Fugas, explosiones, derrames, ruidos molestos, roturas de viviendas, polvo en suspensión y emisiones constantes son parte del nuevo escenario con el que convive una importante parte de la población rionegrina de la localidad de Allen. Ante esta situación, la empresa YPF aplica distintos mecanismos que van desde la negación a la negociación.
Por OPSur.- El primero de diciembre del 2018 la familia Magallán escuchó un fuerte ruido en el patio de su casa, el sonido provenía de uno de los ocho pozos que la empresa YPF tiene en su terreno, la presión ejercida desde las entrañas de la tierra produjo una surgencia y con ella el derrame. Unas horas más tarde se produciría un nuevo evento de mayor envergadura. La empresa ya había comunicado que todo estaba controlado.
Luego de vivir dos meses en un hotel y cansada del encierro, la familia decidió hablar para la televisión. Desde el Observatorio Petrolero Sur hemos intentado dialogar por la familia por distintos medios, pero YPF presionó para que no brinden entrevistas, incluso críticos posteos que la familia había realizado en redes sociales han sido borrados. La confidencialidad es uno de los requisitos que la empresa pone al momento de dialogar con las familias afectadas con el fin de compensar los daños. Es una práctica habitual que la empresa hizo norma.
Alberto Magallán cuenta en la entrevista con Telefe Noticias que “hubo dos derrames en el [pozo] EFO norte 355, nos sacaron con los bomberos, la policía y defensa civil, yo me quedé hasta última hora y a mi señora la llevaron a lo de mi cuñada con una camioneta de YPF y después nos dieron el hotel, desde entonces estamos acá, desde hace 57 días”. Al referirse a la empresa dice que “no nos han dado nada, todo es a favor de ellos y en contra nuestro, como si fuéramos unos delincuentes”.
Esta situación se repitió en distintos casos, uno de los más resonante es el de la Calle Ciega 10, donde una veintena de vecinos/as no quisieron firmar acuerdos confidenciales que incluían renunciar a cualquier demanda futura y además el compromiso de defender a la empresa ante conflictos con terceros. Con este acuerdo, la empresa compensaba los daños causados a las familias tras una explosión del pozo EFO 280 en 2015. El dinero ofrecido con ese fin consistía en un pago por única vez de de 27.000 pesos y entre 2000 y 3500 pesos mensuales durante un año. Esas familias todavía continúan reclamando daños materiales como roturas de las viviendas y denuncian no poder dormir por los intensos ruidos. La empresa no dialogó más.
En octubre del 2016 la inyección de los pozos EFO 360 y 362 derramó unos 240.000 litros de líquido de inyección. La contaminación de la chacra 60 fue tan grande que formó una laguna y los frutales de alrededor se quemaron. Las fotos en la redes sociales molestaron a YPF que había quedado expuesta tras mentir en la declaración al organismo de aplicación. La empresa informó que había sido un derrame menor de agua salobre y el Departamento Provincial de Agua (DPA) al fiscalizar la situación se encontró con una situación mucho más grave: había una laguna de agua con altos niveles de químicos e hidrocarburos. Las presiones sobre los propietarios para que no aparezcan imágenes fue grande y efectiva. Se les amenazó con la ruptura del contrato del alquiler de la chacra donde está instalado el pozo. Por este hecho la empresa fue sancionada económicamente, aún no hay conocimiento si fue pagada.
La casa de Magallán sufrió graves daños. “La parte de arriba del techo está toda despegada en toda la vuelta, los vidrios están todos reventados, todos rotos, y ellos dicen que no, que eso no puede ser”, afirma Alberto. Esta situación se repite. Roxana Valverde también vecina de la explotación en Allen denunció por distintos medios y antes la negativa empresaria recurrió a la justicia para ver si puede reconstruir su casa.
Los ruidos fuertes y constantes también son un problema para Magallán. “De noche cuando estás durmiendo y llegan a la piedra sentís un ruido infernal y de cuando no llegan a la piedra son los motores, no te dejan dormir, no te dejan descansar”, contó al noticiero televisivo. Algo parecido relató otro vecino Juan Pablo López cuando cansado de la falta de respuesta decidió denunciar su situación ante los medios de comunicación: el ruido no los dejaba dormir y las vibraciones eran tan fuertes que los vidrios zumbaban. Tras las denuncias logró que la empresa los ubique en un hotel mientras perfora o fractura. El mismo hotel alberga a la familia López y a la Magallán.
La familia de Adrián Jaramillo, por su parte, vive a pocos metros de una locación con varios pozos, en ella, una torre perfora de manera permanente. A pesar de que intentan dormir mientras sus camas vibran y se escuchan ruidos ensordecedores, no recibieron el ofrecimiento del hotel, ni ningún resarcimiento. Esta es otra de las familias que no quisieron firmar el acuerdo de confidencialidad en 2015, dónde, tal como dice actualmente Magallán, “todo es a favor de ellos”.
Cuando el pozo EFO 355 tuvo la surgencia, varios vecinos dieron testimonios similares, en esta zona se realizan actividades de producción agrícola y de cría de corral que están siendo alteradas por la llegada del fracking. Alberto Magallán asegura: “tenemos vacas, chanchos, gallinas, pavos. Gallinas teníamos como 130 y hoy no sé si hay 20, porque en los primeros días estaban los guardias, que cuidaban la casa y al 15 de diciembre sacaron todo y eso quedó solo. Supuestamente a los animales se los han robado, había unos 12 o 13 gansos que tampoco están. Y las gallinas se la han llevado, no se que pasó, la vacas están encerradas, porque ellos me dan el pasto para los animales. Los pibes van a darles de comer, me contaron que el toro, el productor que es un animal gordo y grande, ahora está flaco, se le ven las costillas, pensamos que esta enfermo, que el agua está contaminada, eso está contaminado todo y pensamos que le hizo mal el agua”. El agua también es un factor de desconfianza. Son varios que han decidido comenzar a comprar y se convierte en, un bien caro al que también es costoso acceder.
Angela Michiqueo, la esposa de Magallán, se preocupa por la salud. “Ya nos dijo la doctora, ustedes no pueden volverse ahí abuela, ni usted, ni ella (señala a la hija). Fui al oculista, fui al medico y me han dicho que no podemos volver. Que es un riesgo y me dijeron que ellos también tienen pacientes por problemas ambientales de esa zona de Allen” sostuvo. Las afecciones sanitarias son también un reclamo de quienes viven en la zona. El caso de Rubén Ibáñez es uno de los más preocupantes. Una explosión del pozo EFO 141 en 2014 le dejó severas afecciones respiratorias, nunca pudo lograr resarcimiento alguno. Según la empresa -primero Apache, después YSur y actualmente YPF- él tenía que demostrar que su enfermedad es producto del accidente y no preexistente. Extrañamente su historia clínica desapareció del hospital local. Tras años de denuncias, aún no logró justicia.
La familia Magallán tiene temor de regresar a la chacra. “Nuestra intención es venirnos a vivir al pueblo y que allá quede alguién que nos cuide los animales, pero ellos no quieren darnos nada en el pueblo, ahora por orden de la jueza les han dicho que nos alquilen una casa, pero ¿cuándo se termine ese alquiler a dónde vamos a ir, a la calle?. Nosotros queremos que nos compren una casa y vivir ahí el resto de nuestras vidas”, cuenta Alberto.
Por su parte, YPF sigue negando la contaminación y asegurando que las muestras que realizaron sobre el pozo EFO 355 no dieron positivo y que fueron supervisadas por el organismo provincial de aplicación.
Ver también: Accidentes en Allen 2014-2018
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