En Argentina, de las 12 empresas que concentran la mayoría de la producción petrolera, 8 son de capitales extranjeros. A pesar que la renta petrolera garantizada por el Estado es cinco veces superior a lo que les cuesta producir un barril de petróleo, no se hacen cargo del costo del impacto sobre el medio ambiente y sobre las personas.
Por Leandro Yanson / Red Eco.– El mercado petrolero está concentrado en una docena de empresas que provienen en su mayoría de EE UU, China y Brasil. Entre las empresas nacionales se encuentra YPF que tiene control estatal y es un actor relevante en el mercado actual. La caída en la producción a partir del año 2000 provocó un déficit comercial en el sector energético que impulsó al gobierno nacional a desarrollar la petrolera que concentra, como sociedad anónima, el 51 % de acciones en manos del Estado.
El impacto en el ambiente y en las personas
Si hay algo que no le falta a la industria petrolera es capacidad para contaminar todo lo que se encuentre cerca. En el caso de Argentina, no sólo le tocó tener el mayor derrame de petróleo en agua dulce, también le toca sufrir los dañinos efectos de la falta de seguridad al explotar los yacimientos.
La magnitud de la contaminación es realmente grande. En el año 2011 sólo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” y derramaron 429.000 litros de petróleo.
En 2001 se publicó un estudio pedido por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y la Confederación Mapuche de Neuquén que indicaba que el daño ambiental en Loma de la Lata (Neuquén) alcanzaba 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad, aguas con, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Además, 42 personas, sobre un total de 98, contaban con síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos.
En 2012 al momento de tomar la gestión de YPF, el propio gobierno denunció más de 600 episodios de contaminación. Durante el 2013 se produjeron 4 derrames en once días originados por faltas en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, rupturas de tubos conductores o de piletones de almacenamiento; algunos llegaron al agua del río Colorado.
Y para coronar todas estas problemáticas que atraviesan al territorio argentino, con la aparición de Vaca Muerta y el arribo de la multinacional Chevron, llega el fracking, mundialmente famoso por tratarse de una técnica altamente contaminante.
Las consecuencias que puede acarrear es la contaminación de las capas de agua, ya que para obtener el petróleo no convencional debe excavarse en profundidad y verter agua con químicos tóxicos.
No termina sólo bajo tierra sino que luego se debe retraer el agua a la superficie cargada con una mayor cantidad de sustancias tóxicas y es allí donde se corre el mayor riesgo de contaminar la tierra, debido a la dificultad para mantener la impermeabilidad de la zona de explotación.
Desde el Observatorio Petróleo Sur (una organización que analiza la producción y el consumo de energía) dan cuenta a través de sus publicaciones, y en su reciente libro “Polos: Injusticias Ambientales e Industrialización Petrolera en Argentina”, de la contaminación producida por el modelo extractivista alrededor de la refinación del petróleo.
“De las ocho grandes refinerías que concentran el 98% de la capacidad instalada del país, dos se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida”.
Algunos de los padecimientos son; trastornos digestivos, descamación de la piel, padecimiento osteoarticular, cuadros depresivos y pérdida de sensibilidad en los miembros y de la vista.
Uno de los mayores problemas que enfrentan quienes habitan los alrededores de estas plantas refinadoras es la falta de accionar de los distintos organismos ejecutivos, debido a que estos no avanzan en realizar diagnósticos, ni en solucionar las fuentes de la contaminación; sólo se reducen a imponer multas a las empresas, quienes con tal de no invertir en reparar sus desperfectos pagan gustosamente.
Es el caso ocurrido en San Lorenzo, “ante una controversia, los funcionarios municipales decidieron escuchar sólo a los representantes de la refinería, dejando de lado a los vecinos, quienes solicitaban alejar del frente de sus viviendas la traza de un ducto que transporta combustibles”.
“El máximo órgano judicial de la provincia hizo lugar al pedido de los afectados pero esa sentencia se firmó cuando la obra ya se había terminado. Inmediatamente los vecinos presentaron una acción civil por daño moral y la desvalorización de sus propiedades. La causa avanza lentamente y en el transcurso fallecieron 14 de los 44 demandantes”.
La resistencia contra el modelo
En el libro, los autores señalan la importancia de la organización vecinal para poder enfrentar esos mecanismos dilatadores que sostienen tanto las empresas como los gobiernos donde estas se encuentran instaladas.
La lucha contra el actual modelo de explotación tiene su comienzo en la oleada privatista. Quienes la llevaron a cabo fueron los trabajadores que se verían afectados por el traspaso de la nacional YPF, a quienes se les prometió una indemnización, que tras más de 20 años siguen reclamando.
La resistencia a la privatización generó marchas, huelgas de hambre y carpas de resistencia, logrando en algunos casos la presencia de más de 1500 personas, un número muy elevado para las localidades en donde se manifestaban. Surgieron además cortes de rutas, como el de la ruta nacional Nº 34 a la altura de Mosconi y de Aguaray (Salta) que duró hasta que fue enviada la Gendarmería a levantarlo. Los planteles de personal se redujeron de 52000 trabajadores en 1990 a menos de 6000 para 1993.
En Portezuelo Chico la comunidad, Winkul Newen, denunció un derrame petrolero de un ducto y tras el hecho cerró el ingreso a sus 3000 hectáreas y exigió una mesa de diálogo. La justicia ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera, frente a lo que la comunidad optó por resistir. Durante el conflicto una ayudante de la justicia resultó herida por una piedra; al poco tiempo algunos Mapuche de la comunidad fueron acusados por intento de homicidio y el propio gobierno de la provincia los clasificó como violentos.
El 21 de junio de 2012, el Cerro Dragón ubicado a 80 km de Comodoro Rivadavia (Chubut) fue tomado por una organización sindical conocida como “Los Dragones” que exigía un salario digno y su reconocimiento gremial como trabajadores petroleros y no de la construcción. Durante la manifestación acabaron efectuando daños en las instalaciones de Pan American Energy, lo que les valió la imputación a 40 de los involucrados, haciendo que el conflicto gire en torno de los daños causados por los gremialistas y no en torno al verdadero problema: la precarización que genera la matriz productiva de Argentina.
“Polos: Injusticias Ambientales e Industrialización Petrolera en Argentina”, ilustra además el caso de la población de Ingeniero White, en Bahía Blanca: “viven en las inmediaciones de las plantas intentan cuestionar el accionar industrial, deben demostrar el daño ocasionado en Bahía Blanca, que realizó un inédito censo socio-sanitario para poder evaluar el impacto del polo petroquímico”.
Estas historias muestran que no hay muchas posibilidades de alcanzar un consenso entre los intereses de los productores, empresas mayoritariamente extranjeras, y los intereses de quienes habitan en los alrededores de las plantas petroleras.
Desde el gobierno han garantizado principalmente los negocios de las empresas mientras hacen oídos sordos a los problemas de los afectados. Mientras que el costo de producción de un barril (según los propios balances de YPF) es de U$S 14, el precio interno de estas empresas es de U$S 70. La diferencia es pura ganancia, mucho más en un contexto de baja del precio internacional del crudo, en el que un barril no supera los U$S 46.
Fuente: Red Eco Alternativo
