Gabriel Martínez, ex Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, repasa la lucha que desde FeTERA impulsaron por el reconocimiento de la energía como derecho humano desde finales de la década de 1990 hasta comienzos de los 2000. En este diálogo con el OPSur, Martínez recuerda los conflictos que en aquella época de hegemonía del pensamiento neoliberal generaba el retiro de medidores y cómo la organización sindical y de usuarios pudo conseguir la puesta en marcha de una tarifa social en la Provincia de Buenos Aires. Rescatando el valor que la solidaridad de clase tuvo en aquella conquista, el referente de los trabajadores de la electricidad reflexiona sobre las nuevas disputas por la energía entendida como un bien común.
Fotos Prensa Luz y Fuerza Mar del Plata
Por OPSur.- Hacia finales de la década de 1980 el 97% del suministro eléctrico de la Argentina se encontraba en manos del Estado. La década menemista, sin embargo, modificó de manera radical las lógicas de gestión de la electricidad y, en concordancia con lo realizado con otros sectores, avanzó con una feroz privatización que revirtió la histórica gestión pública de la energía.
En ese marco surgió la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) una de las organizaciones precursoras del debate sobre el derecho a la energía en Argentina y América Latina. Su nacimiento, en 1995, se vincula de forma estrecha con los cambios que estaba viviendo el país producto de las políticas neoliberales, a la confrontación con las cúpulas sindicales que legitimaban las privatizaciones y, en concordancia, con la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
De acuerdo con Gabriel Martínez, ex Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata y ex Secretario de Organización de FeTERA, la situación a comienzos de la década de 1990 no solo exhibía un proceso de desintegración de la participación estatal en la vida social por medio de la enajenación de sus empresas prestadoras de servicios, sino más bien por la aparición de una “indigencia estadísticamente estructural”. Propiciada por una pérdida general de derechos y, en última instancia, de la posibilidad de acceder a consumos energéticos mínimos para el desarrollo de niveles dignos de vida.
-¿Cómo describirías la situación general de las y los usuarios de energía a finales de la década de 1990?
Lo que estaba pasando era que la tarifa de luz no se podía pagar cuando no tenías ingresos. Estamos hablando de una época donde las tarifas sociales no existían, la Asignación Universal por Hijo no estaba ni imaginada, los subsidios al transporte no existían. La gente subía al colectivo y no pagaba el boleto y que no se te ocurriera bajarla porque se armaba quilombo. En el consumo de energía eléctrica pasaba lo mismo: el vecino que no pagaba la luz, un buen día llegaba la empresa de electricidad y le cortaba el acceso al medidor y le cortaban la luz por falta de pago; previamente le habían avisado y toda la burocracia administrativa. ¿Qué hacía el vecino? Agarraba una escalera, volvía a conectarse y seguía consumiendo. Eso sucedía con muchísimos vecinos: colgarse de la luz a fines de los noventa y a principios de los 2000 fue un escenario muy común.
Esos usos “clandestinos” lo hacían los vecinos tomando electricidad de la red sin ser captados por medidores, porque en muchos casos los medidores ya habían sido retirados por las empresas por falta de pago. Esa situación llevó a enfrentamientos entre vecinos, la policía, los escribanos y los trabajadores de la electricidad que venían a cortar la luz o que venían a retirar medidores, y generó en las calles una situación de violencia que nadie atendía. El Estado lo único que hacía era poner un par de policías que custodiaban a los trabajadores que iban a cortar la luz; la empresa ponía a los trabajadores y a un escribano que labraba actas de la resistencia de los vecinos o de la constatación de ilícitos que, en el lenguaje técnico se llama fraude eléctrico. Para el año 2000 estos enfrentamientos eran muy numerosos, al menos en mi ciudad, Mar del Plata. Provenían de la pérdida de un derecho a partir de las privatizaciones que en la mayoría de los casos contaron con apoyo sindical.
-¿Ahí nace la idea de luchar por la energía como un bien social y un derecho?
La energía como bien social es un concepto que surge de las discusiones que se dan en la década de 1990 en el seno del sindicato de Luz y Fuerza de Mar Del Plata, que se traslada luego a la CTA a través de la FeTERA, y que luego se convierte en un concepto aceptado para muchas estrategias de lucha a lo largo del tiempo. La idea de bien social se trasladó también a la salud, se trasladó a distintos ámbitos de la vida cotidiana de la gente, pero nació en el marco de la pelea por la energía. ¿Por qué se peleaba por la energía? Porque la subsistencia de la familia, a fines del siglo XX, ya estaba muy asociada a la urbanización.
La necesidad llevó a la gente a buscar formas de conectarse a la red eléctrica y de utilizar esa electricidad que obtenía tanto para cocinar como para calefaccionarse. Con el tiempo, esta pelea se volvió también por la garrafa. Nosotros llegamos a esa comprensión, y decidimos que la iniciativa política era lograr el derecho. Y para lograrlo teníamos que convencer, durante las privatizaciones, que la propiedad privada de los servicios tenía que ser confrontada con una conceptualidad de la vida digna. Por eso decimos que la lucha que tuvimos por una Ley de Tarifa Social no fue una normativa solamente; fue un triunfo del campo popular que le arrancó al modelo neoliberal un derecho que había conculcado, un derecho que el modelo había robado.
-¿Cómo evalúas el proceso de discusión que derivó en la ley de Tarifa Social en la Provincia de Buenos Aires y sus resultados?
En junio de 2001 se termina aprobando la Ley de Tarifa Social, que es la 12.698. Eso fue antes de los levantamientos de diciembre de ese año, y venía de un proceso muy anterior de discusión en el que no bastó con convencer a los legisladores. También hubo que discutir con las empresas que ya estaban privatizadas y tenían intereses económicos diferentes. Así que, para tener una ley de tarifa social, había que controlar el enfrentamiento social que se estaba dando de tal manera, que toda esa energía se redirigiera hacia construcción de poder popular.
Esto fue lo más importante del proceso de la ley, cuyo resultado final no fue decepcionante, pero tampoco atendió las mayores exigencias que se habían tenido durante los debates de los simposios y las discusiones con los vecinos, y las marchas que se habían hecho en todos lados, las volanteadas, las pintadas y todo lo que se había hecho para sacar adelante esta ley. Porque finalmente no fue obligatoria sino que los municipios tenían que adherir a la ley. Pero también tuvo aspectos positivos: se creó una Tarifa Eléctrica de Interés Social, sus beneficiarios podían obtener rebajas de hasta el 50% en la tarifa, lo que fue un aporte concreto desde la lucha de los trabajadores a las personas más empobrecidas y dio lugar a una concepción de la energía como bien social en plena época neoliberal.
-Al menos fue una política contrasistémica durante el auge neoliberal
En esa época hablábamos de pensamiento único y hacíamos encuentros nacionales dentro de la CTA, de lo que llamábamos “el nuevo pensamiento”. Ahí discutíamos la manera de buscarle las grietas, las fisuras al pensamiento neoliberal que había impregnado todo el lenguaje y la forma de pensar de los argentinos. El derecho a la energía es una fisura al pensamiento neoliberal. Pero parecía que habíamos entrado en una encerrona de la que no se podía salir y de la que no había alternativa política. No había partido político importante que resistiera al modelo y la mayoría de las organizaciones sindicales estaban asociadas. La verdad que el escenario, desde el punto de vista de las expectativas, era oscuro, no era bueno.
Entonces, nosotros necesitábamos crear las alternativas de resistencia, inventar la resistencia, y convencer a otros de que esa resistencia era posible. Para eso nos teníamos que convencer entre nosotros, fue un trabajo muy duro: dentro del sindicato de Luz y Fuerza, me acuerdo que teníamos un afiche que decía “se puede, se puede”, y había muchos compañeros que no entendían qué era lo que se podía. Discutir con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires el tema de que no se reprimiera al vecino tenía como respuesta “bueno, entonces no sé, convenzan al vecino de que no robe”. Esa no era la alternativa: la alternativa era cómo se lograba que no tuviera que robar y que tuviera energía, que se le otorgara como un derecho.
-¿Cómo definirías la noción de pobreza energética desde tu trayectoria como sindicalista del sector?
Si repasamos, la tarifa social se convirtió en ley en el año 2001. Posteriormente aparecieron otros conceptos de tarifa social. La crisis eléctrica de 2015 y 2016 puso eso de manifiesto. Es más, la ley 12.698 está vigente, sin embargo está fuera de uso, pero la tarifa social que creó el ejecutivo tomó conceptos de esa ley. ¿Por qué había que tener una tarifa social? Porque había gente que no tenía energía, ¿y tenía derecho a tenerla? Sí, tenía derecho. Al menos eso dice el decreto de implementación de tarifa social en el año 2016 y que nace de un Poder Ejecutivo liderado por Mauricio Macri, quien está políticamente muy lejos del espíritu de lucha que creó ese concepto.
Desde ese punto de vista yo creo que tenemos triunfos, aunque sean mínimos. No logramos recuperar los servicios públicos, pero conceptualmente hay una aceptación, incluso por parte de la derecha, de que no se puede negar el servicio público. También ha pasado con otras iniciativas vigentes de tarifa social, como con el gas, el agua y el transporte público. También la tarifa social fue estudiada en distintos países como España, México y Uruguay. Desconozco si en algún lado se está aplicando, pero la lucha por el derecho a la energía prosperó.
