Por Justin Nobel* / Rolling Stone.- Los pozos petrolíferos producen alrededor de 3,5 billones de litros de residuos tóxicos por año. Según una investigación, el sector puede estar enfermando a los trabajadores y contaminando a comunidades de todo Estados Unidos.
Foto: George Etheredge
Traducción Carolina Friszman para Opsur
En 2014, un fornido habitante de Ohio de mediana edad llamado Peter consiguió empleo como camionero de residuos de la industria hidrocarburífera. La jornada era larga —salía de su casa a las 3 de la mañana y no volvía hasta bastante después del anochecer—, pero el sueldo estable de 16 dólares la hora era atractivo, dice Peter, que prefiere usar seudónimo. “Es una zona pobre”, dice de su hogar, en la rural esquina sudeste del estado. “Cuando hay dinero, nos tiramos encima sin pensarlo dos veces”.
En un camión achaparrado equipado con un tanque de 5.000 galones (casi 19.000 litros), Peter va y vuelve por la vasta extensión de chacras y bosques cerca de la frontera entre Ohio, West Virginia y Pensilvania, el corazón de la región que produce casi un tercio del gas natural de Estados Unidos. Transporta una sustancia salada llamada salmuera, un residuo natural que mana de los pozos petrolíferos estadounidenses a alrededor de 3,5 billones de litros por año: suficiente para inundar Manhattan, casi hasta la espinilla, todos los días. En la mayoría de los pozos, se produce mucha más salmuera que petróleo o gas: hasta diez veces más. La salmuera se junta en tanques y, como un recolector de basura hidrocarburífera, Peter la recoge y la transporta a plantas de tratamiento o pozos de inyección, donde se la desecha inyectándola de nuevo a la tierra.
Un día de 2017, Peter detuvo el camión junto a un pozo de inyección de Cambridge, Ohio. Un obrero rodeó el vehículo con un detector de radiación de mano, cuenta Peter, y le anunció que llevaba una de las cargas “más calientes” que había visto en su vida. Era la primera vez que Peter oía que la salmuera pudiera ser radiactiva.
En rigor, la corteza de la Tierra está salpicada de elementos radiactivos que se concentran en el subsuelo profundo, en las capas donde se encuentran el petróleo y el gas. Cuando el petróleo y el gas se extraen, esa radiactividad suele llegar a la superficie, llevada en gran medida por la salmuera.
En el imaginario popular, la radiactividad conjura imágenes de catástrofes nucleares, pero muchas sustancias naturales comunes emiten radiación, la mayoría de las veces con un riesgo bastante bajo. A muchos representantes del sector les gusta decir que la radiactividad de la salmuera es comparable en su insignificancia a la de una banana o una mesada de granito; por eso, cuando Peter exigió que le explicaran a qué lo estaban exponiendo, su supervisor le dijo que sus temores eran infundados, porque el líquido que acarreaba no era más radiactivo “que cualquiera de las habitaciones de tu casa”. Sin embargo, Peter tenía sus dudas.
“Muchos tienen cáncer, o llagas y lesiones en la piel que tardan meses en curarse”, cuenta. Peter sufre de dolores de cabeza y náuseas frecuentes, adormecimiento en las puntas de los dedos y en la cara, y “un dolor de articulaciones que es como un fuego”.
Dice que no le dieron ninguna instrucción de seguridad sobre radiactividad y, si bien está obligado a llevar botas con punta de acero, lentes de protección, casco y ropa con revestimiento no inflamable, no debe usar mascarilla ni un dosímetro para medir su exposición a la radiactividad, y el resto del uniforme no ofrece ninguna protección contra la salmuera. “Te cubre las manos y se mete en las botas, en las cutículas de las uñas de los pies y en cualquier lastimadura que tengas. Te empapa”, dice Peter.
Por eso, Peter empezó a llevarse discretamente muestras de la salmuera que transportaba, llenando depósitos viejos de anticongelante o botellas de gaseosa. Con el tiempo, atiborró un galpón en la parte de atrás de su casa con más de 40 muestras. Le preocupaba seguir contaminándose pero, para él, “el daño ya está hecho”. Quería respuestas. “Me estoy cubriendo”, explica. “Si dentro de 15 años me enfermo, quiero poder demostrarlo”.
A través de una red de activistas de Ohio, Peter pudo enviar 11 muestras de salmuera al Centro de Investigación y Educación Ambiental de la Universidad Duquesne, que las analizó en un laboratorio de la Universidad de Pittsburgh. Los resultados fueron impactantes.
El radio, habitualmente el radionucleido más abundante en la salmuera, suele medirse en picocurios por litro de sustancia y es tan peligroso que pesan sobre él severas restricciones, incluso en emplazamientos de residuos de alto riesgo. Los isótopos más comunes son el radio-226 y el radio-228, y la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos exige que los vertidos industriales no superen los 60 picocurios por litro de cada uno. Cuatro de las muestras que registró Peter tenían niveles de radio combinados que superaban los 3500 picocurios, y una midió más de 8500.
“No se puede creer que nadie les diga a los camioneros lo que están transportando”, afirma John Stolz, director del Centro Ambiental de Duquesne. “Y esto ocurre en todas partes. En los barrios. Los camioneros no saben que están expuestos a residuos radiactivos ni reciben equipos de protección.
“La inhalación y la ingesta de este material son los peores tipos de exposición”, continúa Stolz. “Te irradias los tejidos desde adentro”. La piel puede bloquear las partículas radiactivas que emite el radio, pero este se adhiere enseguida al polvo, lo que lo hace muy fácil de inhalar o ingerir. Una vez dentro del cuerpo, sus insidiosos efectos se acumulan con cada exposición. Se dice que “se va a los huesos”, porque puede incorporarse al esqueleto y provocar un cáncer de hueso llamado sarcoma. Además, al descomponerse, se transforma en otros elementos radiactivos, llamados “hijos”. El primer hijo del radio-226 es el radón, un gas radiactivo que constituye la segunda causa de cáncer de pulmón en Estados Unidos. El radón también se ha vinculado a la leucemia linfocítica crónica. “Cada exposición incrementa el riesgo”, explica Ian Fairlie, biólogo británico especializado en radiación. “Es como si a esos trabajadores les hubieran dado boletos de lotería negativos: tarde o temprano saldrá su número y morirán”.
Las muestras de Peter son apenas una gota en el mar. Se constató que la salmuera que producen numerosos campos petrolíferos del país —de Bakken, en Dakota del Norte, a la Cuenca Pérmica de Texas— es altamente radiactiva. “Todos los trabajadores de los campos petrolíferos”, afirma Fairlie, “son trabajadores de la radiación”. Solo que no siempre lo saben.
Todos los tanques, filtros, bombas, conductos, mangueras y camiones que toca la salmuera pueden contaminarse, y el radio se acumula en uno “sarro” duro donde se concentra a niveles de hasta 400.000 picocurios por gramo. El fracking —que consiste en conducir fluido presurizado a gran profundidad para romper capas de esquisto— produce polvo y fragmentos de roca, llamados detritos de perforación, que también pueden ser radiactivos. Pero la salmuera puede ser radiactiva ya sea que provenga de un pozo de fracking o convencional; los niveles de radiación varían según la formación geológica, no el método de perforación. Colorado y Wyoming parecen tener un espectro de radiación más débil, mientras que las pruebas realizadas al esquisto de Marcellus, que está por debajo de Ohio, Pensilvania, West Virginia y Nueva York, dieron los resultados más altos. El radio que se encuentra en esa salmuera puede promediar alrededor de 9300 picocurios por litro, pero se registraron muestras de hasta 28.500. “Si tuviera un recipiente de eso en el escritorio y lo volcara sin querer, clausurarían todo el lugar”, dice Yuri Gorby, un microbiólogo que pasó 15 años estudiando la radiactividad en el Departamento de Energía. “Y si lo vertiera en el desagüe, podría ir preso”.
Foto: George Etheredge
El advenimiento del auge del fracking, a principios de los años 2000, agravó el peligro, ya que cargó al sector con una avalancha aún mayor de residuos de los que encargarse y creó nuevos riesgos de exposición, dado que las perforaciones llegaron al patio trasero de los vecinos. “Antes, los pozos estaban alejados de los centros urbanos. Ahora, no hay separación”, explica Elizabeth Geltman, especialista en salud pública de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En el este de Estados Unidos, “vemos aparecer nuevos pozos en números desmesurados”, dice, “y se puede perforar más cerca de la población, porque las normas lo permiten”. En 2016, el fracking representaba más de dos tercios de todos los pozos nuevos en Estados Unidos, de acuerdo con la Administración de Información Energética. Hay alrededor de un millón de pozos petrolíferos activos en 33 estados, y parte del crecimiento más acelerado se da en la formación más radiactiva: la formación de Marcellus. Para peor, algunas regulaciones no hicieron más que debilitarse. “Los legisladores establecieron una meticulosa serie de exenciones que le permiten existir a la industria”, denuncia Teresa Mills, de la Buckeye Environmental Network, un grupo de organización comunitaria de Ohio. “Los ciudadanos no cuentan con ningún tipo de protección. Nada de nada”.
En una investigación que abarcó cientos de entrevistas con científicos, ambientalistas, autoridades y trabajadores, Rolling Stone se encontró con un enorme arco de contaminación: residuos petroleros que se derraman, se esparcen y se vierten por todo el país, y que generan riesgos poco estudiados para el medio ambiente, el público y especialmente los propios trabajadores del sector. Hay poca conciencia de la población sobre este gigantesco corredor de residuos, cuya eliminación podría presentar peligros a cada paso: el transporte por las autopistas de Estados Unidos en camiones sin distinguir, la manipulación por parte de trabajadores a menudo desinformados y desprotegidos, las pérdidas en vías fluviales y el depósito en vertederos que no están equipados para contener esa toxicidad. La salmuera hasta se ha usado en productos comerciales que se venden en ferreterías y se esparcen por calles urbanas como descongelante.
“En esencia, lo que hacen es tomar un reservorio radiactivo subterráneo y llevarlo a la superficie, donde puede interactuar con las personas y el medio ambiente”, explica Marco Kaltofen, científico forense nuclear del Instituto Politécnico de Worcester. “Traer estas cosas a la superficie es como soltar al demonio”, dice Fairlie. “Es una locura”.
Desconocemos el alcance de los posibles impactos sanitarios, sobre todo porque hasta ahora no se hicieron suficientes estudios. Muchos médicos sencillamente no están al tanto de los riesgos. Durante un tiempo, en Pensilvania, hasta se les prohibía a los médicos hablar de exposiciones tóxicas al fracking con sus pacientes, por la polémica “ley mordaza médica” que la Corte Suprema dejó sin vigor en 2016. Además, el cáncer provocado por radiación aparece años después de la exposición, lo que complica precisar la causa. Geltman explica que “Es muy difícil afirmar que la exposición viene de la industria petrolera y no de otras cosas (como de que el paciente fuma o bebe demasiado), y el sector es un campeón a la hora de responsabilizar a los pacientes de su enfermedad”.
Sin embargo, un conjunto de causas jurídicas recientes plantea que se puede establecer una relación directa con la exposición ocupacional. Los testimonios que prestaron diversos expertos en decenas de demandas judiciales presentadas por trabajadores de la industria hidrocarburífera de Luisiana hace décadas y resueltas en 2016 indican que los limpiadores de conductos, soldadores, perforadores, peones, operadores de grúas y camioneros que acarreaban tuberías sucias y lodo estuvieron expuestos a radiactividad sin su conocimiento y sufrieron un sinfín de cánceres letales. Un programa de análisis desarrollado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades determinó con hasta un 99% de certidumbre que los cánceres provinieron de la exposición laboral a radiactividad, entre otras vías por inhalación de polvo y radiactividad acumulada en el suelo del lugar de trabajo, conocida como groundshine (“resplandor del suelo”) en inglés. Su propia ropa, lamerse los labios y almorzar aumentaban la exposición. Marvin Resnikoff, físico nuclear y especialista en residuos radiactivos que declaró como testigo experto, dice que los trabajadores ganaron o la industria negoció con ellos en todos los casos. “Puedo afirmar que el sector cuenta con recursos inagotables y contrató a los mejores abogados, y aun así, no alcanzó. Una vez que tienes la información, es incontestable”.
Ya en 1904 se descubrió por primera vez radiactividad en el petróleo crudo, en un pozo de Ontario, y la radiactividad en la salmuera se documentó en la década de 1930. Para la de 1960, los geólogos del Gobierno de Estados Unidos habían encontrado uranio en yacimientos petrolíferos de Michigan, Tennessee, Oklahoma y Texas. A principios de la década de 1970, Exxon supo que se estaba acumulando radiactividad en las bombas y compresores de la mayoría de sus plantas de gas. “Casi todos los materiales de interés y de uso para la industria del petróleo contienen cantidades mensurables de radionucleidos”, reza un informe de 1982, nunca hecho público, del American Petroleum Institute, la principal asociación comercial del sector, que una exautoridad estatal facilitó a Rolling Stone.
Rolling Stone descubrió otros tantos informes y artículos del sector que planteaban preocupaciones en torno a los riesgos para la salud de los trabajadores. Un documento de 1950 de Shell Oil advertía una posible conexión entre las sustancias radiactivas y el cáncer “de hueso y médula ósea”. En un documento de 1991, un grupo de científicos de Chevron afirmaron que había que “dar respuesta a problemas tales como el riesgo para los trabajadores y el público en general”.
“Lo saben desde que se creó el registro de rayos gamma, en los años treinta”, dice Stuart Smith, en referencia a un método de medición de la radiación gamma. Smith, abogado residente de Nueva Orleáns, lleva 30 años trabajando en causas relacionadas con la radiactividad de los hidrocarburos, y es el autor del libro Crude Justice, publicado en 2015. En la primera causa que tomó, en 1986, una mujer de Mississippi embarazada de seis meses estaba sentada en el borde de la bañera cuando la cadera se le partió por la mitad. Las pruebas realizadas demostraron que la tierra de su huerta se había contaminado de radio por los oleoductos que su esposo había limpiado en el jardín. “Lo saben”, asegura Smith. “Todos los peces gordos hicieron estudios para determinar exactamente a qué riesgos se exponen sus trabajadores”.
“Proteger a los trabajadores, a las personas y a las comunidades circundantes de las operaciones de petróleo y gas natural es de vital importancia para el sector”, dice Cornelia Horner, vocera del American Petroleum Institute. Sin embargo, la organización no respondió preguntas específicas sobre la exposición de los trabajadores a la radiación, a pesar de que fue allí que ExxonMobil y Chevron le recomendaron a Rolling Stone que dirigiera sus preguntas.
Según Curtis Smith, vocero de Shell, “Este tema es objeto de litigios en los que al menos un experto de Shell recientemente prestó declaración formal […] Nuestras prioridades siguen siendo la seguridad de los empleados y el medio ambiente. Si bien el riesgo de exposición a elementos radiactivos en algunas etapas de nuestras operaciones es bajo, Shell cuenta con procedimientos estrictos y bien formulados a fin de detectar cualquier situación de radiactividad, así como una lista exhaustiva de protocolos de seguridad en caso de detección”.
Foto: Joshua B. Pribanic
Pero la radiactividad de los residuos petroleros recibe poca supervisión federal. “Los organismos federales lo barrieron y se olvidaron”, dice Smith, el abogado. Cuando se le preguntó por la regulación que protege a los trabajadores petroleros de la contaminación, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos señaló un conjunto disperso de cartas y documentos orientativos, algunos con fecha de hace más de treinta años. La OSHA llevó a cabo “mediciones de las dosis de radiación externa que recibían los trabajadores del sector petrolero”, dice un representante. “En la experiencia del organismo, las dosis de radiación” están “muy por debajo de los límites” que requerirían su regulación.
“La Comisión Reguladora Nuclear no tiene autoridad legal para regular el material radiactivo que está presente de forma natural”, explica David McIntyre, su vocero. “El organismo tiene autoridad sobre “los materiales que se originan en el ciclo del combustible nuclear”, dice, y agrega: “Entiendo que la Agencia de Protección Ambiental es el ente federal regulador de los… residuos petroleros”.
“No hay ningún organismo federal que regule específicamente la radioactividad que el desarrollo petrolero trae a la superficie”, dice un representante de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por la sigla en inglés). De hecho, gracias a una simple exención que el sector recibió de la EPA en 1980, los flujos de residuos generados en pozos petrolíferos —todos los cuales podrían ser radiactivos y peligrosos para los seres humanos— no necesitan tratarse como residuos peligrosos.
En 1988, la EPA evaluó la exención —que recibió el nombre de las enmiendas de Bentsen y Bevill, parte de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos— y afirmó que “el riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente eran bajos”, a pesar de que la agencia halló niveles preocupantes de plomo, arsénico, bario y uranio, y admitió que no analizó muchos de los principales riesgos potenciales. En cambio, el informe se centró en la carga financiera y administrativa, y determinó que llamar peligrosos a los “miles de millones de barriles de residuos” causaría “un severo impacto económico en el sector”. Así es: la EPA determinó que, para que la industria petrolera pudiera prosperar, no había que definir sus residuos peligrosos como peligrosos.
Por lo tanto, la responsabilidad quedó en gran medida en manos de los estados: un conjunto fragmentario de leyes obsoletas, incoherentes y fáciles de evitar para el sector. De los 21 estados con una producción petrolera significativa, solo cinco cuentan con disposiciones sobre los trabajadores, y apenas tres tienen protecciones para el público, según una investigación de Geltman, la especialista en salud pública. Y en su mayor parte, la legislación parece insuficiente. Por ejemplo, en Texas, el mayor productor petrolero del país, Lara Anton, vocera del Departamento de Servicios Estatales de Salud, dice que el organismo “no supervisa las dosis de radiación de los trabajadores de yacimientos petrolíferos”. Tampoco es obligatorio que los trabajadores, los transportistas de salmuera entre ellos, usen equipos de protección como trajes Tyvek o mascarillas.
El primer estado en promulgar protecciones de cualquier tipo fue Luisiana, a fines de la década de 1980. “Fue el único tema ambiental de Luisiana del que alguien vino a hablarme y yo no sabía nada”, rememora Paul Templet, fisicoquímico que, como principal regulador ambiental estatal en aquel momento, pidió un estudio sobre radiactividad petrolera. Los resultados lo horrorizaron.
En los oleoductos de Luisiana, se llegaron a registrar niveles de radio 20.000 veces superiores a los límites fijados por la EPA para el mantillo en los vertederos de los molinos de uranio. Templet descubrió que los trabajadores que limpiaban las tuberías de los yacimientos petrolíferos quedaban bañados en polvo radiactivo, que además inhalaban. Un hombre al que se analizó presentó radiactividad en toda su ropa, en su auto, en los escalones de entrada a su casa y hasta sobre su bebé recién nacido. Además, el sector diseminaba residuos en los canales costeros, y se demostró que la radiactividad se acumulaba en las ostras. La industria donaba tuberías aún colmadas de radiactividad que se reutilizaban en la construcción de plazas de juegos para la comunidad. Templet envió a inspectores armados de contadores Geiger por todo el sur de Luisiana. Uno de ellos vio a un niño sentado sobre una verja hecha de tuberías tan radiactivas que emanaban en una hora la dosis de radiación de todo un año. “A la gente le parecía maravilloso que el sector petrolero le regalara esas tuberías”, dice Templet, “pero lo que hacían las petroleras no era más que desentenderse de sus residuos”.
Templet adoptó reglamentaciones que protegían las vías navegables y establecían normas más estrictas sobre seguridad de los trabajadores. La noticia reverberó en todo el sector. En 1990, The New York Times publicó un artículo en primera plana con el título “Encuentran peligro de radiación en yacimientos petrolíferos de todo el país”. Otro artículo del Times de ese año informaba que la radiación medida en equipos petroleros “expone a las personas a niveles iguales o mayores que los que reciben los trabajadores de plantas nucleares”, y que los juicios pendientes “podrían terminar decidiendo si las compañías petroleras serán responsables de pagar los miles de millones de dólares que implican los gastos asociados con la limpieza y eliminación de los residuos radiactivos de miles de campos de explotación petrolera de todo el país”.
Pero el asunto pronto dejó de aparecer en los medios. Salvo excepciones, el debate quedó arrumbado en perdidos informes de las autoridades, y hasta en la academia el tema permanece en las sombras. “No hay materia en la que se enseñe”, dice Julie Weatherington-Rice, científica de Ohio, de la consultora ambiental Bennett & Williams, que lleva 40 años estudiando los desechos petroleros. “Literalmente, no hay más opción que alistarse como aprendiz de los que se dedican al tema”. La falta de investigación y especialización dificulta arribar a un consenso sobre los riesgos y facilita el avance de la desinformación. Como la radiactividad es de origen natural, tiende a percibirse como menos dañina (el sector y las autoridades llaman a los residuos petroleros casi exclusivamente con el nombre NORM, la sigla en inglés de “material radiactivo de origen natural”, o TENORM, por las concentraciones de radiactividad “mejoradas tecnológicamente” que se acumulan en los equipos, como tuberías y camiones). Pero los expertos en radiactividad a los que consultó Rolling Stone desestiman la excusa del “origen natural”. “Es absurdo”, explica Kaltofen, el científico forense nuclear. “El arsénico es completamente natural, y no por eso me dejarían echar un poco en la comida de los escolares”.
En cuanto a la “maniobra distractiva de la banana”, como la llama Kaltofen —la idea de que hay tanta radiactividad en los residuos petroleros como en una banana—, “es mentira”, dice. Cada cual emite un tipo distinto de radiación. El potasio-40 de la banana emite predominantemente partículas beta que apenas interactúan con el cuerpo; el radio emite partículas alfa, que nos afectan miles de veces más y que pueden tranquilamente generar mutaciones celulares. Kaltofen hace la siguiente comparación: “No es lo mismo tomar una bala de 45 mm y arrojársela a alguien que poner la misma bala en una pistola de 45 mm y disparar. Solo una de esas dos cosas provocará un daño grave”.
Un muy citado estudio sobre el TENORM del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania determinó que “puede haber impactos ambientales radiológicos”, pero concluyó que “la exposición potencial a la radiación de los trabajadores y el público es limitada”. Sin embargo, Resnikoff, el físico nuclear, escribió una crítica feroz del informe, en la que decía que minimizaba la importancia del gas radiactivo radón, malinterpretaba la información sobre el radio y pasaba por alto los riesgos, bien documentados, de la inhalación o ingesta de polvo radiactivo.
Y el verano pasado, Bemnet Alemayehu, un físico especializado en radiación y salud del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, visitó los yacimientos petrolíferos de Ohio, West Virginia y Pensilvania con Rolling Stone, tomando muestras, incluso de la salmuera de Peter. Su informe estará listo en algunos meses, pero afirma: “Según los datos que estoy recabando, algunos trabajadores petroleros” —entre ellos, de mantenimiento y transporte, como Peter— “deberían considerarse trabajadores expuestos a radiación”.
Los transportistas de salmuera son una flotilla fantasma. Ningún organismo federal ni estatal parece saber cuántos camineros hay como Peter, hace cuánto tiempo trabajan, cuánta radiación acumulan en su cuerpo ni dónde vive esta mano de obra itinerante.
Pero el Departamento de Transporte tiene jurisdicción sobre las rutas, y los materiales peligrosos están sujetas a normas. Podría exigirse que los camiones con cargas que excedan el límite radiactivo admitido por la entidad lleven un símbolo de radiactividad, cumplan condiciones estrictas en relación con el contenedor de la sustancia radiactiva y tengan conductores capacitados sobre materiales peligrosos. El camión de salmuera estándar que cita el informe TENORM de 2016 de Pensilvania tenía acumulado 980 veces el máximo permitido por el Departamento de Transporte para el radio-226, conocido como el límite de cargamento. Pero la concentración promedio del radio de los camiones también debe superar un nivel determinado para accionar la normativa y, según un especialista en TENOR de Texas, muchos camiones de salmuera de Pensilvania pueden alcanzar o superar ligeramente ese nivel, a causa de las incrustaciones concentradas que pueden acumularse en un vehículo, sin que el Departamento de Transporte se entere. La realización de pruebas, dice un vocero del Departamento, es responsabilidad del operador en boca de pozo que despacha la salmuera al camionero, y no hay ninguna obligación de que el Departamento de Transporte verifique o confirme el análisis.
Ted Auch, analista de la organización de control FracTracker Alliance, estima que al menos 12.000 camiones de salmuera operan en Ohio, Pensilvania y West Virginia, y dice que nunca vio uno que llevara un cartel de radiactividad. “Los accidentes son muy habituales”, dice Auch. En 2016, un camión de salmuera volcó en una curva peligrosa en Barnesville, Ohio, y derramó casi 20.000 litros de residuo. La salmuera se extendió por un campo ganadero, se incorporó en un arroyo y llegó a un depósito de agua la ciudad, que debió clausurarse por un tiempo. (El límite de radio que establece la EPA para el agua potable es de cinco picocurios por litro). En 2014, en un accidente en Lawrence Township, Ohio, un camión de salmuera que iba hacia el sur por la ruta Bear Run Road derribó una barandilla, cayó por una pendiente empinada y se estrelló contra una vivienda.
En Torch, un minúsculo pueblo de Ohio, la instructora de arquería de escuela primaria Felicia Mettler cofundó Torch CAN DO, un grupo de voluntarios que vigila los derrames y accidentes de camiones de salmuera. Por un pozo de inyección de la zona que supervisan, pasan más de 100 camiones de salmuera por día, alrededor de uno cada 14 minutos. “Por eso es tan importante que documentemos todo”, dice. “No creo que vayamos a detenerlos hoy ni dentro de cinco años, pero algún día servirá”.
Los camiones pueden significar un peligro incluso si no hay accidentes. Los conductores suelen reunirse en restaurantes locales y paradas de camiones donde pueden encontrarse varios camiones de salmuera uno al lado del otro en el estacionamiento, explica Randy Moyer, ex camionero de salmuera de Pensilvania que dice que renunció a su empleo después de apenas cuatro meses, cuando le aparecieron erupciones con ardor y una extraña inflamación en distintas partes del cuerpo. “Les advertí a las camareras que atienden a los que se bajan de esos camiones de residuos”, dice Gorby, el ex ingeniero del Departamento de Energía, porque un conductor salpicado de salmuera puede perder partículas de polvo con radio. “El consenso de la comunidad científica internacional es que no hay umbral seguro para la radiación”, dice Resnikoff. “Cada nueva exposición, por pequeña que sea, aumenta el riesgo de cáncer”.
En Pensilvania, las autoridades revelaron en 2012 que, durante al menos seis años, una empresa de transporte había vertido salmuera en pozos mineros abandonados. En 2014, Benedict Lupo, propietario de una empresa de Youngstown, Ohio, que transportaba residuos de fracking, fue sentenciado a 28 meses de cárcel por instruir a sus empleados que vertieran decenas o centenas de miles de litros de salmuera en un desagüe pluvial que desemboca en un arroyo afluente del río Mahoning. Si bien las grandes masas de agua, como lagos y ríos, pueden diluir el radio, varios investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania demostraron que, en los riachuelos y arroyos, el radio puede acumularse en el sedimento hasta alcanzar niveles cientos de veces más radiactivos que el límite establecido para el mantillo en los lugares alcanzados por la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental (CERCLA) de EE. UU. Zac Hildenbrand, un investigador de Texas, demostró que la salmuera contiene también elementos orgánicos volátiles como el benceno —una sustancia carcinógena—, metales pesados y niveles tóxicos de sal, y que la salmuera proveniente del fracking contiene todo un abanico de químicos peligrosos más. “Es una de las mezclas más complejas del planeta”, dice.
Según los querellantes, las autoridades que analizaron el arroyo del incidente de Lupo lo encontraron “vacío de vida” tras la contaminación. Sin embargo, nadie notificó a la administración de aguas ni hizo pruebas de radiactividad en las reservas de agua, denuncia Silverio Caggiano, veterano de casi 40 años del departamento de bomberos de Youngstown y especialista en materiales peligrosos del Comité sobre Materiales Peligrosos y Armas de Destrucción Masiva de Ohio. “Si sorprendiéramos a células de ISIS echando estas sustancias en nuestros canales, los juzgaríamos por terrorismo y por uso de armas de destrucción masiva contra ciudadanos estadounidenses”, dice Caggiano. “Pero a la industria del fracking, se lo dejamos pasar”.
En Ohio, las leyes que habilitaban a las comunidades locales a hacer cumplir los reglamentos de zonificación de actividades petroleras se desmontaron sistemáticamente en las décadas de 2000 y 2010. En el presupuesto de 2001 de Ohio, se coló una redacción que eximía al sector de revelar información sobre seguridad a los departamentos de bomberos y socorristas. “Un camión que lleva salmuera para inyección es lo peor de lo peor”, insiste Caggiano, “y pasa por nuestras autopistas, nuestros vecindarios, nuestras calles, nuestras viviendas, nuestras escuelas, y los conductores no están capacitados para manipular residuos peligrosos ni tienen un solo papel que le diga a un jefe de bomberos como yo qué carajo es lo que llevan. Me aterroriza”.
Foto: George Etheredge
En el verano de 2017, Siri Lawson vio a un grupo de chicas amish pasar al costado de una calle de tierra cerca de la finca equina donde vive con su esposo, en Farmington Township, Pensilvania. Las chicas, vestidas con delantales y cofias azules, se habían sacado los zapatos y caminaban descalzas. Lawson se horrorizó. Sabía que hacía poco se había vertido salmuera sobre el camino.
Es habitual que se viertan residuos petroleros radiactivos sobre carreteras de todo el país: el sector se deshace de la salmuera regalándosela a los municipios, que usan la solución salada para descongelar los caminos en invierno y apisonar el polvo en verano.
El vertido de salmuera es legal en 13 estados, entre ellos las Dakotas, Colorado, gran parte del Upper Midwest, la región norte de los Apalaches y Nueva York. Solo en 2016, se vertieron 50 millones de litros de salmuera de yacimientos petrolíferos en los caminos de Pensilvania, el 96% de los cuales fue a parar a los municipios del apartado extremo noroeste del estado, donde vive Lawson. Gran parte de la salmuera se vierte para controlar el polvo en verano, cuando los contratistas recogen el residuo directamente en cabeza de pozo, dice Lawson, y de allí van a Farmington a rociar las carreteras. Según los informes, en un solo día de agosto de 2017, se vertieron 70.000 litros de salmuera.
“Después de que echaron salmuera sobre el camino Lindell, tuve una reacción virulenta”, dice la declaración de Lawson en una demanda de 2017 que presentó contra el estado. “Durante casi diez días, y sobre todo cuando me acercaba al camino, reaccionaba con un ardor insoportable en los ojos, la nariz y los pulmones. Se me hinchó la lengua al punto de que los dientes me dejaban marcas. Tuve un sobrecrecimiento de pólipos en los senos paranasales que me impedían respirar por la nariz”.
El sector petrolero “encontró una manera legal de deshacerse de sus residuos”, dice Lawson, 65, que trabajó como entrenadora de caballos pero ya no puede montar profesionalmente a causa de su enfermedad. Sentada en el comedor de su casa, rodeada de fotografías que tomó para documentar la contaminación —salmuera corriendo al costado de un camino, una mujer amish recogiéndose el vestido para evitar mojarse—, me cuenta que la salmuera se vierte una y otra vez sobre carreteras que lindan con maizales, pasturas bovinas y árboles de los que se obtiene jarabe de arce, que luego se vende en el marcado de agricultores del lugar.
“No hay con qué remediarlo”, dice Avner Vengosh, geoquímico de la Universidad Duke. “En algunos de esos lugares, esa radiactividad elevada quedará ahí para siempre”. El radio-226 tiene una vida media de 1.600 años. No se conoce el nivel de absorción en los cultivos agrícolas de los suelos contaminados, porque no se han hecho estudios adecuados.
“Hay poca investigación sobre el tema”, se lamenta Bill Burgos, ingeniero Ambiental de la Universidad Penn State, coautor de un explosivo documento publicado en Environmental Science & Technology que analizaba los efectos en la salud de la aplicación de salmuera de yacimientos petrolíferos en carreteras. Las autoridades defienden la práctica señalando que solo se usa salmuera de pozos convencionales, y no la que proviene del fracking. Pero la salmuera de los pozos convencionales puede ser exactamente igual de radiactiva, y en el documento, Burgos describe que encontró en ella no solo radio, sino también cadmio, benceno y arsénico, todos conocidos agentes carcinógenos para los seres humanos, además de plomo, que puede causar daño renal y cerebral.
Y, puesto que se adhiere al polvo, el radio “puede volver a suspenderse con el paso de los autos y ser inhalado”, escribió Resnikoff en un informe de 2015. La investigación demuestra también que el uso de salmuera para aplacar el polvo no solo es peligroso sino también inútil. “No parece haber ningún dato que indique que la práctica es eficaz”, dice un informe de 2018 publicado en el European Scientific Journal. En rigor, señala el texto, “es probable que sea contraproducente para controlar el polvo”. En palabras de Lawson, “Es un mito sin el menor sustento. Después de la salmuera, hay más polvo que antes”.
Pero la nueva expresión en boga en el sector del petróleo y el gas es “aprovechamiento”: transformar sus residuos en productos comerciales, como sales para piscinas y descongelantes domésticos. En junio de 2017, un miembro del Departamento de Recursos Naturales de Ohio (ODNR) ingresó en una tienda Lowe’s de artículos para el hogar de Akron y compró un bidón turquesa de un descongelante líquido llamado AquaSalina, hecho con salmuera de pozos convencionales. Luego de analizar el producto, utilizado en patios domésticos, aceras y entradas de autos —“Seguro para el medioambiente y las mascotas”, según pregona la etiqueta—, un laboratorio estatal determinó que contenía hasta 2.491 picocurios de radio por litro. Stolz, el científico del Centro Ambiental de Duquesne, también hizo analizar el producto y halló alrededor de 1.140 picocurios de radio por litro.
“AquaSalina es agua de mar de hace 400 millones de años, del Silúrico” que “contiene un perfecto equilibrio natural de cloruros ideales para la gestión de nieve y hielo”, dice a Rolling Stone Dave Mansbery, propietario de Duck Creek Energy, la empresa de Ohio que produce AquaSalina. “Reciclamos y reutilizamos esta agua natural para un propósito más elevado”. Al canal de noticias regional WKRC, le dijo que, cuando le duelen los pies, los sumerge en AquaSalina.
Mansbery asegura que analizó el producto en busca de metales pesados y que no encontró “señales de alarma”. Cuando se le preguntó si buscó también elementos radiactivos, respondió: “Hicimos las pruebas que exige la ley estatal y los organismos de regulación”.
“Cada vez que uno vierte esta solución en la entrada de su casa, está provocando un pequeño derrame radiactivo”, afirma Vengosh, el geoquímico, que analizó muestras de AquaSalina. “Si se usa una y otra vez en el mismo lugar, tarde o temprano se produce una acumulación de radiactividad en el sedimento y en el suelo, y se genera una zona ecológicamente muerta”. Pero el Departamento de Salud de Ohio concluyó que AquaSalina constituye un “riesgo radiológico insignificante para la salud y la seguridad”.
“Su estudio demuestra que es más o menos lo mismo que comerse una banana por semana”, dice Mansbery. “Lo lamento, pero AquaSalina no encaja en la historia que quieren contar muchos detractores del sector petrolero”.
Cada invierno, CPI Road Solutions, una empresa de Indianápolis dedicada a la gestión de nieve y hielo, vende millones de litros de AquaSalina a la Comisión de Autopistas de Pennsylvania y al Departamento de Transporte de Ohio, dice Jay Wallerstein, un vicepresidente de la empresa. Sus defensores afirman que el producto está aprobado por Pacific Northwest Snowfighters, la organización de evaluación de productos descongelantes más prestigiosa del país, pero Jay Wells, representante de Snowfighters, dice que “PNS no analizó el contenido de elementos radiactivos de AquaSalina” y que “no es una práctica estándar realizar pruebas de radio-226 para los productos descongelantes”.
Mientras tanto, Ohio avanza con legislación para proteger la práctica de vertido de salmuera. El proyecto de ley 165 del Senado estatal reduciría drásticamente las salvaguardas ambientales y facilitaría el desarrollo de productos como AquaSalina. En Pensilvania, el caso de Lawson llevó al Departamento de Protección Ambiental del estado a reconocer que el vertido de salmuera violaba las leyes ambientales, y la práctica se interrumpió el año pasado. Sin embargo, el proyecto de ley 1635 de la Cámara Baja y el 790 de la Cámara Alta del estado intentaron en vano volver a autorizarla, y hasta restringir la capacidad del Departamento de Protección Ambiental de analizar los productos. En octubre, el Senado estatal aprobó el proyecto sin debate, y ahora la cuestión está en manos de la Cámara de Representantes.
En un día soleado de septiembre de 2018, me reuní con Kerri Bond y su hermana Jodi en un pozo de inyección que está junto a un centro comercial de Guernsey County, en Ohio. Mientras los concurrentes comen comida rápida y compran el último iPhone, llega un camión detrás de otro a descargar salmuera en gigantescos tanques, donde el líquido espera que lo inyecten de nuevo en la tierra. Las hermanas, ambas enfermeras, crecieron vagando por los bosques y arroyos de la región. “Nos parecía Shangri-La”, dice Kerri. En 2012, recuerda que una empresa de arrendamiento organizó una reunión en una iglesia de la ciudad. “Les dijeron a todos que iban a ser millonarios. La gente se abrazaba”. Los habitantes firmaron documentos que habilitaban a la empresa de energía Antero Resources de Denver a empezar a practicar fracking en sus tierras. Como suele ocurrir entre los vecinos de las operaciones de fracking, que involucran almacenar y mezclar sustancias químicas tóxicas, además de un torrente de emisiones carcinógenas cuando empieza la perforación, Kerri y Jodi pronto empezaron a ver problemas.
En la estancia de Kerri, los animales caían muertos: dos gatos, seis gallinas y un gallo. Una oveja dio a luz corderos con la cabeza unida. Se secaban los árboles. Una noche, Kerri estaba mirando un programa de televisión sobre los “bosques rojos” de Chernobyl y creyó reconocer a Ohio. Cuenta que entonces compró un detector de radiación portátil por Amazon y registró niveles entre tres y siete veces superiores a los normales para el sudeste de Ohio en su propio jardín. En 2016, un funcionario del Departamento de Salud del estado que la visitó le dijo que no había de qué preocuparse siempre y cuando la exposición a esos niveles no fuera habitual, rememora Kerri. “Amigo”, le respondió ella, “vivimos aquí”.
A causa de sus características geológicas, la normativa favorable y la cercanía a focos de perforación en la formación de Marcellus, Ohio se ha convertido en una ubicación predilecta para los pozos de inyección. En Pensilvania hay alrededor de una docena de pozos; en West Virginia, poco más de 50. En Ohio, hay más de 225. Desde 2014, alrededor del 95% de la salmuera se elimina por medio de inyección. Cada vez más, los científicos de los organismos gubernamentales vinculan la práctica con terremotos, y el público está empezando a ver los pozos con malos ojos. Aun así, el flujo incesante de residuos deja en claro que se otorgan nuevos permisos sin pausa, y el sector transporta salmuera a plantas de tratamiento que intentan quitarle los elementos tóxicos y radiactivos para que el líquido pueda usarse en la fractura de nuevos pozos.
En Ohio, no se llevan a cabo audiencias públicas antes de la construcción de estas plantas de tratamiento, muchos habitantes desconocen su existencia, y el Departamento de Salud del estado no las supervisa con regularidad. Están bajo la exclusiva supervisión del Departamento de Recursos Naturales.
Para almacenar residuos radiactivos, o para reciclar, tratar, procesar o eliminar la salmuera y los detritos de perforación, las empresas solo deben enviar una solicitud que revisa el director del ODNR. Se las llama plantas “por orden del director”, y Ohio lleva 46 de ellas autorizadas. Las empresas deben adjuntar a la solicitud un plan de protección contra la radiación, y Steve Irwin, vocero del ODNR, asegura que las plantas se inspeccionan con regularidad. Sin embargo, no parece haber suficientes protecciones para los trabajadores ni instrucción sobre los riesgos que conlleva el empleo.
En 2014, en EnviroClean Services, una ya extinta empresa de Ohio que operaba “por orden del director”, los inspectores descubrieron un personal absolutamente carente de conocimientos básicos sobre seguridad en materia de radiación, que trabajaba sin equipo de protección, no llevaba ningún tipo de registro ni documentación sobre los residuos que recibía, ni contaba con instrumento alguno para medirlos, a excepción de un contador Geiger de bolsillo que no parecía haberse usado nunca. En el campo del formulario en el que se documenta la inspección donde se pide una “Evaluación del grado de información de los participantes sobre los procedimientos de seguridad en materia de radiación”, el inspector asentó: “No es posible evaluar: no se utilizan procedimientos de seguridad contra radiación”.
El pasado abril, me reuní con un operador de una planta de tratamiento de residuos petroleros en un restaurante emplazado junto a una polvorienta parada de camiones en la franja saliente de West Virginia. Cody Salisbury dejó Las Vegas en la adolescencia y cruzó el país trabajando como barman hasta que terminó en los yacimientos petrolíferos de Texas, dice mientras devora alas de pollo asadas en nuestra mesa apartada y su teléfono no deja de vibrar. “Llega como un fango, una cosa asquerosa, y nosotros separamos los sólidos, el petróleo y el agua”, cuenta, sin divulgar más detalles del tratamiento pero aludiendo a un ingrediente secreto. Salisbury está modernizando una planta de residuos y ayudó a construir otras dos en Ohio. En la inauguración de una de ellas, a pasos de un hogar de ancianos, estuvo presente Rob Portman, senador por Ohio, que aplaudió el “alivio normativo” que la hizo posible.
Salisbury y todos los trabajadores de sus plantas llevan dosímetros, que miden la exposición a radiación externa, y siempre registraron niveles reducidos, según él. De acuerdo con un representante del ODNR, la mayoría de las plantas de residuos petroleros de Ohio entregan dosímetros a sus empleados, y no se ha observado que nadie superara el límite anual de exposición ocupacional. Pero Kaltofen, el científico forense nuclear, explica que los dosímetros no registran las partículas alfa —el tipo de radiación que emite el radio— y no pueden captar lo que se inhala o ingiere, por lo que no brindan información sobre las que probablemente sean las vías principales de exposición de los empleados.
“Están muy orgullosos de su trabajo”, dice Weatherington-Rice, el científico de Ohio, “y manipulan este material y se van a su casa y lo llevan en la ropa. Pueden contaminar a su familia también. Así funciona”.
Le pregunto a Salisbury si él y los trabajadores deben llevar equipos de protección contra radiación, y sacude la cabeza: “No se justifica por la radiactividad que hay. Nunca vi a nadie con mascarilla”. Cuando le pregunto si lo preocupa el radón, dice que nunca oyó hablar de él. “Emite más radiactividad un cigarrillo, una banana, una mesada de granito”, dice.
Hasta en las plantas que se presentan como las más cuidadas puede haber riesgos. Peter, el camionero de salmuera de Ohio, me cuenta de Clearwater, en West Virginia, una planta de tratamiento de residuos de fracking de 300 millones de dólares que se completó en 2018 y que dirige una sociedad entre Antero y la empresa francesa de gestión de agua y residuos Veolia. Kevin Ellis, vicepresidente de Antero, describió la planta como “el mejor proyecto de su tipo en el mundo. El mejor. Punto”.
La planta quedó repentinamente “inactiva” en septiembre, tras menos de dos años de operación, a causa de una brusca caída de los precios del gas. El año pasado, antes de que cerrara, Peter y yo fuimos a visitar las titánicas instalaciones. A medida que nos acercábamos, empecé a ver gruesas columnas de un vapor blanco grisáceo que emanaban de una serie de torres de refrigeración. Un informe de ingeniería de la planta presentado al estado demostró que se ventilaban a la atmósfera emisiones de los tanques de tratamiento luego de pasar por un oxidador térmico, un equipo capaz de destruir agentes contaminantes peligrosos… pero no radón, dice Resnikoff.
Ni Veolia ni Antero respondieron si se hacían análisis de radiactividad del vapor. Ante la pregunta de si el Departamento de Protección Ambiental de West Virginia supervisaba esas cosas, Casey Korbini, funcionario del organismo, respondió: “Los permisos que otorga el Departamento se rigen por los estatutos federales y estatales de calidad del aire, y los radionucleidos no están contemplados en dicha normativa”. Y agregó, “Eso no significa que los radionucleidos estén prohibidos, sino simplemente que no se los regula”.
“A la mierda, que va cargado”, dice Jack Kruell una noche lluviosa de la primavera pasada. Kruell, contratista de 59 años, mira un camión volquete que va rumbo al vertedero sanitario Westmoreland de Pensilvania, ubicado poco más allá de su casa en Belle Vernon, a unos 40 kilómetros de Pittsburgh. El lugar acepta residuos de fracking desde 2010.
Para gran parte de los residuos sólidos radiactivos que se producen en la extracción, como los detritos de perforación y el fango que se filtra de la salmuera, el final del camino es el basurero local. Kruell solía tener un par de contadores Geiger en el estante especiero de la cocina para supervisar la radiactividad, que generalmente superaba los niveles normales.
En algunas plantas, los detritos de perforación y los fangos se tratan “diluyéndolos” en residuos menos radiactivos a fin de obtener un material de radiación suficientemente baja para que la acepten los vertederos regionales. De lo contrario, hay que enviarlos a un vertedero de baja radiactividad de Utah, explica Troy Mazur, encargado de seguridad radiológica de Austin Master Services, una planta de dilución ubicada en Martin’s Ferry, Ohio. “No quisiera divulgar demasiado sobre nuestro proceso interno”, dice Mazur. “Hay residuos que ingresan y van directamente a un vertedero de baja radiactividad”. Es una decisión económica”.
Foto: George Etheredge
Un informe de 2013 del que Resnikoff es coautor calculó que enviar residuos petroleros a una planta de baja radiactividad podía significar aumentar hasta cien veces los costos, es decir que las empresas tienen un incentivo para llevar sus residuos a un vertedero regional.
El pasado abril, un trabajador de Westmoreland que denunció prácticas irregulares, hablaba en una carta a una persona vecina de Kruell de “numerosas violaciones de la normativa del Departamento de Protección Ambiental que se pasan por alto” y del “vertido de aguas y fango de fracking por encima de los límites legales”.
La empresa “evade las normas en todo lo que puede”, decía la carta. “Le escribo porque sé que su calidad de vida se está viendo afectada y no quiero que reciba un trato injusto”. El vertedero sanitario Westmoreland no respondió las preguntas de Rolling Stone.
Pero lo que más preocupa a Kruell son las motas de un polvo metálico que detectó sobre los arbustos y el pasto de su casa, y el dolor que siente al cortar el césped. “Al día siguiente de cortar el pasto, me duelen tanto los huesos que no me puedo mover”, dice Kruell. “Es como si alguien agarrara un taladro y te taladrara los huesos sin anestesia”.
“Esa es la gente que más me preocupa”, dice Weatherington-Rice, porque los metales como el radio pasan fácilmente al aire, en pequeñas partículas de arcilla en forma de polvo. “Si está en la superficie del vertedero y sopla viento, ¿qué crees que pasa?”, dice. “Los metales radiactivos y otros metales pesados vuelan en la dirección del viento y se asientan sobre las comunidades y las personas. Son todos peligrosos, y si se acumulan lo suficiente, terminan matando”.
Hay por lo menos cinco vertederos en West Virginia que aceptan detritos de perforación, cinco en Nueva York, diez en Ohio y 25 en Pensilvania. La mayor parte de los detritos de perforación provienen del fracking y pueden ser radiactivos. “Nunca enterramos deliberadamente cantidades muy grandes de residuos conocidos de baja radiactividad en un vertedero municipal genérico de residuos sólidos diseñado para basura doméstica”, escribió Bill Hughes, electricista industrial que formó parte durante 15 años de una junta supervisora del vertedero municipal de Wetzel County, en West Virginia, al Departamento de Protección Ambiental del estado. Es posible que los peligros, agregaba, “no se conozcan por generaciones”. En 2018, cuando conocí a Hughes, hoy fallecido, me dijo que el tema del manejo de los detritos radiactivos de perforación del sector petrolero constituía un “punto ciego” de los organismos estatales. “No sabían bien cómo regularlo”, me dijo.
El fétido flujo de agua que pasaba por Westmoreland, llamado “lixiviado”, corría cuesta abajo por un tubo de alcantarilla hasta la planta de tratamiento de aguas negras de Belle Vernon, donde el superintendente Guy Kruppa dice que mataba a los microbios necesarios para digerir las aguas residuales. Su planta no puede eliminar la radiactividad, explica Kruppa. Eso significa que, mientras la planta recibiera el lixiviado contaminado, llegarían aguas residuales insuficientemente tratadas y radiactividad al río Monongahela, que atraviesa el centro de Pittsburgh.
“En términos prácticos, este lugar es un permiso para contaminar”, dice Kruppa. “Una carta franca para verter residuos en el río, porque no hacemos pruebas para detectar esas sustancias, no tenemos esa obligación. Es un vacío legal. Encontraron el modo de aceptar un residuo que nadie acepta y de deshacerse de él en forma líquida. En pocas palabras, somos el culo de la industria del fracking”.
Durante meses, Kruppa intentó sin éxito que el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania reaccionara. “El Departamento no tiene evidencia […] que indique niveles de metales pesados o elementos radiactivos en el lixiviado”, dice su vocera, Lauren Fraley. Al organismo no lo preocupa que el lixiviado ingrese en los ríos del estado. Fraley dice que el Departamento de Protección Ambiental concluyó que no había “ningún perjuicio inmediato ni significativo para la salud humana ni el medioambiente, gracias al enorme volumen de agua del río receptor”.
En mayo, sin embargo, un juez del condado ordenó al vertedero dejar de enviar su lixiviado a la planta de aguas residuales. Y los riesgos existen incluso cuando una gran masa de agua puede diluir la contaminación: un estudio de 2018 halló que, en el río Allegheny de Pensilvania, se acumulaban residuos petroleros en el caparazón de los mejillones de agua dulce.
“Echamos materiales al río sin saber lo que hacemos, y podríamos estar poniendo en riesgo a la gente”, dice Kruppa. “A veces parece que soy el único que quiere ir contra la corriente mientras todo el resto, incluido el Departamento de Protección Ambiental, hace la visa gorda y nos dice que no pasa nada”.
A pesar de las duras advertencias climáticas, el sector del gas y el petróleo de Estados Unidos está en medio de un auge épico, que un documento de 2018 del Departamento de Energía llamó “un renacimiento de la producción petrolera”. En todo el país surgen ductos, centrales eléctricas y terminales de transporte a un ritmo vertiginoso.
Entre tanto entusiasmo, poco se habla de la radiactividad que tarde o temprano cubrirá las tuberías, bombas y filtros de esas plantas. Ni de los detritos de perforación y la salmuera radiactivos que brotarán de los pozos. Ni de los trabajadores expuestos, ni de las tierras contaminadas.
“Una cosa que les pregunto a estas empresas”, dice Smith, el abogado de Nueva Orleáns, “es qué hicieron para ir a buscar todos los residuos radiactivos que dejaron por todo el país en los últimos 120 años. Y la respuesta es ‘nada’”.
Una demanda judicial presentada por grupos ambientales en 2016 obligó a la Agencia de Protección Ambiental a reevaluar sus procesos de supervisión de los residuos petroleros, cosa que no hacía desde antes del auge del fracking. Pero, en 2019, el organismo concluyó que “por el momento, las revisiones no son necesarias”.
Cuando hablé con Peter cerca de las fiestas, había recopilado una nueva tanda de muestras y me dijo que los niveles de ansiedad entre los transportistas de salmuera habían alcanzado un récord histórico. “Los otros conductores se están asustando”, me dijo. “Quieren hacerse estudios”.
“Los trabajadores serán los canarios”, dice Raina Rippel, de Proyecto de Salud Ambiental del Sudoeste de Pensilvania, una organización de salud pública sin fines de lucro que asiste a los residentes afectados por el fracking. “No tenemos del todo en claro el tema de la radiactividad. Las autoridades electas y los funcionarios de salud pública no tienen suficientes conocimientos para garantizar nuestra seguridad”.
Los conocimientos están, sin embargo. El radio puede detectarse en la orina, y el radón, mediante un análisis de aire espirado. Como el radio se acumula en los huesos, hasta un cuerpo enterrado en un cementerio podría ofrecer detalles sobre la exposición de una persona, explica Wilma Subra, toxicóloga de Luisiana y pionera en el seguimiento de la radiactividad de la explotación hidrocarburífera en la década de 1970.
“Hay un riesgo inmenso agazapado bajo la superficie desde hace todos estos años”, advierte Allan Kanner, uno de los abogados ambientales de acción colectiva más prominentes del país, entre cuyas iniciativas más recientes se cuentan causas sobre contaminación por sustancias perfluoroalquiladas y el derrame de petróleo de Deepwater Horizon. “Todavía faltan algunas piezas del rompecabezas, porque el sector no dice todo lo que sabe, y las autoridades tampoco, y los médicos locales no están informados, pero espero que antes o después haya acciones legales apropiadas y razonables sobre el tema”.
Si las hay, podrían tener un efecto devastador en la industria de los combustibles fósiles, sobre todo si se instauran normas más estrictas y la Agencia de Protección Ambiental deja de eximir al sector de la definición de residuos peligrosos. “El componente crítico del margen de utilidades de estas empresas es lo barato que les resulta librarse de sus residuos”, dice Auch, de FracTracker Alliance. “Si tuvieran que pagar el precio justo de mercado, no podrían existir”.
Según Liz Moran, del New York Public Interest Research Group, “Hay quien dice que, si se elimina el vacío legal, el sector quiebra”. Cuando se le preguntó a Jim O’Reilly, experto legal de la Universidad de Cincinnati y autor de 53 manuales sobre desarrollo energético y otros temas, qué sería del sector del gas y el petróleo si se eliminara la exención de la Agencia de Protección Ambiental, su respuesta fue breve: “Un desastre”.
La radiactividad “es el camino a la Estrella de la Muerte”, dice Melissa Troutman, analista del grupo ambiental Earthworks. El sector les tiene miedo a dos cosas, según ella: “perder dinero y perder legitimación social”. El costo elevado de la perforación exige un influjo continuo de capital, y “los riesgos y cuellos de botella operativos no dejan de aumentar”, afirma un artículo de 2018 de la consultora energética Wood Mackenzie. Pero, mientras que el sector recibe el constante apoyo financiero de Wall Street, la legitimidad puede ser un arca más difícil de reaprovisionar.
Paul Templet, ex secretario del Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana y primer funcionario estatal en dedicarse al tema de la radiactividad, hoy tiene 79 años y vive con su esposa en una casa de adobe en Nuevo México, pero debe volver a Luisiana varias veces por año para oficiar como experto en demandas judiciales sobre contaminación proveniente de yacimientos petrolíferos. En los últimos años, un creciente grupo de propietarios de tierras descubrió que los pozos de gas y petróleo que los enriquecieron también mancharon su propiedad de metales pesados y radiactividad. “Casi todos los lugares que analizamos están contaminados”, dice Templet. Ya hay más de 350 de estas demandas judiciales avanzando en el estado. Los procesos son confidenciales y es difícil hacer números globales pero, según Templet, se puede afirmar que lo que empezó como apenas una molestia para los bolsillos del sector se ha convertido en un problema más serio. “Se sabe hace 110 años, pero nadie hace nada al respecto”, lamenta Templet. “Es el secreto del siglo”.
*Justin Nobel está escribiendo un libro sobre la radiactividad petrolera que editará Simon & Schuster. Este artículo contó con el apoyo de la organización periodística sin fines de lucro Economic Hardship Reporting Project.
-Este artículo afirmaba originalmente que el camión de salmuera promedio de Pensilvania superaba los límites de radiactividad establecidos por el Departamento de Transporte, lo que significaría que, por no apegarse a ciertas pautas sobre materiales peligrosos, estos camiones infringían la ley. Tras un análisis más profundo, hallamos que, si bien un camión de salmuera estándar del estado estaría 980 veces por encima del límite que impone el Departamento de Transporte para la cantidad acumulada total de radio en el camión, la concentración promedio de radio del camión también debe superar un nivel determinado para que se active la norma. No está claro si el camión de salmuera promedio supera ese límite; las incrustaciones radiactivas concentradas y acumuladas en un camión podrían superarlo, pero esa información no está disponible. Las pruebas son responsabilidad del operador en boca de pozo, y el Departamento de Transporte no tiene la obligación de verificar ni confirmar el análisis. El texto se modificó en función de esta nueva información].
Referencias fotográficas:
Camiones de salmuera junto a un pozo de inyección en Cambridge, Ohio. George Etheredge para Rolling Stone.
Tanques de salmuera junto a un pozo de inyección cerca de Belpre, Ohio. El estado alberga 225 pozos de inyección. Felicia Mettler, residente de Torch, Ohio, fundó un grupo que supervisa los tanques de salmuera. Según ella, cada pozo de inyección recibe más de 100 camiones por día. Fotografía de George Etheredge para Rolling Stone.
Las fosas de desechos como esta de Lycoming County, Pennsylvania, liberan gas radón radiactivo, la segunda causa de cáncer de pulmón en Estados Unidos. Dos estudios recientes indicaron niveles elevados de radón en los hogares de las inmediaciones de las operaciones de fracking. Foto: Joshua B. Pribanic/Public Herald
Siri Lawson se enfermó luego de que se vertiera salmuera en el camino que pasa cerca de su casa, en una zona rural de Pensilvania. Fotografía de George Etheredge para Rolling Stone.
Jack Kruell, residente de Pensilvania, guardaba un par de contadores Geiger en el estante especiero de la cocina para supervisar la radiactividad de un basural de la zona, en los alrededores de Pittsburgh. Fotografía de George Etheredge para Rolling Stone.
