El jueves 17 se realizará una audiencia pública en la localidad rionegrina de Sierra Grande. Allí se discutirá el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de oleoducto y puerto petrolero de exportación, que se presenta como uno de los más grandes de Sudamérica. La generación de empleos y la obtención de dólares son los ejes del discurso promocional de YPF, empresa titular del proyecto. Sin embargo, ni los empleos permanentes serán tantos como prometen ni los dólares serán tantos para las arcas del Estado aunque crezcan las exportaciones.
Por un lado, de los 2500 empleos prometidos, solo 100, y muy tecnificados, seguirán en la etapa operativa del puerto. Por otro lado, si bien se redujo el déficit comercial energético por las crecientes exportaciones de hidrocarburos desde Vaca Muerta, y el gasoducto Néstor Kirchner permitirá disminuir las importaciones de gas, se profundiza el problema financiero. Las empresas que operan en Vaca Muerta, endeudadas masivamente, requieren dólares para pagar el capital y los intereses de los créditos contraídos -en muchos casos con ellas mismas- para invertir, un mecanismo que utilizan para la fuga de divisas. Entre enero de 2020 y mayo de 2023, el rojo cambiario del sector energético fue de 17.600 millones de dólares, de los cuales 11.200 millones son explicados por la salida financiera de dólares.
El puerto se instalaría a pocos kilómetros de tres áreas naturales protegidas. Dos ubicadas en Río Negro, el Área Natural Protegida Provincial Puerto Lobos y el Parque Nacional Islote Lobos, creado en junio de 2022; y la restante en Chubut, el Área Natural Protegida Península Valdés, que fue declarada por UNESCO sitio Patrimonio Natural de la Humanidad.
¿Cómo es posible que se instale un puerto petrolero en una zona donde se busca proteger la biodiversidad? Este proyecto no sería posible sin la reciente modificación de la Ley provincial 3308, que protegía al Golfo de este tipo de intervenciones. Esa ley había sido aprobada por unanimidad en 1999, cuando Repsol-YPF quiso desarrollar un proyecto similar al actual. Ante la modificación de la 3308 un conjunto de organizaciones presentó un pedido de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, pero el recurso fue rechazado con el argumento de que las y los vecinos no podían ser considerados afectados debido a que el proyecto no existía. Ante esto, las organizaciones recurrieron la decisión mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En Argentina tenemos antecedentes de derrames en puertos petroleros, el más conocido es el ocurrido en 2017 en Caleta Córdova, en Chubut, que afectó duramente la pesca artesanal. Trece años después algunos de los responsables fueron llevados a juicio y fueron absueltos. Otro antecedente es la desidia de YPF para reparar la monoboya que opera en Bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego, donde se denunciaron derrames no declarados por la empresa. La expansión del megaproyecto Vaca Muerta a la costa rionegrina representa un peligro para una economía que se sostiene en gran medida por la pesca de merluza común, la recolección de mariscos y el turismo fundamentalmente en las localidades rionegrinas Las Grutas y Playas Doradas. Los posibles impactos del proyecto amenazan la salud del ecosistema y el paisaje, requisito básico para la continuidad de estas actividades. Las asambleas socioambientales de Río Negro están en pie de lucha, junto a las de Chubut y la costa atlántica. Mientras tanto, Nación mira para otro lado y espera que este trámite administrativo pase lo más rápido posible.
Por otro lado, la nueva infraestructura implica la intensificación de la explotación de Vaca Muerta en la que hay serios asuntos sin resolver como el excesivo consumo de agua, la creciente sismicidad, la deficiente gestión de los residuos, la desigualdad social creciente, el incremento de los accidentes y muertes en lugares de trabajo, y la violación permanente del derecho al consentimiento libre, previo e informado a las comunidades mapuche. Esta expansión de la infraestructura fósil nos aleja de los horizontes de transición energética justa y popular.
¿Qué es el proyecto?
El Oleoducto Vaca Muerta Sur y puerto petrolero es un proyecto que busca unir a la localidad de Añelo, nodal de la explotación de Vaca Muerta en Neuquén, con Punta Colorada, en el Golfo San Matías, Río Negro. El caño de más de 600 kilómetros de extensión pretende transportar 360 mil barriles diarios de petróleo. Esta obra es parte de un plan para aumentar 2.5 veces la capacidad de transporte de hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina. El proyecto intenta multiplicar las posibilidades de exportación, para ello pretende instalar dos monoboyas, en lo que ambicionan sea el puerto petrolero más grande del país.
Si bien es YPF la que impulsa el proyecto, la propuesta beneficiará a una decena de compañías privadas y extranjeras y ‘nacionales’ como Chevron, Exxon Mobil, Shell, Petronas, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía y Pluspetrol. Una vez más, lejos del discurso soberanista, la empresa controlada por el Estado impulsa medidas que beneficiarán a todo el sector.
Un proyecto que compromete a tres provincias y el litoral atlántico debe tener una participación protagónica del gobierno nacional, sin embargo, en los medios de comunicación, la defensa de la iniciativa la realiza el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini (PJ), quien asegura que beneficiará a la población local.
El EIA tiene más de 4250 páginas y el gobierno pretende que sea estudiado por la población en menos de un mes. Solo se permite la participación de residentes en Río Negro, lo que excluye a quienes viven en las otras provincias, así como especialistas en la materia que no residen en la provincia. La falta de interés en la participación se constata también en que no se contempló la intervención virtual en una jurisdicción de 200 mil kilómetros cuadrados. Sierra Grande está a 300 km de Viedma, 500 km de Fiske Menuco (Gral. Roca) y 700 km de Bariloche, las tres ciudades más importantes de Río Negro. Por las distancias, los costos y el tiempo de traslado la modalidad híbrida debería ser fundamental.
Una apuesta al pasado
Lejos de financiar la transición energética con los recursos obtenidos de los fósiles, la exportación de hidrocarburos profundiza la dependencia de ese bien común. A medida que se amplía la dependencia económica de los fósiles y se consolida la comunidad de intereses en torno a ellos, se dificulta cada vez más la posibilidad de sostener matrices económicas diversificadas. Concentrando este sector políticas de estímulo y beneficios, que no tienen otros.
En los diez años de vida de Vaca Muerta, la política pública apuntó a perpetuar la dependencia fósil, ya no solo con un objetivo energético, sino fundamentalmente como medio para conseguir dólares. Sin embargo, más allá de las expectativas, a la fecha, muchas de las promesas cumplen una década sin realizarse, mientras muchos de los impactos advertidos por el movimiento socioambiental, lamentablemente, ya se manifiestan. La audiencia de Sierra Grande y el futuro avizorado por los promotores del fracking son otra perla en este collar de mentiras que les cuelgan a los pueblos y a los territorios.
Foto: Luciano Cutrera
