Hemos discutido mucho los procesos extractivos desde la contradicción capital-naturaleza y los desastres ecológicos que acarrea. Un aspecto menos explorado es la determinada forma de trabajo que define la explotación de bienes comunes naturales, que impacta directamente en la vida de las y los trabajadores y promueve una configuración social de los territorios implicados.
Por Fernando Cabrera Christiansen / Opsur* .- Enero. La meseta patagónica, árida, quema la piel bajo la ropa de trabajo. Los arbustos dispersos no superan el metro y medio de altura en la principal área de extracción de shale oil de Vaca Muerta. Enfundados en sus mamelucos, un reducido grupo de obreros monta un equipo de bombeo conocido popularmente como cigüeña. Ariel es supervisor de AESA, una compañía de servicios subsidiaria de YPF. De repente, algo falla, un perno en las alturas se desprende de una grúa y no hay tiempo para nada. Lo aplasta. El personal de salud de YPF intenta reanimarlo. No tienen éxito y Ariel se suma así a la trágica lista, cada vez más larga, de petroleros muertos en su trabajo. Las actividades se detienen en esa área, puerta de ingreso del fracking en América Latina, donde hoy hay más de 500 pozos. Pocas horas después, se reiniciarán. El 7 de enero de 2020 Ariel fue el primer muerto de este período que parece anticipar una reactivación petrolera.
El aumento en la actividad hidrocarburífera y la flexibilización laboral se condicen con el incremento en los accidentes y muertes. En 2017, una adenda al convenio colectivo de trabajo empeoró las ya difíciles condiciones laborales en la explotación de hidrocarburos no convencionales. La modificación redujo la cantidad de operarios por equipos, permitió simultaneidad de tareas, habilitó sostenimiento de la jornada con mayores ráfagas de viento y las actividades nocturnas, entre otras flexibilizaciones. Si bien esos cambios no pudieron imponerse totalmente, al poco tiempo hubo una seguidilla de accidentes mortales. Entre febrero de 2018 y mayo de 2019, ocho operarios fallecieron en distintas circunstancias en Neuquén.
Hemos discutido los procesos extractivos desde la contradicción capital-naturaleza y los desastres ecológicos que acarrea. Menos, en cambio, las formas del trabajo que define la explotación de bienes comunes naturales, los impactos que supone para la vida de las y los trabajadores y cómo ese vínculo promueve una configuración social de los territorios implicados. En lo que sigue buscamos avanzar sobre esa caracterización en el mundo petrolero y particularmente en Vaca Muerta.
La tercerización
Si bien hacia fines de la década del setenta comenzó a registrarse una participación creciente de contratistas privadas en el sector petrolero argentino, eso no modificó la elevada integración de actividades en YPF. En cambio, el rápido proceso de privatización, transnacionalización y tercerización de los ‘90 trastocó profundamente todo el sector y, también, la realidad obrera. Al mismo tiempo que se privatizaba YPF, se multiplicaba la entrega de áreas al sector privado. En porcentajes aproximados, las compañías que más extraen en el país hoy son: YPF (40 % del crudo y 30 % del gas), Pan American Energy (20 % y 14 %, respectivamente), Total y Tecpetrol con el 10 % del gas cada una.
Las petroleras operan -es decir, comandan planes de perforación- en las áreas hidrocarburíferas que las provincias, dueñas del recurso, les concesionan. Son grandes corporaciones con relativamente pocos empleados, ya que tercerizan a empresas de servicios la mayor parte de las tareas. AESA, la empresa donde trabajaba Ariel, es una compañía de servicios subsidiaria de YPF.
Las empresas de servicios se organizan en dos tipos. El primer anillo que rodea al núcleo de las operadoras está compuesto por los proveedores cuyas tareas requieren una mayor carga de tecnologías e innovación: Halliburton, BJ, Schlumberger y Baker Hughes, entre otras. El otro grupo cumplen tareas que requieren menor carga tecnológica: transporte de personal, telecomunicaciones, sistemas sanitarios, alimentación, etc., que no tienen capacidad de desplazar fácilmente su localización, por lo que son extremadamente vulnerables y así como se multiplican en épocas de bonanza, desaparecen en los períodos de retracción de la actividad.
Fragmentación, precarización y riesgo
La tercerización, a su vez, dinamiza la fragmentación del espacio de trabajo. Los operarios, más allá de horarios y contrataciones diversas, cumplen tareas específicas para distintas empresas que ensamblan sus actividades para viabilizar la explotación. De este modo, un porcentaje mínimo de los trabajadores del sector está vinculado laboralmente con las operadoras, la mayoría es contratado por empresas de servicios.
Pese a que es una relación laboral caracterizada por mejores condiciones salariales y de contratación que la de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, conlleva extraordinarias exigencias y riesgos. Entre 1990 y 2007 el convenio colectivo se modificó siete veces. “Los convenios colectivos fueron de esta manera un ámbito fructífero de ajuste de los derechos adquiridos en décadas anteriores”, sostiene el antropólogo Hernán Palermo (2012) que investigó las relaciones laborales en YPF. Los riesgos son transferidos a los trabajadores, se debilita la continuidad, los criterios de despido o suspensión se acrecientan, se maximiza el tiempo de trabajo y se reducen las licencias, por nombrar solo algunos cambios.
Las condiciones de inseguridad son una constante en este sector. Referido en particular a la explotación con fracking en Estados Unidos, el compendio sobre impactos sociosanitarios realizado por Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility asegura que este tipo de explotación tiene una tasa de mortalidad de cuatro a siete veces superior al promedio nacional de ese país.
La cartelería sobre seguridad es una constante en los yacimientos. Las empresas asumen oficialmente una postura muy exigente con el respeto a esas normas. Su propósito explícito es conservar la integridad física de los trabajadores. Podríamos suponer que también buscan la continuidad de los procesos extractivos. Pese a todo, los accidentes son cotidianos.
Una mirada crítica sobre las políticas de seguridad laboral permite discernir que esa forma implica una individualización de la responsabilidad. “La empresa no quiere hacerse cargo del riesgo inherente a la explotación petrolera y mediante esa insistencia en la regulación produce performativamente la idea de que si acontece algún accidente es de seguro por algún ‘factor humano’”, sostiene Paolo Paris (2016), investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Por eso los trabajadores no suelen notificar estas situaciones. “Luego de cualquier accidente sobreviene (…) una posible culpabilización de la víctima. Otro motivo es un código de masculinidad (…) la consolidación de las transferencias del riesgo empresario configura una manufactura de la masculinidad”, explica Palermo (2017). Por eso no son informados los accidentes cotidianos, que oscilan entre caídas de varios metros de altura, intoxicaciones o heridas de distinta gravedad.
El pozo y la casa
A través de los relatos de trabajadores, Hernán Palermo (2017) concluye que la noción de masculinidad que se construye en los pozos es, en realidad, un avance en contra de la seguridad de los operarios. Y señala la paradoja de que, desde una posición de jerarquía en términos de género, quien ejerce ese tipo de masculinidad se siente dominante mientras demuestra una profunda vulnerabilidad frente a los intereses empresarios. “La virilidad construye un sujeto prisionero de un ethos que los expone a aceptar ritmos acelerados y a ocultar accidentes a fin de sostener una actitud que termina siendo una carga”, plantea.
A la vez, el autor señala que esos petroleros en sus casas se sienten incapaces de desarrollar una vida sexual satisfactoria y caracteriza a esas masculinidades como infantilizadas. El temor a la infidelidad de sus parejas evidencia la incapacidad de los hombres por controlar los cuerpos de las mujeres, lo que devalúa la masculinidad construida desde esta lógica. Su situación en la casa, es el reflejo invertido del sujeto fabril-petrolero-masculino. La mujer se ocupa de administrar y controlar tiempos y recursos en el ámbito doméstico (incluso el salario del petrolero), garantizando la reproducción de la fuerza de trabajo.
“La industria petrolera es un régimen que ordena la vida, no solo la productiva, sino también la reproductiva”, explica Melisa Cabrapan Duarte, quien investigó las economías sexoafectivas en contexto petrolero. “Hay una intervención en la vida privada y un ordenamiento para que los hombres sean más productivos. Desde ahí construyen una fuerte idea de familia heterosexual, en la que la mujer cumple un rol reproductivo de madre, de esposa y donde el hombre está a gusto para ir a trabajar tranquilo y ser productivo”, señala.
Más allá de las relaciones familiares, cómo estas lógicas empresariales y laborales conforman las sociedades de las localidades donde se asienta la explotación es una pregunta difícil de responder si se pretende evitar las estigmatizaciones poco útiles para analizar los procesos. Hace unos años, al reflexionar sobre lo que implicaba Vaca Muerta en la sociedad neuquina, la investigadora Graciela Alonso, parte de la Colectiva Feminista La Revuelta, analizaba: “La violencia que implica la instalación de esta transformación en las formas de acumulación del capital también implica nuevas violencias en su articulación con el patriarcado y violencias de todo tipo, cada vez más crueles”.
Los hidrocarburos no convencionales
Desde 2011 el debate energético argentino mantiene una constante: la expectativa en torno al desarrollo de Vaca Muerta. Sus 30 mil km², equivalentes a 174 veces la Ciudad de Buenos Aires, se extiende por las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza. Para explotarlos se han concesionado más de 40 áreas en las que se aplica la cuestionada técnica del fracking. Vaca Muerta es al petróleo y gas lo que la megaminería a la minería tradicional: multiplica la intensidad de la explotación y, por tanto, de los impactos para acceder a “nuevos” reservorios.
Este tipo de explotación ocasiona que los vaivenes de la contratación laboral se aceleren de la mano de los de la inversión. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) el sector pasó de 51500 trabajadores en el primer trimestre de 2011 a 67300 en igual periodo de 2015. Es decir, más de un 30% de aumento. A partir de entonces las contrataciones empezaron a descender hasta llegar, a comienzos de 2018, a 58000 cuando los subsidios macristas las reavivaron. En el tercer trimestre de 2019 el sector sumó 63000 empleados cuando comenzó otra caída. Desde la expropiación de YPF parecen alternarse períodos sucesivos de expansión y caída de alrededor de tres años. Estos cambios someten a las sociedades a un estrés permanente: desenfreno en el auge y la depresión en la crisis.
Fuente SIPA.
Neuquén, Chubut y Santa Cruz son las provincias donde hay mayor cantidad de contratación petrolera. La primera es la única que registra un ascenso los últimos años y Santa Cruz es la que cae más aceleradamente.
Vaca Muerta como enclave
La actividad hidrocarburífera no genera encadenamientos productivos consistentes en las regiones de extracción. Conforma así “enclaves” en los que las rentas obtenidas fluyen extra regionalmente y donde una serie de empresas de menor tamaño, con frecuencia vinculadas al poder político local, dependen de la contratación de las operadoras. Así, ante la caída en la explotación, los territorios dependientes de la explotación sufren rápidamente las consecuencias socioeconómicas. Por lo que los gobiernos provinciales se convierten en los principales voceros de las petroleras.
Por otro lado, este tipo de explotación implica una baja capacidad de absorción de fuerza de trabajo. Así, en las zonas petroleras, por lo general, la principal rama generadora de excedentes no coincide con la principal empleadora. En relación al total de empleados, pocos son los que están directamente contratados por el sector petrolero. En cambio, gracias a las regalías, los estados provinciales se convierten en los empleadores privilegiados. Esto genera una serie de dificultades para la gestión gubernamental: dependencia, vinculación directa de la economía estatal con los vaivenes de la actividad, expansión en los momentos de auge por acceso a deuda, crisis fiscales recurrentes, entre otras.
Trabajo y sociedad petrolera
Ariel murió en enero. El área donde trabajaba aumentó ese mes un 7,7% la extracción de crudo en relación a diciembre. Estas muertes son la consecuencia más brutal de la búsqueda de maximización de excedentes. Lógica que se erige sobre la flexibilización laboral, una noción particular de masculinidad y cuya renta fluye extra regionalmente, tres ejes fundamentales para comprender la complejidad del desarrollo económico configurado en esos territorios.
Por otro lado, los vaivenes cada vez más acelerados de la inversión someten a estas regiones a un estrés permanente. También, las normas de seguridad y la construcción de género promovidas por las empresas se focalizan en culpabilizar a los operarios ante posibles accidentes y pretende sostener la extracción. Al tiempo que favorecen una lógica de reproducción de la vida que viabiliza la explotación. Todo esto define rudos contornos sociales.
*Una versión de esta nota fue publicada en la revista Marabunta n° 3.
