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El fallo que expuso las irregularidades de la minería de arenas para fracking en Entre Ríos

El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos falló contra la clandestinidad de las plantas de arenas silíceas, insumo clave para el desarrollo de Vaca Muerta. La medida involucra nueve empresas areneras y cuatro plantas de lavado que operaban sin certificados ambientales. Según el fallo, las empresas tienen 45 días para revertir su situación. Al respecto conversamos con Ricardo Luciano, el abogado que impulsó acciones legales para proteger los humedales y acuíferos.

Foto: Eduardo Bodiño

Por Martín Álvarez Mullally.- Ricardo Luciano es el abogado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, localidad entrerriana que vive el boom de la extracción de arenas silíceas, insumo clave para la aplicación del fracking en Vaca Muerta. La explotación intensiva empezó en 2017 y desde entonces la circulación cotidiana de camiones, así como las nubes de polvo en el ambiente, es notable. Las areneras, además, requieren de grandes cantidades de agua para el lavado y la extracción. Agua que se obtiene de un reservorio subterráneo, la formación Talavera, la misma fuente con la que se abastece la población de Ibicuy y por la que se libraron importantes disputas. Según Ricardo, se trata de un sistema de aguas subterráneas muy frágil que abastece con 60 millones de litros de agua mensuales a la población, mientras las areneras consumen 360 millones de litros. La presión sobre este reservorio  cambió la concentración de minerales del agua que se extrae, al respecto Ricardo señala que la presencia de hierro, por ejemplo, se multiplicó por nueve, de los 0,05 miligramos por litro, la media previa a la instalación de las plantas de lavado de arenas, ascendió a 0,45 miligramos por litro, condición que complica su potabilización. 

Con el amparo ambiental que presentó Ricardo Luciano quedó en evidencia que las empresas de minería de arenas trabajaban de forma clandestina y violaban la Ley General de Ambiente 25.675. Según él, para el desarrollo  de estos proyectos se omitieron audiencias públicas, se operó con certificados de aptitud ambiental vencidos y se negó el acceso a la información que también contempla la ley. Por esta última irregularidad, el letrado presentó otro amparo judicial con el que logró acceder a la información. 

Las arenas de sílice se utilizan en el proceso de fracking. Cada pozo de shale en Vaca Muerta de alrededor de 50 fracturas requiere aproximadamente 15 mil toneladas de arena, que representan más del 15% del costo total del pozo. Cumplen la función de agente sostén, se acumulan en las grietas y aportan la porosidad que requiere la fractura para que el hidrocarburo fluya. Según se declara en el Capítulo IV de la Secretaría de Energía de la Nación, solamente en 2019 las empresas que operan en Vaca Muerta utilizaron 1.403.624  toneladas, mientras se proyecta que la demanda llegue a los dos millones de toneladas anuales para 2022.

Foto: Eduardo Bodiño

Ricardo Luciano presentó dos amparos, uno en la justicia provincial ordinaria y otro en el fuero federal. El amparo del ámbito provincial es contra el gobernador Gustavo Bordet, responsable a cargo del Ejecutivo provincial que, según explica el abogado,  debe obrar por el ambiente y la población, ya que de ese poder dependen  secretarías como la de Ambiente, responsable de aprobar los proyectos y controlarlos. Para llegar al Tribunal Superior de Justicia, agrega, hubo una serie de instancias previas, entre ellas el rechazo de la Procuración General al amparo. 

En el fuero Federal, Ricardo Luciano representa al ingeniero agrónomo Carlos Cadoppi, cuyo campo se inunda como consecuencia del accionar de la arenera La República, de Cristamine SA. Las pruebas indican que la empresa arroja sus residuos en los arroyos Cuartillo, Carqueja, Los Perros y Baltasar, con lo que obtura sus cauces naturales, afecta los humedales e impacta en el ecosistema del río Paraná. En esa causa se busca probar la interjurisdiccionalidad de la afectación sobre el río Paraná y de esta manera adjudicar a la  justicia Federal la resolución del caso. Esta empresa, explica Ricado, también operaba con el certificado de aptitud ambiental vencido. 

Foto: Eduardo Bodiño

Con el fallo a favor del acceso de la información, Ricardo recibió 33 expedientes de entre 200 y 350 páginas que estudió minuciosamente. Entre lo que encontró, manifiesta que le llamó especialmente la atención el caso de El Mangrullo, la cantera de YPF en Ibicuy,  cuyo estudio de impacto ambiental niega el consumo de aguas subterráneas y declara que hasta comprarán agua en bidones para abastecer al personal. Sin embargo, en un expediente ampliatorio YPF agrega que consumirá 335 metros cúbicos hora, mientras en la audiencia pública que realizó la Municipalidad de Ibicuy declaró 1000. 

Según Ricardo Luciano, este tipo de contradicciones e inconsistencias son características de la información que figura en los expedientes. Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia reconoce las irregularidades cometidas por las empresas vinculadas a la minería de arenas silíceas para el desarrollo de Vaca Muerta. Un paso a favor de la visibilización de los impactos que la industria genera en la provincia de Entre Ríos. 

El derrame de petróleo en Magdalena, una historia

Por José Luis Meirás.- El derrame de petróleo de un buque de la empresa Shell, ocurrido hace 23 años en el Río de la Plata frente a las costas de Magdalena, fue el mayor vertido de hidrocarburos en aguas dulces de la historia a nivel mundial. Por ese desastre ambiental no se impuso penalidad alguna desde los estados nacional y provincial ni ninguna condena judicial firme. El desastre de Magdalena reúne una serie de elementos que lo convierten en un caso testigo, tanto en lo que refiere al valioso involucramiento de la comunidad y el activismo ambiental, como a lo que no debería repetirse en tanto ausencia de las distintas instancias estatales que debieron involucrarse activamente para lograr justicia.

Foto: Fernando Massobrio

Dos chatarras flotantes y un derrame maldito

El viernes 15 de enero de 1999 era un día soleado y caluroso, el Balneario Municipal de Magdalena, ubicado en la costa del Río de la Plata a 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y 50 kilómetros de la ciudad de La Plata, se aprestaba a recibir paseantes y turistas. Pasadas las dos de la tarde, a cinco kilómetros de la costa, en el Canal Intermedio, la barcaza portacontenedores Sea Paraná, de bandera alemana, chocó contra el buque cisterna Estrella Pampeana, de bandera liberiana, al servicio de la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo Sociedad Anónima. El buque iba rumbo a la destilería de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, frente a la Ciudad de Buenos Aires. 

“Se estaba viviendo un momento económico muy difícil y una de las cosas que nos apareció como potable era potenciar el balneario. Se hizo el asfalto nuevo del acceso, lo habremos inaugurado el 23 de diciembre y el 15 de enero se produce el derrame maldito, relata Oscar “vasco” Sibetti, en ese entonces intendente de Magdalena por la Unión Cívica Radical.

En el abordaje, el casco del buque tanque se desgarró y 5.000 metros cúbicos de crudo tipo Hydra, proveniente de la extracción submarina en la zona de Tierra del Fuego, se vertieron en las aguas del estuario. La mancha de crudo de alrededor de 10 km cuadrados quedó flotando lejos de la costa, sin embargo a partir del sábado 16 comenzó a soplar viento este-sudeste que, sumado a la marea, llevó el crudo hacia la ribera y lo hizo penetrar por los diversos arroyos y humedales. Para el domingo 17, unos 20 kilómetros de costa estaban empetrolados.

Inmediatamente después del accidente, ejecutivos de Shell, así como funcionarios provinciales y municipales llegan a la zona, que fue cercada y vedado el acceso del público.

Toda la costa quedó dañada, con el petróleo entrando por los arroyos, los humedales. Hay secuencias de imágenes que muestran cómo estaba la costa, cómo se sacaba el petróleo, con qué recursos, tristísimos, a balde, a lampazo, así se fue limpiando”, recuerda el ex intendente.

Foto: Fernando Massobrio

El comité de contingencia de Shell y la contrainformación comunitaria

La causa Shell – Magdalena probablemente no hubiera avanzado como lo hizo en un primer momento sin la participación de Ala Plástica, “un colectivo artístico ambiental que utilizaba la investigación forense y la acción territorial como forma de trabajo desde el arte”, explica el artista y abogado, Alejandro Meitin, uno de sus fundadores, que hoy integra Casa Río Lab, una asociación civil que sigue trabajando en la misma línea que Ala Plástica y custodia un archivo exhaustivo sobre el derrame de Shell en Magdalena.

El cerco de la costa de Magdalena no era solamente físico, también era informativo. “Se conforma un comité de contingencia que integraban Shell, la Prefectura Naval, Secretaría de Política Ambiental de la Provincia (hoy Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible – OPDS) y la Municipalidad de Magdalena”, cuenta Meitin. 

“Llegamos a Magdalena el 17 de enero. Al principio se había tenido la creencia de que el petróleo iba a desembocar desde el estuario en el mar, creo que la Prefectura Naval indicó esa posibilidad y se estaba confiando en eso. Pero se produjo un cambio de vientos y el petróleo comenzó a acercarse a la costa. Cuando llegamos a la Playa Nueva del Balneario Municipal vimos que estaba invadida por laburantes de limpieza y un despliegue impresionante de la gente de Shell muy concentrada en una puesta en escena. Te dejaban llegar hasta un lugar, para hablar con un ingeniero de Shell que decía que estaba todo controlado. También había funcionarios de la Provincia, incluso de la Municipalidad de Magdalena, que estaban tratando de mantener todo bajo su control”. 

“Entonces nos dirigimos hacia otros lugares para tener contacto directo con los efectos del derrame, así llegamos hasta el Regimiento de Tanques 8 y nos dejaron ingresar. Incluso el jefe en ese entonces nos permitió acceder a la zona del arroyo Juan Blanco, que es donde comienza la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur, y allí descubrimos que el petróleo había entrado hasta mil metros costas adentro y hallamos los primeros animales empetrolados”, recuerda Meitin.

 “A partir de los informes que hacíamos fue tomando cada vez más estado público la situación en la costa de Magdalena. Shell elaboraba y difundía sus informes, pero nosotros también los nuestros, que eran discutidos en la ciudad de Magdalena en asambleas de vecinos que se hacían en un bar frente a la plaza principal. La cosa se empezó a poner cada vez más difícil para la empresa, porque había una investigación independiente que decía lo que Shell no quería que se dijera. Hasta que en un momento comienza a llegar la prensa internacional y lo que era supuestamente un caso menor en un pequeño municipio al sur del estuario, se transforma en un tema más importante”, reconstruye. 

Meitin rememora cómo fueron convocando y poniéndose a disposición de distintos científicos y profesionales para dar más sustancia a la investigación y denuncia. “Formamos un equipo cada vez más amplio, con referentes de distintas disciplinas, desde lo comunitario y productivo costero hasta lo científico. También empieza a trabajar con nosotros el comité nacional de UNESCO, a partir de la llegada de Marcelo Acerbi del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ya que el petróleo había impactado en la Reserva de Biosfera. Participa además Jorge Williams, de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”.

Para el biólogo Marcelo Miranda, que integra Casa Río Lab y formó parte de Ala Plástica, “el caso del derrame de Shell fue emblemático particularmente en tres aspectos: el primero es la improvisación que demostró la empresa en el momento de los hechos, todo el ocultismo que hubo atrás; en segundo lugar hay que señalar cómo la clase política o clase dirigente en general se manejó en ese momento tratando de que la información no llegara a la gente, básicamente para poder controlar el lío que se le estaba armando; y por último, que es el punto que quiero resaltar tiene que ver con la participación de la gente, con la organización comunitaria, que fue realmente la piedra angular de lo que fue la proyección de este caso. Si no hubiera habido participación ciudadana y comunitaria este caso hubiera sido uno más, muy poco nos hubiéramos enterado de lo que había pasado”. 

Foto: Alejandro Meitin

Sin grietas en favor de Shell

Desde el gobierno del entonces presidente peronista Carlos Saúl Menem, cuya secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano era María Julia Alsogaray, prácticamente no hubo reacción ante el evento contaminante. El único aporte desde ese organismo, a través del presidente del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, Mario de Marco Naón, fue el pago de las primeras pericias para evaluar el impacto del derrame y que no corrieran por cuenta de Magdalena.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, Eduardo Duhalde, llegó a la costa de Magdalena a bordo de un helicóptero  cuando las repercusiones del tema ya lo hacían imposible de ignorar. Se reunió con algunos vecinos e integrantes del comité de contingencia, sobrevoló la costa y se retiró sin más. 

Mientras el intendente Sibetti se enfrentaba a Shell por el derrame de enero de 1999, a mediados de ese mismo año en Argentina hubo elecciones y en diciembre cambió el signo del gobierno nacional. Su correligionario y hasta ese momento amigo, Fernando De la Rua, llegó a la presidencia de la mano de la Alianza.

El “vasco” Sibetti recuerda: “Tenía una excelente relación con De la Rúa cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y desde mucho antes. Vino en varias oportunidades a Magdalena y otras tantas me recibió en su oficina. Pero cuando asume la Presidencia varias veces quise entrevistarlo para hablar del tema Shell, entre otras cosas, y nunca pude. Luego del derrame nunca me quiso recibir, no sé si tuvo que ver Shell, pero la duda quién me la saca”.

Magdalena abandona el comité de contingencia y demanda a Shell

La magnitud del desastre ambiental puesta en evidencia, sumada a la parálisis de las autoridades estatales, lleva a Sibetti a tomar la decisión de dejar el comité dominado por Shell.

“Yo nunca estuve conforme con Shell, jugaron muy mal. Juan José Aranguren entonces era presidente de la Shell, yo lo había ido a ver y me dijo que iban a pagar por el daño y quería que le firmara un documento donde aceptaba que ya estaba todo solucionado. Me negué a firmar y decidí iniciar un juicio a Shell. Contactamos al Dr. Daniel Silva, tuvimos dos o tres reuniones y se suscribió el compromiso. Estoy totalmente conforme con su desempeño en todos estos años”, cuenta Sibetti.

La justicia empetrolada

Carlos Daniel Silva es el abogado que representa a Magdalena en la demanda contra Shell desde un principio. “La causa se inicia en el año 1999. Nosotros radicamos la causa durante la misma feria judicial de enero, o sea que la respuesta jurídica al evento ambiental fue bastante inmediata. La causa sigue abierta 23 años después, hay muchas lecciones para sacar de ella”, señala el letrado.

“Una causa de esta magnitud, que fue el derrame de hidrocarburos en agua dulce más grande de la historia, no mereció actuación judicial ni administrativa por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación en aquel entonces, ni de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. El único estamento público que dio una respuesta en defensa de los intereses colectivos fue la Municipalidad de Magdalena, lo cual ya es un despropósito, sobre todo tratándose de un derrame en aguas interjurisdiccionales como las del Río de la Plata. En cualquier lugar del mundo hubiera motivado la actuación del Estado nacional y del provincial también. Solamente el municipio de Magdalena se presentó, se constituyó en demandante de las reparaciones del daño ambiental, en la reposición y recomposición del daño ambiental y en el manejo adecuado de los residuos del hidrocarburo que se había derramado. Entonces fue una batalla entre David y Goliat. La municipalidad, sin presupuestos, sin instituciones científicas que pudieran hacer pericias o evaluaciones de remediaciones, se encontró litigando contra un ejército de peritos y abogados que obviamente Shell estaba en condiciones de sostener”. 

Aquí es pertinente enhebrar el recorrido de la causa en el ámbito de la Justicia: En el mismo verano de 1999 la Municipalidad de Magdalena radicó su denuncia en la Justicia Civil y Comercial Federal de La Plata. Silva detalla que “las acciones legales iniciadas entonces tenían tres vías: la reparación de daños ambientales, la protección del medioambiente y la disposición de residuos peligrosos”. En noviembre de 2002, Julio César Miralles, a cargo del Juzgado Federal N°4 de La Plata, condenó a Shell por un valor de u$s 35.000.000 en la causa Municipalidad de Magdalena c/ Shell Capsa y otros s/ disposición de residuos peligrosos, esa suma no correspondía a un dinero que percibiría el municipio sino a los fondos que se debían destinar a la reparación ambiental. “Esta es la demanda ambiental más importante que se ha resuelto en la historia argentina”, declaró Silva a la prensa en ese entonces. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de La Plata confirmó la sentencia en diciembre de 2003. Sin embargo Shell, las aseguradoras y otras empresas demandadas apelaron e hicieron planteos sobre la competencia de los tribunales intervinientes. Así, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que decidió en mayo del 2007 que el caso era competencia de juzgados federales de la Capital y declaró nula la causa resuelta en La Plata, por lo que la causa pasó al Juzgado Federal Civil N°3 de la CABA, a cargo de Roberto Torti. 

A diferencia de otros casos similares ocurridos en distintos puntos del planeta, como el del barco Exxon Valdez en Alaska en 1989, el del buque Prestige en 2002 frente a las costas de Galicia o el más reciente, justamente el 15 de enero último, de un barco de Repsol en el mar peruano, en el caso de Magdalena no se aplicaron multas ni hubo acción punitiva alguna desde el Estado. 

 “Normalmente las instancias públicas nacionales y provinciales toman en otros países un activismo judicial mucho más fuerte o incluso lideran ese activismo, pero además tienen poder de fuego vía administrativa a través de multas, lo que se llaman daños punitivos. Multan a la compañía de manera tal que primero aseguran fondos suficientes para la reparación ambiental y también generan un efecto disuasivo frente a futuros eventos. La inacción del Estado nacional y el Estado provincial en aquel momento fue muy llamativa, casi una invitación a la depredación ambiental”, confirma Daniel Silva.

El abogado representante de la Municipalidad de Magdalena en la causa Shell sostiene que el sistema procesal también jugó en contra de la damnificada. “La Argentina tiene un sistema judicial arcaico y anacrónico, escrito, donde cada interacción entre las partes, sobre todo en el año ´99, se hace por la vía de actuaciones en papel, traslados y respuestas, con una amplia posibilidad de recursos que hacen que quien tenga ganas de dilatar el proceso, logra hacerlo al infinito. Cuando hay procedimientos ordinarios civiles para cuestiones extraordinarias ambientales lo que sucede es que el sistema jurídico, como en el caso de Magdalena, no está preparado para dar una respuesta rápida.”. 

Nos encontramos con una justicia que permitió un litigio de 20 años con argumentaciones y contraargumentaciones, recursos y contra recursos al infinito. Esta causa antes de tramitar la cuestión central pasó por Primera Instancia, Cámara y Corte Suprema. ¡Todavía no habíamos empezado a discutir el fondo! Lo cual te demuestra lo poco preparado que está el sistema jurídico argentino para atender a las necesidades sustanciales de la justicia ambiental. Los primeros 10 años se fueron en recursos vinculados a la cuestión de la competencia judicial, que se terminaron dirimiendo en favor de Shell”. 

“Había un desbalance en sí, esto se tramitaba por el fuero de atracción Marítimo, porque eran empresas marítimas que transportaban hidrocarburos y contenedores, o se tramitaba en el fuero Federal Ambiental. Curiosamente, lo Marítimo le ganó a lo Ambiental. Lo ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la máxima instancia, que debiera ser la máxima protectora de los intereses ambientales”, señala Silva. 

“¿Esos 10 años que llevó dirimir la cuestión de la competencia para qué le sirvieron a Shell? Bueno, obviamente el medio ambiente tiene cierta capacidad de recomposición natural, después de 10 años de litigio el hidrocarburo ya había sido digerido en gran parte por bacterias y por la propia fuerza de depuración del Río de la Plata. Esta descripción de Daniel Silva quizás sea la fundamentación principal por la cual la Municipalidad de Magdalena decidió llegar a un acuerdo y dejar de lado la demanda a Shell. 

La sentencia en los tribunales federales de La Plata, favorable a Magdalena, había quedado anulada y la cuestión de la competencia había sido resuelta por la Corte Suprema en favor de Shell. Reiniciar la demanda por los daños ambientales en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires no era viable.En esas circunstancias es que después de 10 años de litigio, muy difícil de sostener por el esfuerzo económico que era generar pruebas y sostener el proceso, la Municipalidad decidió llegar a una negociación y ceder posiciones. Para llegar a un entendimiento que fuera del interés de la Municipalidad, que batallaba sola, y con un medioambiente que ya había tenido una importante o fundamental recomposición simplemente por el paso del tiempo”, sostiene Silva. 

Acuerdo y plebiscito

En las elecciones generales de 2003 resulta electo intendente el peronista Fernando Carballo, que sucede al radical Oscar Sibetti. El fallo de la Corte Suprema en 2007 obligó a un cambio de táctica para lograr el resarcimiento de Shell. En 2009 se llega a un principio de acuerdo extrajudicial, en el mismo la empresa se comprometía a desembolsar 9,5 millones de dólares. El acuerdo establecía que Shell no tenía ninguna responsabilidad por el daño ambiental y que la municipalidad desistía de las acciones contra la empresa. Además establecía unos honorarios legales de 1,5 millones, también a cargo de la petrolera. Shell también pretendía lograr la licencia social para el acuerdo, entonces el texto convenido debía ser aprobado en una consulta popular –plebiscito- no vinculante y ser aprobado por el Concejo Deliberante de Magdalena.

En toda la historia de la causa Magdalena – Shell el episodio del plebiscito es quizás el más ignominioso. La campaña oficial en favor del voto por el Sí fue tendenciosa, todos los medios de comunicación locales tuvieron sus micrófonos y páginas prácticamente cerrados para las voces opuestas al acuerdo. La fecha de la consulta popular se desacopló de la de las elecciones generales de ese año. El plebiscito se realizó el 17 de mayo de 2009 y era optativo, condición que obturó la participación y derrochó recursos públicos.

El texto de la boleta por el Sí, en color azul, decía “estoy de acuerdo con el convenio entre la Municipalidad de Magdalena y Shell C.A.P.S.A. por el que se recibirá el Asesoramiento, Diseño y la Planificación de un Plan de Desarrollo Turístico para los Balnearios de Magdalena y Atalaya, un Parque Industrial y una Planta de Tratamiento de los Residuos Sólidos Domiciliarios del Partido de Magdalena, más una indemnización de U$S 9.500.000, equivalente a $ 35.000.000 (cotización U$S 1 = $ 3,70)”. La papeleta del No repetía el mismo texto en tinta negra e implicaba oponerse a tantos “beneficios” para la comunidad magdalenense.

En la campaña oficial se hablaba de una “indemnización” de 9,5 millones de dólares, cuando en el texto del acuerdo no se menciona ningún monto indemnizatorio o de reparación económica por el derrame, sino más bien de un aporte de Shell para el desarrollo local. 

El actual intendente Gonzalo Peluso, hoy en Juntos por el Cambio y en ese entonces militante opositor en el radicalismo. Su posición era minoritaria incluso en su propia fuerza ya que el acuerdo y el plebiscito contaban con el apoyo de la mayor parte del radicalismo y sus concejales, hasta del exintendente Oscar Sibetti. “Fuimos solamente tres los dirigentes que nos opusimos al acuerdo, que era vergonzoso por varias razones, e intentamos salir en todos los medios, pero nos dio espacio un solo programa de radio. Las demás radios, compradas por el Estado municipal con la pauta oficial, nos cerraron el aire y no pudimos expresarnos. Pueden decir que el 77% de los votantes lo hizo a favor del acuerdo, pero fue el 77% del 25% del padrón”, recuerda

“Las empresas que cotizan en la Bolsa, los juicios que tienen en expectativa, sin resolver, afectan sus acciones y pueden hacer bajar su valor. Una vez que se firmó el acuerdo a Shell no le importó más el destino de la causa. Con ese arreglo extrajudicial le habían quitado el riesgo a sus acciones. No se materializó el pago pero el acuerdo está firmado, donde la municipalidad resigna sus aspiraciones de seguir con el litigio y un artículo dice que Magdalena le reconoce a Shell que no produjo daño ambiental”, destaca Peluso.

Para el actual intendente de Magdalena el tema no era tanto las condiciones del acuerdo, sino el monto. Si el acuerdo hubiera sido por una cifra razonable, la cláusula 2ª, donde dice que el municipio reconoce que no hay daño ambiental, habría quedado igual. No se puede hacer un acuerdo extrajudicial sin reconocer explícitamente que la otra parte no me produjo daño. Si el acuerdo hubiese sido por una cifra razonable, 50, 60, 70 millones de dólares, yo no hubiera estado en contra”, aclara. 

“Mi primera gestión como intendente electo en 2015 fue viajar a Buenos Aires para entrevistar al abogado Diego Botana, que está en un estudio muy prestigioso. Nos explicaron que ya había un acuerdo firmado y el gobierno anterior lo había hecho en representación legítima del Estado. No me queda otra opción que aceptar ese acuerdo y generar los mecanismos para que el dinero se pague”, declara Peluso, quien ya tramita la apertura de una cuenta en dólares en la sucursal Magdalena del Banco Santander para que la Municipalidad reciba el monto del acuerdo.

Para el abogado Daniel Silva, la transversalidad política del apoyo al acuerdo es un aspecto relevante. “Recordemos que la causa se inicia en una gestión del radicalismo, con el intendente Sibetti; el acuerdo se alcanza en una gestión del peronismo, con el intendente Carballo; hoy en día está, a homologación, nuevamente en una gestión radical, la de Peluso. Atravesó tres gestiones. Yo fui abogado desde el día 1 y continué siéndolo a pesar de los cambios de gestión política, lo cual hace sentir claramente en el caso de Magdalena la existencia de una política de Estado que atraviesa ´la grieta´. El acuerdo atravesó tres instancias representativas populares. Además se sometió a un plebiscito y alcanzó casi el 80 por ciento de la aprobación del pueblo de Magdalena. Es el único caso que recuerdo en la historia del Derecho argentino donde un convenio fue sometido a un plebiscito”, subraya Silva.

Desde una óptica diferente, el abogado y activista Alejandro Meitin señala que “el plebiscito fue totalmente amañado, basado en el interés de una administración municipal y de un equipo de abogados que lo que estaban tratando de resolver era una cuestión económica. En definitiva el juicio transitó todo el tiempo no por valores éticos, aunque en los argumentos estaba eso, sino por el resarcimiento económico. Pero para que ese resarcimiento económico se diera, Shell ya no aparecía como responsable del daño ambiental sino que se transformaba en una agencia de desarrollo para Magdalena. La corporación multinacional que había causado el daño terminaba convirtiéndose en una socia del municipio”.

“Mientras tanto el sistema costero; el transporte de sustancias peligrosas; el avasallamiento del poder corporativo utilizando chatarras flotantes; esos problemas aparentemente dejaron de existir. O volverán a existir cuando vuelva a pasar, porque si hoy volviera a producirse un derrame la mala forma de tratamiento va a ser la misma, el sistema de protección costera va a ser el mismo, los mecanismos de reacción estatales van a ser los mismos. En ese sentido, no se ha aprendido mucho, y eso es lo que nosotros todo el tiempo tratamos de señalar”, afirma el referente de Casa Río Lab. 

Las demandas de particulares

Además de las demandas iniciadas por la Municipalidad de Magdalena, hubo unas 522 personas que se constituyeron como particulares damnificados y fueron representados principalmente por la abogada Mirta Oliver en unas 70 demandas grupales, que reclamaban, en general, por efectos adversos sobre la salud y daños y perjuicios en relación a su actividad laboral y comercial (emprendedores turísticos y gastronómicos, junqueros, pescadores, etc.). Algunos de estos juicios se diluyeron en arreglos extrajudiciales mediante desembolsos económicos, otros siguieron su curso y aún esperan resolución. 

Inconstitucionalidad del acuerdo

Para que el desembolso se produjera, la justicia debía homologar el acuerdo sin ninguna interposición legal. Un ciudadano magdalenense hizo una presentación invocando lo que se llaman intereses difusos y señalando la persistencia del daño ambiental. Se trató de Leonardo Fediuk, patrocinado por el abogado Mariano J. Aguilar de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. 

“Tenemos un desastre ambiental cuyos efectos persisten y existe una Ley de Medio Ambiente que es de orden público, lo que significa que está por encima de cualquier arreglo entre partes. Por eso, aun cuando hayan querido convalidarlo con un plebiscito popular, el acuerdo entre el Municipio y Shell carece de toda validez”, sostuvo Fediuk al momento de la presentación. En tanto Aguilar señaló que el acuerdo “viola la normativa ambiental, es nulo. Es una suerte de donación que hace Shell y no se reconoce su responsabilidad. No hubo un juicio debidamente llevado, no se debatió nada. Hubo medidas cautelares por 85 millones de dólares y de repente se arregló por 9 millones”.

“Nosotros hicimos un Informe de Seguimiento del Impacto del Derrame, con expertos de la Universidad de la República de Uruguay, de la Universidad de La Plata. Ese informe, en el que se utilizaron Sistemas de Información Geográfica, daba cuenta que a 10 años del derrame todavía estaba presente el daño. Entonces, el acuerdo que Shell quería firmar con el municipio no era válido, era inconstitucional, porque no puede haber un arreglo entre partes en tanto y en cuanto, según la Constitución Nacional, el daño al ambiente no estuviera subsanado. Con ese informe demostramos que el acuerdo era inválido porque el ambiente seguía dañado”, señala Alejandro Meitin en consonancia con la presentación de Fediuk.

La impugnación presentada por Aguilar y Fediuk fue rechazada por la Justicia en 2016 y no fue apelada En esto posiblemente haya pesado también la decisión de Fediuk de desistir en una presentación que le había valido amenazas de funcionarios municipales e insultos de vecinos, incluso detenciones arbitrarias. Los impulsores del acuerdo lo responsabilizaban por obstaculizar la llegada del dinero a Magdalena, aunque  el mayor obstáculo fue la misma Justicia que demoró siete años en rechazar el pedido de nulidad.

Al final resultó que el convenio era válido, que no era nulo, pero fueron otros diez años, en los que el pueblo de Magdalena no accedió a la justicia ambiental, no accedió a una reparación económica”, señala Daniel Silva. 

El estado de la causa hoy

El juez que tomó la causa luego del fallo de la CSJN en 2007 fue Roberto Torti, que en 2018 pidió su retiro. La causa quedó con un juez subrogante, que no movió nada. En 2021 el lugar dejado vacante por Torti al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 3 de la Capital Federal fue ocupado por el actual juez Juan Rafael Stinco. “Luego de diez años [la causa] ya tiene juez competente, tiene un convenio entre la empresa y el municipio, y ya fueron rechazadas las nulidades que se habían presentado contra ese acuerdo y actualmente se están terminando las últimas pruebas periciales ambientales que, si dan como resultado que no hay afectación ambiental, al día de hoy el convenio quedaría eventualmente homologado”, detalla Daniel Silva.

La opción honorable

En relación a  las alternativas que podría haber tenido el municipio de Magdalena para lograr justicia, Alejandro Meitin, se inclina por la honorabilidad y la calidad de vida. “Magdalena tendría que haber sostenido la opción honorable. Porque no han conseguido nada de la otra manera y no pueden defender con orgullo lo que han militado en una primera instancia. Si hubieran seguido en sus trece, Magdalena hubiera tenido posibilidad de ampliar su rango de acción no solamente local sino internacional, podría estar discutiendo y ser abanderada hoy en día en las disputas territoriales que existen en nuestro país referidas a la incidencia del poder corporativo, podría haber generado actores políticos de fuste para discutir lo que está pasando desde aquel momento hasta hoy en la Argentina, podría haber sido como una escuela de capacitación de discusión y negociación internacional sobre el poder corporativo, podría haberse aliando a organizaciones y sectores políticos internacionales. Si hubiera habido una visión más ambiciosa, en el buen sentido, hubiera tenido la posibilidad de generar actores políticos que hoy estarían discutiendo cosas mucho más interesantes que el arreglo de una plaza”.

Desde 2019, al cumplirse 20 años del derrame, cada verano se realiza en la zona afectada un evento motorizado por activistas ambientales que busca sostener la memoria, la exigencia de justicia y defensa de los humedales costeros. “Lo que da vida es la humedad”, tuvo el pasado 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, su última edición en articulación con organizaciones y activistas de Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio para activar una red en alerta permanente frente a conflictos ambientales presentes y futuros en la región. 

*Las fotos del derrame son de Fernando Massobrio. Todas las imágenes de esta nota están en el archivo de Ala Plástica en Casa Río Lab Asociación Civil y fueron cedidas para la presente nota.

Fuerte sismo en Vaca Muerta: se mueve todo menos el gobierno

Un movimiento sísmico de 4.5 Ml ocurrió a los veinte minutos del 9 de mayo. Alrededor de Sauzal Bonito fracturan intensamente Tecpetrol en Fortín de Piedra, Pluspetrol en La Calera, Pan American Energy en Pichana Oeste y Pampa Energía en El Mangrullo. En julio de 2021 una seguidilla de sesenta sismos en diez días hizo temblar la agenda de Vaca Muerta. Ahora la localidad está sufriendo otra seguidilla que ya acumula 35 movimientos en las últimas tres semanas.

Foto: OPSur. Sauzal Bonito.

 

Por Martin Álvarez Mullally / OPSur. – La tierra tiembla, la población sufre, las empresas fracturan, los gobiernos niegan. Una ecuación cuyo resultado puede ser trágico si algo no se modifica de manera urgente. Este último movimiento de 4.5 ML tuvo epicentro a 5.5 km de profundidad pero la semana pasada hubo otros de entre 1 y 2 km. Si algo hemos aprendido desde que Vaca Muerta tiembla es que cuanto más superficiales son los movimientos, menos se atenúan. De combinarse una magnitud como la de ayer con una superficialidad semejante a las de la semana pasada, las consecuencias pueden agravarse.

La noche del domingo Mabel Panero se estaba yendo a dormir cuando llegó el temblor. Empezó a gritar desaforadamente alertando a su yerno que ya se había acostado, con él estaban sus nietos de cuatro y seis años. “Ví que la casa hacía ondas de norte a sur como un subibaja”, cuenta. Y agrega que de pronto sintió que se cayó un cuadro, y otro, y otro. Según Mabel este sismo fue terrible, la inmovilizó. Recién cuando terminó pudo salir de la casa y contactarse con el resto de los vecinos.

La localidad de Sauzal Bonito se forma en una línea serpenteada de casas entre el río Neuquén y las bardas de la meseta. En las bardas hay enormes piedras en reposo que tranquilamente pueden derrumbarse como ya ocurrió con los temblores en la zona. De hecho, horas después de este último sismo en Quili Malal se produjo un importante desprendimiento de rocas. La localidad se encuentra a 70 km del epicentro del temblor, lo que da cuenta del potencial efecto acelerador de caídas de rocas que tienen estos movimientos. 

Foto: gentileza vecinas y vecinos de Quili Malal.

 

Para Lorena Sandoval el movimiento del domingo a la noche fue el más grande que sintieron. “Al principio vino como una explosión, que fue lo que yo sentí en mi casa. Y se me movieron las ventanas y los vidrios. Al ratito se sintió otro, y vino otra explosión que me movió toda la casa”. Cuando ocurrió el sismo estaba ya acostada con su hijo menor que quedó con taquicardia durante un buen rato. “Es como que se te debilitan las piernas, que no sabés qué hacer, más allá de que tenemos estos movimientos muy frecuentemente, uno es como que se queda tildado, no tenés reacción”, comenta. Lorena vive en Sauzal Bonito con sus cuatro niños y explica que cuando la tierra tiembla no alcanza a sacarlos a todos de adentro de la casa, que no le da tiempo a nada. Estos temblores superficiales se manifiestan como en un sacudón de segundos, una fuerte explosión que hace vibrar todo. “Hubo vecinos de acá de la localidad que se descompusieron, otros a los que se les abrieron las alacenas, los botiquines de baño, fue terrible, terrible esta vez”, agrega. Como algunos de los movimientos de esta última seguidilla fueron durante la noche, las vecinas relatan que tampoco pueden dormir.

El geógrafo Javier Grosso sigue los movimientos inducidos desde el principio. “Este es el sismo más fuerte de los últimos tres años en Vaca Muerta y en la zona de Sauzal Bonito, fue de 4.5 Ml”, explica. La preocupación por las consecuencias que puede implicar esta magnitud de movimientos superficiales crece conforme se agudiza la situación. Además de riesgos para la población, peligra la gran red de infraestructura propia del sector petrolero, como ductos, cañerías, baterías. Sin embargo, para el geógrafo este movimiento no fue sorpresivo, todos los sismos de la seguidilla de 34 en las últimas tres semanas ocurrieron a menos de 6 km de donde fractura Tecpetrol. “Vengo siguiendo vía satelital la actividad, las últimas imágenes son del 7 de mayo y se ven los equipos de fractura, inclusive hasta los camiones con insumos esperando para entrar en la locación”, describe Grosso. Pese a los sismos y los potenciales riesgos, la empresa resolvió no parar sus operaciones. 

    Mapa: Javier Grosso y Guillermo Tamburini Beliveau

 

Ante la falta de respuestas, en la localidad hay indignación y frustración. Para Lorena Sandoval esta situación no va a parar, considera que “es muy lamentablemente que las grandes empresas y el gobierno no le pongan fin al tema del fracking”. Mientras para las bondades de Vaca Muerta no hay grieta, en el territorio explotado reina la angustia: “no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a continuar, vivir con el miedo, pensar que alguna vivienda se va a caer porque si siguen con la magnitud como la que fue anoche, muchas casas están deterioradas y lamentablemente quizás, al ser tan viejas, algunas se pueden derrumbar”, concluye.

 

Neuquén niega y la Corte calla 

La población de Sauzal Bonito sigue los movimientos a través de un espacio que creó la Red Geocientífica de Chile. Desde allí se informan de manera inmediata los parámetros de los movimientos que toman los sismógrafos abiertos, incluso cuando ocurren en plena madrugada. Todo lo contrario a lo que pasa con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) que publica tarde y de manera sesgada. El INPRES no informa los movimientos menores a 2.5 Ml, es decir, los sismos inducidos y altamente percibidos por la población no son parte del registro estatal y, como sabemos, lo que no está no existe. Así, desde 2021 el gobierno de Neuquén realiza su “informe sísmico semanal”, sin embargo, de esta última seguidilla  solo cubrió los temblores del norte de Añelo, también inducidos por fracking, pero no figura ninguno de los últimos 35 que ocurrieron en Sauzal Bonito. 

En 2021, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo y habitantes de Sauzal Bonito presentaron un amparo contra la provincia para frenar la inducción sísmica provocada por el fracking. En un reciente comunicado, la organización expresa que “el Juzgado Federal de Neuquén se desentendió de la situación y resolvió que corresponde al fuero local, para que todo quede a decisión de la provincia. Apelada esa resolución la Cámara Federal de General Roca resolvió que la causa es de competencia federal por los riesgos interjurisdiccionales, pero la remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Máximo Tribunal de Justicia del país tiene la responsabilidad de garantizar el derecho acceso a la justicia ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que ya es ley en Argentina, sin embargo guarda silencio desde febrero respecto de las urgentes medidas que se solicitaron”. 

Un delirio energívoro

Un proyecto de granja para minar criptomonedas en Zapala revela la irracionalidad del modelo energético.

Ilustración: revista Impacto Económico.

Exploración sísmica: prórrogas, audiencias y avance de la frontera extractiva

Exploración y explotación en aguas ultraprofundas del Atlántico argentino: avanzan las iniciativas de los distintos niveles de gobierno para llevar a cabo las primeras actividades en los bloques concesionados en 2018, cuyos estudios de impacto ambiental se aprobaron a fines de 2021. 

Foto: Greenpeace

Por Víctor Quilaqueo / OPSur .- El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación anunció una consulta pública temprana  para avanzar con la exploración en el bloque CAN 102 y con la perforación de un pozo exploratorio en el bloque CAN 100. Ésta no es la única novedad en la avanzada costa afuera en Argentina. 

Casi en simultáneo, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón convocó para el 30 mayo de 2022 a una Audiencia Pública Consultiva en relación a los proyectos de exploración costa afuera vigentes. En formato presencial y virtual, buscará responder si se apoya o no “la participación de Mar del Plata en el proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera según la resolución 463/2021”.

En este escenario, las banderas del #Atlanticazo y el #Oceanazo se desplegaron como todos los 4 de cada mes. Desde Mar de Plata, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras envió un mensaje en defensa de los mares y en solidaridad con las asambleas en defensa del territorio en Andalgalá. El activismo realizó una postal frente a la rambla, en la playa marplatense, componiendo la frase No a las Petroleras en el Mar

A pesar de la sostenida oposición popular, YPF, Equinor y Shell, avanzan con los planes de perforar un primer pozo exploratorio en aguas profundas del bloque  CAN 100 entre octubre y diciembre de 2022. Lo llaman “pozo Argerich” estaría a 315 km de la costa de Mar del Plata, a 1500 metros bajo el agua y con una profundidad de 2 mil metros bajo el lecho marino

El Ejecutivo redobla la apuesta

La decisión del Ejecutivo de avanzar sobre yacimientos en el mar fue reafirmada recientemente a través de una serie de prórrogas a concesiones de exploración y explotación. Se extendió un año más, hasta 2024, la primera etapa de exploración del bloque CAN 102 de Equinor e YPF. El bloque está a 290 km de las costas de Mar del Plata y a unos 270 km de las playas del Partido de la Costa y se busca obtener la licencia ambiental para iniciar tareas de exploración 3D. Actualmente el área se encuentra en estado de consulta pública temprana hasta el 18 de mayo.

También Equinor e YPF fueron beneficiadas con una prórroga de dos años de la concesión del bloque CAN 114, que está comprendido por la medida cautelar que tiene en suspenso el inicio de las campañas de exploración. Por otra parte, también se extendió la concesión de dos bloques que detenta la empresa noruega en la Cuenca Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego, AUS 105 y 106, donde la compañía es la única operadora. 

Pero hay más: el Estado Nacional también prorrogó, esta vez por diez años, la concesión para explotación de hidrocarburos en la Cuenca Austral Marina, frente a las costas de Tierra del Fuego. Las beneficiarias, Total, Wintershall y Pan American Energies, estimaron que es un horizonte temporal adecuado considerando los costos y dificultades de la actividad offshore. Con este nuevo plazo, la concesión llega hasta 2041.

¿El fracking es compatible con los compromisos climáticos?

Por OPSur y Territorio de ideas.- En la 8.a edición del Compendio de hallazgos científicos sobre el fracking, presentado la semana pasada por Concerned Health Professionals of New York (un programa de The Science and Environmental Health Network) y Physicians for Social Responsibility, se ofrecen pruebas que indican que el metano proveniente de las operaciones de fracking de Norteamérica acelera la crisis climática. Las catástrofes que desencadena el cambio climático —inundaciones, sequías, incendios forestales y malas cosechas— dejan a más de 3000 millones de personas en situación de alta vulnerabilidad.

Foto: Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) en el distrito de Terrebonne (Luisiana), seis meses después del huracán Ida, el 27 de febrero de 2022 ©Julie Dermansky

 

ENLACE DE DESCARGA (en inglés): https://concernedhealthny.org/compendium/

SEXTA EDICIÓN (en español): https://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2020/02/Traduccion-compendio-Fracking_libro_2019_ok.pdf

 

El metano, uno de los principales agentes del cambio climático, es un potente gas de efecto invernadero capaz de atrapar 86 veces más calor por molécula que el dióxido de carbono en un período de 20 años. Es más, las emisiones de metano son las causantes del 40 % del calentamiento global total a la fecha. Existe un consenso científico al respecto.

El crecimiento galopante de la concentración de metano en la atmósfera dificulta cada vez más la tarea urgente de limitar el calentamiento global a niveles inferiores a los exigidos en el Acuerdo de París. Este acuerdo se concertó sobre la base de presunciones anteriores: por ese entonces la concentración de metano a nivel mundial se había amesetado. Pero en el año 2007 comenzó a aumentar y se disparó drásticamente en 2014, tendencia que continúa acelerándose. En 2021 aumentó más que en ningún otro año registrado, incluido el 2020, que ya había sido un año de valores sin precedentes.

Son múltiples las líneas de pruebas que señalan que las operaciones de fracking de Norteamérica son las principales causantes de este aumento excesivo y, por lo tanto, principales culpables de la crisis climática.

En primer lugar, según se desprende de las mediciones aéreas y terrestres, las operaciones de fracking tienen más fugas que lo estimado con anterioridad. En todas las etapas de la industria (extracción, procesamiento y sistemas de distribución), se fuga una gran cantidad de metano en la atmósfera, tal como se ha demostrado en diversos estudios en distintas regiones. La tasa de fuga supera considerablemente las estimaciones anteriores de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA); en algunos casos, las duplican y hasta las sextuplican. Gran parte del metano que liberan los equipos de fracking se origina en venteos deliberados durante los procedimientos de mantenimiento o emergencia habituales, de modo que no es posible mitigar esas fugas. Los principales culpables son las teas de quema y los tanques de almacenamiento.

Fuente: Emily Eng/Sightline Institute

En segundo lugar, tal como muestran las mediciones satelitales, las emisiones de metano en EE. UU. representan entre el 30 y el 60 % del raudo aumento reciente en las concentraciones atmosféricas de metano en todo el mundo. Se estima que, dada la coincidencia temporal entre el crecimiento de las operaciones de gas y petróleo en EE. UU. y el aumento de la concentración de metano en la atmósfera, las emisiones fugitivas de estas operaciones explican la mayor parte del exceso de metano. En 2022, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estadounidense observó que las emisiones mundiales de metano del sector energético son un 70 % más altas que la cantidad que habían informado oficialmente los Gobiernos nacionales; por ejemplo, en Norteamérica se informó que las emisiones de metano fueron de 14 millones de toneladas, mientras que, según el cálculo de la IEA, el número asciende a cerca de 21 millones de toneladas.

En tercer lugar, la evidencia isotópica reciente, que permite distinguir el metano (gas natural) proveniente de fuentes geológicas del metano de fuentes biológicas (humedales, ganado, incendios forestales), apunta a los combustibles fósiles en general y a las operaciones de fracking norteamericanas en particular como principales causantes del continuo aumento en los niveles de metano. En el análisis isotópico se ha identificado que la producción de gas de esquisto o shale es responsable de al menos un tercio del aumento total de las emisiones a nivel mundial, teniendo en cuenta la totalidad de las fuentes, y que representa más de la mitad del aumento de las emisiones provenientes de combustibles fósiles en todo el mundo.

En un estudio llevado a cabo en 2021 se observó que la sola reducción de las emisiones de metano causadas por la actividad humana, que tienen como principal fuente los pozos de gas y petróleo, podría evitar casi un tercio del calentamiento global que se espera en las próximas dos décadas.

En una conclusión de la que se hizo eco la IEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dejó en claro que una mayor expansión de la infraestructura y el consumo de gas natural es incompatible con la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.[1]

En síntesis, el fracking, por ser uno de los principales causantes del aumento de las emisiones de metano, no es compatible con la estabilidad climática ni con el objetivo de descarbonización rápida que esta requiere. La sustitución del carbón por gas natural para generar electricidad no ofrece ningún beneficio climático claro y probablemente signifique un retroceso en esta materia.

El fracking no es compatible con la estabilidad climática. La inestabilidad climática no es compatible con la justicia.

Se pueden consultar las páginas 17-20, 46-49, 367-415 del Compendio.

ENLACE DE DESCARGA (en inglés): https://concernedhealthny.org/compendium/

SEXTA EDICIÓN (en español): https://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2020/02/Traduccion-compendio-Fracking_libro_2019_ok.pdf

Traducción: Territorio de Ideas

[1] En la Evaluación Mundial del Metano del 2021.

“El proyecto del gobierno nos pone al servicio de los países centrales”

Lo aseguró el investigador, docente y paleontólogo Leonardo Salgado en relación al proyecto aprobado en la legislatura rionegrina para ceder 625 mil hectáreas a la empresa australiana Fortescue Future Industries S.A. La declaración fue ayer en diálogo con el programa Formato 740 por AM 740 de Allen, a propósito de la jornada que convoca el PTS para hoy a las 18.30. Una charla sobre las implicancias de la iniciativa con Salgado y la docente y militante Laura Santillán. 

Escuchá la nota completa:

La convocatoria:

Comunidades mapuce tewelce denuncian la entrega de sus territorios para la planta de Hidrógeno Verde

Por Julia Lastra y Esteban Ramos / La Tecla Patagonia .- El proyecto prevé entregar más de 625 mil hectáreas de tierras rionegrinas a una empresa. Las comunidades mapuches señalan que parte de ese territorio les pertenece. Desde la municipalidad de Sierra Grande también realizan críticas. La Tecla Patagonia habló con las principales voces del conflicto.

El miércoles en la Legislatura de Río Negro fue declarado de interés el proyecto para la instalación de una planta de Hidrógeno Verde por parte de la empresa australiana Fortescue Future Industries S.A, así como también el proyecto para la creación de una Zona Franca en la localidad de Sierra Grande.

Si bien fueron aprobados por unanimidad, distintos actores han realizado críticas respecto del uso y propiedad de la tierra: desde vecinos autoconvocados y comunidades mapuches, hasta el intendente de Sierra Grande, Renzo Taburrini. Consideran que el proyecto no ha tenido el tratamiento ni el debate público adecuado, así como tampoco se han realizado las consultas debidas para el uso de las tierras fiscales que se pretende ceder a la empresa.

¿Qué implica este proyecto?

El proyecto de hidrógeno verde fue presentado por el Presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Glasgow el año pasado. En diciembre, junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmaron un convenio para crear la Zona Franca, como medida para potenciar la región y facilitar el plan de desarrollo de hidrógeno verde mediante la creación de un parque industrial.

La propuesta de ley presentada en la Legislatura por la provincia establece las condiciones para que se pueda realizar el procedimiento de licitación pública y, de esta manera, concesionar el uso de tierras fiscales provinciales. La planta industrial se ubicará en el ejido de la Municipalidad de Sierra Grande y ocupará un área aproximada de 650 hectáreas, localizadas dentro de la Zona Franca de Punta Colorada. La misma tendrá un plazo de 50 años, prorrogables por 25 años.

“Se trata de un proyecto integral que incluye toda la cadena industrial productiva asociada al mismo, el cual requerirá de una planta de generación de energía eólica a los fines de abastecer la demanda de los electrolizadores en sus distintas fases de ejecución”, explica el proyecto de ley.

Para ello será necesario el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto integradas por parques para generación de Energía Eólica; la línea de transmisión eléctrica obtenida de dichos parques para abastecer las plantas desalinizadora, de electrólisis y de amoniaco; y un puerto para el transporte.

La Tecla Patagonia habló con un representante de la comunidad mapuche, el Intendente de Sierra Grande y el Secretario de Planificación del gobierno de la provincia de Río Negro, para conocer sus posiciones y seguir el conflicto del Hidrógeno Verde desde cerca.Orlando Carriqueo. Vocero de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro

Las comunidades indígenas de la Costa Atlántica presentaron el lunes un documento en el cual expresaban su preocupación por las tierras fiscales que serán cedidas a la empresa para la producción de Hidrógeno Verde ya que la mayoría están ocupadas por familias mapuche- tehuelches. Se verían afectadas cerca de 32 comunidades. En la misma línea, el martes estuvieron presentes en la comisión plenaria en la que se debatía el proyecto y tuvieron la palabra.

La Tecla Patagonia dialogó con Orlando Carriqueo, quien manifestó: “Estamos realmente preocupados por la decisión del gobierno de llevar adelante un proyecto de esta envergadura sin consulta libre, previa e informada”.

Sobre la presentación del documento a la Legislatura y la participación en el plenario de comisiones explicó: “Con todos estos antecedentes nosotros ya tenemos claro de que hemos cumplido el paso formal que nos habilita a iniciar cualquier demanda, y denuncia internacional”.

Ante la respuesta de la gobernadora, Arabela Carreras, de realizar Audiencias Públicas para consultar a los pueblos originarios, Carriqueo expresó: “Eso es desconocer totalmente el derecho indígena, no se si es ignorancia o realmente desconoce totalmente todo lo que esté relacionado con el mismo. Pero a nosotros no nos cierra la Audiencia Pública. Para esto hay una institución específica que se llama Consulta Libre, Previa e Informada”. Y detalló que “cualquier familia que no esté conformada en comunidad tiene el derecho a ser consultada sobre qué es lo que pretenden hacer en un territorio”.

La institución a la que hace referencia Carriqueo es un dispositivo democrático y de participación entre el Estado y las comunidades indígenas, basado en el reconocimiento de sus derechos. La misma tiene marco jurídico nacional e internacional en el Artículo 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional; el Convenio Nº 169 de la OIT -aprobado por Ley Nº 24.071; el Protocolo de CPLI a Comunidades Indígenas en Áreas Protegidas Nacionales, aprobado por Res 458/2021.

Asimismo, el vocero de las comunidades indígenas se refirió a las declaraciones que se hicieron en la legislatura en torno a respetar los derechos de los pueblos originarios que residen en la zona: “Si tuviesen buena fe lo escribirían. Ahí es donde se ve la mala fe. Ellos hablan livianamente, dicen ‘sí vamos a respetar todos los derechos’ pero la verdad es que no los están respetando”.

Uno de los cuestionamientos al proyecto es que dentro de las hectáreas que planean entregarse se encuentra la Meseta de Samuncura que es un Área Natural Protegida. Al respecto, Carriqueo manifestó: “Es un territorio indígena por excelencia, forma parte de una espiritualidad trascendente para el pueblo mapuche. Es una zona en la cual no se puede recetar cualquier cosa que se le ocurra a cualquier gobernante”.

Además explicó que “las 625 mil hectáreas que pretende entregar el Estado a una empresa con gente adentro, significan 100 mil unidades productivas para 100 mil familias. Eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a dar”.

Para Carriqueo, el proyecto del Hidrógeno Verde se trató muy rápido ya que la plenaria de comisiones fue el día martes y el miércoles ya se debatió en la legislatura, la cual estuvo rodeada por la fuerza policial. Al respecto, señaló: “Cuando la policía rodea la legislatura, es porque adentro se está cocinando cosas que no es conveniente que la sociedad sepa. Eso es grave institucionalmente, muestra claramente que detrás de este discurso de la energía renovable, que detrás del discurso del progreso, que detrás del discurso del trabajo se esconde el negociado de la vida”.

“Nosotros vemos ‘gato encerrado’ detrás de este manejo que está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial. El impacto ambiental no está claro, no hay información, nadie sabe lo que significa. Nos muestran fórmulas químicas para sacar las moléculas de hidrógeno y oxígeno, pero la verdad es que en lo real nadie sabe qué es lo que va a pasar, y eso es grave”, denunció el representante de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche.

“Lamentablemente le tengo que decir a la gobernadora y al presidente Fernández, que si pretenden llevar adelante el proyecto así, de esta manera, va a haber conflictos, y eso se lo puedo garantizar”, sentenció.

Renzo Taburrini. Intendente de Sierra Grande (FdT)

La Tecla Patagonia también se comunicó con el intendente del Frente de Todos de Sierra Grande, Renzo Taburrini, localidad en la cual se va a delimitar la zona franca y se va a llevar a cabo gran parte del proyecto de Hidrógeno Verde.

El jefe comunal explicó que no había sido elevado ningún reclamo de las comunidades originarias al municipio, sino que el mismo fue presentado en la legislatura.

Desde el Frente de Todos propusieron un cambio en la conformación del directorio del Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca, el cual está conformado por 2 legisladores, 3 miembros del ejecutivo provincial, 1 miembro del ejecutivo municipal y 1 miembro de las empresas.

En este sentido, Taburrini manifestó: “Nosotros en la comisión propusimos ampliar a 1 concejal por el municipio y 1 integrante de las comunidades de pueblos originarios”. Sin embargo, la propuesta fue desestimada.

Por otra parte, el funcionario propuso cambios en el proyecto para la producción de Hidrógeno Verde ya que, si bien el mismo es presentado como un emprendimiento integral de toda la cadena productiva, “después en el reparto del canon y en el reconocimiento de todas las jurisdicciones que van a integrar este proyecto, desconocen a Sierra Grande”.

El jefe comunal también señaló: “Pedimos respeto por la jurisdicción, porque el mismo proyecto habla que en el sector de Punta Colorada va a estar emplazado el parque industrial de zona franca. Y no hay ninguna consulta hecha al intendente o a la municipalidad de manera formal a ver si esta tierra se puede poner en uso industrial”.

“Estos son pasos que la provincia debe dar porque está invadiendo la jurisdicción en el uso de la tierra. Sierra Grande es la única ciudad de la provincia que tiene definido por ley el ejido municipal. Nosotros tenemos tierras fiscales municipales pero aparte definimos el uso que le va a dar cada una de las parcelas y de los sectores que conforman el ejido. Y la provincia define el uso de la tierra sin una consulta al municipio”, detalló el intendente.

En este sentido, el intendente aclaró que la provincia “está avasallando los derechos de las comunidades originarias y está avasallando la jurisdicción del municipio en el uso de la tierra”.

“Los legisladores del Frente de Todos en la comisión plenaria previa a la sesión han defendido esta postura pero no han tenido en cuenta nada de lo que hemos planteado”, agregó. Al consultarle sobre la posibilidad de que este conflicto se resuelva respondió: “No, yo creo que no, pero nos quedan otras instancias todavía”-

Daniel Sanguinetti- Secretario de Estado de Planificación del gobierno de Río Negro (JSRN)

En diálogo con La Tecla Patagonia, el Secretario de Estado del Gobierno de Río Negro, Daniel Sanguinetti, señaló que el proyecto de Hidrógeno Verde “es muy grande, con muchas aristas y fases, en cada una de esas etapas se van realizando los pasos correspondientes”.

“Para que el hidrógeno salga verde, en una punta de la cadena productiva tiene que haber Parques Eólicos y del otro punto un barco en un puerto, En el medio hay muchos pasos, a definirlos desde lo administrativo, legal, por parte de la provincia, y desde de lo técnico, estudios y permisos, por parte del inversor”, aclaró Sanguinetti.

El funcionario señaló que “el primer acuerdo que se firma con la empresa interesada es que haya intercambio de conocimiento y transferencia de tecnología con el sector científico de Río Negro. Desde el día cero, se fue comunicando todo lo que tiene que ver sobre el Hidrógeno en la provincia, hay un portal especial en la página de la provincia, donde se va cargado toda la información y noticias”. Y agregó que “los científicos realizaron más de 60 charlas informativas en cada uno de los lugares. Sierra Grande fue uno de los lugares, incluso”.

En cuanto a la participación de otras voces en el proyecto, declaró: “La provincia tenía la potestad del tratamiento de este proyecto por la Ley de Iniciativa Privada, con un decreto de la gobernadora lo aprobaba. Sin embargo, se decidió que fuera a la legislatura donde están todos los bloques que representan al pueblo de Río Negro votadas en elecciones democráticas”.

El funcionario indicó que los municipios tienen participación: “La Ley que crea la zona franca es una ley nacional, con ciertos condicionamientos que tenemos que acatar. Involucra a los municipios cuando señala que tiene que haber un representante de ellos en el ´Comité de Vigilancia´. que es el organismo que va a controlar al concesionario que va a estar radicado en la zona franca”.

Sobre el reclamo por la Consulta Libre exigida por las comunidades originarias, aseguró que “está previsto en una etapa posterior al tratamiento en la legislatura”. Y en torno al impacto ambiental expresó que “se harán los estudios geológicos, batimétricos para el puerto correspondientes en esta nueva etapa”.

Poniendo paños fríos al asunto, indicó que “no hay enfrentamiento ni malos entendidos. De una forma u otra, siempre el gobierno de la provincia escucha todas las voces, hay que llegar a un punto de consenso para seguir pasando a nueva etapas porque todavía falta”.

“Estamos ordenando el proceso para que el inversor pueda construir la infraestructura y podamos ser la primera provincia argentina que produzca hidrógeno verde”, concluyó Sanguinetti.

8a edición del Compendio de hallazgos científicos sobre daños del fracking

Por OPSur y Territorio de ideas.- Concerned Health Professionals of New York, una organización de profesionales de la salud en el estado de Nueva York que forma parte de la red Science and Environmental Health Network, anuncia junto a Physicians for Social Responsibility el lanzamiento de la octava edición del “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios que demuestran los riesgos y daños de la explotación de gas y petróleo mediante fracking y de su infraestructura”.

Foto: ©Ted Auch, Fractracker Alliance, 2021

 

Se trata de una compilación que incluye las pruebas más recientes que detallan los riesgos y daños del fracking: más de 2000 artículos científicos revisados por pares, investigaciones periodísticas e informes gubernamentales, con referencias completas. El Compendio es un documento público disponible en línea, en el que pueden hacerse búsquedas. Y está escrito en un lenguaje accesible.

Descarga en inglés.

Descarga de la Sexta Edición en español.

El informe revela que no hay prueba alguna de que el fracking pueda practicarse de forma que no constituya una amenaza directa a la salud humana o sin poner en riesgo la estabilidad climática de la que depende la salud humana. A lo largo de las diferentes ediciones del Compendio, ha aumentado considerable la solidez de las pruebas ofrecidas para la cantidad de daños que detectamos, y ha habido una rápida ampliación de nuestra base de conocimientos. De esto se desprenden conclusiones contundentes que hace apenas unos años eran factores de preocupación emergentes. Los riesgos y daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento.

También se ha detectado un aumento en la documentación que demuestra que el fracking es sinónimo de injusticia: no todos sufren de igual manera los impactos directos a la salud pública y aquellos derivados del cambio climático, drásticamente afectado por las emisiones de metano provenientes del fracking y su infraestructura. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, el fracking afecta desproporcionadamente a las personas embarazadas, niños y niñas, pueblos indígenas, comunidades de color/racializadas y comunidades de bajos recursos. Además, como han documentado distintas organizaciones y tribunales internacionales, la industria del fracking es responsable de cometer violaciones de los derechos humanos.

Pueden consultarse las páginas 72 a 78 del último Compendio.

Los invitamos a estar atentos, en los próximos días y semanas, a esta serie de publicaciones donde se destacarán las principales tendencias en los hallazgos científicos y periodísticos documentados en el Compendio. Entre otros, el flagelo de los pozos abandonados de petróleo y gas; datos más recientes sobre contaminación atmosférica y del agua; nuevos hallazgos sobre el vínculo entre el fracking y la crisis climática; consecuencias puntuales en la salud humana a lo largo del ciclo de vida, y específicamente en la salud laboral; el enorme problema de los residuos del fracking, incluida la sismicidad provocada por los pozos de inyección y residuos radiactivos; impactos sociales y económicos; y la falsa solución de la captura y el almacenamiento de carbono.

Traducción: Territorio de Ideas

 

Sauzal Bonito: capital de los sismos inducidos por el fracking

Por Esteban Martine/ LID.- Entre los días 14 y 26 de abril se registraron 23 sismos con una estrecha relación espacio – temporal con el fracking en Vaca Muerta. Las petroleras siguen perforando sin que el gobierno tome ninguna medida. Sauzal Bonito, un paraje rural cercano a las zonas de explotación, se transformó en el lugar del país con mayor sismicidad percibida.

Una nueva ola de sismos inducidos por el fracking hace temblar a Sauzal Bonito. En 13 días se registraron 23 temblores. Algunos de ellos fueron percibidos por la población. Fue el caso del último (al cierre de esta nota), ocurrido a las 23:08 hs del martes 26 de abril.

Sauzal Bonito es el lugar del país con mayor sismicidad percibida y con los sismos más superficiales”, sostiene el geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, Javier Grosso, quien investiga desde hace años la relación de los sismos con la fractura hidráulica o fracking y la inyección de sus residuos en pozos sumideros. Los mapas del geógrafo apuntan a exhibir la concordancia en tiempo y espacio entre las áreas y momentos de mayor actividad hidrocarburífera y el epicentro de los sismos registrados.

    Mapa: Javier Grosso (UNCo) y Guillermo Tamburini Beliveau (Conicet)

 

Los temblores variaron en su magnitud. El más fuerte de lo que va de esta ola hasta el momento, fue de 4,1 ML (el 13 de abril). Pero a la hora de pensar en el riesgo de los movimientos, importa aún más el segundo récord que apunta Grosso: su escasa profundidad. Cuanto más cercano a la superficie es el hipocentro del sismo, menos cantidad de roca hay de por medio que amortigüe la energía liberada. Es por eso que la Silvana Liz Spagnotto, Doctora en Geofísica especializada en Sismología advirtió a este diario que “decir que estos sismos son moderados a leves solo por una cuestión energética, está mal, porque el riesgo es altísimo igual”.

La superficialidad se manifiesta en que, aún los sismos de magnitud leve son percibidos por los vecinos y vecinas de la zona, producen daños evidentes en las viviendas y generan temor e incertidumbre. Además de las viviendas, los temblores desatan procesos de remoción en masa. “Cuando hacen estos movimientos se vienen las piedras abajo y pasan por encima de los animales”, contó un miembro de la comunidad mapuche Lof Wirkalew durante la anterior oleada de sismos.

Javier Grosso insiste con el dato: luego del análisis de más de 20.000 sismos en toda la Argentina entre 2015 y 2022, asegura que los de Sauzal Bonito son los má superficiales. Y compara la profundidad de los sismos inducidos en Neuquén con la de los sismos naturales en San Juan, la provincia que más eventos registra. Señala que en abril San Juan tuvo 289 sismos calculados y reportados por Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el promedio de profundidad de esos sismos naturales – tectónicos fue mayor a 90 km de profundidad. Sólo 3 tuvieron hipocentro menor a 10 km. Y solo 6 fueron reportados como percibidos. En Neuquén son 25 los sismos registrados entre Red Geocientífica Chile e INPRES. Todos con hipocentro a menos de 6 km de profundidad y 14 de ellos reportados como percibidos.

La ola actual vuelve a encender las alarmas. Además de las viviendas y los procesos de remoción en masa en el frente de barda, los sismos pueden poner en riesgo un complejo entramado de pozos de producción, caños por los que circulan productos químicos tóxicos, petróleo y gas a altas presiones, pozos sumideros que alojan residuos en cantidades exorbitantes. Ni las viviendas, ni la infraestructura del fracking, ni los embalses y represas hidroeléctricas se erigieron con construcciones sismorresistentes, ya que según la zonificación del INPRES, la zona siempre fue catalogada como de sismicidad baja.

 

No son naturales, son inducidos por el fracking

Previo al desarrollo del fracking en Vaca Muerta no hay registro de sismos con epicentro en la zona. Desde 2015 a la actualidad, hubo más de 350. Ya nadie cuestiona la relación directa entre la fracturación hidráulica y los temblores.

Hay relación directa entre la actividad y los sismos, solo con ver los estudios”, afirma sin dejar lugar a dudas Sebastián Correa Otto, el Doctor en Geofísica, becario posdoctoral del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de San Juan que estudió la sismicidad en la zona durante dos años, con 11 estaciones de banda ancha alrededor de Añelo.

Andrés Folguera, doctor en Ciencias Geológicas, investigador Principal Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que “la actividad del fracking en cualquier lugar se sabe que está relacionada a la inducción de terremotos, y eso no debería sorprender a nadie”.

En el mismo sentido apunta la ya mencionada Doctora en Geofísica Silvana Liz Spagnotto: “Hay un vínculo directo con el fracturamiento hidráulico en Vaca Muerta”.

Grosso, quien forma parte de un equipo científico que dará a conocer las conclusiones de su investigación en los próximos meses, destaca los volúmenes de inyección de lodos (agua, arenas y químicos) y las presiones a las que es sometido el subsuelo, como la causa de la activación del sistemas de fallas naturales susceptibles de ser puestos en movimiento.

Quienes no son capaces de admitir esta relación, son los gobiernos provincial y nacional, que sostuvieron desde un principio el discurso de las petroleras. Las empresas aún no modificaron su extemporánea propaganda pro-fracking que reza que “las vibraciones que genera la estimulación hidráulica (…) son unas 100.000 veces menores que los niveles perceptibles por los seres humanos y mucho menores aún que las que podrían producir algún daño”.

¿Por qué, según el gobierno de Neuquén, es tan difícil sacar conclusiones de algo que para los pobladores de la zona es tan evidente? “Falta instrumental”, repiten desde hace años. Para triangular la información es necesario contar con más de tres sensores, y según el gobierno, solo hay dos, instalados en 2019 tras un corte de ruta de los pobladores y pobladoras de Sauzal Bonito. Mientras tanto repiten, como hace años, que “se está gestionando en este momento la instalación de una red de sismógrafos (16 equipos en la zona) que permitirá contar con más y mejores datos” (Neuquén Informa, 25/4/2022). Según el INPRES, en mayo instalarán cinco.

El año pasado La Izquierda Diario reveló que el gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN) miente. Un informe de la Subsecretaría de Ambiente solicitado por el diputado Andrés Blanco confirmó que hubo al menos 53 sismógrafos en la zona de Sauzal Bonito y Añelo.

 Mapa: Esteban Martine

 

No falta instrumental. Falta que publiquen los datos que recaban minuciosamente en la zona. Al menos YPF, Tecpetrol, Wintershall y Total, tienen acceso a más información que la publicada por el estado, según sus respuestas a Ambiente.

Las empresas, realizaron convenios con el Instituto Geofísico Sismológico Ing. Fernando Volponi (IGSV), dependiente Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Gracias a su trabajo, no sólo arrojan una definición de sismicidad inducida, sino que hasta manejan modelos que explican el funcionamiento de la sismicidad inducida por inyección de fluidos, como en el caso de la alemana Wintershall Dea.

Esquema conceptual de “sismicidad inducida” por inyección de fluidos.

 

Es llamativo el caso de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. En su yacimiento estrella, Fortín de Piedra, se ubica el epicentro de la mayoría de los sismos de la última ola. El 10 de febrero de 2021, Tecpetrol respondió a la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén que no iba a “consentir ni someterse” a sus facultades, razón por la cuál no reveló los resultados arrojados por los sismógrafos que tiene instalados en el área. Gracias a Fortín de Piedra, la empresa del grupo italoargentino llegó a capturar un 55% de los dólares liquidados por el subsidio estatal creado por el macrista Aranguren.

En agosto de 2021, el diputado Blanco también solicitó informes a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén, para conocer el estado de los pozos sumideros. Nunca obtuvo respuesta.

 

Un nuevo umbral de saqueo

En países como el Reino Unido, Estados Unidos o China, los sismos inducidos suscitaron distintos tipos de medidas. Tras las luchas y reclamos de las comunidades, esas medidas van desde “semáforos sísmicos” que determinan cuándo hay que detener las operaciones, la zonificación delimitando áreas infracturables, hasta la suspensión, moratoria o prohibición del fracking, a escala nacional o local.

En nuestro país, en medio de la ola de sismos, el gobierno nacional, con sus distintas alas y junto a los gobernadores de Neuquén y Río Negro, visitó Añelo para anunciar la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Se trata de una obra reclamada por las petroleras porque permitirá superar el cuello de botella en el transporte de gas, y aumentar la producción con horizonte exportador a gran escala.

El gasoducto será financiado con la mayor porción del denominado “aporte extraordinario” a las grandes fortunas y va a beneficiar especialmente a Tenaris, otra de las empresas del grupo Techint, de Paolo Rocca, quien ostenta la segunda fortuna más grande de Argentina, USD 3.900 millones. Tenaris proveerá a IEASA los caños para el gasoducto por USD 600 millones. Paradojas de la política “distributiva” del Frente de Todos.

El gasoducto atravesará territorio comunitario mapuche, sin consulta previa, libre e informada. Así lo recordó el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén. Las comunidades vienen denunciando el daño irreversible que provoca el fracking en los territorios, convertidos en “zonas de sacrificio”, contaminando suelo, agua y aire.

El Frente de Todos benefició a las empresas con distintas medidas que contrastan con el ajuste al pueblo trabajador, y que se suman a los premios recibidos por las petroleras bajo el gobierno de Macri. Desde la reducción de las retenciones al sector en diciembre de 2019, hasta el Plan Gas, pasando por el precio sostén del barril criollo.

Con el anuncio del gasoducto, el gobierno ratifica su apuesta al saqueo extractivista y a la perpetuación de la matriz energética dependiente de los combustibles fósiles, contradiciendo todos los compromisos en materia climática y bloqueando la discusión de cualquier tipo de transición energética.

Las empresas baten récords de producción de gas y petróleo, el escenario internacional augura mayores ganancias, y mientras tanto, en Neuquén la pobreza y la indigencia se estabilizan luego de la pandemia en niveles históricamente altos. Es saqueo.

 

Una salida de fondo

La comunidad de Sauzal Bonito y Añelo exige respuestas inmediatas para no tener que lamentar consecuencias aún peores a las que vienen padeciendo. Es inadmisible que ni siquiera se proceda a detener las operaciones cuando tiembla, a reparar los daños en las viviendas o a construir casas sismorresistentes. Pero la salida de fondo tiene que cuestionar de raíz este esquema en el que la energía sigue siendo considerada como un negocio para unos pocos que fugan los dólares y aspiran subsidios, y no como un derecho.

Toda la industria energética (incluyendo en la región a las empresas hidrocarburíferas pero también a las represas hidroeléctricas) debería pasar a formar parte de una única empresa estatal, con control de sus trabajadores y trabajadoras, comunidades afectadas en cada territorio, pueblos originarios, profesionales de universidades públicas y organizaciones ambientales. De esta manera se podría decidir democráticamente un plan de transición para descarbonizar la matriz energética y superar el desastroso método del fracking, decidiendo qué fuentes de generación de energía se utilizarán en cada zona, con qué financiamiento y para qué usos.

Una medida de este tipo debería ser parte de un plan racional que tienda a la planificación de la economía, comenzando por sus ramas de mayor consumo energético, conservando y reconvirtiendo los puestos de trabajo. Por ejemplo, un sistema de transporte público de pasajeros estatal, gratuito y de calidad, disminuiría drásticamente la movilidad individual; en el caso del transporte de carga, priorizar medios como el ferrocarril frente a los camiones; un plan de viviendas construidas de manera eficiente reduciría el consumo energético; ni hablar de la gestión de la energía en la industria, sector en el quelas fábricas recuperadas gestionadas por sus trabajadores demostraron estar un paso adelante, frente a las grandes empresas multinacionales responsables de los peores impactos ambientales.

La nueva ola de sismos encendió la alerta roja, una vez más. No hay más tiempo que perder.