Pandemia, energía y crisis global: a la urgencia se responde con soberanía

El presente articula una crisis sanitaria, económica y civilizatoria. Todo hace prever que es un momento de inflexión en la historia de la Humanidad, y pensar la transición hacia el mundo que queremos es urgente para desatar el nudo en el que nos encontramos. En tiempos de pandemia, el acceso a la salud, vivienda y energía se constatan como derechos vitales, y sitúan no solo la importancia del rol del Estado, sino también de lo público y lo común. Con aquel objetivo y esta certeza proponemos pensar nuestro tiempo en clave de soberanía y transición energética como nodos para construir ese mundo.

Por OPSur / Fotos: Martín Álvarez Mullally

Transitamos tres crisis que se intersectan sobre el largo proceso de precarización de las condiciones de vida de las mayorías. De una parte, la crisis sanitaria que amenaza la vida de miles, quizás millones, de personas en el planeta y obliga a tomar medidas que contengan el colapso de los abandonados sistemas sanitarios, resultado de cuarenta años de neoliberalismo en buena parte del mundo. 

Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una crisis de sobreproducción que, paradójicamente, deja a millones sin acceder a bienes básicos. Es una crisis económica cuyas consecuencias son aún difíciles de dimensionar. La economía mundial, que venía golpeada, sufrió una virtual paralización por el coronavirus. Todos los índices se desplomaron y hay que remontarse a la década de 1930 para buscar comparaciones. 

Nos encontramos, finalmente, ante una crisis civilizatoria debido a que distintas dimensiones del modelo actual -como la agroindustrial o la energética- exacerbaron la degradación ambiental llevando al planeta a un límite climático: si se supera el calentamiento global de 1,5 °C, las consecuencias climáticas serán imprevisibles. Los llamados “desastres naturales” son más bien el resultado de la brutal transformación que provoca el accionar capitalista sobre el medio natural, del que también somos parte. El virus que genera el COVID-19, como antes las gripes denominadas aviar y porcina, se inscribe dentro de esta modificación del medio natural que genera consecuencias imprevisibles, lo que nos exige replantear también la relación con el modelo alimentario (Grain, 2020 y Chuang, 2020). 

El derecho a la energía

La mercantilización de los sistemas de salud y el vaciamiento correlativo de la asistencia pública expusieron sus limitaciones para afrontar crisis sanitarias de esta envergadura. Esto motivó un profundo debate sobre el rol del Estado y lo público que, sin embargo, aún no se extendió hacia la condición de otros derechos que en las últimas décadas sufrieron procesos similares, como el derecho a la energía y al vivir en un ambiente sano. 

La consolidación de una perspectiva que entienda a la energía como derecho y como un bien fundamental para la reproducción de la vida, que debe estar garantizado para la población en general, destraba muchos de los problemas derivados de la privatización y gestión mercantil de este bien común y estratégico. La búsqueda  respuestas democráticas a las preguntas que desde hace años postula el movimiento socioambiental: ¿energía para quién, para qué y cómo?, nos parece un paso sustantivo en ese camino. Ese debate permite, además, afrontar de manera directa el problema más urgente en torno a la energía: o se ralentiza de manera notable la quema de combustibles fósiles o nos mantenemos en una crisis planetaria, sobre la que los gobiernos pueden hacer mucho más, como queda demostrado por el accionar frente a la pandemia. 

La difícil situación global se entrama, en Argentina, con una dependencia hidrocarburífera mucho mayor a la del resto de los países de la región. Casi el 90% de la energía consumida proviene del gas y petróleo, lo que provoca la subordinación a una explotación que se maneja (en términos de inversión, tecnología y precio) fronteras afuera, y genera una inconsistencia central en cualquier modelo de país soberano. Durante el último siglo todas las crisis energéticas del país se resolvieron aumentando el uso de los hidrocarburos. Existe un consenso sobre la continuidad de la explotación de combustibles fósiles en los bloques de poder empresarial y político, pero además, la falta de diversificación de la matriz productiva de las ‘provincias petroleras’, condiciona cualquier cambio de rumbo para el corto y mediano plazo. 

Este contexto se articula con las dificultades que venimos señalando sobre la puesta en marcha del megaproyecto Vaca Muerta, en el que estuvo puesto el foco gubernamental en los últimos siete años. Hasta el momento, la inversión oficial y la de YPF fueron los pilares de la expansión de la extracción en el megaproyecto Vaca Muerta. Hoy los dos están muy debilitados. La insostenibilidad de la explotación de ese reservorio en términos de polo exportador por falta de inversión trasnacional, de infraestructura y un mercado de destino cada vez más incierto, se corrobora aún más ante la restricción fiscal, ya que no se podrán sostener subsidios que funcionaron como respirador artificial de la explotación. En tanto, la situación financiera de YPF es crítica: sus deudas hacen muy difícil que pueda sostener los niveles de inversión de los últimos años. Por todo esto, encontramos profundas dificultades para que este megaproyecto pueda ser el dinamizador de la economía y generador de encadenamientos productivos de insumos y de producción, como postuló el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso a comienzos de marzo. Una duda que, después de casi un década de consenso abrumador, cada vez más voces comienzan sugerir, a la par de que se denuncia un aumento de la contaminación, la violación de derechos ambientales, humanos y, en específico, de comunidades mapuche en los territorios afectados por el fracking. 

Esta gran apuesta gubernamental es un emprendimiento cuyo timón, como dijimos, está fuera del país. Su suerte está atada en gran parte a la viabilidad y rentabilidad de otros megaproyectos del mundo y al precio internacional de los hidrocarburos. En un contexto de sobreoferta global de gas y de caída estrepitosa del precio del crudo, solo una obstinada perspectiva podría seguir erigiendo al megaproyecto como la salvación nacional. Poco antes de la asunción del nuevo gobierno, deseábamos que la política energética y económica argentina se desprendiera de esa empecinada apuesta. “No focalizar en Vaca Muerta, construir alternativas energéticas y económicas son algunas de las posibilidades que esta nueva etapa tendría que permitirnos construir”, sostuvimos entonces. Este contexto no hace más que acelerar la necesidad de cambios sustantivos que permitan torcer el rumbo. 

Una transición en el horizonte

Cada vez se hace más presente en el debate público la necesidad de entender el acceso a los servicios básicos como la energía y el agua como derechos humanos. Una parte importante de la población del país sigue sumida en la pobreza energética, es decir, que no puede pagar la energía para cubrir sus necesidades básicas o destina una proporción excesiva de sus ingresos para que no le corten los servicios. Mejorar el acceso no es un objetivo opuesto a la necesidad de reducir las emisiones, se puede desfosilizar la matriz desarrollando otras fuentes y simultáneamente ampliar derechos. Además, políticas de ahorro y eficiencia energética, que tomen en cuenta que tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, pueden contribuir a ese objetivo. La demanda doméstica debe estar incluída en esa política, pero es necesario empezar por los sectores que más consumen: hogares de clase alta, sectores industriales y transporte. Sumar ese factor a la ecuación económica es elemental porque, por ejemplo, discutir la energía en las provincias mineras es básicamente discutir la megaminería.

El consumo es justamente uno de los factores que acelera la economía y pilar de la ilusión capitalista de crecimiento ilimitado. Hoy, coronavirus mediante, esa ilusión se deshace por la caída de la capacidad económica de la mayoría de la población precarizada, o la inutilidad del dinero de los sectores más acomodados. Esto puede ser solo un paréntesis pero nos permite pensar otra relación con el consumo. En un planeta de recursos finitos no se puede tener como objetivo el crecimiento ilimitado. Entonces toda medida de ahorro o eficiencia energética tienen en sí el germen de ser contrasistémicas. Sin embargo esta eficiencia debe estar puesta al servicio de una disminución de la generación energética y no transformarse en un nicho de mercado, lo que requiere cambiar los patrones de gestión de la energía que hoy están centrados en la alta rentabilidad de unas pocas empresas.  

Nos interesa pensar esto no de manera individual, sino de manera común. Esto implica que el Estado debe controlar al sector energético, declarando de interés público a la generación, transporte y distribución de la energía, paso necesario para la expropiación de estas empresas que, para garantizar este interés público, deben ser cogestionadas por los y las trabajadoras, usuarias y afectadas. Sin embargo, no creemos que esta necesidad pública del sector energético se reduzca solo a eso. Las herramientas que entregan cooperativas y comunidades para la gestión y generación de energía pueden ser la base de un modelo energético que responda a necesidades locales, a diferencia de la actualidad, donde existen grandes polos de consumo de energía generada en zonas destinadas a ser sacrificadas. 

Somos conscientes de que la idea de transición energética hoy está en disputa. Algunos sectores del capital utilizan la noción de “economía verde” para maquillar el modelo a través de fuentes renovables. Las fuentes no son buenas de por sí, requieren de insumos minerales y dependen de las condiciones en que se desarrollan. El potencial del tránsito a energías como la eólica y la solar está en que permite modificar el panorama de poder dentro del sector y habilita la disputa entre mantener un modelo privados y concentrado o construir una gestión más democrática y pública. Por eso, la transición a energías renovables debe estar acompañada de planteos que confronten con la perspectiva actual: que no se piensen desde la lógica de megaproyecto ni estén en manos privadas, por ejemplo. Al mismo tiempo esa transición debe ser con justicia, esto es, contemplar a las y los trabajadores del sector y no redundar en despidos masivos.  

Algunos sectores del poder incluso intentan instalar la idea de que ante el cambio climático el gas puede ser un combustible “puente” hacia las nuevas fuentes de energía. Si solo consideramos la combustión, el gas genera menos dióxido de carbono (CO2) que la quema de otros combustibles fósiles. Sin embargo, las “emisiones fugitivas” de gas metano, es decir, las que se producen durante su extracción y transporte, son tan o más nocivas que las del CO2, sobre el que se enfocan la mayoría de las miradas. En síntesis, los bloques del poder tienen aceitada una respuesta para seguir sosteniendo el modelo fósil en este momento crítico de la historia. Es necesario poder dar una respuesta popular a este problema, encontrar elementos comunes para dar el debate en mejores condiciones; crear y disputar una propuesta de energía desde los pueblos. 

Todo momento crítico tiene una salida, que es la que determina el período que viene después. El geógrafo inglés David Harvey sostiene que la crisis económica de 2008 relocalizó el mapa de poder global en torno a China, que funcionó como salvador de la economía mundial al impulsar el superciclo de las materias primas (boom de los commodities). Esto, a nivel regional significó un renovado proceso de mercantilización de la naturaleza con el consecuente impacto en los territorios y comunidades locales. La modificación del medio natural por parte del capital tiene consecuencias imprevisibles, como la actual crisis sanitaria mundial. Ambas crisis, la climática y la sanitaria, se articulan ante la encrucijada civilizatoria en la que nos encontramos, que nos exige disminuir drásticamente el consumo de combustibles fósiles para sostener nuestra vida en el planeta. Lejos de una lectura colapsista, estas crisis dan un marco de acción para repensar el rol del Estado, de lo público, de lo común, de nuestra relación con la Naturaleza, de la que también somos parte. En ese imaginar todo de nuevo, la construcción de una transición energética debe ser parte de un nuevo mundo que podemos prefigurar mientras transcurre la pandemia.

 

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