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Gas: la Justicia ordenó clausurar el puerto de Escobar, donde está el barco regasificador

Por Santiago Spaltro / El Cronista .- No implica un riesgo inmediato para el abastecimiento energético, pero suma una complicación. Por las altas temperaturas desde hace semanas no entraban embarcaciones con gas importado a Escobar.

El Juzgado Federal de Campana ordenó el viernes la clausura de la terminal portuaria de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, donde está ubicado el barco regasificador de Gas Natural Licuado (GNL).

La decisión de la Justicia no implica por el momento un riesgo para el normal abastecimiento de gas en la Argentina, pero sí agrega una complicación en el futuro.

El puerto de Escobar es el único hoy por donde ingresa gas a la Argentina en barco. Hasta 2018 se contaba también con la alternativa del puerto de Bahía Blanca, donde estuvo por diez años el barco regasificador Exemplar. El fluido también entra por gasoducto desde Bolivia. Otras alternativas, ante faltantes de energía, son la importación de energía eléctrica desde Brasil y Uruguay.

El último cargamento de gas licuado en Escobar llegó hace unas semanas. Desde hace días no se regasifica LNG (por sus siglas en inglés), de acuerdo a los reportes diarios que publica el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y tampoco está prevista la llegada de buques.

El fallo de los jueces Raúl Alejandro Roust y Adrián González Charvay se fundamenta en la denuncia de una vecina de Escobar respecto a una “situación de peligro de muerte urbana masiva por estrago de incendio o explosión del Gas Natural Licuado … en la que se encuentra la población civil que colinda con la vías de navegación internacionales -Paraná de las Palmas y del Plata- por el transporte de GNL en los buques metaneros y por las operatorias de trasvase “ship to ship”, almacenamiento, regasificación -en el Km 74/5 del Río Paraná de las Palmas en el muelle precario de amarre de Escobar-“.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, confirmó a El Cronista la información. “Hicieron clausura preventiva”, dijo.

La Justicia encomendó el cumplimiento de la clausura al jefe de la Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de Belén de Escobar, y notificó al Ministerio de Transporte y a la Secretaría de Energía.

Fuentes oficiales consultadas por este diario comentaron con preocupación: “Los jueces no saben ni lo que firman”.

Tanto las autoridades de Integración Energética Argentina (IEASA) como YPF, quienes operan la terminal de regasificación de GNL en Escobar, se encuentran analizando los pasos judiciales a seguir.

En el mercado energético, una fuente que pidió no identificarse aseguró que las tareas de estas empresas en Escobar “cumplen con los mas altos estándares a nivel mundial, que garantizan una operación segura para los vecinos del lugar, el medio ambiente y todos los empleados de la compañía que cumplen sus tareas en la terminal”.

Escenario

Entre la primavera y el verano, cae el consumo domiciliario de gas y habitualmente sobra la producción, por lo que no hace falta que arriben barcos con gas importado.

Pero el buque regasificador de Escobar es clave entre el otoño y el invierno de cada año, cuando la producción local y la capacidad de transporte no alcanza para cubrir los picos de demanda.

Si la Argentina no tuviera esta opción, habría que comprar en el exterior más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas.

La regasificación de GNL en Escobar desde 2010 (y en Bahía Blanca entre 2008 y 2018) ayudó al Estado a ahorrar unos u$s 12.000 millones en importaciones de líquidos.

Receta repetida: subsidio a la extracción de gas sin horizonte de transición

El presidente Alberto Fernández anunció en Neuquén un nuevo programa de incentivo a la inversión en gas, atando los subsidios al valor del dólar. El argumento es la necesidad de cubrir la demanda de gas evitando la salida de divisas, dinamizar las economías provinciales y generar encadenamientos productivos, necesidades construidas al calor de un modelo que tropezó cien veces con la misma piedra. La transición, como salida a ese laberinto, no aparece en el horizonte. 

Foto: neuqueninforma.gob.ar

Por OPSur .- El plan anunciado establece una forma de fijar el precio del gas por cuatro años. Y define un tope promedio de 3,70 dólares por millón de BTU, monto que será cubierto por las tarifas y por subsidios, es decir por las y los usuarios y el Estado. El programa pretende cubrir la demanda nacional de gas -con la urgencia del próximo invierno- aunque va en contra del objetivo de desdolarizar la economía, al tiempo que supone el riesgo de que cada devaluación implique aumento de tarifas y una mayor erogación fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria. 

Tras las necesidades del consenso fósil

Más de la mitad de la matriz de energía primaria de Argentina está compuesta por gas y el 45% de ese recurso se extrae mediante fracking, fundamentalmente en Vaca Muerta. El macrismo, a fuerza de una gigantesca transferencia, se entusiasmó con los resultados obtenidos en la explotación mediante fracking. Esa política benefició fundamentalmente a Tecpetrol (del grupo Techint de Paolo Rocca) y a CGC (de Eduardo Eurnekian). La neoliberal administración energética de Macri parece más una regla que una excepción: durante las últimas décadas la política del sector ha estado dominada por los intereses corporativos que consolidaron un consenso fósil, en el que la dependencia de los hidrocarburos es total tanto para el sistema energético en general, como para las provincias productoras en particular. 

El consenso fósil centró su atención en Vaca Muerta durante la última década, y hoy que la expansión se frenó, podría no haber recursos suficientes para el próximo invierno. En este marco, el Ejecutivo despliega tres argumentos para incentivar la explotación:

  • La necesidad de cubrir la demanda nacional de gas y evitar así la salida de dólares por importación.
  • La necesidad de dinamizar las economías de las provincias o regiones que dependen de estas explotaciones.
  • La  idea de que la explotación generará encadenamientos productivos dinámicos que permitan a su vez beneficiar a otras cadenas y sectores.

Las dos primeras necesidades existen. Ambas se han constituido en el tiempo, con políticas y decisiones que formaron esta actualidad. Construir una economía y una energía desde otras bases debiera ser un objetivo fundamental de este tiempo, signado por la pandemia, que revela los aspectos más injustos de nuestra sociedad: las dificultades de millones de personas para el acceso a la energía, combinado con el despojo y los conflictos sociales y ambientales en los lugares de extracción de energía, en particular, los hidrocarburos. 

Esos cambios estructurales no se consolidan en pocos años pero algún día hay que empezarlos. El problema de las fuentes energéticas -es decir qué energía se produce- es central en ese sentido. Incluso más del 60% de la electricidad que consumimos proviene de la quema de combustibles fósiles que son, además, los principales responsables del cambio climático. Por eso es necesario transitar hacia energías renovables, las que por sí solas no serán la solución. Se requiere también un encadenamiento con tecnología y conocimiento nacional, y de un Estado que promueva la desmercantilización de la energía y la entienda como un derecho. El acceso a la energía debiera estar combinado con la justicia socioambiental.  

Por otro lado, se deben promover políticas serias de diversificación productiva en las provincias que hoy dependen de los hidrocarburos. En cada crisis la población de esas regiones queda rehén de las demandas corporativas por mayores beneficios, mientras sus indicadores socioeconómicos dan muestras claras de fragilidad de esas economías, como hemos podido ver en la profunda crisis fiscal de Chubut durante los últimos años y más recientemente en la acuciante situación de Neuquén. Esos Estados, en tanto, se han constituido como parte integrante del entramado hidrocarburífero y eso dificulta aún más constituir alternativas. 

El tercer argumento en pos del desarrollo petrolero es, en realidad, un discurso que no ha podido contrastarse en la realidad. Hasta el momento los encadenamientos productivos han sido escasos y totalmente dependientes de las inversiones hidrocarburíferas apalancadas en ingentes subsidios. Seguramente, se podría aceitar esos entramados productivos, pero pensar que la explotación de Vaca Muerta será el motor de la economía nacional ha sido el sueño frustrado de las últimas dos administraciones. Si ayer la propaganda estatal y corporativa era de una Vaca Muerta exportadora, hoy estamos viendo si pasamos el invierno. 

Hasta ahora los dólares se fueron

En el frente externo, en tanto, otro problema agrava el panorama: las divisas no solo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas extranjerizan sus excedentes. Entre 2016 y 2019, trece empresas extractoras fugaron 3.830 millones de dólares: la mitad de lo fugado por las 209 energéticas mencionadas en un informe del Banco Central. Esas trece compañías son las que protagonizan la intervención en Vaca Muerta: en conjunto explican el 76% de la extracción de petróleo y el 92% de la de gas no convencional. 

Uno de los mecanismos de fuga es el pago de préstamos que financiaron la explotación. En Vaca Muerta los préstamos implicaron el 55% del financiamiento externo de YPF y el 77% de Tecpetrol. Este año, se preveía que la balanza financiera del sector genere un saldo negativo de 2.000 millones de dólares por préstamos financieros. Por otro lado, el balance cambiario del sector hidrocarburífero entre 2013 y 2019 arroja un saldo negativo de 8.600 millones de dólares.

La matriz energética no puede ser transformada de un día para otro, pero es necesario comenzar a transitar hacia un modelo energético económica, ambiental y socialmente sustentable. Una propuesta que debe diferenciarse del plan macrista de instalar parques como grandes negociados trasnacionalizados y sin participación de las poblaciones locales y la industria nacional. Pero que al mismo tiempo debe ser una propuesta seria. Hay posibilidades para avanzar. Hay una necesidad real de hacerlo. Pero ese no parece ser el camino elegido por el gobierno de Fernández. 

Repudio a la represión a las Asambleas del agua del norte neuquino

Comunicado de Ecosur en Patagonia Norte .- Repudiamos todos los  mecanismos de intimidación,  censura, extorsión y represión que el Gobierno de la Provincia de Neuquén, la Justicia Provincial, y la Geop aplica contra los integrantes de las   Asambleas del agua del norte neuquino, acciones que  implicaron la detención arbitraria de quienes mantenían el #acampe# en una propiedad privada.

Foto: Asambleas del Agua del norte neuquino

Adherimos y acompañamos todas las denuncias, movilizaciones y acciones pacíficas de resistencia llevadas adelante por los pobladores de los parajes la cuenca Alta del Río Neuquén y los integrantes de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino quienes rechazan las obras para el emprendimiento hidroeléctrico en el paraje Los Carrizos sobre el Río Nahueve.

Las obras se iniciaron sin licencia social. Sin respuestas al Recurso de Amparo presentados por integrantes de la Asambleas, y sin consulta previa e informada ignorando los reales intereses y necesidades de los pobladores del Norte de la Pcia.

 Las restricciones impuestas por la pandemia fueron y son usadas por el Gobierno, la Justicia, la GeoP y la empresa para avanzar en la represión y los movimientos de tierra en un territorio frágil y vulnerable social y ecológicamente. Se están dañado áreas protegidas de patrimonio arqueológicos, vertientes de agua alimentadas por los glaciares cordilleranos, mallines (humedales), áreas que son la base productiva de los crianceros y las comunidades campesinas.

Por eso preguntamos ante la falta de información qué intereses está encubriendo la represión, censura, intimidación y desinformación que envuelven al proyecto. Proyecto que a todas luces no responde a las demandas y necesidades locales, ni en términos de provisión de energía, ni en el mejoramiento de la producción agropecuaria, tampoco a la generación de empleo, de acuerdo a los argumentos esgrimidos por el gobierno

Ello reafirma que el proyecto de la Micro-central hidroeléctrica de Nahueve-Los Carrizos”, forma parte de un “Plan de Centrales Hidroeléctricas” impulsados por al ADI-Nqn y  EMHIDRO.SA  para realizar bajo el sistema público-privado. Seis “micro”- centrales hidroeléctricas en la cuenca Alta del Río Neuquén. Conjunto de obras que provocará la destrucción e inundación del territorio y la expulsión de los pobladores.  Plan de centrales Hidroeléctricas al servicio de otros planes no menos insustentables y dañinos como los mega emprendimientos o minería a cielo abierto, o turísticos, de los monocultivos forestales (pinos) para las pasteras. Planes del extractivismo más al servicio de la acumulación, la especulación y concentración que a dar respuesta a las demandas comunitarias y de la sustentabilidad de la vida.

El gobierno está violando los principios sociales ambientales más elementales que imponen las leyes de presupuestos mínimo de protección ambiental, de las cuencas hídricas, los glaciares, la ley de cambio climático, por nombrar solo algunas. Mientras se coloca al servicio de los intereses y   necesidades de los “planes de desarrollo del Extractivismo”  sin resolver las necesidades humanas fundamentales, colabora a incrementar el daño ambiental, las desigualdades y las injusticias socioambientales…  Silvia C. Leanza y Teresa Malalan

Firman por Fundación Ecosur.  Ecología Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur. Neuquén, 14 de octubre 2020

Conflictos mineros en América Latina, extracción, saqueo y agresión

Este trabajo impulsado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL es el Informe del Estado de situación 2020. Conflictos Mineros en América Latina, Extracción, Saqueo y Agresión: la minería avanza junto al virus. La idea panorámica del documento está construida a partir de la realidad de 13 países de América Latina.

Foto: Asamblea Popular por el Agua de Mendoza

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Introducción

El 2020 ha sido un año lleno de incertidumbres para muchas actividades.

En cierta medida, las circunstancias políticas que traían secuelas del año anterior generaban en varios países de la región cierta inquietud en cuanto a lo que sería el comportamiento de la sociedad civil –especialmente los movimientos sociales–, los gobiernos y los mercados durante el presente año.

Rebeliones populares en varios países indicaban que algo estaba en curso en la región; algo ciertamente inquietante para gobiernos extractivistas, empresas transnacionales, inversionistas en varios ámbitos, en especial en los rubros especulativos como la minería.

Por otro lado, globalmente, los compromisos para enfrentar el cambio climático mediante una transición energética impuesta desde las necesidades de los países industrializados, ponía en expectativa al sector minero que miraba con ansias el aumento en la demanda de metales básicos, especialmente el cobre y otros específicos como el litio y el cobalto.

La electromovilidad como respuesta a la quema de combustibles fósiles, sumada a la expansión de las energías alternativas (solar, eólica) y una suerte de ocaso de la minería de carbón bajo la descarbonización de las matrices energéticas en muchos países generaba un nuevo escenario en el flujo de mercancías.

Y los efectos para América Latina no parecían menores pues en la región se ubican algunos de los principales productores de cobre, plata, hierro, litio, estaño.

Junto al entusiasmo de empresas mineras y gobiernos extractivistas se seguía perfilando en el horizonte, –como hemos visto desde hace años–, un incremento de la conflictividad minera, haciendo más difícil la obtención de la tan anhelada licencia social por parte de las empresas. Más difícil aun, bajo la historia reciente de peligros mineros a la sombra de Bento Rodríguez y Brumadinho en Brasil que incrementa el rechazo a la expansión de la minería en América Latina, tanto como los esfuerzos del sector minero por lavar su deteriorada imagen.

La irrupción de la emergencia sanitaria suma un elemento más a la incertidumbre del negocio minero. La amenaza de paralización general de la minería solicitada por comunidades y sindicatos, fue enfrentada con presiones que lograron declarar en muchos países la minería como actividad esencial. Este estatus permitió el desplazamiento masivo de trabajadores mineros aumentando de paso los contagios en el sector y la expansión del virus a comunidades aledañas a proyectos mineros.

Se sumaron a lo anterior medidas legales y administrativas para dar continuidad a los procesos de aprobación de proyectos mineros, flexibilizando trámites, postergando pagos de obligaciones y eximiendo de restricciones a una actividad considerada de las más peligrosas y destructivas del planeta.

No se dejó esperar la respuesta del sector minero, contribuyendo con elementos sanitarios para enfrentar la pandemia, aportando con equipamiento médico y facilitación de insumos para la protección de la salud de la población, especialmente en las ciudades. Paralelamente, aumentaban peligrosamente los casos de contagio entre trabajadores que no habían cesado sus funciones en tiempos de alto riesgo sanitario.

Aunque por sobre todo se evidencia en tiempos de pandemia, la precariedad y el riesgo adicional en los territorios debido a los efectos en la salud de las comunidades vecinas a empresas mineras que sufren la contaminación del aire y la disputa por el agua.

Aun así, comunidades afectadas mantuvieron dentro de lo posible su rechazo a la minería, ahora, además, con la exigencia de paralización por riesgo de contagio. Algo nada fácil sin duda en un contexto de militarización de los territorios y bajo un permanente acoso y atropello a los derechos humanos.

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El colapso ecológico ya llegó

Este nuevo libro es una brújula para salir del (mal) desarrollo, libro escrito por Maristella Svampa y Enrique Viale para Siglo XXI Editores ¿Qué sabemos de verdad sobre el colapso ecológico? Aunque figuren millones de entradas en internet, seguimos creyendo que es un tema para minorías movilizadas y expertos, o una preocupación de países ricos.

Está disponible para leer el primer fragmento del libro

Como dice Maristella Svampa, muchos somos “analfabetos ambientales”, más o menos conscientes de que los modelos de desarrollo hegemónicos dañan la naturaleza y son insustentables pero también de que no hay alternativas porque “la economía tiene que crecer”. Incluso cuando una pandemia paraliza el planeta, poco se dice de las causas socioambientales que la originaron. Prima la desinformación y el discurso de un enemigo invisible al que vencer para volver cuanto antes a la normalidad. Pero no nos cuestionamos a qué normalidad queremos volver. Este libro traza una cartografía de las luchas globales y de los conflictos socioambientales en la Argentina del siglo XXI. Revisa los impactos del glifosato, la disputa política tras la Ley de Glaciares, la ilusión “eldoradista” de Vaca Muerta y las posibilidades del litio: una muestra de que tanto los gobiernos “progresistas” como los neoliberales quedaron presos de las mismas trampas ideológicas y cognitivas. Así, plantean una pregunta urgente: si con agronegocio, fracking y megaminería tenemos más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza, ¿no será entonces que llegó el momento de debatir seriamente los modelos de (mal)desarrollo en América Latina, en vez de insistir con “soluciones” que profundizan más de lo mismo? Ante el riesgo cierto de que el capitalismo del caos habilite salidas conservadoras o autoritarias en la región, esta obra señala un rumbo claro: un pacto ecosocial y económico que articule justicia social con justicia ambiental y conduzca a una transición energética, productiva, alimentaria y urbana. Mucho más allá de la denuncia, es una brújula imprescindible para orientar a los lectores. Para entender, en este tiempo de descuento, dónde estamos y con qué recursos podemos sostener la esperanza.

Vaca Muerta, pandemia y la vulneración del derecho indígena

Por Pablo Quintana / Para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) .- El avance petrolero en Neuquén no respeta las leyes vigentes referidas a pueblos originarios. Amnistía Internacional señala la contradicción entre derechos humanos y extractivismo. La contaminación producto del fracking, el rol de YPF y el futuro Mapuche.

Foto: Martín Álvarez Mullally

Todo cambió desde que se organizó la cuarentena a raíz de la pandemia. Inclusive en aquellos territorios en conflicto como el de Vaca Muerta, esa formación geológica de shale (petróleo de esquisto o shale oil), que desde que se conjuró con la firma del acuerdo entre YPF- Chevron, en 2013, se transformó en la pesadilla de los pueblos originarios de la región.

Por un lado, la actividad extractiva se detuvo y con ello los movimientos sísmicos que se registran en la región dejaron de suceder. Pero la llegada del virus también paralizó las conversaciones que comunidad mapuches habían logrado instrumentar para exigir por sus derechos.

“La llegada de la pandemia frenó el diálogo que habíamos conseguido con la implementación de una mesa política a principio de año en la que íbamos a tratar diferentes temas en agenda”, dice Gilberto Wijipan, werken de la Confederación Mapuche Neuquina Zonal Xawvnko.

La Confederación exige a YPF diversos trabajos inconclusos que habían quedado en los diferentes territorios comunitarios como Campo Maripe, Futa Trayen, Lof Wirkaleu en Sauzal Bonito y Nehuen Curá en Rincón de los Sauces, entre otras comunidades.

El primer encuentro se materializó en febrero pasado en un salón de reuniones que concedió la Fiscalía Federal en Neuquén con la anuencia de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. Allí comenzó a plasmarse la necesidad de contar con un protocolo para que se aplique la consulta a las comunidades, previa información de lo que se piensa desarrollar y los impactos que habrá, no sólo al ambiente sino a la cultura y a la salud.

“La presidenta del INAI así lo entendió -señala Wijipan-, por lo que nos pusimos a trabajar con la participación de YPF, sólo como escucha y sin toma de decisiones. Porque las decisiones son nuestras y del Estado argentino”.

Pese a la quietud, Lorena Maripe, como werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe, habla de la alerta permanente a la que están sometidos. “Si bien la crisis sanitaria frenó la actividad, vemos en los anuncios de los medios que la petrolera estatal YPF quiere volver a embestir ingresando los equipos petroleros. Así que estamos en alerta y haciendo recorridas dentro del territorio para evitar que se instale. Sabemos que la conducta de la petrolera es negar nuestros derechos, de que vivimos y existimos en el territorio”, dice desde Fortín Vanguardia, a unos 15 kilómetros de la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

Foto: Juan Thomes

Fracking y sismos
Desde que comenzaron las primeras perforaciones, 2013, nada volvió a ser como antes en la comunidad mapuche. No sólo se registraron impactos en el ambiente sino también en la vida social comunitaria. “El avance de las petroleras trajo consigo mucho movimiento negativo para nuestras vidas y nuestro desarrollo comunitario. El impacto ambiental es fuerte. Hay montes contaminados, donde el pasto ya no crece de la misma forma, el aire cambió. El agua no es buena para el consumo; las cabras, las ovejas, los caballos y las vacas la toman, pero no sabemos qué efectos les está produciendo”, esgrime la werken.Explica que en las noches patagónicas el cielo estrellado se apagó. La alta meseta se transformó en una ciudad por la cantidad de torres iluminadas artificialmente. Esas mismas noches serenas y tranquilas dejaron de ser tales, sólo se escucha el gemir de los generadores y motores de las torres de explotación.

Desde hace un tiempo que el gobierno de Neuquén instaló dos sismógrafos para medir la intensidad de los temblores. Uno en Sauzal Bonito y otro en Añelo. “Cuando arrancó el tema de la pandemia en marzo se paró todo, los sismos que eran constantes cesaron. Algunos eran perceptibles y otros no”, afirma Lorena Maripe.

Cuando la petrolera angloholandesa Shell retomó los trabajos en junio volvió la actividad sísmica. Shell había firmado, en plena pandemia, un acuerdo para construir una planta de procesamiento de gas para el área llamada Bajada de Añelo, en Vaca Muerta. Estos últimos sismos fueron percibidos incluso en la zona urbana de Añelo.

Foto: Martín Álvarez Mullally

Vaca Muerta y violación de derechos
El virus no sólo trajo aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar su contagio, sino que en algunos escenarios profundizó la situación de vulnerabilidad y afectó los derechos de las comunidades indígenas. Así se desprende del estudio realizado por Amnistía Internacional (https://territorioindigena.com.ar/Casos) que relevó más de 20 casos en todo el país en los que las comunidades indígenas sufren desproporcionadamente los efectos de la pandemia y sus medidas.

“La política indígena es una agenda invisibilizada, no prioritaria, no hay política seria indígena que haya asumido ningún Gobierno hasta el día de hoy. Y no sólo traducido en políticas territoriales de propiedad comunitaria. Argentina tiene la gran trayectoria y liderazgo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos pero puertas afuera es un discurso y hacia adentro es otro. El indígena está afuera de esa cartera. Y la verdad que el Covid vino a demostrar justamente lo mismo, que no hay una política de abordaje. Reconocemos el trabajo comprometido de (Magdalena) Odarda, pero sin capacidad de gestión y sin articulación con las provincias es difícil”, sentencia la abogada, especializada en Derecho Internacional y directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

De ese informe se desprende que en comunidades ubicadas en Chubut, Neuquén y San Juan el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue posible concretarlo por las distancias y la falta de acceso a la información, pese a lo dispuesto por el INAI (que reclamó realizar de manera proactiva un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país a los fines de asegurar la efectiva prestación de ese beneficio).

“Vaca Muerta es el ejemplo más paradigmático de vulneración de derechos indígenas incumpliendo todos los que están vigentes y que se exigen en la Argentina. O sea, derecho territorial, cogestión de los bienes naturales, derecho a la consulta, lo que yo le llamo la tríada maldita porque son los que más recurrentemente vulneran los Estados con respecto a comunidades indígenas”, es el veredicto que señala la abogada Silvina Ramírez.

“Es cierto que después de la noche del macrismo, el Gobierno puede aparecer como más sensibles a determinados reclamos. Pero el panorama sigue siendo oscuro porque más allá de las buenas y malas intenciones, hay una estructura del Estado y un sistema económico que sigue vulnerando el derecho indígena. El actual modelo económico y su matriz energética son incompatible con esos derechos. Siempre el costo se paga con la vulneración de los derechos indígenas”, sustenta.

Integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI), Ramírez remarca que es muy difícil avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas si se sigue apostando a este modelo extractivista, sea el Gobierno que sea. “Sí, podés tener algunas diferencias que uno podría remarcar como no menores, pero al final se van produciendo los despojos. Aunque no azucen a las fuerzas de seguridad en contra de las comunidades como pasó en el 2017 con los casos de Santiago (Maldonado) y Rafael (Nahuel)”, ejemplifica.

Ramírez recuerda que antes de la pandemia hubo una suerte de mensaje por parte de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, instando a generar mesas de diálogo. Menciona como ejemplo las gestiones que se realizan en torno al Lof Buenuleo en Río Negro o con el Pu Lof Pailako Futalaufken Mew en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut). Aunque reconoce que son procesos complicados, donde muchas veces el estado nacional y las provincias tienen juegos complejos en el que no articulan. “Ahora podemos pensar que las fuerzas de seguridad como Gendarmería o Prefectura no saldrán a reprimir como lo hicieron durante el gobierno macrista, pero también es cierto que no hay una solución ni respuesta claramente satisfactoria a los pueblos originarios, fundamentalmente en conflictos territoriales”, señala.

Al momento de escribir esta crónica se produjo la irrupción en territorio mapuche por parte de efectivos del Ejército en un territorio que pertenece a la comunidad Millalonco-Ranquehue, en la región de San Carlos de Bariloche, con una fuerte campaña de los medios de comunicación demonizando a la comunidad indígena.

El futuro llegó
En Vaca Muerta también hay una magnificación sobre los supuestos beneficios. “Hay muchos espejitos de colores, por los costos que implicaría la extracción de esos bienes naturales, sin mencionar la caída de los precios de los commodities, que lo hace inviable económicamente”, reseña Ramírez, autora del libro “Horizonte político del movimiento indígena”.

La contaminación ya está en curso, entonces ¿cómo aplicar el derecho a la consulta previa (pilar del derecho indígena)? Para Ramírez existe un juego sucio por parte del Estado: “Se busca la consulta para legitimarse. Es decir ‘cumplimos con la normativa vigente’, pero ¿se consulta después de cuántos años? Cuando el territorio ya está contaminado. Uno de los ingredientes del artículo que regula la consulta y el consentimiento es que sea previa, libre e informada. Eso no se cumple”.

García Rey, de Amnistía Internacional, pronostica que “si el horizonte, como avizoramos, tiene que ver con este modelo de profundización de las actividades extractivas sin respetar los derechos vigentes, las tensiones van a recrudecer”. Y precisó el vínculo que tienen las fuerzas de seguridad con las comunidades indígenas: “Están pensadas desde este modelo económico, desde una idiosincrasia que tiene mucho de discriminación y xenofobia profunda”.

Para explicarse puso como ejemplo el caso de la localidad de Fontana (Chaco), sucedido en junio pasado, donde un grupo de policías atacó con inusitada violencia a una familia qom y tras la brutal agresión continuó con torturas en la comisaría a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad.


Foto: Martín Álvarez Mullally

Leyes para incumplir
Tierra y territorio es la única forma de garantizar otros derechos para los pueblos originarios. Pero la Ley 26.160, que fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras de las comunidades indígenas, nunca se cumplió.

“La ley de relevamiento territorial parecía un horizonte que allanaba el camino y terminó siendo una cuestión interminable, muy manoseada”, indica García Rey.

¿Cómo se explica que una ley de emergencia que fue pensada en el 2006 para ser ejecutada en cuatro años lleva 14 años y con final incierto? “Sólo se explica por falta de voluntad política y desidia. El tema indígena no está en la agenda pública y sólo tiene cabida cuando pasa algo tremendo, como cuando fue la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel”, sintetiza Ramírez.

La abogada sostiene que la ley quedó tan mancillada que si los casos se judicializan hoy la Ley 26.160 no necesariamente es vinculante, ni siquiera inicia el trámite en sede administrativa de titulación colectiva. “Frena los desalojos, pero no va a resolver el tema territorial en Argentina. Pero es cierto que sin esa ley podríamos estar peor”, admite.

Para la integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) es imprescindible una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para resolver el tema de los territorios y sobre todo para solucionar la titulación colectiva, que “es darles seguridad jurídica a las comunidades, sino están como hojas al viento, no se sabe cuándo los vienen a desalojar”.

Se deberían alinear todos los planetas partidarios para que eso suceda. Hay cuatro proyectos que pierden estado parlamentario en diciembre y que hasta entonces no serán tratados. “Es imprescindible porque más allá del inciso constitucional que reconoce la propiedad comunitaria indígena y la Ley de Emergencia que perdió potencia y legitimidad después de 14 años, no hay otra cosa”, expone.

Futuro Mapuche
El virus frenó todo. Menos la resistencia mapuche. “No vamos a abandonar esa agenda, vamos a seguir por los títulos comunitarios, vamos a seguir exigiendo que las provincias no tienen por qué reconocer a las comunidades mapuches, no tienen por qué inventar un ‘mapuchómetro’ para decir si nos reconocen o no legalmente. Nosotros somos preexistentes. Que hayan querido invisibilizarnos es otro tema”, dice Wijipan.

El Pueblo Mapuche vuelve a reivindicarse para exigir y sostener sus derechos. Como Lorena Maripe y la longko Mabel Maripe, que estuvieron contagiadas del Covid y se recuperaron. “No llegamos a necesitar un respirador, pero los dolores fueron intensos”, describe Lorena. Recobraron fuerzas, como lo hicieron tras las diversas tentativas de desalojo, para decir presente en el territorio mapuche.

El Conde Drácula revela en un libro para los niños los impactos de fracking

Por Eliana Gilet / Sputnik Mundo .- El libro “El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula” busca explicar a los niños cómo funciona una técnica extractiva que cambió la cara de los pueblos del sur argentino.

Foto : Pixabay/lumpi

La publicación impulsada por el Observatorio Petrolero Sur y Ediciones Pachamamita libros repasa las principales consecuencias socio-ambientales que se han experimentado en Argentina tras el uso de esta forma de explotación de hidrocarburos de difícil acceso.

Cuenta con ejercicios y dinámicas que buscan facilitar su uso en los entornos educativos, así como juegos como sopas de letras, trabalenguas y crucigramas referidos al tema.

El trabajo es producto de un proyecto colectivo que fue escrito por Martín Crespi e ilustrado por Diana Chereu. Contó con la edición de Fernando Cabrera, Leonora Jáuregui y Martín Álvarez. Fue traducido al mapudungun, el idioma originario compartido entre Argentina y Chile, por Héctor Painen.

Fue presentado a su vez en formato de audiolibro de libre acceso cuya música y realización sonora estuvo a cargo de Diego Domínguez, la narración fue hecha por Diana Tarnofky.

Pluspetrol evade su responsabilidad de remediar impactos por el Lote 192

Por Servindi .- Organizaciones indígenas de la Amazonía peruana con el respaldo de numerosas asociaciones de la sociedad civil acusan a Pluspetrol de promover una campaña agresiva para evadir su responsabilidad de enmendar 1199 sitios impactados, causados por su operación en el Lote 192.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinó responsabilidad a la empresa internacional por producir contaminación producto de sus actividades. Pluspetrol niega los pasivos.

Pluspetrol tiene una agresiva campaña contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) motivada por el fallo del Poder Judicial que deniega una medida cautelar para suspender su responsabilidad de remediar lugares impactados en el Lote 192 (ex-Lote 1AB).

Ello se indica en un comunicado conjunto de las cuatro federaciones indígenas que integran la Plataforma del Observatorio Petrolero Puinamudt y que lleva el respaldo de numerosas instituciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos.

Para las referidas organizaciones, la resolución del Poder Judicial confirma la decisión en primera instancia de agosto del 2019, que rechaza la medida cautelar.

Pluspetrol evade su responsabilidad de remediar 1199 sitios impactados en el Lote 192 (Loreto), aducen las federaciones indígenas.

La Plataforma Puinamudt está integrada por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor), la Organización de Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (Opikafpe) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).

Antecedentes

Para Pluspetrol, el problema surge cuando OEFA comienza a exigirle cubrir los pasivos, que no le corresponden –según la compañía–, causados por el Lote 192.

Este lote venía siendo manejado desde la década de 1970 por otras entidades, y la operación de Pluspetrol del Lote 192 fue entre el 2000 al 2015, refiere la empresa internacional.

La situación se agudiza cuando OEFA emitió una resolución en julio del presente año en la que se faculta dos multas a Pluspetrol por 76 millones de dólares, además de multas coercitivas.

“OEFA nos está exigiendo remediar los pasivos de forma ilegal y antitécnica. Por ejemplo, nos solicitan remediar los suelos dejándolos a nivel agrícola”, menciona Pluspetrol.

Y continúa que ello “no tiene sustento en la ley y supondría intervenciones peligrosas para el sistema amazónico”.

Pluspetrol no es víctima de la OEFA

Las organizaciones nativas recalcan que “Pluspetrol no es la víctima de la OEFA ni de los pueblos indígenas. Puede tratar de engañar a la opinión pública, pero nosotros somos testigos del daño”.

La Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospat acusan, además, de que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos apoya la posición de Pluspetrol.

Esto “evidencia la posición del sector por reducir los estándares y las responsabilidades ambientales de las empresas petroleras en el país”, mencionan.

También cuestionan a la empresa de hidrocarburos por su intento de esconder la contaminación, “ha enterrado petróleo y nos ha tratado de desaparecer cochas como Shanshococha y Ushpayacu”, refieren.

“Sumado a ello, la empresa salió del lote sin cumplir con muchos de los acuerdos que había firmado con las comunidades. La consideramos una empresa poco confiable”, puntualizan.

Foto: http://portal.andina.com.pe/EDPFotografia3/thumbnail/2016/03/11/000345515M.jpg

OEFA desmiente a Pluspetrol

A través de un pronunciamiento, OEFA desmintió a Pluspetrol. El organismo público menciona que esta empresa asumió las operaciones del Lote 192 en 1985.

Ello en virtud de la cesión de posición contractual en el contrato suscrito entre Petróleos del Perú – Petroperú SA y Occidental Petroleum Corporation of Perú, Sucursal del Perú.

OEFA también aclara que Pluspetrol se respalda en el laudo arbitral emitido en el arbitraje sostenido ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial entre Perupetro y Pluspetrol.

Respecto de la cual, la empresa hace una lectura parcial e incorrecta, pues en dicho pronunciamiento, el tribunal menciona lo siguiente:

“[Pluspetrol] asumió contractualmente una obligación de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes, toda vez que son vinculantes”.

De esta forma, OEFA determinó la responsabilidad de Pluspetrol por los impactos generados por el desarrollo de sus actividades y por no cumplir con remediar las áreas contaminadas.

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Estudios Latinoamericanos: América Latina y el Caribe ante el colapso ambiental

Leé esta revista semestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México con análisis del capitalismo, la política global, el cambio climático y otros procesos.

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