Doce años después de la denuncia contra siete integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal resolvieron por unanimidad absolver a cinco de los acusados ante la falta de pruebas que apunten a una condena, y declarar a dos de ellos en rebeldía.
Resultaron absueltos Oscar Adrián Ruiz, Jesús Rubén Sedán y Carlos Sebastián Cabral del delito de incendio (Artículo 186, inciso 1º del Código Penal y Artículo 20 de la Constitución Nacional). Daniel Ángel Valencia y Tito Vicente Chanampa, en tanto, fueron declarados en rebeldía.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Miguel Chehda (presidente) y Sandra Bonari y Ricardo Hugo Martoccia (vocales).
Los imputados llegaron a juicio acusados de haber ingresado el 20 de noviembre de 2003 a una planta de Tecpetrol.
Los hechos acontecieron en el norte cuando aún la crisis social azotaba a los trabajadores ante la privatización de YPF. Una de las tantas puebladas comenzó cuando cinco trabajadores fueron reprimidos por 300 policías en Campo Durán. Ante ello, los desocupados se unieron a los ex ypefianos a la vera de la ruta en General Mosconi. Fue cuando se produjo el incendio de las oficinas de Tecpetrol.
“En su primera declaración el único testigo, un personal de vigilancia, dijo que había visto a una sola persona que nunca fue a juicio. A los dos días, el mismo trabajador, que conoce a todos en Mosconi, llevó una lista con los nombres de los acusados, y sus direcciones”, contó a Nuevo Diario la abogada Mara Puntano, quien representó a los imputados.
Indicó que el representante de Tecpetrol, en tanto, sostuvo que todas las personas que habían ingresado estaban encapuchadas y que pese a que tenía comunicación con la Policía todos los días, desde allí se le indicó que no había posibilidad de enviar policías a la empresa por estar con otros operativos. Al llamar a Gendarmería se enviaron dos unimog, pero no intervinieron. La sospecha fue que liberaron la zona para luego criminalizar a los manifestantes.
“Pese a la cantidad de medios que cubrieron los hechos, nunca se pudo individualizar a los imputados como responsables de los delitos. Un solo testigo es el que los identificó tras cambiar su declaración. Los otros guardias declararon que el que les dijo quiénes eran los responsables, fue su jefe”, contó Puntano.
Por su parte, Carlos Cabral, uno de los acusados, recordó que en el momento de ser imputado en 2003 “llegó la Policía a las 6 de la mañana secuestrando a mi familia y golpeando a todos los que estaban. Me llevaron primero a la Comisaría y luego estuve dos meses detenido en la cárcel cuando se supone que hay otros procedimientos para esto. Ahora por fin, hubo Justicia”.
Nuevo Diario de Salta
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Miguel Chehda (presidente) y Sandra Bonari y Ricardo Hugo Martoccia (vocales).
Los imputados llegaron a juicio acusados de haber ingresado el 20 de noviembre de 2003 a una planta de Tecpetrol.
Los hechos acontecieron en el norte cuando aún la crisis social azotaba a los trabajadores ante la privatización de YPF. Una de las tantas puebladas comenzó cuando cinco trabajadores fueron reprimidos por 300 policías en Campo Durán. Ante ello, los desocupados se unieron a los ex ypefianos a la vera de la ruta en General Mosconi. Fue cuando se produjo el incendio de las oficinas de Tecpetrol.
“En su primera declaración el único testigo, un personal de vigilancia, dijo que había visto a una sola persona que nunca fue a juicio. A los dos días, el mismo trabajador, que conoce a todos en Mosconi, llevó una lista con los nombres de los acusados, y sus direcciones”, contó a Nuevo Diario la abogada Mara Puntano, quien representó a los imputados.
Indicó que el representante de Tecpetrol, en tanto, sostuvo que todas las personas que habían ingresado estaban encapuchadas y que pese a que tenía comunicación con la Policía todos los días, desde allí se le indicó que no había posibilidad de enviar policías a la empresa por estar con otros operativos. Al llamar a Gendarmería se enviaron dos unimog, pero no intervinieron. La sospecha fue que liberaron la zona para luego criminalizar a los manifestantes.
“Pese a la cantidad de medios que cubrieron los hechos, nunca se pudo individualizar a los imputados como responsables de los delitos. Un solo testigo es el que los identificó tras cambiar su declaración. Los otros guardias declararon que el que les dijo quiénes eran los responsables, fue su jefe”, contó Puntano.
Por su parte, Carlos Cabral, uno de los acusados, recordó que en el momento de ser imputado en 2003 “llegó la Policía a las 6 de la mañana secuestrando a mi familia y golpeando a todos los que estaban. Me llevaron primero a la Comisaría y luego estuve dos meses detenido en la cárcel cuando se supone que hay otros procedimientos para esto. Ahora por fin, hubo Justicia”.
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