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Andalgalá: detuvieron a asambleístas por el agua en un operativo de allanamientos casa por casa

Comunicado de la Asamblea El Algarrobo .- Junto a todos lxs andalgalenses que luchan contra la megaminería asesina de nuestros territorios, repudiamos los ataques difamatorios y persecuciones a las vecinas y vecinos que luchan por el agua pura para nuestro pueblo. Estos intentos de perseguirnos y difamarnos solo demuestran que nos tienen miedo porque no tenemos miedo.

Somos un pueblo que viene demostrando hace más de 20 años que no quiere la destrucción de su territorio, que no se vende ante la ilusión de un falso progreso que piensa que puede repartir espejitos de colores mientras echa mano a infiltrados y violencia para promover un modelo inviable e insostenible con la vida de los pueblos.

Mientras el gobierno provincial continúa militarizando nuestro territorio y pone en peligro la integridad de todxs, nuestra respuesta es una sola: No nos van a vencer, nuestra resistencia continua, solo demuestran que este modelo no cierra sin represión por parte de las fuerzas estatales junto a las mineras contaminantes.

Seguimos en lucha, totalmente alertas, velando por la integridad de cada compañera y compañero, sabemos que nuestra lucha es cada vez más fuerte, agradecemos el apoyo y la solidaridad que nos llega sin cesar desde cada rincón de nuestro país, cada vez somos más, los pueblos no paran de despertar.

LA MEGAMINERIA NO TIENE LICENCIA SOCIAL, ANDALAGALA RESISTE.

Rechazan la incineración de residuos sólidos urbanos en Tandil

Por Coalición Ciudadana AntiIncineración Argentina .- Hace muchos años que, tanto desde la Mesa Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) de Tandil como desde el Municipio, se viene advirtiendo del próximo colapso [1] del llamado relleno sanitario de Tandil. GAIA y la Coalición Ciudadana Antiincineración se oponen a la incineración como respuesta.

Ahora, quienes gestionan el relleno sanitario, están diciendo que hay que buscar rápido una solución, porque no tiene más de un año de vida útil.

Manifestando tardía presión por el apuro, el presidente Matías Civale de USICOM S.A., empresa que gestiona el relleno sanitario, ante una pregunta periodística sobre si había una decisión concreta de avanzar con un proyecto que transforme los residuos en biogás para la generación de energía, respondió que estaban planteando valorizar los residuos con cualquier tecnología: biogás, gas líquido para camiones recolectores, pirólisis, arco de plasma. Más adelante se manifestó expresamente en contra de la separación en origen con recolección diferenciada [2], argumentando que aumenta los costos de modo tal, que sería inviable.

El arco de plasma, la pirólisis, la incineración con o sin lecho fluido, son diferentes formas de abordar la destrucción térmica, todas igualmente contaminantes, que las empresas promueven para vender sus equipos, seduciendo a funcionarios que, desde su ingenuidad, creen en los argumentos de los vendedores. Pero la combustión es una aparente solución de “final de tubería” ligada a problemas ambientales, sociales y de salud, que no enfrenta el problema en su origen y plantea falsas soluciones rápidas, que profundizan el problema.

La incineración es la tecnología más cara a la hora de gestionar los residuos, y genera residuos peligrosos en la forma de cenizas altamente tóxicas y emite no solo químicos tóxicos, sino también gases de efecto invernadero, por lo cual, si un municipio ha asumido compromisos para mitigar el cambio climático, al instalar un incinerador hace todo lo contrario. Estudios de la Fundación Ellen Mc Arthur indican que si nos enfocamos en cómo extraemos, usamos y desechamos las cosas se podrá disminuir la emisión total hasta un 45%.

Año a año se actualiza la información científica sobre el impacto ambiental y a la salud que generan estas fuentes de dioxinas y furanos. Numerosos estudios en países del primer mundo, revelan estos tóxicos en huevos, vegetales y vacas lecheras en las cercanías de incineradores.

Los incineradores están reconocidos como contaminantes en el Convenio de Estocolmo, del cual Argentina es signataria y está por ello obligada a no agregar fuentes de estas sustancias cancerígenas. Además, no son los únicos tóxicos emitidos en el proceso de quemar residuos:  estarán también los metales pesados como plomo y mercurio, clorados como el PCB, HCB, material particulado, nanopartículas, y olores por añadidura. La comunidad va a perder el derecho a respirar aire limpio.

Las inevitables cenizas, que pueden llegar a ser el 30% del peso del material combustionado, son residuos peligrosos, de composición incierta al depender de la composición de los residuos incinerados y otros factores muy variables, que por ley deben tener una disposición final específica.

Por otro lado, gran parte de los residuos incinerados están fabricados con recursos no renovables, como el petróleo, el carbón, los metales. La incineración destruye todo eso y obliga a obtener nuevos insumos para hacer nuevos productos, repitiendo la nefasta espiral del usar, tirar y quemar y contraviniendo el espíritu de la llamada “economía circular”.

A todo ello es necesario agregar que la instalación de cualquier proceso vinculado a la denominada valoración térmica que no sea la producción anaeróbica de biogás, requiere de la quema de todos los materiales reciclables como papel, cartón y plásticos buscando el mayor rendimiento energético, lo que dejará sin recursos a los recuperadores urbanos.

El camino acertado desde todo punto de vista para la gestión municipal, es la promoción de los principios de basura cero, con especial énfasis en el compostaje domiciliario (cerca del 45% en peso de todos los residuos generados en el hogar), una fracción importante y clave sobre la que ya están trabajando muchos gobiernos locales, con gran participación de la comunidad, y resonantes éxitos. Cuando la comunidad participa, los resultados suelen ser excelentes, sostenibles en el tiempo y resultan en grandes ahorros para los gobiernos locales. 

La reciente investigación de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, GAIA, demuestra que la gestión basura-cero no solo minimiza los daños ambientales, sino que su costo es significativamente menor que el de los sistemas que entierran o queman residuos. En este momento de crisis económica por el que atraviesa nuestro país es importante agregar que, en cuanto a empleos, el estudio señala que herramientas de basura-cero generan, en el caso de la reparación más de 200 veces más de puestos de trabajo que los rellenos sanitarios e incineradores, en el del reciclaje más de 50 veces y en el de la remanufactura casi 30 veces más de puestos de trabajo.

Hay, como se ve, numerosas razones para descartar la incineración por ser una falsa solución, y un camino negativo para la salud humana y para el ambiente.

Efectos, impactos y riesgos socioambientales del megaproyecto Vaca Muerta

Un trabajo de FARN Argentina .- Vaca Muerta es una formación geológica ubicada sobre la cuenca neuquina que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa (Mapa 1), en el norte de la Patagonia de Argentina. En la zona existe un proyecto de extracción de hidrocarburos que abarca más formaciones geológicas, con una superficie total de 30 mil km2 (Skalany, 2018).

Descargá el informe completo

                        Fuente: MECON, 2020
La formación de Vaca Muerta es descripta como la segunda fuente de gas y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial. Al ser una formación no convencional, la roca madre no tiene la porosidad suficiente para que fluyan los hidrocarburos, lo que la convierte en una fuente de compleja y costosa extracción bajo el método de fractura hidráulica (Shale en Argentina, 2020). También conocido como fracking, este método consiste en una combinación de perforaciones verticales y horizontales junto con la inyección de un fluido compuesto de agua, arena y aditivos químicos a muy alta presión
que fractura la roca, permitiendo que los hidrocarburos fluyan por los poros y emerjan a la superficie.
Por sus consecuencias ambientales, este tipo de extracción es debatido en el mundo e incluso está prohibido en algunos países. En Argentina, el Estado Nacional y los Estados provinciales promocionan el megaproyecto de Vaca Muerta como la principal fuente de gas y petróleo no convencional del país, generando expectativas respecto de un futuro con abundantes inversiones, crecimiento productivo y un venidero desarrollo económico (ME, 2018).

Chubut afronta el desafío de superar una década de déficits, con 122.000 pobres y 20.000 indigentes

Por Marcelo García / El Extremo Sur .- Chubut concluyó 2020 con un déficit de las cuentas públicas que ascendió a 18.920 millones de pesos. En volumen, fue el saldo en rojo más grande de la historia, pero también el tercer peor déficit de los últimos diez años respecto de los ingresos. Mientras tanto, la pobreza atrapó a casi 122 mil personas y hundió a 20 mil en la indigencia. Ambos registros están en el podio de los peores de la década. En cinco años la pobreza y la indigencia se duplicaron en la provincia.

Desde hace al menos una década, Chubut se hunde en un cuadro de dificultades crecientes, con un Estado siempre al borde de la cesación de pagos y una sociedad que padece las penurias de la falta de empleo, la inflación y un costos de vida que supera a buena parte del país.

Este 2021 arrancó con malas noticias para Chubut por la crisis que sobrelleva el Estado provincial y la situación social que padecen miles de chubutenses.

El déficit de las cuentas públicas en 2020 fue el peor en la historia y su incidencia se ubicó entre las más impactantes sobre los ingresos. La pobreza y la indigencia bajaron levemente en el final del año, pero sigue habiendo una altísima vulnerabilidad social en la provincia.

Que el Estado provincial se encuentre en crisis no es solamente un problema para los trabajadores estatales a la hora de cobrar sus sueldos. Esas dificultades se traducen en peores servicios públicos (Salud, Educación, asistencia social y contención a los más vulnerables).

También tiene un correlato directo en la falta de obras públicas y de infraestructura para el desarrollo provincial. La llegada de la pandemia de Covid mostró una estructura estatal debilitada para enfrentar el demoledor avance de un virus que impactó en el sistema sanitario y en toda la estructura económica y social.

El síndrome del Estado se evidencia cuando producen catástrofes como la del temporal que afectó a Comodoro Rivadavia hace cuatro años o la ola de incendios que devastaron hace un mes a la Comarca Andina Patagónica.

En esos momentos de catástrofe es donde se siente con mayor dureza la dificultad del Estado provincial a la hora de asistir y ayudar a los que peor la están pasado.

Buena parte de esos problemas -que parecen genéricos pero tienen rostros individuales de angustia y desesperanza- encuentran sus orígenes en el despilfarro histórico de los fondos provinciales, sumando la mala administración, la corrupción y el constante endeudamiento en dólares tomado desde 2010; que no se tradujo en una mejor calidad de vida para los chubutenses.

En lugar de pagar deuda de manera constante, Chubut tendría que estar enfocado en asistir prioritariamwnte a los empobrecidos y a los que padecen las catástrofes.

El déficit más grande de la historia

El cierre de 2020 terminó arrojando el déficit más abultado de los últimos diez años. Las cuentas públicas de Chubut tuvieron un resultado negativo de 18.920 millones de pesos en rojo como déficit primario, mientras que el déficit financiero -después de nuevos endeudamientos y pagos de la deuda contraída anteriormente- resultó de 3.684 millones de pesos negativos.

En términos nominales ese fue el peor resultado primario -ingresos frente a egresos provinciales- de la historia de Chubut; aunque si se lo compara respecto de la recaudación anual se posiciona en el tercer peor resultado de la década.

El peor de los años deficitarios fue en 2016 cuando los resultados negativos representaron el 23,5% del total de los Ingresos Corrientes de la provincia; mientras que en 2017 esa ecuación pasó a representar el 19,6% de la recaudación total. Ya para 2020 el déficit significó el 18,6% de los ingresos y se anotó como el tercer año con peores cuentas negativas de Chubut.

Si bien el Estado provincial presenta fuertes falencias a la hora de atender las necesidades de la población chubutense y estuvo todo 2020 pagando con atraso los sueldos de los empleados públicos y los jubilados provinciales, la madre de todos los problemas no fueron los aumentos de sueldos ni los gastos de funcionamiento; sino la deuda en dólares que se generó desde 2010.

Cuando llegó la hora de pagarla los fondos que ingresaban no fueron suficientes para hacer frente a los compromisos de pago asumidos.

Las obras que se utilizaron como argumento para endeudar a la provincia en dólares en su gran mayoría no se hicieron. Muchas no están finalizadas y algunas inclusive fueron transferidas a los municipios para su conclusión o su inicio; lo que significa que se terminará pagando casi dos veces por las mismas obras.

Después de 2010 comenzaron a producirse los vencimientos de esa deuda en dólares y los ingresos fueron insuficientes para concretar los pagos asumidos.

Por eso, las diferentes gestiones comenzaron a emitir nueva deuda en pesos para cubrir los ingresos en dólares por regalías que eran absorbidos por los endeudamientos de las gestiones de Mario Das Neves y Martín Buzzi.

Así se fue tejiendo un entramado de crisis económica y financiera que desembocó en casi diez años consecutivos de déficits en las arcas del Estado provincial. Durante un solo año Chubut consiguió no tener números rojos: fue en 2018, cuando ajustó brutalmente los sueldos de los estatales para conseguir mostrarse como una provincia con equilibrio fiscal.

Diez años de números en rojo

La última década fue nefasta para las arcas públicas de Chubut. La deuda no se tradujo en mejoras para la calidad de vida de los chubutenses y los déficits de las cuentas del Estado fueron creciendo de manera constante hasta llegar el récord obtenido en 2020.

En el arranque de la década pasada el déficit primario rondó por encima de los 200 millones de pesos y el superávit financiero apenas se ubicó en la banda de los 120 y 170 millones de pesos.

Entre los años 2013 y 2015 comenzó a crecer la situación deficitaria primaria a saltos significativos; pasando de los 510 millones en el 2013 a los 2.507 millones de pesos en 2015.

En 2013 todavía tuvo saldo positivo financiero con 820 millones, pero 2014 y 2015 arrojaron números rojos después del pago y la toma de nueva deuda. En 2014 el déficit financiero trepó a los 1.386 millones de pesos.

La segunda mitad de la década pasada fue un verdadero descalabro financiero para Chubut. Los distintos gobiernos que pasaron no pudieron domar el déficit primario y para contenerlo solo se les ocurrió seguir generando más deuda para pagar la anterior.

2016 fue uno de los peores años de la historia reciente provincial. El déficit primario creció notablemente y ascendió a los 5.292 millones de pesos, pero el resultado financiero terminó siendo positivo en 6.159 millones por una nueva emisión de deuda en dólares en la gestión de Das Neves.

A pesar del endeudamiento constante, los resultados negativos no desaparecieron. 2017 concluyó con un déficit primario de 7.180 millones de pesos y el financiero fue positivo en apenas 1.323 millones de pesos.

Para salir de esa espiralización deficitaria, la gestión de Mariano Arcioni -asumido tras la muerte de Das Neves- decidió aplicar un ajuste profundo sobre los sueldos estatales, las jubilaciones provinciales y el gasto público.

En 2018, tras una tremenda pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, el gobierno consiguió cerrar con números positivos gracias al achicamiento de la masa salarial general.

Las cuentas publicas arrojaron en el año del ajuste un superávit primario de 2.398 millones de pesos y el saldo financiero sólo fue de 257 millones porque se acumularon vencimientos de deudas tomadas en dólares y en pesos.

El ajuste no fue aceptado por los trabajadores estatales y estallaron los conflictos en casi todos los gremios provinciales. Las duras luchas entabladas contra la gestión de Arcioni por el recorte salarial y el pago escalonado de los sueldos derivó en una derrota política para el gobierno, quien debió otorgar los aumentos quitados en 2018 durante el año siguiente. Inclusive lo utilizó como eje de campaña para ganar las elecciones de 2019.

Sin margen de maniobra por los acuerdos firmados en paritarias, donde se otorgaron los incrementos salariales faltantes de 2018 y una cláusula gatillo de aumento según el índice inflacionario, los resultados de las cuentas públicas estallaron.

2019 concluyó con un déficit primario de 8.219 millones de pesos y un déficit financiero de 4.789 millones. Ese fue el primer año en que los números en rojos de ambas columnas alcanzaron dimensiones pocas veces vistas en la provincia.

Sin la capacidad de agrandar los ingresos y con la pandemia pero no escena desde marzo, 2020 fue el segundo año consecutivo de fuertes déficits en ambos casilleros. El rojo entre ingresos y egresos ascendió a la notable suma de los 18.920 millones de pesos; mientras que el déficit financiero se ubicó en los 3.684 millones.

Tras diez años de descalabros financieros queda más que claro el problema no son los gastos corrientes de la provincia, más allá del despilfarro generado por la corrupción. El principal motivo de la crisis es la falta de creatividad, políticas de largo plazo y de determinación política para aumentar los ingresos y recaudar como corresponde y sin prebendas para sectores privilegiados.

Por supuesto, es imprescindible considerar los enormes daños provocados por los endeudamientos que ahora se seguirán pagando hasta 2030.

La pobreza se duplicó en cinco años

Describir el déficit provincial no es una abstracción en la que la gente no cuenta. Todo lo que el Estado no puede hacer, planificar, desarrollar o generar se traduce en menos servicios y ayudas para la población.

La pobreza y la indigencia son dos indicadores de la gravedad que tiene la crisis chubutense, indudablemente influenciada por los efectos de la pandemia y la crisis nacional. Está claro que en la provincia se agravan cómo producto de la falta de capacidad que tiene el Estado para llegar a los más necesitados.

Los últimos datos del INDEC mostraron que en Chubut hay 121.894 pobres, de los cuales 20.241 son indigentes y no pueden alimentarse diariamente. Vale aclarar que esos corresponden solamente a los aglomerados urbanos de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y de Trelew-Rawson; ya que el INDEC no mide estas variables en Esquel, Puerto Madryn ni en el interior chubutense.

Si bien la cantidad de pobres en el segundo semestre del 2020 decreció respecto de la primera mitad del año, es la segunda cifra más elevada de pobreza contabilizada en la provincia desde 2016.

Más allá de que los datos son muy preocupantes a pesar del leve descenso, no menos cierto es que la pobreza en la provincia se duplicó en los últimos cinco años.

Para el segundo semestre de 2016, cuando arrancó la nueva serie estadística del INDEC, la pobreza en Comodoro y Rada Tilly ascendía al 15,7% de la población; mientras que en Trelew y Rawson llegó al 28%.

Cinco años más tarde saltó al 31,7% en Comodoro y Rada Tilly, en tanto que en Trelew y Rawson subió al 32%. El aumento en el conglomerado sur fue del 101% y mostró una duplicación de la pobreza; mientras que en la zona del Valle se incrementó 14,3%.

De los 72.333 pobres que se contabilizaron entre ambos conglomerados en el segundo semestre de 2016, se pasó a los 121.894 registrados en la segunda mitad del año pasado. El incremento fue de casi 50 mil nuevos pobres en tan solo cinco años, que representaron un aumento en promedio provincial del 68%.

La indigencia tuvo un salto aún más significativo y llevó a la miseria más absoluta a miles de chubutenses. De los 8.465 indigentes que se contabilizaron en 2016 se pasó a 20.241 personas que no juntan el dinero necesario para alimentarse todos los días. El incremento fue del 139%, que representó el hundimiento en la miseria de 11.776 nuevos indigentes.

La asistencia del Estado a esos miles de familias empobrecidas e indigentes parece una utopía dentro de una provincia abrumada por el déficit de las cuentas públicas y los vencimientos mensuales de las deudas gemelas en dólares y pesos.

Resolver este desafío demanda audacia y voluntad política. Solo con un cambio de rumbo profundo sería posible cambiar el problemático esquema de ingresos insuficientes para solventar un Estado escuálido y sin capacidad de respuesta antevlas necesidades básicas de una población que sufre la depreciación del salario y el crecimiento del desempleo, la pobreza y la miseria.

10/04 | Mendoza y Chubut, unidas por el agua

Encuentro virtual | Debatimos el Proyecto de Zonificación Minera en Chubut en contexto de crisis hídrica, cambio climático y pandemia. Una invitación de la Asamblea del Pueblo de General Alvear, la Agrupación Atlética Tranco Largo, la Posta Atlética por el Agua y la Vida y Jóvenes por el Ambiente de General Alvear (Mendoza).

Participan:

  • Silvia Leanza, geógrafa de Comodoro Rivadavia (Chubut)
  • Silvia de los Santos, abogada ambientalista de Comodoro Rivadavia
  • Federico Soria, Guardaparques Nacional e integrante de la Asamblea por el Agua de Uspallata (Mendoza)
  • Marcelo Giraud, profesor de Geografía de UnCuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza
  • Hernán Scandizzo, periodista del Observatorio Petrolero Sur de Neuquén

La USO ingresa a la Alianza Colombia Libre de Fracking

Por Colombia Libre de Fracking .- El 30 de marzo de 2021, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Alianza Colombia Libre de Fracking decidieron formalizar la integración de sus capacidades de movilización, incidencia y comunicación para proteger al Magdalena Medio, y a todo el territorio nacional, de la explotación de yacimientos no convencionales y promover una transición energética justa y democrática.

El ingreso de la USO a la Alianza ocurre de manera simultánea al anuncio irresponsable de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de la aprobación a la transnacional Exxon, cuestionada en diferentes países por sus prácticas en detrimento del ambiente, de un segundo proyecto piloto de explotación de yacimientos no convencionales (YNC) por medio de la técnica del fracking impuesto al municipio de Puerto Wilches (Santander). La fructífera unión de la USO y la Alianza será un apoyo decisivo para las y los pobladores y trabajadores de toda la región del Magdalena Medio que se oponen a los proyectos piloto en particular, y a la explotación de YNC en general, por sus afectaciones ambientales, a la salud pública y sociales, entre muchas otras, en una región golpeada por la explotación convencional de hidrocarburos durante más de un siglo.

Para la USO, hacer parte de la Alianza es el desarrollo natural de la decisión de la Asamblea Nacional de Delegadas y Delegados del sindicato que, en noviembre de 2019, votó por el rechazo a la utilización de la técnica del fracking. Este hecho histórico, de la misma magnitud de la huelga de 1948 que posibilitó la reversión de la concesión de Mares y la posterior fundación de Ecopetrol, es el primer precedente dentro del sindicalismo petrolero en el mundo que se opone a la explotación de petróleo, fuente de subsistencia de quienes representa, entendiendo la necesidad urgente de combatir de manera efectiva la crisis climática, acelerar la transición energética y exigir a Ecopetrol, la misma empresa que ayudaron a fundar, que lidere y promueva este proceso.

La Alianza Colombia Libre de Fracking considera que la historia, experiencia y capacidad de la USO fortalecerá la lucha contra la explotación de los yacimientos no convencionales en el país y la construcción colectiva de una transición energética justa y democrática que incluya la resolución de los pasivos ambientales y sociales de la industria petrolera, además de la defensa de la integridad ecológica del territorio, la transformación de la vocación social y económica de los municipios afectados, la reconversión de la mano de obra, la formación técnico-profesional y del tejido empresarial de las regiones, la generación de empleos verdes y la creación de fondos de indemnización que brinden protección a desempleados y población mayor vulnerable.

¡Lucha y solidaridad, son caminos de unidad, y los caminos de unidad, son caminos de victoria!

Bogotá, Colombia, 6 de abril de 2021.

“Es necesario que los pueblos se apropien de sus recursos y sean parte de las decisiones”

Entrevista a Miguel Páez, ex titular ATE Río Turbio. La situación crítica que atravesó Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en los últimos años y el rol social que cumple la mina en la región atraviesan el diálogo con Miguel Páez. Sin desconocer el efecto nocivo de la quema de carbón, el ex secretario general de ATE Río Turbio reflexiona sobre la relación de este tipo de minería con otros y también sobre el vínculo entre esta fuente energética y otras consumidas en el país y el mundo. 

“Acá están nuestros hijos, van a venir nuestros nietos y tenemos que tener la discusión en torno a la transición justa que contemple cuidar el ambiente y la salud de nuestra gente. La única forma de garantizarlo es con la participación activa de los trabajadores”, señala Miguel Páez, referente de los mineros del carbón de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. En diálogo con el OPSur, el ex secretario general de la seccional local de ATE no deja de resaltar las posibles ventajas que podría tener la puesta en marcha de la Central Térmica Río Turbio para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). 

Aunque retoma los debates sobre transición justa de organismos internacionales como la OIT, Páez considera que “Argentina está muy lejos de poder discutir la transición justa si constantemente llegan empresas que se llevan los recursos y dejan en los pueblos miseria, hambre y abandono”. Preocupado por el futuro de los puestos de trabajo en sectores de la producción considerados contaminantes, da cuenta del problema estructural que entiende que existe en la política minera del país. Centrado en la soberanía nacional de los recursos, considera que sin una modificación del marco regulatorio y la activa participación de los trabajadores, no existe la posibilidad de llevar adelante una transición energética que contemple los intereses de las mayorías. 

-¿Podrías realizar una síntesis de la historia  de la mina y su relación con las ciudades de Río Turbio y 28 de Noviembre? 

La ciudad surgió a raíz de la explotación minera por el año 1943, que comienza  con Yacimientos Carboníferos Fiscales, empresa estatal que fue privatizada o concesionada en la década del ‘90. Actualmente se encuentra intervenida, luego de un fatal accidente en el que catorce mineros perdieron sus vidas en el interior de la mina, producto de un incendio que pudo ser evitado. Sin la cuenca carbonífera no existirían los pueblos de Río Turbio y 28 de Noviembre, que nacieron a partir de la exploración y explotación del carbón. Un dato no menor sobre ellos es que son pueblos de frontera, por lo que constituyen enclaves geoestratégicos y políticos. El rol de la mina desde sus comienzos fue abastecer de carbón a diferentes empresas y a la Usina de San Nicolás (en la provincia de Buenos Aires); también se ocupó de la exportación a otros países como Brasil.

-¿Cómo describirías el funcionamiento de la mina de Río Turbio y los cambios que se produjeron con las políticas implementadas en los últimos años? 

El yacimiento está constituido por cinco mantos de carbón, se calcula que tiene una reserva de 450 millones de toneladas. Su funcionamiento es subterráneo, con un sistema de galerías y chiflones formando los frentes de explotación, usa el método de derrumbe controlado. A partir de ahí el carbón se extrae y transporta por cintas a la superficie donde es seleccionado en la planta depuradora de acuerdo a diferentes granulometrías y se separa, también, el carbón del estéril. Luego es transportado a Punta Loyola y cargado en barcos, en caso de venta, o bien, se queda en Río Turbio  para abastecer, a través de cintas transportadoras, las dos usinas, una de 21 mw y la otra de 240 mw (que está en proceso de terminación de obra). En estas usinas el carbón se quema y se transforma en electricidad.

Durante los últimos años buscamos concretar el viejo anhelo de las anteriores generaciones de trabajadores, tener una usina en boca de mina que pueda utilizar nuestro carbón y transformarlo en energía, aportando al interconectado nacional, transformando a la empresa minera [Yacimientos Carboníferos Río Turbio] en una empresa carboeléctrica. Pero la situación se puso crítica cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri. La empresa entró en un estado de abandono, comenzó el recorte presupuestario, la desinversión, la paralización de la obra de la usina 240 mw, los despidos masivos, los retiros extorsivos y el casi cierre del yacimiento. Hoy con el nuevo gobierno se puede volver a abrazar el sueño de tener en marcha la usina de 240 mw, la generación de energía en base a nuestro carbón y el desarrollo económico y productivo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y de las próximas generaciones. Con la actual pandemia resulta difícil avanzar en ese camino, pero tenemos la esperanza de que lo vamos a concretar algún día.

-¿A qué atribuirías la demora de la puesta en marcha de la central carboeléctrica? 

La demora de su puesta en marcha se produjo a raíz de que el gobierno de Mauricio Macri pretendía entregar la usina, como lo hicieron con otras, a sus amigos empresarios, dejándola en manos privadas. Pocas posibilidades tenía la mina de suministrar carbón, ya que seguramente lo importarían desde Chile, como pretendía [Juan José] Aranguren cuando estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minería. El propio ministro se encargó de separarla de la órbita de la empresa y parar la obra. Rescindieron el contrato con la constructora, teniendo más de un 80% de obra avanzado y con todos los materiales para terminarla. 

-¿Qué impactos consideran que podría tener su funcionamiento para la comunidad y el ambiente? 

Hay que tener en cuenta que el carbón hoy no forma parte del aporte energético nacional y cuando esto suceda solo será un porcentaje mínimo comparado con la generación de energía en base al fuel-oil, gas, solar, hídrica y eólica. La puesta en marcha de la usina de 240 mw generaría un impacto en nuestros pueblos, de esperanza, de desarrollo y de futuro para las próximas generaciones. Nuestros pueblos no existirían si no fuera por el carbón y hasta el último habitante de la cuenca sabe perfectamente eso. No solo generaríamos energía sino que también seríamos visibles para el país. 

-El carbón es una de las fuentes energéticas más contaminantes. ¿Crees que se puede sostener su explotación a pesar de los límites que impone el cambio climático?

Comparado a otros países, como Estados Unidos y China, que utilizan mayormente el carbón para la generación de energía, en nuestro país la de Río Turbio es la única mina subterránea de carbón que se encuentra operada por el Estado nacional. Hasta ahora el carbón ha cumplido un rol social importante en lo que hace a alimentar a los sistemas de calefacción en zonas en donde no se dispone de otros combustibles como gas, para las caleras distribuidas en distintos lugares del país y para el consumo industrial. Creemos que ahí hay una diferencia respecto de lo que sucede con otro tipo de minería, en donde no sólo contaminan con metales pesados sino que además no declaran algunos de los minerales secundarios que se extraen clandestinamente. Camuflados en el barro o con mecanismos por el estilo, empresas privadas se llevan millones de pesos del país sin declarar al Estado, libres de impuestos, y en buena medida, amparados por la reforma de la Constitución Nacional de 1994 pasa con el oro, el petróleo, el litio, entre otros. 

Creemos que en Río Turbio se puede generar un equilibrio en el cuidado del medio ambiente como también en la conservación y generación de puestos de trabajo. Este tipo de decisiones no deben estar solo en manos de los intereses empresarios sino de los trabajadores y las comunidades, otorgando la posibilidad a cada habitante de la región de ser parte del debate.

En el mundo se debate un recambio del sector, ¿creen que podría darse una transición energética justa?

Es una discusión que se tiene que dar, estoy totalmente de acuerdo. Para eso es necesario buscar que los pueblos sean parte de la apropiación de sus recursos, que las comunidades sean parte de las decisiones. Eso es muy difícil que se consiga con las lógicas de las empresas privadas, que no permiten que nadie “toque su torta”, dejando solo migajas a las mayorías. Por eso decimos que Argentina está muy lejos de poder discutir la transición justa. Hay una desolación que a veces se muestra en cómo explotan mal el recurso, en desmedro de quienes habitan la zona. Es el desafío que la Argentina debe afrontar, cambiar este tipo de políticas. Son discusiones que no son fáciles de dar, esperemos que luego de que pase la pandemia podamos llevar adelante planteos de fondo, si no seguiremos en la lucha para poder lograrlo. 

¿Qué rol consideras que deberían tener los trabajadores en esta Transición Justa?

En nuestro caso, se puede considerar que realizamos diferentes propuestas en busca de la reconversión económica, buscando una alternativa más ecológica, desplazando la principal fuente de trabajo de los pueblos como lo es la explotación de carbón. Se buscó  orientarla a la explotación del turismo, también de la agricultura, entre otros, pero la determinación de los pueblos marcó el rumbo al revalorizar el carbón, potenciándolo para la generación de energía, sin dejar de observar y hacer observar el cuidado del medio ambiente. Esto convirtió a nuestros pueblos en un polo energético, industrializando la región, generando más puestos de trabajo, aportando al desarrollo económico y productivo nacional, siendo la energía hoy un derecho humano altamente necesario e indiscutible. Otro punto importante, y no menor, es la generación con recursos propios, lo cual le otorgaría al país la posibilidad de bajar los costos y tarifas, que hoy se encarecen por la importación de combustibles para su generación, como el gas o el fuel-oil. La mina de carbón de Río Turbio tiene diversas alternativas además de la generación de energía, generando mayores recursos para el Estado nacional. Y nosotros queremos que no solo se participe bajo la órbita del Estado sino que además haya una participación de los trabajadores en pos del desarrollo de los pueblos que rodean a la mina y que todos nuestros recursos sean dedicados al bienestar social y no al beneficio de un pequeño grupo de empresarios. 

27/03 | El avance de las petroleras en el mar argentino

Te invitamos a la charla debate a cargo de Víctor Quilaqueo (OPSur), que convoca la organización Votamos Luchar. Podés seguir la transmisión en Facebook Live el sábado 27/03 desde las 17. El saqueo extractivista, imitando a sus predecesores de la colonia, se expande por América Latina, reestableciendo y afianzando los lazos de dependencia y expoliación sobre los territorios.

La exploración y explotación de hidrocarburos en los mares de nuestro continente vienen avanzando, atropellando a ecosistemas y comunidades locales, a partir de una alianza estratégica entre compañías petroleras nacionales y grandes empresas multinacionales, con el aval de los gobiernos de turno que garantizan la entrega.
Los medios de desinformación juegan un rol fundamental, generando un cerco de silencio que intenta invisibilizar el impacto socio ambiental de la expansión destructora de los nuevos colonizadores, y la firme actitud de resistencia de las organizaciones y comunidades que no estamos dispuestos a callarnos frente a la muerte.
Desde el Votamos Luchar, consideramos imprescindible seguir generando espacios de información e intercambio, para debatir no sólo las consecuencias de la avanzada extractivista sino también para fortalecer los procesos de lucha colectiva en defensa de los bienes comunes y nuestros territorios.
Lxs invitamos a compartir la charla-debate “El avance de la Petroleras en el Mar Argentino”, a cargo de Víctor Quillaqueo (Observatorio Petrolero Sur).

Allen: llega el fracking, aparecen las enfermedades

Ruidos, emisiones por quema en mecheros, camiones con grandes motores encendidos día y noche, explosiones, intenso tráfico y, en algunas ocasiones, derrames. Convivir con las petroleras es un tortura.   

Por Martín Álvarez Mullally / Fotos: OPSur .- Analía Saldías tiene 20 años, nació en  Calle Ciega 10, por entonces  un espacio rural rodeado de aire puro. Su barrio, es un humilde conglomerado de casitas construidas en los denominados sobrantes de chacras, en Allen, donde familias trabajadoras rurales se instalaron hace más de cincuenta años. Su hijo de cinco meses está enfermo, el cuerpo se le llenó de manchas y su aparición coincide con la llegada de equipos de la petrolera YPF, instalados a escasos metros de su casa. La familia Saldías junto al resto de les vecines del barrio desde 2014 denuncian a la empresa y han presentado un amparo colectivo que se encuentra en la justicia federal, en etapa de investigación. 

El personal de salud que atendió al bebé de Analía no pudo determinar qué  enfermedades tiene, hace referencia a bacterias, le dice que puede ser el agua, el aire, pero nadie nombra a las empresas petroleras. En cambio, para ella, es el hollín y el humo de la quema de gases que hacen los pozos. Cuenta que hay nenes que han sido punzados en la médula ósea, las madres no comprenden para qué y qué resultados obtienen de esos estudios. Las vecinas quieren que les entreguen copias de la historia clínica, pero se las han negado. Analía sentencia, “vivir acá es un infierno, y antes no lo era”. El olor azufre es permanente cuando los equipos trabajan. Su hija de dos años ha sido afectada, sufrió diarreas, fiebre, dolor de cabeza y vómitos. La madre de Analía vive unos metros más cerca del pozo y junto a su pareja han señalado la tortura que significa tener de vecines a una torre de perforación y a un set de fractura. Aseguran que todo tiembla, que no pueden dormir y estrés les afecta al momento de tener que trabajar.

Roxana Valverde, es una referente barrial, su casa está a unos 300 metros de la locación que tiene varios pozos de gas. En 2018 una parte de su casa se derrumbó por las vibraciones, a pesar de las denuncias en la prensa local, tuvo que reconstruirla con esfuerzo propio, la empresa no quiso reconocer sus responsabilidades. Le respondieron que las casas son precarias y  no son sismo resistentes. Ella vivió toda su vida en ese lugar y nunca necesitaron construcciones de ese tipo. También está preocupada por las enfermedades, su hija está embarazada y teme que le afecte. “Nosotras queremos saber qué es lo que está pasando, por qué nos enfermamos, lo necesitamos por nuestros hijos, nietos, abuelos y embarazadas”. Agrega, “somos unas veinte familias que estamos cansadas y no sabemos a quién más recurrir, no molestamos a nadie, vivimos de nuestros trabajos, de lo que podemos, y esta gente viene sin pensar en que nos perjudica a quienes estamos alrededor de los pozos”. 

Roxana tiene un número de la Fiscalía donde fue presentado el amparo colectivo y permanentemente les manda fotos y videos como pruebas. “Nos llaman a veces, vienen, pero seguimos esperando: Seguimos en la nada, mientras la gente se sigue enfermando”. En 2019, cansadas del tráfico a toda velocidad de los vehículos, cortaron el ingreso al pozo. Desde entonces YPF ha realizado denuncias y amenaza con iniciarles causas judiciales en caso de nuevos cortes. La fiscal les ha recomendado enfáticamente que no realicen protestas.

Micaela Domínguez tiene 24 años, nació en el barrio y es hija de Roxana, su hijo tiene cinco años y también tuvo problemas en la piel, por una alergia que aún padece, además de  fiebre, vómitos y broncoespasmos. A ella también el cuerpo médico le dijo que podría tratarse de bacterias, pero al igual que Analia, no le entregaron las copias de los estudios. Ahora se encuentra en su segundo embarazo y comenzó a tener problemas de salud, los análisis de sangre salieron mal, los médicos le indicaron que se realizara nuevos estudios, y tiene incertidumbre.

Ella no es la única embarazada con problemas de salud. Estela, que espera mellizos, fue internada recientemente. En una de las ocasiones en que la petrolera estuvo trabajando a Micaela se le hinchó todo el cuerpo y tuvo problemas respiratorios. Ella piensa que el fracking es el problema, “cuando los pozos están con actividad la gente se enferma, cuando no hay actividades, no hay enfermedades. Nosotras pedimos que  manden médicos que nos hagan estudios y que se den cuenta que las petroleras enferman”. Son frecuentes los dolores de cabeza y el EPOC, algo que les preocupa mucho en el contexto actual de la pandemia. Estas enfermedades generan, además, un costo en medicamentos que es muy difícil de sustentar por las familias.  

Situaciones similares a las descritas por las vecinas de Calle Ciega 10 se han registrado en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Una reciente investigación de Environmental Health News  da cuenta de los padecimientos que de quienes viven en una de las áreas más perforadas de ese país. También el Concerned Health Professionals of New York desde hace varios años viene sistematizando los impactos sanitarios del fracking en EEUU, que anualmente son publicados en  compendios. 

Southern Patagonia: Argentina promotes extreme energies at the south of the continent

By Víctor Quilaqueo / OPSur.- The announcements and negotiations to increase gas exploration and exploitation shows once again the central role of hydrocarbons in the country’s economic life. In the midst of the pandemic and climate crisis, the “Plan Gas 4” combined corporate expectations with the design of a legal and technical framework. The four-year production and price bids for onshore activities and eight-year bids for offshore production meant a boost for the Neuquen and Austral basins. YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Wintershall DEA and Compañía General de Combustibles (CGC) benefited from the measure. Although Wintershall’s CEO questioned the scope of this promotion policy.

PH: Diario Petrolero

The incorporation of the Austral basin to the awarding scheme of the Gas Plan is due to the demand of the gas companies, as well as to the infrastructure limits for the storage, transportation and commercialization of gas from the Neuquen basin. It constitutes a political endorsement for the development of activities such as offshore and hydraulic fracturing. During the second half of 2020, several announcements and events contributed to the construction of a message with investment promises in the design of a Gas Plan that considered offshore and its risky bet. In August, the consortium between Total Austral, Wintershall DEA and PAE, which operates the Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) concession, met with senior national government officials to include offshore concessions in Tierra del Fuego in the benefits. In this context, they expressed their desire to expand operations in the block with the start-up of the Fénix reservoir, with an investment  close to one billion dollars. 

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