El fallido allanamiento que ideó la Justicia no era una simple averiguación de identidad. Benetton y las corporaciones mineras observan con atención el conflicto que se vive en torno a los mapuche. Un ex juez entre los abogados querellantes contra el único imputado que existe en la causa.
Pablo Quintana.- “Ordenar la detención de todas las personas presentes en dicho lugar, cuyos demás datos filiatorios se desconocen, a fin de proceder a su correcta identificación”, dice parte de la polémica orden judicial que habilitaba el procedimiento del Grupo Especial de Operaciones de la Policía del Chubut y que lleva la firma del juez penal, Martín Zacchino.
El operativo, que fue desactivado a partir de la presentación de un hábeas corpus que integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACh) y los abogados de la Defensoría Pública presentaron el martes por la noche en la Comisaría Primera, tenía como propósito ‘el factor sorpresa’.
Todo el andamiaje judicial se había puesto en marcha el miércoles 12 de agosto con la solicitud que presentó el Ministerio Público Fiscal para lograr la orden de allanamiento, secuestro, requisa y detención. La disposición finalmente fue rubricada por el magistrado el sábado 15 del presente mes para que la operación fuera ejecutada el pasado miércoles.
“Las personas que resulten detenidas deberán ser inmediatamente identificadas en el modo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, ya sea en sede policial o en la OUMPF para el caso que exista tal posibilidad (Oficina de Identificación de personas)”, dice en otro párrafo el dictamen al que tuvo acceso Textosentidos.
“La fiscalía desde el comienzo ha dispuesto todas las medidas a nuestro alcances para poder identificarlos por medios pacíficos”, había advertido el fiscal Fernando Rivarola que, acompañado por sus pares Fernanda Révori y María Bottini, brindó una conferencia de prensa luego que el procedimiento fuera desarticulado.
La disposición autorizaba a incautar prendas de vestir, armas caseras, de fuego, teléfonos o radios y todo otro elemento que la fiscalía entendiera relevante o de interés para la investigación. De esta manera, la finalidad era aprehender a todos los que estuvieran presentas en el territorio recuperado, ubicado en la intersección de las Ruta 40 y ex Ruta 40 (el camino de ripio que da ingreso a la localidad de El Maitén).
El planteo de la fiscalía sigue siendo casi del mismo tenor, atentados, amenazas por cortes de ruta, vínculos que nunca comprobó con hechos y atentados graves (vincula al Lof en Resistencia del Departamento Cushamen con Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)), conexión con mapuche de Chile y hasta insiste con la teoría de la presencia de Facundo Jones Huala, que tiene pedido de captura del otro lado de la cordillera y que, por ahora, las prueba que posee se remiten a fotografías en las que se intuye que una de las personas que aparecen en la misma, a pesar de estar con pasamontañas, sería el Jones Huala.
No obstante, en el escrito presentado por la fiscalía desaparece la petición de encuadrar los hechos bajo la figura de la Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista (aquella polémica normativa aprobada en diciembre del 2011). Fue ese el planteo que días atrás realizó la fiscalía y que derivó en la presentación del juez Zacchino de establecer la incompetencia para los jueces provinciales y remitir los expedientes al fuero Federal. En esa instancia, el juez Guido Otranto desestimó de manera contundente la posibilidad de aplicar semejante medida.
Por ese motivo, los expedientes viajaron hacia Buenos Aires para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva si la causa sigue su periplo en la justicia provincial o la federal.
Y este punto es otra instancia difícil de entender. ¿Como se explica el impulso dado por la fiscalía en una causa en la que el mismo Ministerio propuso sacar del fuero provincial? Si se está a la espera de la resolución que debería tomar la Corte, cuál es la necesidad ahondar en diligencias como las que promovió Rivarola y compañía?.
SOLO PARA ENTENDIDOS
Otro hecho llamativo fue el rechazo a recibir el Hábeas Corpus que intentó presentar el mismo Martiniano Jones Huala, después de haber recibido el asesoramiento de un letrado de Comodoro Rivadavia y llevar el escrito a la Comisaría Primera. Allí, uno de los agentes uniformados habría llamado al juez Jorge Criado y fue éste el que le habría indicado no recibir la presentación porque no tenía firma de abogados. Sin embargo, el trámite debería haberse formalizado.
“Cuando uno comete una torpeza antijurídica, la ley dice que el derecho se presume conocido por todos. Entonces es bueno que en una comisaría sepan que cualquier persona puede plantear un Habeas Corpus, sea o no abogado. Incluso no necesariamente puede ser por escrito, puede hacerlo en forma oral y se le tiene que labrar un acta”, sostuvo el abogado Fernando Radzivilowsky en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.
Fue entonces que el cuerpo en pleno de los abogados de la Defensoría Pública se hicieron presentes en la Comisaría para evitar el desembarco de la GEOP en el territorio desocupado, salvaguardando la integridad física de los aborígenes. Para muchos, en la Cordillera, aún está latente lo que implicó en el 2009 la presencia de esa fuerza policial cuando generó prácticamente un estado de sitio en Corcovado.
¿QUE ESTA EN JUEGO?
La urgencia por volver a recobrar intensidad en la misma causa a la que pretendió encuadrarse bajo la polémica ley antiterrorista, coincide con el arribo como querellante en esta instancia judicial de la Compañía Tierras del Sud S.A., propiedad de los Benetton.
El pasado 2 junio en una escribanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo el trámite necesario para que un importante grupo de abogados tuvieran el poder para representar a la multinacional.
El plantel lo encabeza el ex juez federal Oscar Mario Salvi, quien supo ser socio de Daniel Hadad y representó a Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Entre sus representados figura una larga lista de personajes reconocidos, entre los que se pueden encontrar Bernardo Neustadt, Julio Ramos y Gerardo Sofovich (fallecidos) o hasta el empresario Franco Macri, o Susana Giménez. El resto de los abogados son María Cristina Fiorito, María Valeria Del Bono Lonardi y Matías Moran, todos ellos integrantes del estudio de Salvi. A ese cuarteto se suma el esquelense Martín Iturburu Monef.
En plena conferencia de prensa, el fiscal Rivarola fue consultado si además de Benetton eran afectados otros productores o empresas a lo que el integrante de Poder Judicial respondió afirmativamente. “Sí, hay empresas que han sido afectada en sus bienes, en los daños estos que hemos denunciado”, precisó la voz cantante de la fiscalía.
Quizás la respuesta pueda comprenderse, por ejemplo, en la figura del hombre encargado de ceder los poderes a los letrados. Fue el vicepresidente, en ejercicio de la presidencia de la Compañías tierras del Sud Argentino, Diego Eduardo Perazzo.
Según la revista de negocios, Bloomberg Businessweek, Perazzo no sólo actúa como Vicepresidente y Consejero Delegado de Compañía Tierras del Sud S.A. sino que fue fundador de Minera Sud Argentina SA y donde se desempeña como presidente.
La publicación empresarial describe a la Compañía Tierras del Sud S.A. como una filial del Grupo Benetton en nuestro país y con el control de más de un millón de hectáreas, “a través de varios ranchos en Patagonia y provincia de Buenos Aires, dedicadas a la ganadería y la cría de ovejas, así como productos agrícolas, lana y mataderos para la exportación de cordero”.
Pero los pergaminos de Perazzo lo muestran como Director Financiero de Fortabat, una de las más grandes familias terratenientes de la Argentina, según relata la misma publicación y se podría agregar, símbolo del menemismo y la dictadura.
Para comprender lo que están provocando los indígenas en la zona, habría que centrarse quizás en el dato de que Perazzo es un contador que se desempeñó como Presidente del Minsud Resources Corp. compañía que desarrolla actividades de exploración minera y es su director desde mayo de 2011.
Parte de esta historia continuará el próximo 28 de agosto para dar formalidad al ingreso de la Compañía Tierras del Sud S.A. como querellante en la causa. De un lado estará el único aborigen imputado, Martiniano Jones Huala, acompañado por un defensor público; del otro, estará la multinacional Benetton, respaldada por un importante equipo de abogados, y la fiscalía provincial.
