El recorrido de la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera (offshore), en Argentina es relativamente breve y no tuvo aún la misma visibilidad que el desarrollo en las áreas continentales. No obstante la incertidumbre actual a nivel mundial, es importante recordar que desde fines de 2018 y durante buena parte del año siguiente la gestión del gobierno de Mauricio Macri convocó a lo que consideraban una histórica ronda de licitaciones offshore. La plataforma continental cobró un relativo realce cuando en mayo de 2019 dieciocho bloques marítimos fueron adjudicados a diversos oferentes del mundo petrolero. Y en medio de la crisis por Covid-19 se publicó en el Boletín Oficial la autorización para que YPF transfiera a la compañía noruega Equinor el 50% de la titularidad del bloque offshore CAN-100.[1]
Foto: enernews.com
Por Víctor Quilaqueo
La conformación de este capítulo de la historia de la industria de los hidrocarburos tiene casi los mismos elementos que otros procesos de licitación y se mezclan en su trama actores que están presentes en otros proyectos y megaproyectos de nuestro país y continente. El papel del Estado, el rol de la resistencias y las demandas históricas de soberanía componen una parte del panorama actual del offshore argentino para tener en cuenta.
Recreando la frontera
En marzo de 2016, no tan lejos del mar, en las oficinas que tiene Naciones Unidas en Nueva York, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) puso punto final a un largo proceso de ratificación de los límites de la Plataforma Continental Argentina. Con este acto de soberanía transnacional o multilateral, el mundo le decía a Argentina que estaban bajo su control poco más de 1 millón 700 mil kilómetros cuadrados de mar.[2] Debe haber sido un día de algarabía para la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y para quienes presentaron en 2009 un primer documento trazando “el límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la humanidad”[3].
Esa fue una señal potente para el sector petrolero y energético. Una señal que el sector de energías extremas estaba esperando. Prontamente la industria costa afuera movilizó el capital – o viceversa – y empujó durante 2018 de tal manera que a fines de ese año contaba con un decreto y una resolución del gobierno nacional a su favor. El Decreto 872 de la Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) convocó a concurso público internacional la exploración de hidrocarburos en la recientemente cartografiada Plataforma Continental, 38 áreas distribuidas en tres cuencas: 14 en la Argentina Norte, 6 en la Austral Marina y 18 en la Malvinas Oeste;[4] e invitaba a las provincias con jurisdicción en áreas costeras a que también habiliten concursos públicos internacionales.
Con la Resolución 65, de noviembre de 2018, se difundieron las bases para el concurso internacional, detallando el cronograma y las condiciones para los permisos de exploración y la concesión de explotaciones. Mensurado, limitado y cuadriculado, el Mar Argentino podía entrar al juego de la oferta y demanda, ser incorporado al mercado de los combustibles fósiles con casi las mismas expectativas que siempre se expresan: alcanzar la soberanía -ahora energética-, contribuir al progreso y la libertad para ampliar los circuitos económicos y comerciales en los límites de este nuevo territorio.
Los bloques petroleros concesionados en la ronda de licitación (Fuente: rionegro.com)
En mayo de 2019 a través de la Resolución 276, la Secretaría de Energía oficializó el fin de la primera ronda petrolera costa afuera. Entre 13 compañías se distribuyeron 7 bloques de la cuenca Argentina Este, 2 de la Austral y 9 de la Malvinas Oeste[5]. Para la prensa ligada al sector la ronda fue un éxito parcial por las numerosas áreas que no generaron interés, no obstante tomaron como un gesto de los mercados globales el hecho de que compañías como Equinor, Tullow, BP, Qatar Petroleum, Shell, ExxonMobil, Total, Wintershall, YPF y Pluspetrol miraran el supuesto potencial del mar argentino[6]. En ámbitos oficiales estimaban que durante los primeros 8 años se invertirían U$724 millones en esos bloques.[7]
Las autoridades de Tierra del Fuego no quedaron como simples espectadores de las licitaciones. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dio en mayo de 2019 lugar a un amparo presentado por el intendente de esa misma ciudad fueguina, Gustavo Melella, y paralizó temporalmente la adjudicación de permisos de exploración en las aguas de la Cuenca Malvinas Oeste. La demanda se refiere a cinco bloques de la plataforma continental, de los cuales tres fueron adjudicados a la petrolera británica Tullow y los otros dos a la noruega Equinor. La “cuestión Malvinas”, como lo denominó un medio de comunicación, entró directamente al debate. Los bloques MLO 114, MLO 119 y MLO 122 adjudicados a Tullow[8], según Melella, eran la puerta de entrada para entregar información geológica estratégica a Londres, al tiempo que consideraba que todo el proceso de licitación constituía un contrasentido a la aspiración soberana argentina para esa porción de la plataforma. No obstante en junio la jueza federal Mariel Borruto rechazó la acción judicial.[9]
El sector pesquero tampoco se mantuvo indiferente al conocer los resultados del concurso público internacional costa afuera, recordó las duras condiciones que atravesó por el impacto de la campaña de exploración sísmica realizada por Pan American Energy (PAE) en el golfo San Jorge, y denunció que el procedimiento se realizó sin tener informes técnicos sobre sensibilidad ambiental que debería haber entregado el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Remarcaron además la falta de comunicación por parte de la Secretaría de Energía a la hora de incorporar consideraciones de protección ambiental y económica en resguardo de la actividad. En octubre la Revista Puerto, publicación del sector pesquero, señalaba: “La falta de planificación estratégica en materia ambiental nos ha dejado hoy corriendo detrás de los acontecimientos. Pronto serán diez las áreas donde los barcos de exploración sísmica estarán operando; si hubiere pasivos ambientales, los permisionarios deberán asumir la responsabilidad y los costos de las acciones de remediación requeridas para eliminarlos”. [10]
A inicios del 2010 las organizaciones de pescadores de Chubut y Santa Cruz confrontaban con los gobiernos de ambas provincias que habían permitido a PAE iniciar en el golfo una campaña de exploración sísmica 2D y 3D. La llegada del buque geofísico de bandera panameña Western Patriot, perteneciente a Western Greco, fue celebrada por PAE[11] y, pocos meses después, lamentada por el sector pesquero, cuyas familias vieron cómo las prospecciones sísmicas diezmaron la población de merluza hubbie. En marzo de ese año marineros de Caleta Córdova presentaron una denuncia ante la Justicia Federal por el colapso ambiental de las tareas de exploración[12]. Mientras que en agosto, en Caleta Olivia, pescadores artesanales organizados en la defensa del mar y su actividad fueron reprimidos mientras acampaban frente a la sede del gobierno santacruceño.[13] Hacia mediados del mismo mes el INIDEP se manifestó tibiamente sobre la caída de los cardúmenes, reconociendo que había una disminución pero que no tenía manera de comprobar su relación con la actividad sísmica. Las organizaciones de pescadores en cambio no dudaban en asegurar que “la virtual desaparición de la especie merluza acaeció inmediatamente después de las actividades de este buque de prospección petrolera”[14]
Los efectos devastadores para la economía regional costera y la consiguiente movilización de las familias pescadoras, posibilitaron que para el 2013 la legislatura de Santa Cruz prohibiera las operaciones sísmicas 2D y 3D offshore en la Cuenca del Golfo San Jorge bajo su jurisdicción. Según informó un medio regional, “con la sanción de esta Ley, además de la prohibición de la exploración sísmica off shore 2D y 3D que supere los 120 decibeles, se señaló que se autorizará ‘exclusivamente la exploración de hidrocarburos por medio de estudios que no afecten la biodiversidad marina, el lecho marino y las actividades pesqueras’, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, que rige en materia de Evaluación de Impacto Ambiental”.[15]
Argentina costa afuera
En los meses que siguieron a la publicación del Decreto 872 y la Resolución 65, las actividades de exploración y explotación en la Plataforma Continental Argentina cobraron cierta visibilidad y dinamismo, en las narrativas parecía como si este sector fuera saliendo de un entumecimiento de 20 años. El capítulo nacional más reciente para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino lo constituye la creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), en el año 2004.[16] La empresa de bandera fue creada para llevar a cabo, por sí misma o en asociaciones con terceros, estudios, exploraciones y explotaciones de hidrocarburos costa afuera. A la empresa se le otorgó la titularidad de los permisos de exploración y concesión de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas en jurisdicción nacional que no se encontraban sujetas a permisos o concesiones al entrar en vigencia la ley que creaba la entidad. En aquellos primeros años, “ENARSA iba a tener un rol fundamental en movilizar al sector. En hidrocarburos para dinamizar la exploración offshore (área marítima), con asociaciones con empresas privadas, pero ocupando un lugar protagónico. No vamos a ser operadores, pero sí un socio muy activo”, decía Jorge Haiek, uno de sus directores.[17] En la práctica, y en concurrencia con las atribuciones de la empresa en el mercado energético, ENARSA se transformó en una empresa reguladora de la venta de gas y un actor que en la narrativa del sector ocupa un escaso lugar. Por decreto, el gobierno de Mauricio Macri la transformó en Integración Energética Argentina S.A (IEASA)[18] y, entre 2016 y 2019, se modificaron los términos de su participación en la exploración offshore del bloque E-1 de la Cuenca Argentina[19]. A principios de abril, en medio de la crisis por Covid 19, fue publicada en el Boletín Oficial la autorización para que YPF transfiera a la compañía noruega Equinor el cincuenta por ciento de la titularidad del bloque offshore CAN 100, denominación que recibe ahora el bloque E-1.[20]
El primer pozo exploratorio costa afuera en Argentina data de 1969, en la Cuenca del Salado, frente a la costa bonaerense, y el primer descubrimiento offshore se produjo un año más tarde, en la Cuenca Golfo San Jorge, mientras que la primera producción comercial fue veinte años después, en 1989, en el yacimiento Hidra de la Cuenca Austral, en Tierra del Fuego. En el período 1969 – 2010, fueron perforados 151 pozos, de los cuales 70 se ubican en la Cuenca Austral.[21]
Desde fines del 2010 a la fecha, las expectativas para la expansión del offshore están puestas en la Cuenca Argentina, es decir, en el límite de la recientemente demarcada plataforma y el talud continental, además de la consolidación de la Cuenca Austral y Cuenca San Jorge y de las decisiones políticas relacionadas con las Cuencas Malvinas Norte y Oriente.[22]
Los bloques ubicados frente a Tierra del Fuego, correspondientes a la Cuenca Austral y Malvinas, son los que tienen mayor desarrollo, allí la petrolera francesa Total está presente desde 1978. Desde aquellos años de dictadura militar hasta la actualidad la compañía francesa se ha transformado en la segunda productora de gas en Argentina. En junio de 2005, Total Austral y sus socios, la alemana Wintershall y Pan American Energy, iniciaron la producción de los yacimientos de gas Carina y Aries, en el bloque CMA-1. Actualmente tienen en producción los yacimientos offshore: Hidra, Kaus, Ara-Cañadón Alfa, Argo, Carina, Aries y Vega Pleyade. Cabe destacar que desde 2016 Vega Pléyade es el principal yacimiento productor de gas a nivel nacional.[23] Según datos recabados durante 2018, el 51% de su producción de hidrocarburos de Tierra del Fuego proviene de esos bloques costa afuera.
Desde esa región fue autorizada una decena de permisos de exportación de gas durante el 2019, siendo Methanex, la planta de producción de metanol ubicada en la Región Magallánica de Chile una de las principales compradoras. Desde Argentina, YPF, Total y Wintershall figuran como las principales oferentes.[24]
La chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)[25], por medio de su filial argentina, está presente en la cuenca Austral desde desde 1991, tiene la concesión de dos áreas offshore, la más relevante es Magallanes, donde emplazó cinco plataformas de producción de petróleo y gas en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. En 2018 la compañía anunció junto a YPF el inicio del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM) que, con una inversión conjunta de U$354 millones, apunta a aumentar la producción de petróleo y gas, pasando de 2,4 millones de m³/día de gas a 4 millones de m³/día[26]. El otro bloque de ENAP Argentina, Octans Pegaso, está ubicado frente a las costas de Río Gallegos y se encuentra en fase de exploración.
Debemos comprender a la exploración de los recursos fósiles en el subsuelo marino en el marco de una discusión sobre el rol de la energía como un derecho[27], pero inserta territorial y políticamente en una fase de expansión del capital en lo que constituye un corrimiento de la frontera extractiva.[28]. En esta clave de lectura, pensar el escenario actual del offshore es también ver cómo se lleva adelante un proceso geopolítico a escala global y con incidencias muy localizadas. El avance del capital en la plataforma continental hace estallar las distancias y el tiempo[29] con la intención de hacernos creer que es factible, deseable, social y ambientalmente amigable licitar el mar y extraer combustibles fósiles. O por lo menos eso es lo que los paladines de las energías extremas intentan movilizar. Con un panorama complejo en términos del mercado global de gas y petróleo no convencionales, el avance de los capitales transnacionales sobre la plataforma continental argentina pareciera aún seguir con final abierto.
Notas
[1] Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Energía, Resolución 55/2020, 3 de abril de 2020.
[2] Según COPLA, son un millón setecientos ochenta y dos mil quinientos km².
[3] Según COPLA quedó fuera, sin embargo, la delimitación precisa de la Plataforma en el caso de la disputa con el Reino Unido: “Queda de esta manera finalizado el análisis de todos los puntos del límite exterior de la plataforma continental argentina a excepción de aquellas zonas sujetas a una disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por el Tratado Antártico. Al no pronunciarse sobre la zona circundante a Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, la Comisión reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
[4] Secretaría de Gobierno de Energía, Decreto 872/2018 y Anexo 1, 1 de octubre de 2018.
[5] Ministerio de Hacienda Secretaría de Gobierno de Energía Resolución 276/2019 y Anexo, 16 de mayo de 2019
[6] “Qué ven las empresas en el offshore argentino”
[7] “Adjudican 18 áreas “offshore” para buscar petróleo y gas en el mar argentino. Tierra del Fuego objeta a dos empresas y la provincia podría paralizar todo el proceso”
[8] “Un amparo judicial frena adjudicaciones petroleras en la cuenca Malvinas”
[9] “Áreas offshore para empresas británicas: el municipio de Río Grande apelará la decisión de la jueza federal Mariel Borruto”, “Un fallo en contra del reclamo por Malvinas”
[10] “Energía avanza en el otorgamiento de permisos de exploración offshore”
[11] “Pan American inicia exploración offshore en el golfo San Jorge”, “Crece el malestar por la ausencia de merluza en el Golfo San Jorge”
[12] “Denuncian colapso ambiental en Comodoro Rivadavia ante la Justicia Federal”
[13] “Reprimieron una protesta de pescadores en Santa Cruz”
[14] “El INIDEP negó haber evaluado el impacto de la prospección petrolera en el Golfo San Jorge”
[15] “En Santa Cruz prohíben la exploración sísmica off shore”
[16] Energía Argentina Sociedad Anónima, Ley 25.943, 2 de noviembre de 2004
[17] “Lo de la falta de reservas es histeria”
[18] “ENARSA cambió denominación y directorio”
[19] “Otorgan permiso offshore a YPF”
[20] Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Energía, Resolución 55/2020, 3 de abril de 2020.
[21] Daniel Figueroa (2010), “Perspectivas Exploratorias en el Offshore de Argentina en el Offshore de Argentina”.
[22] Daniel Alberto Kokogian (2010), “Perspectivas exploratorias de la plataforma continental argentina. Primera Parte y Segunda Parte”
[23] Como puede verse en Hernán Scandizzo, Martín Álvarez Mullally (2018) Compañías europeas a la conquista de Vaca Muerta. Siete empresas en el horizonte no convencional de la Cuenca Neuquina; “Ponen en marcha la ampliación de una planta de gas en Tierra del Fuego. Producción de gas offshore y on shore”, Mariel S. Palomeque (2008) “Historia de la exploración en la Argentina: Cuencas offshore y reflexiones finales”
[24] Ver solicitud de permiso de exportación números 2, 11, 25, 32, 41, 43, 57, 58, 59, 64, 65, 68 en Base de datos Exportación de Gas
[25] ENAP Argentina, Operaciones Cuenca Austral
[26] “Enap e YPF inauguraron proyecto offshore de gas en el sur argentino”
[27] Ver Felipe Gutiérrez (comp) (2018), Soberanía energética, propuestas y debates desde el campo popular; también ver serie web “E: transición y soberanía energética”.
[28] Hernán Scandizzo (2019), Exportar Vaca Muerta. Energía extrema, infraestructura y mercados
[29] Ver Nicholas Hildyard, trad Nancy Piñeiro (2020), Licencia para saquear Infraestructura y extracción financiera en el Sur Global; Oilwatch Latinoamérica (2018) Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica.
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