Por Marcelo García / Extremo Sur .- Vaca Muerta comienza a convertirse otra vez en el epicentro de las miradas petroleras del país, tal como sucedió con el kirchnerismo en 2012 y el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto Fernández impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a las petroleras y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.

La política energética nacional basada en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las perspectivas diferentes a transitar.

La impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década.

A poco de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández expresó en enero pasado que “Argentina se enamoró de Vaca Muerta” y cuestionó que “se desincentivó el resto de la producción convencional” de hidrocarburos.

Parecía que iba a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no convencionales, pero a poco de andar comenzaron a surgir las versiones de un proyecto de ley para los hidrocarburos que podrían nuevamente en la escena principal a Vaca Muerta; donde habría subsidios y amplios beneficios impositivos para las petroleras que operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/22147).

En su visita a Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió con el gobernador Omar Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de Vaca Muerta “ocupa un rol central” para el país.

La vuelta al tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la reaparición del proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo el pago de subsidios atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas 4, por lo que varios funcionarios nacionales comenzaron a poner otra vez a Vaca Muerta en el epicentro de la política energética nacional.

Debates ambientales y sociales: 10 millones de argentinos sin gas

Si bien hay un debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales -que implica tener en cuenta la cuestión ambiental y sus impactos sociales sobre las comunidades afectadas- se debe tratar de responder una pregunta esencial que se adentra en determinar si son necesarios para el país pagar esos altísimos costos.

En paralelo surge como otro punto de discusión que implica definir cuál debe ser la matriz productiva de Argentina. Si se incorporará valor agregado a las materias primas generadas o si solamente seguirá siendo un país exportador de commodities.

Avanzando más al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe pensar en una nación exportadora de gas cuando por lo menos 10 millones de personas no tiene acceso al gas natural por redes domiciliarias.

Según el INDEC, hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados urbanos del país un 35,3% de las personas y el 29,6% de los hogares no tenían acceso a la red de gas natural. Esos porcentajes se traducen en 9,8 millones de personas sin acceso al gas natural por redes sobre un total de 28 millones de habitantes localizados en dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de la población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios esenciales como el agua, cloacas y el gas natural.

A principios de los años ’90 solamente el 52% de los hogares nacionales tenía acceso al gas natural por redes. Hoy en día, a más de 25 años, un tercio de los hogares del país sigue sin poder contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para calefaccionarse y cocinar.

Dilucidar una nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez Vaca Muerta puede llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva con la misma roca madre, y de allí la importancia de comprender algunas de claves principales que ponen en superficie la inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner en el centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.

Claves para entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta

Clave 1: Pila de subsidios estatales a petroleras privadas

Los altos costos de producción que insume la técnica del fracking (fractura hidráulica de la roca madre) sólo podrían ser soportados por la industria petrolera con altos precios del crudo internacional, algo que no está sucediendo en la actualidad y por ende debe suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un esquema subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.

Ese esquema de subsidios estatales a la industria privada no solamente se direccionó a Vaca Muerta en los últimos años ni fue patrimonio exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino que arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

Los incentivos estatales fueron en un primer momento a la producción de petróleo y luego fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca Muerta desde 2013, para alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

Si se toman los últimos 11 años de subsidios a las compañías petroleras, el total de los montos transferidos para incentivar la actividad privada (para el petróleo y gas, tanto convencional como no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares.

Estos datos surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de ASAP y el minucioso trabajo elaborado por Ejes – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (“El Estado, ¿rehén o planificador?: Transferencias económicas al sector hidrocarburífero”, de diciembre de 2016).

Según los datos difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto, hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado nacional transfirió a las petroleras subsidios para la explotación gasífera que ascendieron a un total de 27.647 millones de pesos.

De ese total, 24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del Plan Gas no convencional (Resolución 46/2017) focalizado esencialmente en Vaca Muerta y que representaron un 295% de los entregados en el 2018. Mientas que el por el ex Plan Gas la suma fue de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año anterior.

En tanto que hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de pesos por el Plan Gas no convencional (-98,3%).

En plena pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual gobierno de Fernández pagó a las petroleras 18.500 millones de pesos en subsidios a la explotación de gas no convencional adeudados de gestiones anteriores.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió -al menos parcialmente- los plazos de pago de los subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza”, dio a conocer el sitio especializado en hidrocarburos y energía.

Desde hace más 10 años la industria petrolera que extrae crudo en yacimientos concesionados por los Estados provinciales viene recibiendo subsidios estatales para mejorar o desarrollar los niveles de extracción de petróleo y gas.

Esa situación se ha profundizado en los últimos años y deja más beneficios para el capital privado que para los verdaderos propietarios de las concesiones, en lo que debe denominarse como un rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años ’90 cuando se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del mercado.

Clave 2: Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y pagar la deuda

El gobierno nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en la misma dirección e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016 con el macrismo poniendo el epicentro nuevamente en Vaca Muerta.

“Vamos a lanzar la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a mediados de junio; con la mira puesta en darle prioritariamente garantías y horizontes a los inversores privados nacionales e internacionales del sector petrolero.

“Seguimos viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el sector hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser una palanca para el desarrollo para la próxima década”, dijo Kulfas hace tres semanas atrás ante un grupo de empresarios reunidos vía Zoom por la Fundación Mediterránea.

“Seguramente una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es el envío al Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un salto productivo en Vaca Muerta y en otros proyectos productivos”, insistió el ministro Kulfas y explicó que desde el gobierno ven el recurso natural como “una palanca para el desarrollo del entramado productivos industriales, tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país”.

De ahí que se instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y que el flamante CEO de YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las últimas horas que la compañía “va a liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y el gas no convencional”.

Con una caída significativa del consumo de hidrocarburos y derivados, tanto a nivel mundial como nacional producto de la cuarentena que originó la pandemia; surgen interrogantes sobre cuáles debieran ser los objetivos centrales del desarrollo hidrocarburífero nacional.

Por un lado, no es posible obviar a esos 10 millones de argentinos localizados en centros urbanos que no tienen acceso al gas natural por redes y que por ahora no parecen tener prioridad de conexión para el gobierno nacional. En paralelo Argentina tendría que plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en qué tipo de condiciones sociales y económicas.

En la etapa post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la trepada constante de la curva de contagios de Coronavirus especialmente en el AMBA, el país se encontrará ante el desafío de hacer avanzar sus industrias, reconstruir el mercado interno y ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no concluidas desde hace muchas décadas.

Conseguir la recuperación económica y productiva no será simple, pero tampoco imposible. En una misma dimensión debería repensarse cuál tendría que ser la estrategia hidrocarburífera, apostando al autoabastecimiento perdido, la incorporación de valor agregado sobre ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora redistributiva de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los argentinos.

Desechando buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en los últimos años es la de desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para así conseguir un mecanismo de producción, exportación y captación de dólares que servirían para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años Argentina.

Lo que dejó entrever el ministro Kulfas es que la implementación del Plan Gas 4 buscará brindar certezas en los precios del gas natural extraído esencialmente en Vaca Muerta para así obtener dólares a través de la exportación.

Por eso que manifestó que “la idea es poder encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.

Vale mencionar que para desplegar ese mecanismo productivo y exportador, Vaca Muerta se encuentra en una situación compleja de infraestructura que ni el macrismo con sus millonarios subsidios e inversiones estatales en infraestructura pudo solucionar en cuatro años. Quedaron pendientes e inconclusos proyectos de gasoductos troncales, el tren Neuquén a Bahía Blanca y sin avances significativos en la planta de GNL en el puerto de la costa bonaerense (ver el artículo de 2018 https://www.elextremosur.com/nota/vaca-muerta-produce-mas-pero-corre-riesgo-de-estancarse-por-falta-de-inversion-en-produccion-e-infraestructura-social/).

Con las caídas pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los bajos precios internacionales, a lo que se le debe sumar la contracción económica inversora planetaria producto de la pandemia, conseguir hacer realidad ese proyecto productivo y exportador parece poco probable o cuanto menos ilusorio en el futuro cercano.

Clave 3: La lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social común

Desde 1992 cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha retrocedido en materia de hidrocarburos dejando en manos del capital privado la liberalización del mercado, perdiendo reservas de crudo y gas, achicando hasta casi su extinción el rol estatal y perdiendo el autoabastecimiento.

Nada bueno sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que abastecerse a través de las importaciones de gas a costos elevados. Tampoco se revirtió significativamente la problemática con los procesos de “argentinización” o expropiación parcial de YPF.

Si bien es cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF la compañía cambió su postura frente al esquema productivo en los yacimientos convencionales, eso no fue suficiente para modificar sustancialmente el rol de la empresa insignia que supo tener el Estado nacional. Desde la expropiación en 2012, la nueva YPF no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una empresa privada más en el mercado.

Además de haber en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas natural, los precios de los combustibles son elevados y se rigen en el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen respondiendo a variables el como valor internacional del crudo o la cotización del dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.

Nada diferente ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos de gas y luz, primero subsidiados por el Estado y ahora dolarizados en favor de las ganancias de las distribuidoras y generadoras energéticas.

A ese panorama se suma el uso de los fondos estatales subsidiando al capital privado hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las mayores inversiones en infraestructura o desarrollos productivos y exploratorios en yacimientos convencionales o no convencionales.

El rol de la actual YPF está lejos de la comandada por Repsol desde las oficinas corporativas en Madrid, pero más distante se encuentra aún de la visión estratégica y social que desempeñaba la YPF estatal antes del desguace menemista.

Embarcar, como ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca Muerta no ha demostrado ser la estrategia más fructífera para la compañía ni tampoco para el país. Hasta el momento la hipótesis de que con el desarrollo de los no convencionales se posibilitaría fomentar la industria nacional o conseguir los dólares para el pago de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.

El propio Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó que es inviable la idea de avanzar con “el fenómeno Vaca Muerta asociado a una salida en donde la Argentina fuera exportadora de gas no convencional y que esto permitiera un salto importante en el ingreso de dólares”.

Se debe considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo experimento empresario privado para la obtención de ganancias y maximización de la rentabilidad.

Es allí donde se modificaron los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar a los obreros petroleros y reducir los costos laborales, con la consiguiente derivación altísimos costos en vidas de trabajadores que en menos de un año y medio se tradujeron en 8 obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los últimos 20 años murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en todo el país.

Una cuota importante de responsabilidad tiene frente a este panorama la dirigencia sindical del sector, que permite que estos “accidentes” cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo por conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la excusa de defender los puestos de trabajo terminan reduciendo salarios o entregando conquistas laborales históricas.

Estas problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración de Alberto Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva ley o de desarrollo productivo de los hidrocarburos en el país.

Por ahora no aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional -es cierto, ahogado por la pandemia y la deuda externa- lograr un país autoabastecido con hidrocarburos, sin muertes por súper explotación laboral en los yacimientos, con tarifas y combustibles accesibles para el conjunto de la población, con gas por redes para todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado que no solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre privados sino como un organizador, generador del empleo y desarrollador de PyMES locales, además de definir las políticas energéticas estratégicas.

Por Eduardo Blanco* / Motor Económico .- Esta semana el gobierno italiano decidió impulsar la energía solar con una desgravación fiscal que permite instalar paneles fotovoltaicos en los techos de las casas de forma gratuita, una medida que forma parte del plan para reactivar la economía tras la pandemia. Es una política que se suma a una larga lista de experiencias que en distintos países buscan darle un sentido comunitario a las energías renovables. Presentamos aquí diez casos de modelos de desarrollo popular de alternativas energéticas como complemento de la nota publicada el martes por Enrique Martínez en Motor Económico, sobre las posibilidades productivas y económicas de la democratización de la energía.

La primera idea que suele surgir cuando se habla de energías alternativas es que es una cuestión de países ricos, con economías estables que les permiten planificar modelos no convencionales. Quienes piensan eso se sorprenderían de saber que una de las regiones con mayor desarrollo de la energía solar está en la región rural de Bangladesh, una de las más pobres del mundo. Allí 20 millones de personas accedieron por primera vez a la energía gracias a un plan internacional basado en la masificación de paneles solares para viviendas y riego.

El alto costo inicial que durante más de una década tuvieron las instalaciones de paneles solares abonaba ese prejuicio. Pero la realidad es que los ejemplos de uso popular de estas alternativas se encuentran en países con distinto desarrollo humano y cada vez sus ventajas económicas son más evidentes. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), los costos de estos sistemas han bajado un 80% entre 2008 y 2013. Una tendencia que estiman seguirá hasta 2025, cuando esperan que los costos hayan bajado un 65% más respecto de los actuales.

A continuación damos cuenta de diez ejemplos de uso de energías renovables para atender demandas sociales:

Inglaterra: cooperativa eólica comunitaria

La comunidad de Ulverston, en el noroeste de Inglaterra, recaudó 4 millones de dólares en sólo dos semanas para ayudar a pagar el parque eólico Mean Moor y convertirse en el primer grupo comunitario de ese país que convierte un emprendimiento privado en un desarrollo colectivo. Los miembros de la cooperativa High Winds, el colectivo que realizó la operación en marzo de 2018, fueron apoyados por un fondo de inversión cooperativo que le financió el proyecto mientras se recaudan los 10 millones de dólares que cubren la operación.

High Winds, una sociedad de beneficio comunitario creada en 2014 con el propósito de construir y operar aerogeneradores para producir energía renovable, es la primera sociedad colectiva que compra un parque eólico para que la comunidad proyecte su propio plan de energía, de acuerdo con las necesidades de sus habitantes. Si bien en el Reino Unido hay varias experiencias de cooperativas comunitarias que están a cargo de generadores de energías renovables, es la primera vez que un parque privado pasa a manos de los vecinos receptores de la energía.

Palestina: el empoderamiento solar

La energía eléctrica es un servicio escaso y caro en Palestina. Gran parte del suministro es importado y para el 52% de los palestinos que oficialmente viven en la pobreza (las organizaciones de apoyo internacional suben ese número a casi el 80%), es una carga muy difícil de afrontar. La situación es todavía más complicada en las zonas rurales, donde la escasez energética complica a los hogares y a las pequeñas unidades productivas de subsistencia, generalmente lideradas por las mujeres.

Frente a ese panorama, la Red Palestina de ONGs Ambientales (PENGON) organizó un plan basado en la energía solar como sustituto de la red convencional capacitando y apoyando la difusión de sistemas locales que permitan tener fuentes propias de energía a la población marginada. Pusieron, además, el foco en las mujeres palestinas para que sean las impulsoras de este cambio y se revalorice su papel fundamental en esa sociedad sitiada desde 1967 por Israel.

Nueva York: sol para todos

El programa Solar For All, que destinará mil millones de dólares para difundir la energía solar entre los neoyorquinos, culminó en febrero de 2019 el proyecto comunitario que permitirá que 10 mil habitantes de la ciudad de Séneca tengan acceso a esa energía alternativa sin costo. Las familias fueron elegidas entre las de menores recursos que se suscribieron para recibir el beneficio. El plan contempla que el 20% de las instalaciones estén destinadas a estos grupos familiares que no podrían afrontar el costo de la infraestructura básica. El estado de Nueva York busca que para 2030 el 70% de la energía consumida provenga de fuentes renovables.

Los beneficiarios del programa no sólo reciben gratis los paneles y la instalación sino que además no tiene que pagar cuotas de participación. Para obtener esta ventaja se evalúa la ubicación del hogar, los ingresos de la familia y su consumo habitual de energía. En la segunda etapa del plan, se ampliará esa participación, pero siempre con la idea de bajar los costos energéticos para que los usuarios comprueben las ventajas de las energías limpias y se difunda con más rapidez el sistema.

Yemen: energía en medio de la guerra

El conflicto interno iniciado en 2011, que se profundizó con la guerra en 2015, complicó seriamente el suministro de energía en Yemen. Pese a ser un país sin tradición en energías alternativas, en esta nación ubicada en Medio Oriente se han diseminado rápidamente las fuentes solares entre la población ante las dificultades del gobierno de suministrar energía eléctrica o generada por combustibles fósiles. Se calcula que el 50 por ciento de los yemeníes de Saná, la ciudad capital, tiene alguna de sus necesidades básicas cubiertas por instalaciones de paneles solares.

El deterioro de las redes eléctricas en el conflicto bélico de Yemen dejó a su población cautiva del afán de lucro de quienes manejan el mercado del gas oil y las naftas, que especularon con los precios y volvieron prácticamente imposible el acceso a las energías convencionales en uno de los tres países más pobres de Asia. La falta de energía eléctrica dura más 18 horas diarias a causa de un sistema colapsado.

Frente a esa restricción económica, los yemeníes encontraron en los paneles solares la solución más accesible a las dificultades de un sistema energético quebrado. La demanda de pequeños dispositivos que acumulan energía solar generó que en los mercados populares abunden sistemas que sirven para calentar

Una de las experiencias más interesantes es la del colegio secundario Sayeda Zeinab para Niñas, de Saná, en el que un grupo de alumnas desarrolló en 2012 soluciones de bajo costo para situaciones cotidianas. Wafi Al-Rimi, en ese momento de sólo 16 años, comenzó a interesarse por esta tecnología a causa de que la energía eléctrica en la zona en la que vive sólo duraba una hora y no le alcanzaa la luz para estudiar.

Dinamarca: líderes en participación comunitaria

Los daneses aspiran a ser el primer país del mundo que abandone para siempre los combustibles fósiles. Los planes oficiales estiman que ese acontecimiento se producirá en 2050, ocho décadas después de que Dinamarca comenzara a planificar un desarrollo de las energías renovables que tuvo una fuerte participación comunitaria mediante un sistema de cooperativas y municipios que favorecieron la difusión de las alternativas energéticas bajo la premisa de atender las necesidades de la comunidad y beneficiar a los ciudadanos que participan del proyecto.

La crisis del petróleo de 1973 obligó a los daneses a redefinir su política energética. Hasta entonces, el 90% de la energía que utilizaban dependía del combustible importado. Desde entonces, uno de los ejes políticos de los sucesivos gobiernos fue establecer metas para reemplazar esa dependencia mediante el desarrollo de energías alternativas.

Así fue que Dinamarca organizó sus planes energéticos con tres premisas: pensar a largo plazo, consensuar la continuidad de la planificación a través del tiempo y lograr el apoyo comunitario mediante la participación de los ciudadanos en la generación de energía. La legislación de ese país prevé que el 20% de la energía renovable que se produzca debe estar gestionada por grupos comunitarios.

Australia: bajar el costo y apoyar a la comunidad

El proyecto Dunsbourough Community Energy, la primera central de energía virtual de Australia, es una instalación de energía renovable cuyo objetivo es reducir el costo de energía de los hogares y avanzar hacia el objetivo de energía renovable del 90% en Australia, un país en el que el costo de la energía ha llegado a forzar la renuncia de un primer ministro.

La empresa encargada de la instalación y el sistema, Redback Energy, se comprometió a proporcionar 250 dólares por cada hogar que se sume al proyecto. Ese aporte se sumará al “fondo comunitario” del Proyecto de Energía Comunitaria de Dunsborough y se distribuirá para financiar proyectos locales en escuelas, clubes deportivos y otros proyectos que sean decididos por la comunidad. El cálculo es que en los 20 años que se estima durará el proyecto, se podrán recaudar unos 8 millones de dólares para esas actividades comunitarias.

Mali: mujeres con energía

El Proyecto de Promoción de Nuevas Energías Renovables para el Avance de la Mujer (PENRAF), iniciado por el Gobierno de Malí en 2003 y apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha logrado que 30 mil pobladores de aldeas rurales accedan a la energía mediante paneles solares que les permiten, por ejemplo, mejorar el rendimiento de sus huertas gracias a bombas de riego solares.

El plan está coordinado por una organización de mujeres de Sirakorola, que supervisa desde la horticultura y la fabricación de hielo para uso alimentario a la supervisión del centro de salud y de dos escuelas del pueblo.

Ontario: cooperativas de vecinos

La provincia canadiense de Ontario ha logrado desarrollar un sistema comunitario de desarrollo de energías renovables en base a cooperativas de vecinos. Apoyados por la legislación local, que mediante la Ley de Energía Verde promueve la participación comunitaria, 7 mil ciudadanos participan de estas organizaciones que comenzaron a difundirse en 2010, especialmente en los ámbitos rurales y de comunidades indígenas.

En 2009, el gobierno de Ontario apoyó el proceso de cambio hacia las energías renovables. Con ese fin creó un programa denominado Feed- in Tarif (FIT), que establece la posibilidad de que los ciudadanos puedan vender a la provincia la energía generada a un precio garantizado por contrato durante 20 años. Se trata del primer programa de tarifas reguladas de América del Norte

California: política de Estado

El Comité de Energía de California dispuso por unanimidad que a partir de 2020 los techos de las viviendas que se construyen en el estado tengan instalados paneles solares para impulsar el recambio hacia las energías renovables. La medida se tomó pese a las advertencias del mercado inmobiliario sobre el incremento del precio de las propiedades en momentos en que el sector está en crisis. Los 40 millones de californianos serán los primeros estadounidenses que adopten el uso obligatorio de energía solar como política de estado.

La medida tomada por el Comité de Energía californiano es un proyecto que lleva una década de análisis y que propone que hacia 2030 la mayoría de los hogares y comercios de California estén alimentados por energía solar. De este modo, se acabaría la dependencia actual de gas y electricidad convencional y se generaría un importante ahorro en el consumo de la población.

Italia: techos gratis

El gobierno italiano ha aumentado las exenciones fiscales que ofrece para la renovación de edificios y proyectos de certificación energética . Con esa medida, permite que quines quieran sumarse a las instalaciones domiciliarias de paneles solares lo puedan hacer sin costo. La medida es parte del Decreto de Relanzamiento, un paquete de resoluciones destinadas a reactivar la economía italiana en respuesta a la crisis de la pandemia.

La desgravación fiscal se aplicará en tres tipos de proyectos de renovación, que incluyen el aislamiento de edificios, la sustitución de los sistemas de refrigeración y calefacción en edificios de apartamentos de varias unidades y la sustitución de los sistemas de refrigeración y calefacción en viviendas unifamiliares.

* Integra el Instituto para la Producción Popular (IPP)

Por La Voz .- Vivir cerca de pozos activos de petróleo y gas puede incrementar el riesgo de las embarazadas de tener bebés con bajo peso al nacer, especialmente en las zonas rurales, según un nuevo estudio sobre casi tres millones de nacimientos en California (Estados Unidos), según publican los investigadores en la revista ‘Environmental Health Perspectives’.

El estudio, financiado por la Junta de Recursos del Aire de California, es uno de los más grandes de su tipo y el primero en el estado. Analizó los registros de casi 3 millones de nacimientos de personas que viven 10 kilómetros alrededor de al menos un pozo de petróleo o gas entre 2006 y 2015.

A diferencia de estudios anteriores, examinó los nacimientos en áreas rurales y urbanas, y las personas que viven cerca sitios activos e inactivos de petróleo y gas.

El estudio encontró que, en las zonas rurales, las personas embarazadas que vivían a menos de 1 kilómetro de los pozos de mayor producción tenían un 40% más de probabilidades de tener bebés de bajo peso al nacer y un 20% más de probabilidades de tener bebés pequeños para su edad gestacional, en comparación con las personas que vivían más lejos de los pozos o cerca de los pozos inactivos solamente. Entre los nacimientos a término, los bebés eran 36 gramos más pequeños, en promedio.

Las personas que viven cerca de pozos activos en áreas urbanas también tenían probabilidades ligeramente mayores de tener bebés pequeños para la edad gestacional que sus contrapartes. El estudio no encontró una relación significativa entre la proximidad a los pozos de petróleo y gas y los nacimientos prematuros.

“Nacer con bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional puede afectar el desarrollo de los recién nacidos y aumentar su riesgo de problemas de salud en la primera infancia e incluso en la edad adulta”, explica Rachel Morello-Frosch, profesora de salud pública y ciencias ambientales, política y gestión en la Universidad de California, Berkeley, y autora principal del artículo.

“Cuando ve un cambio de más de 30 gramos de peso al nacer entre los recién nacidos a término, desde una perspectiva clínica individual, puede no parecer mucho –añade–. Pero cuando ve ese tipo de gran cambio de población en el peso al nacer, eso puede tener un impacto significativo implicaciones a nivel de la población para la salud de lactantes y niños”.

Los hallazgos se suman a un creciente cuerpo de evidencia que vincula la proximidad a los pozos de petróleo y gas con una variedad de resultados adversos de nacimiento, incluidos el nacimiento prematuro, defectos cardíacos y bajo peso al nacer.

Por Roberto Andrés / La Izquierda Diario .- Lo señaló la Agencia Internacional de Energías Renovables: “El empleo se ha expandido de 7.3 millones en 2012 a 11 millones en 2018”. Evaluación integrada del ciclo de vida y disminución de costos también confirman los beneficios de una transición energética.

“El número de empleos en energías renovables en todo el mundo se ha expandido de 7.3 millones en 2012 a 11 millones en 2018. La modelización sugiere que la transición energética podría ampliar el empleo de energías renovables a 30 millones para 2030 y 42 millones para 2050”, declaró la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en un reciente informe. “La mayoría de los trabajos se concentran en mercados clave como Brasil, China, Europa, India y Estados Unidos, los estados de origen de los principales fabricantes e instaladores”.

IRENA es una organización intergubernamental compuesta por 161 países (Argentina, México, Colombia y Cuba forman parte). Fue fundada en 2011 y se ha convertido en la principal plataforma para la cooperación internacional en la promoción de la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energías renovables. Su informe Tracking SDG7: The Energy Progress Report (2020) fue publicado en mayo y en su elaboración también participó la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Estadísticas de Naciones Unidas y el Banco Mundial.

“Cambiar a un futuro con energía renovable también permite retener la experiencia existente de la industria de combustibles fósiles, particularmente para las industrias renovables como la eólica marina”, dice IRENA. “Por ejemplo, la experiencia de los trabajadores y técnicos en la construcción de estructuras de apoyo para sitios de petróleo y gas en alta mar podría utilizarse para construir cimientos y subestaciones para turbinas eólicas en alta mar”.

Sin embargo, los beneficios laborales siguen siendo desiguales con respecto a la situación de la mujer: “Una encuesta global indicó que las mujeres constituyen solo el 21 % de la fuerza laboral en la energía eólica, en comparación con el 32 % en energías renovables en general y el 22 % en las industrias de energía tradicionales como el petróleo y el gas”.

La evaluación integrada del ciclo de vida (LCA) confirma el beneficio de las renovables

La descarbonización de la generación de electricidad puede apoyar la mitigación de la crisis climática y presenta una oportunidad para abordar la contaminación resultante de los combustibles fósiles. La implementación a gran escala de energía eólica, energía fotovoltaica y energía solar concentrada tiene el potencial de reducir los impactos ambientales de la producción de electricidad relacionados con la contaminación, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la ecotoxicidad del agua dulce, la eutrofización y la exposición a partículas.

Sin embargo, las tecnologías renovables requieren mayores inversiones iniciales en infraestructura que los sistemas de energía basados en fósiles. Hace unos años un grupo de especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega y de la Universidad de California presentó la primera evaluación global e integrada del ciclo de vida (LCA) de la implementación a largo plazo y a gran escala de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables (fotovoltaica y solar térmica, eólica e hidroeléctrica) y de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.

El estudio, publicado en mayo de 2015 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, concluyó que si bien “los requisitos de material por unidad de generación para tecnologías bajas en carbono pueden ser más altos que para la generación fósil convencional (11 a 40 veces más cobre para sistemas fotovoltaicos y 6 a 14 veces más hierro para plantas de energía eólica), solo dos años de producción mundial actual de cobre y un año de producción de hierro serán suficientes para construir un sistema de energía bajo en carbono capaz de satisfacer las necesidades de electricidad del mundo en 2050”.

Rápida disminución de los costos de las energías renovables

Según indica IRENA, otra sorpresa de los beneficios de las energías renovables es que los costos promedio ponderados globales para la electricidad de todas las tecnologías disponibles comercialmente para la generación de energías renovables han seguido disminuyendo en los últimos años.

En otro informe publicado en abril de este año, titulado Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050, IRENA señaló que “la disminución en el costo de la electricidad de los proyectos de energía solar fotovoltaica (FV) desde 2010 ha sido notable. Entre 2010 y 2019, el costo nivelado promedio ponderado global de electricidad (LCOE) de la energía solar fotovoltaica cayó un 82 %, alcanzando los USD 68.4 por megavatio-hora (MWh), mientras que el costo de la electricidad del viento en tierra disminuyó un 45 % a USD 52.8/MWh. En los últimos dos años, las adquisiciones corporativas solares aumentaron un 44 % en todo el mundo, llegando a 5,4 gigavatios (GW) en 2018 y 9,6 GW en 2019”.

Entre 2017 y 2018, casi la mitad de todas las subastas de energía solar fotovoltaica se llevaron a cabo en el sur y este de Asia y el Pacífico, debido a los altos niveles de irradiancia solar y la caída del costo de la tecnología. “Solo India asignó 17 GW de subastas de capacidad fotovoltaica solar a un precio promedio de USD 42.3/MWh. Asimismo, China otorgó 5 GW de energía solar fotovoltaica a un precio promedio de USD 64.6/MWh en un total de 10 subastas, y Filipinas recibió ofertas tan bajas como USD 43.9/MWh en una subasta de 50 MW”.

Las subastas de energía eólica en tierra fueron las más utilizadas en Europa y los proyectos de energía eólica marina ahora son cada vez más competitivos con las fuentes de combustibles fósiles sin subsidios en los mercados mayoristas de electricidad. “Solo Alemania subastó más de 5 GW en siete rondas durante 2017-2018 a un precio promedio de EUR 51.65/MWh (USD 58.7/MWh)”.

Transición energética, planificación y democratización

La crisis climática se ha convertido en una de las principales preocupaciones de este siglo. La respuesta urgente a esa preocupación es una transición energética justa hacia una matriz sustentable y diversificada basada en las energías renovables y la eficiencia energética. El Acuerdo de París estableció el objetivo claro de limitar el aumento de la temperatura global a “muy por debajo” de los 2° C, e idealmente a 1.5° C, en comparación con los niveles preindustriales.

Sin embargo, si algo nos ha enseñado el capitalismo contemporáneo es que este es incapaz de llevar una sola de sus tendencias hasta el final. Para alcanzar el objetivo de los 1.5° C es fundamental que la transición energética justa, con sus beneficios laborales, ambientales y económicos, obedezca a una planificación estatal centralizada de la economía y a la recuperación y democratización del sistema energético en manos de trabajadores y usuarios, y así la energía deje de ser un sucio negocio y se convierta en un pleno derecho humano.