“En Chile la política energética la deciden las empresas y nuestro desafío es disputarla”

Chile es uno de los países que tiene la energía más cara del mundo, posee un contaminante sistema eléctrico basado en gas, petróleo y carbón, y cuenta con bajísimas reservas de hidrocarburos, por lo que depende de la importación. En ese contexto, en diversos territorios no solo se disputa contra el extractivismo energético, sino también se ha avanzado en propuestas concretas que permiten empezar a democratizar un debate hasta ahora cooptado por pocas empresas. Entrevistamos a Maximiliano Proaño, coordinador de una de esas instancias, la Mesa Ciudadana por la Energía de Magallanes. 

Por: Felipe Gutiérrez Ríos / Fotos: Vaca Bonsai

Ubicada frente al Estrecho de Magallanes, Punta Arenas es la capital de la región que lleva el nombre del navegante portugués, la más austral y la segunda menos poblada de Chile, con 165 mil habitantes. “Es una territorio con una identidad muy propia. Se encuentra a 3 mil kilómetros de Santiago y para llegar por tierra al resto del país tienes que pasar por la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Entonces hay una condición de aislamiento muy grande. donde el frío es intenso y por eso la energía es un tema fundamental en la vida de las y los magallánicos”, cuenta el abogado y experto en energías renovables, Maximiliano Proaño. 

En 2013 la región eligió como diputado al ex dirigente estudiantil Gabriel Boric, quien lideró una renovación política que corrió los límites electorales de la izquierda y hoy confronta el viejo pacto de la transición chilena, esa que los neoliberales llaman “milagro”. Proaño fue jefe de gabinete de Boric y en ese marco impulsaron la Mesa Ciudadana por la Energía de Magallanes, que hoy coordina en conjunto con Catalina Cifuentes. “La Mesa surge de un vacío que existe dentro de la institucionalidad, un vacío casi cultural, de cómo se construyen las políticas públicas. Lo que termina pasando es que en Chile la política energética la deciden las empresas y nuestro desafío es disputarla y por eso constituimos esté espacio, muy transversal, y también con un desafío de levantar diagnósticos y propuestas”, sostiene. 

-¿Cómo caracterizarías el sistema energético en Chile? 

El sistema energético chileno sigue siendo caro, contaminante y muy concentrado en su propiedad. Aunque las energías renovables irrumpieron con fuerza en los últimos seis años, el modelo basado en megaproyectos y otorgándole a la ciudadanía un rol de meros clientes, sigue siendo el mismo. También se conserva una prácticamente nula planificación territorial, siendo los privados quienes deciden cuándo, cuánto y dónde desarrollar los proyectos. Probablemente por estas razones, la energía es el sector productivo con mayor conflictividad socioambiental en el país.

A nivel de consumo, principalmente la electricidad se ve muy determinada por la minería del norte y la zona central de Chile, por lo tanto, siempre hay proyectos que se desarrollan y conciben desde el origen, para la gran minería. Luego aparece el transporte que principalmente consume petróleo, y más abajo los sectores industrial y residencial.

-¿Qué lugar tienen las renovables en ese proceso?

En los últimos años se ha hablado mucho en Chile de la evolución que han tenido las energías renovables no convencionales, que representan casi un 20% de la matriz eléctrica. Es efectivo que en los últimos años crecieron mucho, pero prácticamente un 55% de la electricidad sigue siendo producida por combustibles fósiles. Esto provoca muchos conflictos, fundamentalmente en lo que llamamos las zonas de sacrificio, esos territorios donde se encuentran las termoeléctricas que queman carbón, gas y petróleo. Finalmente la concentración de la propiedad es muy fuerte, entonces tenemos una matriz sucia, concentrada, donde la ciudadanía no tiene prácticamente injerencia en el futuro energético nacional.

-¿Qué particularidades tiene la región de Magallanes en ese contexto?

Como decía, es una zona muy fría, con mucho viento, donde todas las ciudades de la región poseen acceso a calefacción mediante gas producido regionalmente, a diferencia del resto del sur de Chile, que se calefacciona principalmente a leña. El consumo de energía está subsidiado y proviene de la misma región. En década de 1950 se descubrió gas y petróleo y se creó la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), lo que constituye un motor de desarrollo muy importante en ese momento. Como empresa estatal, genera también una identidad y un orgullo regional, a la par que brinda respuesta a la demanda térmica por calefacción que requerían las personas de Magallanes. 

-O sea es una región marcada por el autoabastecimiento pero también por la generación de combustibles fósiles 

Claro, y eso se recrudece luego que desde 2015 ENAP comienza a tener éxito en sus exploraciones de gas no convencional. Si bien se han cuidado de no nombrar que ese gas se extrae a través del fracking, ya han fracturado más de 200 pozos, fundamentalmente en Tierra del Fuego. Actualmente dos tercios de la producción de ENAP es mediante el gas no convencional. 

La región también tiene posibilidades en torno a las energías renovables no convencionales. Creo que es importante ver cómo transita desde las energía fósiles a las renovables, mediante un proceso también identitario porque, por ejemplo, los magallánicos son orgullosos del viento que tienen, les encanta y lo extrañan cuando salen de la región. Bueno, resulta que ese viento se puede constituir en el futuro en la principal fuente energética regional.

-¿Cómo y en qué contexto surgió la iniciativa de la Mesa Ciudadana por la Energía? 

Nació el año 2014, luego de años de incertidumbre en torno al futuro energético regional. Si recordamos un poco, el año 2011 hubo grandes movilizaciones contra el primer gobierno de Sebastián Piñera que anunció un alza del gas, que es un elemento central en la región, y significó una paralización de la zona que fue reprimida e incluso tuvo muertos. Ahí se detuvo el alza mediante la inyección de recursos estatales para mantener el precio, pero no se solucionó el principal problema que era que el gas se estaba acabando. Esto generó una gran incertidumbre. Para tratar de aportar en ese debate y sobre todo centrándonos en las propuestas, es que identificamos cuatro ejes sobre los cuales trabajar. Estos eran: la necesidad de diversificar la matriz energética, aumentando la generación sobre todo en eólica y explorando alternativas como la geotermia y la mareomotriz en el estrecho de Magallanes; una reformulación del subsidio al gas, que pueda propiciar este tipo de fuentes y no energías sucias; avanzar hacia una mayor eficiencia energética en todo tipo de construcciones, particularmente en el sector residencial; y la necesidad de que el Estado fomente políticas activas en la materia, para que no sean las empresas las que terminen definiéndola. 

Ese proceso lo volcamos en un libro que presentamos en 2015 y actualizamos en 2018, es una propuesta que ha tenido un proceso de difusión y de incidencia al largo de la región y también al nivel de autoridades. Desde 2014 nos hemos reunido con todos los Ministros de Energía del Gobierno central, para presentarles nuestro trabajo, las demandas y también solicitarles una agenda de trabajo. 

Si bien hemos logrado incidir en algunos avances que se observan en materia de eficiencia energética y diversificación de la matriz eléctrica regional, no se puede decir que se ha iniciado una transición energética en la región, toda vez que no hay un real impulso a las energías renovables, ni una reformulación al subsidio del gas, tampoco se han generado instancias para que la ciudadanía tenga un rol no sólo de consumidor sino que también con oportunidades para desarrollar proyectos comunitarios. 

-Más allá de la dificultad de avanzar con esos cambios, ¿cuál crees que es el aporte de procesos como el de la Mesa Ciudadana?

Yo creo que la Mesa surge de ese vacío que hablábamos sobre cómo se construyen las políticas públicas energéticas, y permite discutir aspectos ciudadanos con la legitimidad que se había construido con un grupo transversal, pero también con un diálogo más amplio aún en las distintas provincias de la región, así como aspectos más técnicos en los cuales poder discutir de igual a igual con los gobiernos y con los distintos actores. Eso termina ayudando a pensar distinto las políticas que luego se aplican en los territorios. Por ejemplo, si uno piensa en el caso de Mina Invierno, nunca debió haber existido si hubiese habido una visión a largo plazo, ya que cuando comenzó, por allá por 2013, 2014, las energías renovables ya se estaban desarrollando y el carbón iba en retirada. Pero al no existir esa mirada a largo plazo, planificación territorial y una participación de la ciudadanía en torno al futuro de sus territorios, siguen desenvolviéndose proyectos como los de Mina Invierno, que aparecen hoy como anacrónicos. 

-Antes nombrabas que la energía como el sector que mayor conflictos genera, ¿cómo ha sido ese proceso?

Chile era fundamentalmente un país hidroeléctrico -por eso a fuentes como la eólica y solar les llamamos “renovables no convencionales”- y ese modelo fue generando mucha oposición. En la década de 1990 hubo una fuerte rechazo a la central hidroeléctrica de Ralco, en territorio mapuche, que fue un ejemplo muy claro de esto. Y posteriormente se han dado numerosos conflictos, donde el más conocido fue el caso de Hidroaysen. Esa campaña, y el movimiento Patagonia sin represas, fue muy efectiva y logró mostrar cómo ciertas zonas del país se debían proteger, al mismo tiempo que se cuestionaba la lógica de un megaproyecto. Después de una larga lucha, el proyecto fue retirado y ese proceso creo que generó un mensaje claro de que era posible detener ciertos proyectos y que la ciudadanía podía frenar la actividad. 

-Actualmente otro conflicto en la Patagonia, con una mina de carbón, se ha instalado, incluso, a nivel nacional

El conflicto de Mina Invierno, que es la mina de carbón a tajo abierto más grande de la historia de Chile, ha generado oposición desde un principio. Se encuentra en Isla Riesco, que es una zona que tiene un patrimonio natural y cultural tan importante que parecía un poco descabellado explotar en ese lugar el carbón. La mina tiene poco más de cinco años, y pudo ser aprobada porque presentó por un lado el proyecto del puerto, por otro el de la mina, y luego las tronaduras; lo que habla también de una debilidad de la institucionalidad ambiental. 

Es muy importante comprender que el impacto social y ambiental de Mina Invierno no está solo en Isla Riesco, sino también donde se quema ese carbón. El principal cliente de Mina Invierno es AES GENER, que tiene las más grandes termoeléctricas a carbón del país, produciendo zonas de sacrificio: niños intoxicados, aumento del cáncer de la población, y donde existe gran movilización.

Al poco tiempo de funcionamiento la empresa presenta el proyecto de tronaduras y lo presenta además como la única solución para que siga siendo viable la explotación de la mina. Y en lugar de dar el debate público, puso por delante a los sindicatos, a los trabajadores, sosteniendo que si no se permitían las tronaduras, iban a cerrar, dejando más de 500 empleos directos que sostiene la mina. Esto genera un enfrentamiento entre la comunidad, un quiebre social muy importante, donde pareciera que por una parte a los trabajadores no les importa el ambiente, y por la otra, un grupo de personas a los que no les importan los trabajadores, cosa que no es así. 

¿Crees que puede pensarse en una reconversión laboral de estos trabajadores en el marco de un proceso de transición hacia otras fuentes energéticas? 

Es que la empresa está amenazando que si no se aprueban las tronaduras va a cerrar en noviembre y empieza ahora con los primeros despidos masivos. Entonces es imposible desarrollar una reconversión laboral en tan corto plazo. Lo que pasa con estos proyectos es que debieran considerar su vida útil para que en la última etapa, en coordinación con los gobiernos, se pueda dar un efectivo proceso de reconversión laboral. En este contexto, cuando mucho, se puede pensar en planes de emergencia laboral, que no es lo mismo que una reconversión, que debiera ser mucho más escalonada para que estos trabajadores se puedan incorporar en otros sectores, particularmente hacia las energías alternativas para llevar adelante una transición. 

¿Crees que se puede pensar una transición energética que contemple al mismo tiempo la situación social, ambiental y a las y los trabajadores? 

Es que si hablamos de transición energética, justa, democrática, esta debe ser económica, social y ambientalmente viable y en términos sociales debe pensar en cumplir los planes de descarbonización. Pero me parece que de todos modos la transición energética es inevitable, porque las energías fósiles se están acabando, es necesaria sobre todo por el contexto y cambio climático, y es posible porque los precios de energías como las renovables, han descendido mucho. Entonces en ese proceso debe pensarse qué va a suceder con los trabajadores que hoy están en las empresas que generan energía, como los trabajadores del carbón, petróleo y gas. Pero también hay un tema anterior, que es la falta de planificación o de incidencia que tiene la ciudadanía sobre sus territorios, que es un poco el debate que hemos dado desde la Mesa Ciudadana por la Energía de Magallanes. 

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Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.