Entrevistamos a Moisés “El Negro” Corregidor, trabajador del Parque Nacional Calilegua.
Miguel López
La actual área protegida llamada Parque Nacional Calilegua fue cedida por la empresa Ledesma S.A.A.I. y se fundó el 19 de Julio del año 1979, en medio de un contexto de dictadura militar, genocidio y apagones del terror, al parecer como un modo de limpiar culpas, dotarse de una imagen conservacionista ante la opinión pública; pero sobre todo, para que la Administración de Parques Nacionales proteja los arroyos y ríos de los que hace usufructo el monopolio agro industrial propiedad de la familia Blaquier-Arrieta. Sobre las contradicciones que tiene dicha institución a 37 años de su fundación, nos habla Moisés “El Negro” Corregidor, trabajador del Parque Nacional Calilegua.
Objetivos contrapuestos: Conservación vs. Capitalismo
“Tenemos varias amenazas dentro del área protegida, ya que es un vasto territorio de más de 76 mil hectáreas las que gestiona la Administración de Parques Nacionales en el territorio de Ledesma. Y esto es todo un desafío, porque hay un emprendimiento agroindustrial, por todos conocidos en la zona del departamento Ledesma, que trabaja en la producción básicamente de monocultivos, ocupando las tierras del pedemonte de las yungas, que es un área de mucha biodiversidad y de lo más sensible porque en el país queda menos del 10% de este tipo de ambiente. Los emprendimientos privados explotan el piso de yungas, porque es un territorio productivo el valle de San Francisco, y además porque se encuentra atravesado por varios cursos de agua dulce, arroyo y ríos, como el San Lorenzo, Ledesma y San Francisco. Lo que convierte a esta tierra en una zona rica, por eso este emprendimiento agro industrial lo usufructúa desde hace más de 100 años. Entonces aquí, podemos ver dos objetivos contrapuestos, por un lado la conservación, de la que se encarga la Administración Nacional de Parques, y por otro lado producción capitalista, de Ledesma S.A.A.I., que arrasa con el corredor de yungas. Sin embargo, ya son 37 años que la institución estatal esta en el medio, con un cuerpo de trabajadores en todas sus aéreas que ha demostrado compromiso con la tarea de la conservación”.
Otras amenazas: furtivismo maderero y contaminación petrolera
“Pero he aquí que sufrimos amenazas de distinta índole, el furtivismo maderero, donde tenemos zona de presión hacia el norte, hacia Caimancito, donde hay una cantidad importante de aserraderos y madereras, y toda una comunidad aledaña al parque que se dedica a esta labor. Hay antecedentes de denuncias a empresarios que se dedican a la tala indiscriminada de árboles en lugares donde es ilegal la tala como en el Parque Nacional Calilegua. Otra amenaza son los emprendimientos hidrocarburiferos, puntualmente el Yacimiento Caimancito, concesionado actualmente a la empresa Petro Ap, de capitales chinos, que está en una situación muy particular porque hace mas de 40 años que se extrae petróleo en la zona, pero ahora el gobierno de la provincia y su legislatura han sacado un ley que ordena el cese de esta actividad hidrocarburifera. Pero todavía están en tratativas, ya que se sabe que han creado un órgano contralor, una Comisión Técnica Ad hoc de reparación petrolera dentro del parque, que la componen la Secretaria de Ambiente, el Ministerio de Minería y Energía de la Nación, la Administración de Parques Nacionales, todos menos los trabajadores de parques nacionales, los pobladores y los pueblos originarios. No nos quieren adentro de la misma, porque nosotros consideramos que Petro Ap debiera irse inmediatamente. Por eso presentamos un petitorio solicitando que se retire la petrolera, porque es un absurdo a la conservación que siga la explotación petrolera en el Parque Calilegua, mucho más después de esta Ley.”
Hecha la ley hecha la trampa
“Aceptar un emprendimiento de este tipo en un parque nacional es totalmente ilegal, y esto está estipulado en varias leyes y normativas nacionales, que sostienen que esta explotación no puede llevarse adelante, sin embargo la petrolera sigue aquí por orden del mismo poder ejecutivo. La ley que pregona el gobernador Morales dice que las petroleras debieran irse, pero en el terreno no hay muchos avances. Lo que si hay es reuniones institucionales de diagnóstico y evaluación pero la petrolera sigue aquí, de hecho ha propuesto un plan de abandono de pozos a una determinada cantidad de años que están arreglando en esa Comisión Técnica Ad Hoc. En principio los capitales chinos plantearon el abandono de pozos al cabo de 10 años, luego hicieron una nueva propuesta de cese de actividad en 6 años, pero la plata para las actividades de mitigación no aparecen”. Aquí también puede verse que como dice el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”. El gobierno “conservacionista” de Gerardo Morales impulsa una Ley, que la legislatura promulgó, pero a 8 meses de su promulgación todavía no la reglamentaron. Mientras tanto Petro Ap continúa su actividad hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y negocia el abandono de pozos después que termine la gestión de este gobierno.
