El Observatori del Deute en la Globalització publica el informe ‘Colonialismo energético: el acaparamiento del gas de la UE en Argelia’. El ODG denuncia que la UE prioriza intereses de corporaciones por encima de los DDHH en Argelia
Gladys Martínez López – Diagonal
“Argelia es un socio clave para la UE. El gas natural es un tema estratégico: Argelia es un importante proveedor de Europa, mientras que Europa es, con mucho, el mayor cliente de Argelia”, declaraba el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en el año 2013, durante la firma del Memorándum de Entendimiento para la cooperación entre la UE y Argelia en materia de petróleo y gas.
¿Pero qué significan estos y otros acuerdos para el pueblo argelino? ¿Dónde quedan los derechos humanos, las libertades políticas, el medio ambiente, el desarrollo económico y social del país? El Observatori del Deute en la Globalització publica hoy el informe Colonialismo energético: el acaparamiento del gas de la UE en Argelia, en el que denuncia una vez más que “la UE prioriza los intereses de las corporaciones de combustibles fósiles y la adquisición de las reservas argelinas de gas natural, por encima de los derechos humanos o la soberanía del pueblo”.
Y es que el sector argelino de hidrocarburos representa aproximadamente el 60% de los ingresos presupuestarios del país, casi el 30% del PIB y más del 97% de los ingresos por exportación. Sin embargo, esto no se ve traducido en una mejora de las condiciones sociales de la población, que se ve excluida de la toma de decisiones “y los beneficios son reservados para la élite del régimen”, en un contexto de alta corrupción, bajísimos niveles de transparencia, una elevada represión y procesos electorales fraudulentos, a lo que se suma la enorme dependencia del país de las exportaciones energéticas en un contexto de desindustrialización y falta de interés por desarrollar la potencia agrícola del país.
Pero en los últimos años –y décadas– la Unión Europea ha ido reforzando sus relaciones gasísticas con Argelia, que es la tercera fuente de importaciones de gas de la unión. “Debido a los problemas geopolíticos que le producen la alta dependencia del gas ruso, por la guerra civil en Ucrania y los repuntes de conflicto entre Ucrania y Rusia por el paso del gas, la UE intenta buscar alternativas a ese gas de proveniencia rusa, y para ello Argelia es uno de los socios estratégios”, explica a Diagonal Alfons Pérez, uno de los autores del informe.
Ya durante la guerra civil que asoló Argelia en los años 90 se abrió un nuevo gasoducto para suministrar a la UE atravesando España y Portugal, y multinacionales como BP, Total y Arco firmaron contratos energéticos con Argelia, obviando las normativas en materia de derechos humanos. “La UE considera Argelia socio estratégico y estable. Lo de ‘estable’ es relativo porque las relaciones de importación-exportación de hidrocarburos se establecen con gobiernos no democráticos. La estabilidad no tiene que ver con la democracia, sino que, en este caso, el Gobierno de Bouteflika es estable porque le ofrece a la UE lo que necesita en materia energética”, añade Pérez.
Los intereses españoles
Los países europeos reciben más del 90% de las exportaciones de gas de Argelia, siendo España el principal receptor, con un 34% de esas exportaciones. Y para España, Argelia es el principal proveedor de gas, ya que representa el 60% de las importaciones. Así, son Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa las principales multinacionales españolas beneficiadas por los acuerdos con el país vecino, a través de contratos opacos y que no se hacen públicos. Actualmente, dos gasoductos unen Argelia con España, y el Estado español dispone de siete plantas de regasificación que transforman el gas licuado que llega por barco a los diferentes puertos en gas en estado gaseoso.
“El Estado español es el cuarto en el mundo en capacidad de regasificación. En la época de pelotazos hubo también un pelotazo en plantas de regasificación, pero nunca se han llegado a utilizar demasiado. El único problema es que no está bien conectada con los Estados miembro”. Por ello, indica Alfons Pérez, se está produciendo una intensificación de las relaciones gasísticas que ayude a esa interconexión. Una de las consecuencias es el Midcat, el gasoducto que pretende conectar la población catalana de Hostalric con la francesa de Le Perthus, y que ha encontrado una fuerte oposición en Cataluña por sus fuertes impactos ambientales. Aunque un tramo del proyecto se encuentra construido, su puesta en funcionamiento se encuentra paralizada desde 2012, “aunque se considera estratégico para los planes gasísticos de la UE” como “pieza estratégica para completar la ruta ibérica del gas argelino”, indica el informe del ODG.
Lucha contra el fracking
Además de ser el sexto país en exportaciones de gas del mundo, Argelia es el tercero en reservas de gas de esquisto, que extrae mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking a través de numerosos yacimientos, algo de lo que se aprovechan las empresas extranjeras. Una de ellas es la francesa Total, ya que Francia prohibió la utilización del fracking en su territorio por los evidentes perjuicios sobre el medio ambiente y el territorio pero lo está impulsando en su antigua colonia, según se denuncia en el informe.
Las poblaciones más perjudicadas, las del sur. “Los pueblos del sur están sometidos a la realidad del norte. Padecen lo que se conoce como ‘la maldición de la abundancia’, pueblos ricos afectados por la explotación de los recursos y daños ambientales”, continúa Pérez. Con la intervención de Total, “el pueblo argelino se levantó contra la intervención extranjera, el expolio de recursos y la técnica del fracking, peligrosas para sus escasos recursos hídricos”, añade. Las revueltas se multiplicaron por numerosas ciudades entre enero y mayo de 2015, y a pesar de la represión, lograron finalmente que el tema pasara a primera línea política y “el Gobierno frenó la explotación de recursos no convencionales, pese a que esto siempre seguirá en la agenda y la UE ejerce presión desde el exterior para que se exploten más hidrocarburos”.
Por ello, desde el ODG consideran imprescindible “radicalizar la solidaridad entre las plataformas de defensa del territorio en el Estado español y vincularlas con esos pueblos que llevan mucho tiempo luchando, intentar conformar a nivel internacional un frente común entre grupos de lucha contra el fracking que empuje hacia el abandono real del régimen energético fósil y nuclear”, dice Alfons Pérez.
