Renovables en las políticas públicas fue el segundo encuentro del ciclo Diálogos para la transición. Participaron Santiago Garrido, asesor de la Dirección Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), miembro del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET; Virginia Marchisio, ingeniera química y técnica del área de Biogás de la subsecretaría de Tecnologías para la Sostenibilidad del ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; y Lucas Zanovello, diseñador industrial e integrante del INTA-IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar).
Por OPSur .- ¿A qué necesidades responden los programas y experiencias nacionales al margen del RenovAr? ¿Inclusión? ¿Descentralización? ¿Experiencias piloto? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus dificultades? Estas fueron algunas de las preguntas vertebrales de la charla Políticas públicas para renovables, organizada por el Observatorio Petrolero Sur, en el marco del ciclo destinado a pensar las iniciativas de fomento de las energías renovables y a recuperar experiencias valiosas para la transición.
“La transición energética es un discurso de cambio que se plantea transformar. Es casi la principal discusión relacionada con la crisis climática”, definió Santiago Garrido, el primero de los panelistas en intervenir luego de la introducción a la actividad realizada por Analía Zárate, investigadora del OPSur. Sin embargo, Garrido considera que sigue presentándose de forma sesgada: como si fuera un fenómeno actual y no un proceso de cambio histórico. No necesariamente, sostuvo el integrante de OPDS, la transición energética es positiva: “Hay que trabajar para que sea lo más justa y sostenible posible y no necesariamente más sostenible que la actual”. Tampoco es una mera transformación tecnológica: “Esta idea provoca que se hable de transición energética asociada al litio, electromovilidad e hidrógeno, dejando muchas opciones fuera de la discusión”.
En el mismo sentido, Garrido repasó algunas políticas de fomento de energías renovables en la década de 1980 que no apuntaron a modificar la matriz sino a desarrollar capacidades locales o la inclusión, también mencionó el PERMER, que surgió en 2012 y logró continuidad en el tiempo. Por otra parte, se refirió a la ley de Energías Renovables del 2006, la ley de Generación distribuida y cómo se fue aplicando a través de programas provinciales en Santa Fe, Salta, Mendoza, Neuquén, Misiones y Jujuy. “El problema -aclaró Garrido- es que estos sistemas de generación distribuida quedan reducidos a los usuarios que tienen capacidad de inversión, porque los equipos son costosos. Son programas asociados con el abastecimiento de energía, con que el usuario pueda abastecerse sin mayor expectativa”.
Garrido valoró que “los programas de calefones solares tienen alcance más interesante y complejo que los de distribución de energía, porque están pensados para personas que no pueden acceder a fuentes de energía y porque permiten un ahorro importante”. Podría convertirse, en los sectores populares, en una política de ingreso. “Además de reemplazar la energía de fósiles por renovables, para alivianar el peso de los subsidios en términos de costo fiscal o para reducir las importaciones de gas, si se hace de forma masiva”, explicó y agregó: “Es interesante que los programas de vivienda social incluyan este tipo de tecnología en sus ofertas”.
Para Garrido, si la transición energética justa es mucho más que un cambio de matriz, países como el nuestro se encuentran ante un desafío muy grande: superar la “importación” de casos exitosos. “La transición hoy aparece como una ventana de oportunidad para el desarrollo del entramado productivo y de servicios, como resolución de desequilibrios regionales y para corregir inequidades históricas”, definió. Por eso, sostuvo, es necesario fomentar “redes de soporte muy complejas, acceso a conocimientos técnicos desarrollados, profesionalizar la gestión, pensar en un servicio público que pueda ser comercializado en circuitos de cercanía, salirse de la trampa del asistencialismo en lo energético”. Garrido subrayó que la clave de pensar una transición para resolver asimetrías o inequidades “tiene que ver con pensar soluciones tecnológicas energéticas de alta calidad, pero para los sectores que ahora están siendo excluidos en términos de energía y en materia económica”.
El integrante de OPDS coincidió con les otres expositores en que parte del desafío es alinear políticas complementarias, industriales, regulación o limitación de cierto uso de tecnología en beneficio de otras, entre otros enfoques. Es decir, dar al proceso de la transición una mirada integral. “Eso permitiría un ahorro energético grande. Pensar algo parecido a lo de las lamparitas incandescentes y hacer una prohibición de equipos ineficientes y hacer una política de recambio tipo plan canje y una política industrial para desarrollar la alternativa. Se abre una ventana de oportunidad que incluye no solo financiar sino también, a partir de la regulación incentivar la inversión y habilitar ese cambio. “A partir de ahí, reactivás la economía vinculada con el empleo”, planteó. Actualmente, sostuvo, las políticas hacia la transición están disociadas de esa planificación: “Los estados municipales son los que aprueban nuevas edificaciones y podrían orientar cierto aprovechamiento de energía renovable definiendo características de las viviendas en términos de transición. En la provincia de Buenos Aires existe una norma de calidad constructiva con eficiencia energética para las viviendas pero no se aplica. La ciudad de Rosario intentó establecer que las obras nuevas deberían tener sistemas de calentamiento de agua solar y solamente quedó para el ámbito público por resistencia del mercado inmobiliario”, enumeró.
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Virginia Marchisio, ingeniera química y técnica del área de Biogás de la subsecretaría de Tecnologías para la Sostenibilidad del ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe contó la experiencia de acciones llevadas adelante en su gestión, con acento en el programa Biodigestores para FORSU (Fracción Orgánica para Residuos Sólidos Urbanos) en la comuna de Ataliva, de dos mil habitantes, y La Emilia, de mil. También destacó el Programa Educación Energética.
En el primer caso, Marchisio reflexionó sobre problemas de implementación: “Hubo algunos errores técnicos y otros estratégicos. También hubo en algunos casos un desinterés en la tecnología, falta de participación o conceptos erróneos”. Consideró, además, que el modelo de La Emilia en particular tuvo inconvenientes con la clasificación de los residuos. Sobre el segundo programa, destacó el gran alcance y los aportes del proceso, y como dificultades consideró a las cuestiones climáticas, de infraestructura, la falta de comunicación eficaz de la propuesta, el defasaje en la formación docente y la falta de participación en la toma de decisión por parte de los actores involucrados, que tuvo como consecuencia cierto desinterés por la propuesta.
Marchisio, además, estuvo de acuerdo con el planteo de Garrido sobre la necesidad de incentivar el desarrollo tecnológico y profesionalizar, “pero hay que combatir la idea de que por cada falla hay que llamar a la NASA. Hay que pensar en un punto medio y es fundamental armar una red de soporte”. Sobre su caso, explicó que en la gestión anterior Santa Fe tenía una actividad muy fuerte en renovables, pero sin articulación con el gobierno nacional. “En esta nueva etapa, donde somos ministerio de Ambiente, las acciones recién están comenzando. En este momento, aún, no hay articulación a nivel nacional en mi área”, agregó.
Por último, intervino Lucas Zanovello, diseñador industrial e integrante del INTA-IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar). Repasó los institutos para la agricultura familiar del INTA y algunas otras experiencias y explicó: “Uno de los objetivos es conectar organizaciones locales, instituciones, organismos internacionales, sector científico tecnológico y comunidades para abordar múltiples ejes sobre la agricultura familiar”.
Zanovello contó que en el Relevamiento de productores y prácticas de tratamiento de residuos (Plottier y Senillosa, Neuquén. 2017-2019), pudo verse que solo el 4 % de los productores encuestados tiene acceso a red de gas natural y el 62 % a la energía eléctrica. Como cada productor/a produce 800 kg por día de estiércoles, el 82 % podría satisfacer su demanda mediante digestión anaeróbica de estos residuos, explicó Zanovello.
Mientras que al momento de analizar qué falta en el circuito de la energía solar térmica para pensar una política pública a largo plazo, explicó, en línea con los otros dos expositores: “Es necesario construir ciertas capacidades: fabricantes, instaladores, laboratorios, servicios de mantenimiento, regulaciones, capacitaciones, estándares y diseño de instrumentos de financiación”.
Para Zanovello, “todos los casos (nacionales e internacionales) que funcionan con éxito tienen un fuerte apoyo estatal. En el Plan RenovAr, a gran escala, se alinean actores, incluso sacaron leyes para la implementación. Terminó siendo exitosa, porque se aplicaron las cuestiones que comentamos acá pero a gran escala y apalancadas con políticas de financiamiento. De eso podríamos tomar para la agricultura familiar”. De acuerdo con Marchisio y Garrido, Zanovello consideró clave como estrategia la alineación de políticas públicas.
La jornada recorrió el debate por un diseño integral de las políticas de fomento a renovables, las dificultades y los aciertos de las experiencias existentes y, sobre todo, la importancia de la transición energética como una necesidad de múltiples dimensiones. “Es central pensar colectivamente cómo el diseño y la implementación de políticas públicas deben ser abordados teniendo en cuenta complejidades: la vinculación entre las esferas del estado, las tecnologías en diálogo con las necesidades de la población, la importancia de la producción y la planificación a largo plazo”, consideró Analía Zárate, investigadora de OPSur, para concluir el encuentro.
