo de países como Rusia y Venezuela, los gigantes mundiales del gas y el petróleo, respectivamente. En esta estrategia el lugar estelar lo ocupan el gas y petróleo de esquistos. Según estimaciones de la Agencia de Información de Energía (EIA) de ese país, publicadas en 2013, América del Sur posee el mayor potencial de recursos técnicamente recuperables de shale gas, 1431 billones de pies cúbicos de gas (TCF, trillones según nomenclatura estadounidense); seguida por Asia, con 1403 TCF –de los cuales 1115 TCF corresponden a China. En cuanto al crudo de estas formaciones, el potencial sería de 1152 millones de barriles (Billon bbl, según su equivalente en inglés) que la ubica detrás Europa, 1551 Billon bbl; y Asia, 1375 Billon bbl. Si bien estas cifras deben ser relativizadas, ya que las estimaciones fueron realizadas sólo sobre 41 países, sin EE.UU., lo que le resta relevancia al potencial de América del Norte, y porque el cálculo mismo es cuestionado, ilustran la posición que la región ocupa en la geopolítica del shale. O, por lo menos, en la política de Seguridad Energética del Departamento de Estado norteamericano.
En este esplendor no convencional, como ha sucedido a lo largo de la historia de nuestros pueblos del Sur, detentar los recursos no necesariamente implica tener la sartén por el mango. La explotación de estos recursos, criticada por su alto impacto socioambiental, se realiza con tecnologías desarrolladas y acaparadas por grandes empresas de servicios petroleros, como Halliburton y Schlumberger, y operadoras con capacidad financiera y de lobby, como Chevron y ExxonMobil. Justamente en los últimos años el sector corporativo ha tenido un marcado protagonismo, promoviendo este tipo de explotaciones en diversos foros regionales y presionando a las autoridades públicas para que generen las condiciones propicias para la avanzada, es decir, garanticen márgenes de ganancia y adecuen marcos regulatorios.
En sintonía, cada uno de los gobiernos de la región ha justificado su creciente interés en estos reservorios a partir de metas propias, soberanas. Los argumentos son diversos; reducir la importación de combustibles, revertir la caída de los niveles de extracción, alcanzar el autoabastecimiento, mantenerse o consolidarse como exportador… Pero más allá de los enunciados, todos tienen una consecuencia común: la conflictividad social por la ampliación de la frontera extractiva y de la transnacionalización del sector, si bien algunas veces hay un aparente liderazgo de compañías controladas por el Estado.
El mayor avance sobre formaciones de shale, por fuera de EE.UU., se registra en Argentina, que, según la EIA, concentra 802 TCF sobre 1431 TCF del conjunto de Sudamérica. El mayor potencial se encontraría en la Cuenca Neuquina, con 583 TCF distribuidos en las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, lo que explica por qué ostenta el dudoso privilegio de ser cabecera de playa nacional y regional. A la luz de estos datos no es un hecho menor la alianza para “fortalecer y profundizar el intercambio y la cooperación” en hidrocarburos no convencionales, redes inteligentes, energía nuclear y eficiencia energética y energías renovables, sellada por el secretario adjunto de Energía de EE.UU., Daniel Poneman, y el ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, en mayo último. Según lo publicado en medios de prensa cercanos al gobierno de Cristina Fernández, EE.UU. aspira a insertarse de lleno en el negocio de Vaca Muerta, y en ese esquema, empresas como ExxonMobil, cobrarían protagonismo, sumándose a la pionera Chevron.
Chile –otro país visitado recientemente por Poneman, pero para asegurarse la venta de gas– y Colombia también han puesto su atención sobre los no convencionales, realizando exploraciones tanto en formaciones de esquistos como de gas de mantos de carbón, con resultados disímiles. Chile busca sumar fuentes a su matriz para incrementar la capacidad instalada, que demanda la minería, y, al mismo tiempo, superar el cuello de botella que significa la masiva oposición popular a proyectos de mega complejos hidroeléctricos, como HidroAysén, que fue finalmente descartado. En el caso de Colombia la ampliación de la frontera extractiva, impulsada en el marco de la política de promoción de la actividad minero-energética, está orientada a ampliar el horizonte de reservas e incrementar las exportaciones, buscando los mercados asiáticos.
Uruguay, Bolivia y Brasil también evalúan la alternativa de los no convencionales. En este sentido es destacable el poco entusiasmo que generó en el mundo corporativo brasileño la Ronda 12, a través de la cual, por primera vez en el país, se licitaron bloques para exploración de esquistos. Esto marcó una profunda diferencia con el interés despertado meses antes por la licitación del campo Libra, en aguas profundas. Mientras que en Paraguay la exploración de hidrocarburos es promocionada con promesas de abundancia, pero poco ha avanzado en términos generales y el horizonte del shale aparece supeditado a la evaluación costos de producción.
En tanto en el extremo norte de Latinoamérica, México ha consumado la reforma de su Carta Magna, que permitió echar por tierra con el monopolio que la petrolera estatal Pemex tenía sobre todo el sector. De este modo, las puertas quedaron abiertas no sólo para una salvaje transnacionalización de la industria hidrocarburífera sino también para la explotación de esquistos.
En la mayoría de los países de la región, la adjudicación de bloques para la exploración y explotación de no convencionales, ha dado lugar al surgimiento de espacios de oposición donde convergen organizaciones de las más diversas, como es el caso de la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén o la Alianza Mexicana contra el Fracking, y a campañas como Por um Brasil Livre de Fracking. En todos los casos la defensa del agua se transforma en el elemento aglutinador, y en ese aspecto, el Principio Precautorio y el derecho de las comunidades locales a decidir sobre el futuro de sus territorios son pilares de las demandas.
En este contexto, se torna imperativo para las organizaciones de la región formalizar un ámbito de confluencia con el objetivo de frenar esta profundización del modelo extractivista, a partir del fortalecimiento de las resistencias y la construcción de caminos hacia la Soberanía Energética. Porque Soberanía Energética no es sólo garantizar el autoabastecimiento sino que es tener el control sobre las fuentes y la autonomía en la gestión de la energía. No sólo se trata de contar con mayores reservas, sino también de detentar la capacidad política para definir energía cómo, para qué y para quién, en un marco de participación popular.
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