Por Susana Lara / Tramas – Periodismo en movimiento .- Una gigante trasnacional contra un productor de chivas. La policía notificó hoy el comienzo de las actuaciones de la Fiscalía.

Pan American Energy (PAE), uno de los grupos económicos más poderosos del mercado de los hidrocarburos en Argentina, denunció ante la justicia neuquina al criancero que cerró la tranquera de paso por su campo ante el incumplimiento de los acuerdos vigentes desde fines del año pasado. La policía provincial constató este martes a la mañana el cierre de la tranquera y la ubicación de los trabajos nuevos de PAE en un campo lindero, al que accede necesariamente por la tierra ocupada por décadas por la familia Muñoz.

Enrique Muñoz, ocupante de tierra fiscal reconocido por la provincia, exige hacer valer sus derechos como superficiario por el impacto que produce el uso del camino interno sobre la hacienda en plena parición de las chivas madres. Tiene un acuerdo por el funcionamiento de un pozo de petróleo convencional que saca seis camiones de petróleo crudo en promedio diario. Este mes PAE inició trabajos para el montaje de un segundo pozo, lo que aumentó notablemente el movimiento de vehículos pesados y personal, aseguró el poblador.

Francisco Jamardo, representante legal de la empresa del grupo Bulgueroni, requirió ante el fiscal Diego Fermín Azcárate que disponga el libre acceso por el puesto Muñoz al yacimiento Cánepa, según consta en la copia de las actuaciones. La policía de Rincón de los Sauces notificó al criancero del comienzo de las actuaciones de la Fiscalía y constató el cierre de la tranquera y la ubicación del yacimiento adjudicada a PAE el año pasado. La presentación judicial no identifica a las empresas tercerizadas que hacen el movimiento de alto impacto por el que reclama Muñoz.

El abuelo de Enrique inició la ocupación del campo, que luego continuaron sus padres ahorareubicados en un espacio distante a pocos kilómetros. El poblador de 40 años, junto a su esposa y cuatro niñxs, cría una majada de 70 chivos, una decena de vacas para carne y otros tantos caballos. El camino en discusión son seis kilómetros que conectan con la traza de la antigua ruta 8.

El paraje Aguada del Chañar está a unos 150 kilómetros al nor-oeste de Neuquén y a 65 al sur- oeste de Añelo. El petróleo se extrae de un campo vecino a Muñoz y se lo transporta en camiones hasta un depósito en Añelo, para lo que es imprescindible el uso constante de un camino interno de tierra.

El jueves de la semana pasada Muñoz cerró temporariamente la tranquera y conversó una vez máscon Jamardo. Al no obtener respuesta positiva, el lunes 13 a primera hora cerró con candado la única tranquera de acceso, según el detalle que nos brindó.

Fotos de la familia Muñoz:

Por Susana Lara / Tramas – Periodismo en movimiento .- El intenso movimiento provoca mortandad en el parto de la hacienda. Esta mañana puso candado a la tranquera. Tercerizadas contratan personal de La Pampa.

Un criancero de la zona de Añelo, Neuquén, cerró las tranqueras de su campo para impedir el ingreso de empresas de servicios petroleros. Para resguardar el período de parición del ganadero caprino, Enrique Muñoz, poblador del paraje Aguada del Chañar, no permite el ingreso de las empresas contratistas que iniciaron la obra de un nuevo pozo de hidrocarburo convencional en un campo vecino, al que se accede sólo por las tierras de Muñoz.

El campo de esta familia está en medio de la actividad del lote Aguada del Chañar con importantes resultados en la perforación de Vaca Muerta como La Amarga Chica y Bajada del Palo. El bloque contiene dos yacimientos: Loma Colorada (gas) y Bosque Chañar (petróleo). Vecina está el área Cánepa otorgada el año pasado a Pan American Energy (PAE) para no convencionales https://www.energianeuquen.gob.ar/noticias/neuquen-suma-una-nueva-concesion-hidrocarburifera/.

Desde el año pasado Muñoz tiene un acuerdo de servidumbre de paso de un promedio de seis camiones diarios de un pozo convencional, del que se saca crudo que se transporta a uno 60 kilómetros. Desde este mes, la concesionaria inició trabajo para un segundo pozo en ese mismo campo, con tareas proyectadas a febrero/marzo del año próximo, lo que supone alto movimiento de camionetas y camiones con personal y materiales. Este movimiento no está comprendido en el acuerdo de fines del año pasado por el uso de lunes a sábado de un camino de tierra de unos 6 kilómetros precisó Muñoz.

El campo usa agua de perforación, que se mantiene en buena cantidad y calidad desde que YPF paralizó su actividad a pocos metros de la casa, la que se reanudará próximamente, según anuncios recientes.

En un intento de negociación, Muñoz pidió a la empresa contratista de la obra civil que emplee a unos sobrinos desocupados, a lo que se negó argumentando que contratan las cuadrillas de personal completas en La Pampa. La mala predisposición de las contratistas se vió en situaciones graves, como en la gran nevada del año pasado cuando no accedieron a usar las máquinas grandes para despejar el camino para que ingresen al campo los Bomberos de Añelo con ayuda de leña y alimentos, recordó el criancero.

Por Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC) .- En los últimos meses asistimos a un debate centrado en la relación entre ambiente y economía. Existe una visión para la cual la economía es prioritaria y está desligada del ambiente, sobre el cual a lo sumo genera impactos de mayor o menor escala. El argumento para (des)jerarquizar las dimensiones culturales, ambientales, sociales es sencillo: el problema de la restricción externa en Argentina es prioritario, es decir, el país necesita dólares. De aquí se desprende una supuesta dicotomía entre ambiente y desarrollo. Sin embargo, hoy los conflictos ecosociales y la economía están indisolublemente ligados y las divisas igualmente se fugan sin mayor restricción. Esta publicación fue realizada en el sitio de la Fundación Rosa Luxemburgo.

¿Cómo se plasma la disputa sobre el desarrollo en relación al litio? Los altos precios de este elemento químico (que como tal puede perfectamente quedar eximido de la regulación netamente minera), han generado un imaginario en el cual las provincias del Noroeste argentino estarían destinadas a experimentar un sendero inequívoco de desarrollo económico, básicamente por estar “sentadas sobre la riqueza natural”, por concentrar las mismas más de un 21% de los recursos mundiales. A esta idea que le atribuye propiedades mágicas a la posesión del recurso, nosotrxs contraponemos: ¿cuál es una “noción de desarrollo” que deberíamos considerar deseable si al litio nos referimos? Pues bien, desde nuestra óptica, el litio es relevante si permite simultáneamente ser extraído sin violar los derechos que tienen las comunidades originarias a la consulta previa libre e informada y al mismo tiempo con técnicas que no generan stress hídrico ni daños irreversibles en el ambiente. Desde ese punto de partida y premisa, que no debe ser mutuamente excluyente con lo económico, debe habilitarse: una genuina captura de renta por parte de sectores amplios de la población, generación de empleo de calidad, ascenso en la cadena de valor y romper con los esquemas de dependencia tecnológica de los países centrales e incluso contribuir a superar los problemas de la restricción externa.

En este artículo vamos a explorar por qué motivos jurídicos y económicos pensamos que existen dos grandes elementos que atentan contra el éxito de Argentina en todas esas dimensiones sobre el desarrollo. Los mismos son la configuración de la cadena global de valor de las baterías de litio y el marco regulatorio al cual el mismo está sujeto desde la década de 1990. Las políticas actuales del Ministerio de Desarrollo Productivo, podrían ser consideradas un tercer elemento.

Rentas

Veamos más de cerca lo que sucede con el litio. Bajo el objetivo de hacerse del elemento químico en la Argentina hay dos proyectos en operación, uno próximo a ponerse plenamente en marcha y más de 50 otras iniciativas de empresas extranjeras en diferentes estadíos previos. A todo ello se le suma que cada rincón de todos los salares está pedimentado. Es decir que, si una compañía con participación estatal como es YPF quisiera participar, hoy no tiene espacio ya que todas las áreas circundantes a los salares están concesionadas (o más bien capturadas). El récord mundial de cantidad de proyectos litíferos que tristemente ostenta la Argentina se debe a que ningún país ofrece tantas facilidades y beneficios a las empresas extractivas. ¿Cuáles son, en resumidas cuentas? Las empresas mineras se llevan uno de los recursos estratégicos más codiciados del mundo, casi sin costo: pagan magras regalías a las provincias, siendo las mismas corporaciones las que determinan en sus propias declaraciones juradas el equivalente al 3% del valor en boca de mina. Este último surge de la cotización del mineral extraído, menos los costos de ello que declaran las propias empresas. Del mismo modo, por la Ley de Inversiones Mineras ostentan estabilidad fiscal por 30 años y gozan de un abanico de beneficios fiscales, deducciones, exenciones sin parangón en otras actividades. También son beneficiadas por reintegros de exportación, que tienen porcentajes superiores a los que terminan erogando como regalías a las provincias. El Código de Minería, redactado a principios del siglo pasado y reformado durante la década de 1990, es el marco legal que habilita que los pedimentos puedan ser comercializables, en cuanto son algo concesible.

Tampoco existen condicionamientos sobre las únicas dos operadoras que extraen el mineral de los salares ni sobre el modo en que éste se exporta. A mayor grado de pureza, mayor valor, pero el país permite que se exporte casi agua, con porcentajes menor del recurso. El litio tiene distintas etapas de procesado, de manera tal que Livent, desde Catamarca, lo exporta en forma de cloruro de litio para que pueda ser procesado hasta obtener litio metálico o butil litio en China, EUA, Londres o India o como carbonato de litio para la obtención de hidróxido de litio en los dos primeros países. Y estamos hablando solo de química primaria. Este esquema donde la operadora se vende a sí misma, será replicado pronto también por Orocobre desde la provincia de Jujuy, donde la tendencia es exportar carbonato de litio menos procesado para abastecer una planta propia de hidróxido de litio en Japón. Es así que la agregación de valor se lleva adelante en las filiales centrales de las compañías del Norte global, configurando un escenario de control tan marcado que, finalmente, terminan vendiéndose el producto a sí mismas lo más barato posible. Esto deriva en que, cuando en el mercado mundial se pactaban precios incluso superiores a los 10 mil dólares por tonelada, el precio de exportación promedio de la Argentina fuera la mitad. Es esta configuración y articulación entre el marco jurídico de explotación de la Argentina y funcionamiento de la cadena global de valor lo que obtura incluso que el litio sea una fuente de divisas para afrontar la restricción externa, e incluso recaudación fiscal para la Nación y en especial para las propias provincias desde las cuales se extrae.

En suma, la minería de litio no representa un ingreso significativo de renta en el país, sino que las empresas tienen todas las condiciones garantizadas para poner en marcha los más convenientes esquemas de negocios para sus intereses en desmedro de la situación ambiental y social de los territorios. Todo esto sin incorporar en nuestro análisis otros proyectos extractivistas de megaminería a cielo abierto que, en algunos casos, resultan linderos a los de litio. Las condiciones en las que se propone avanzar sobre los salares, obturan el ascenso en la cadena de valor, y también provocan el retroceso. Lo que venimos explicando sobre el retroceso de la Argentina hasta en el procesamiento de la materia prima ha llegado al extremo en 2020, con el inicio de operaciones en pequeña escala de un Proyecto en el Salar de Diablillos, Salta que inició la exportación del agua de los humedales altoandinos: con litio en solución al 35% (122 toneladas a China que podrían pasar a ser unas 8000 en 2021).

Técnicas de extracción

La situación no termina aquí, ya que la técnica de extracción y obtención de litio más extendida -que las eligen según su modelo de negocio- utiliza una cantidad de agua que hace peligrar la vida del lugar y sus ecosistemas y genera toneladas de residuos. Quienes realizan el estudio de impacto ambiental son contratados por las mismas empresas; no reportan problemas serios, pero prohíben la entrada de investigadores independientes en sus áreas de concesión. Las comunidades del lugar no gozan de ninguna posibilidad de decisión o participación y los empleos asociados a la actividad son mínimos y, en su mayoría, de escasa especialización. Asimismo, existe otro punto central vinculado a las supuestas potencialidades de desarrollo: Las firmas extractivas no tienen obligación de agregar valor a nivel local, ni utilizar tecnología local ni transferir tecnología, y aquellas exiguas rentas litíferas no fomentan ninguna financiación al sistema científico argentino, imprescindible para el desarrollo de tecnologías y formación de recursos humanos que permitan crecer en la cadena de valor. De hecho, al personal de institutos del sistema de CyT de Argentina le resulta casi imposible obtener salmuera o sales para sus propias investigaciones. En definitiva, la lista podría extenderse, pero evidentemente no hay mucho para discutir, y demasiado para cambiar.

Corset jurídico-político

Ahora bien, una pregunta razonable sería pensar por qué es posible diagnosticar un panorama tan sombrío. En primer lugar, la respuesta reside en que se mantiene intacto el armazón jurídico político neoliberal expresado en el Código de Minería, la Ley de Inversiones Mineras, y la Constitución de 1994, que le otorga el dominio de los recursos a las provincias. Estas reformas fueron propiciadas por los organismos multilaterales de gobernanza económica como el Banco Mundial y vehiculizadas por las fuerzas neoliberales locales. Este marco no beneficia a amplios sectores populares en las Provincias dónde se radican los proyectos, sino a grupos reducidos, que son quienes hoy se muestran más resistentes a un cambio legislativo. Las mismas no están dispuestas a perder estas prerrogativas, pero además son ellas las que tienen las pertenencias esparcidas por las provincias a la espera de que grandes capitales las compren o inviertan, de modo que defienden este esquema como propio, porque en definitiva les es propio. Participan, a su vez, de todo un entramado gris de circulación de dinero a partir de los beneficios que ofrecen para la explotación de los recursos.

El traslado de la gobernanza general de los recursos a las provincias ha tenido por efecto exitoso crear una escala intermedia de élite, atada a la lógica de subordinación nacional y valorización global. Siendo así, ¿por qué el gobierno nacional no reafirma la soberanía sobre los recursos? Sucede que hay una alianza entre un sector de la coalición gobernante a nivel nacional con los poderes provinciales que inhibe la posibilidad de transformaciones de peso, a riesgo de fragilizar la coalición de poder. En este sentido, se prefiere apostar de manera conservadora a una supuesta estabilidad que obliga a un equilibrio inestable permanente, a llevar adelante una acción de más fuerza que verdaderamente se encamine a resolver los problemas estructurales.

Ausencia de política, falta de creatividad

Paralelamente, el predominio de la mirada economicista que conlleva una atención sesgada y reduccionista de las variables económicas lleva a priorizar estabilidades fiscales, los designios de las grandes empresas, y pensamientos arcaicos y perimidos acerca de lo que es un proyecto de país. En este sentido, no se posee el pulso y el valor político para enfrentarse a los sectores dominantes para así encontrar soluciones de fondo a los problemas centrales. Cuando hablamos de extractivismos, nos referimos precisamente a esto, una metodología de intervención de los territorios donde no solo prevalece el reduccionismo y el enfoque economicista garantizando el daño irreversible del ambiente, sino también una red de marcos jurídico-legales que facilitan y promueven la maximización del beneficio para grupos concentrados de poder. Dentro de esa propuesta, no hay lugar para discutir aspectos tales como la propiedad de la tierra, los consumos de agua por parte de las industrias, la violencia institucional ante comunidades, los procederes racistas, el reforzamiento de roles de género opresivos y la especulación en la concesión y compra/venta de los pedimentos mineros. Es decir, la ausencia de discusión de las causas de fondo de los conflictos ambientales es premeditada y provoca en consecuencia, una falta de creatividad acerca de políticas públicas transformadoras posibles que se vuelve cada vez más preocupante.

El modelo extractivista y el entramado de poder que lo sostiene son la causa de la restricción externa, la causa de un modelo de exclusión que sume en la pobreza a las mayorías, y la causa por la cual la Argentina no tiene ningún proyecto de posdesarrollo a tono con la realidad del siglo XXI. El litio debe ser parte de una estrategia de gran porte para que la Argentina se adentre en el control público de la transición energética (el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina planteó la necesidad de crear una Agencia Nacional de Energías Renovables, por ejemplo). No solo no estamos emplazando un patrón de pos-desarrollo que se asiente en la economía ecológica y popular que vendrá, ni siquiera hace pie el desarrollismo productivista del siglo pasado que con tanto esmero defienden. Sin una política de transformación en sentido fuerte, triunfarán solo las corporaciones globales y así se consolida la neodependencia del siglo XXI.

Por Pablo Bertinat / El Cohete a la Luna .- La transición energética popular y la necesidad de bajar el consumo de combustibles fósiles. El paradigma de la transición energética, si es que existe, corre un grave riesgo de verse apropiado por las grandes empresas, de ser banalizado y puesto al servicio del actual sistema de reproducción social que pretende perpetuar las relaciones de poder existentes, entre ellas el rol subordinado de los países periféricos a un orden establecido.

El gas ya ha jugado su rol como combustible puente en la Argentina. Foto Télam.

En contrapartida, las dinámicas de transición energética popular diversifican las posibilidades para colocar sobre la mesa opciones poco analizadas.

Entre los discursos instalados de la transición energética se encuentra el de los combustibles puente, es decir la aceptación de que si bien todos desean un avance hacia fuentes renovables de energía, algunos postulan que en este proceso hay fuentes fósiles que están llamadas a jugar un rol preponderante para la transición a las renovables.

Es cierto que ello tiene un fundamento claro, y es el de abandonar primero aquellos combustibles que tienen más emisiones específicas de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, es imperioso abandonar rápidamente el carbón y el petróleo. Así algunos sectores ven al gas como una alternativa en este proceso de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Probablemente esto tenga algún sentido en economías altamente intensivas en carbón y petróleo. Pero no es el caso de la Argentina.

El gas no es un combustible puente en la Argentina

En el año 1970, la oferta interna primaria de energía era de 30.479 miles de TEP[1]. Dentro de esa oferta, el petróleo representaba el 73% y el gas natural un 18% de la matriz argentina. Cincuenta años después, con una oferta primaria de más del doble (70.558 miles de TEP), el peso del petróleo se redujo al 29% mientras que el gas creció al 55%.

Estos datos expresan que el gas ya ha jugado su rol como combustible puente en la Argentina. Hoy debemos pensar cómo bajar la intensidad de consumo y el peso de los combustibles fósiles, y el gas en rigor es el más utilizado en nuestro país. Más allá de que hemos transicionado a un combustible con menores emisiones específicas, las emisiones totales, las que de verdad importan, han crecido. Esto nos obliga a poner en primer lugar la disminución de la proporción fósil de nuestra matriz energética, que sigue teniendo un peso mayor al 84%.

Por tal motivo, es importante no subyugarse ante el discurso de los países desarrollados y el lobby hidrocarburífero que pretende fortalecer sus activos fósiles, ahora de la mano del gas, y perpetuar por algunas décadas algo que puede cambiar más rápidamente.

El problema de la transición no se asocia solamente a los combustibles utilizados sino que, en muchos casos, las claves se encuentran en el desarrollo de la infraestructura asociada a los combustibles fósiles. Algunas razones de la expansión de los fósiles en el planeta fue su alto contenido energético por unidad de volumen y/o peso, la posibilidad de ser acumulados y transportados con relativa facilidad frente a otros energéticos. Esto estuvo directamente asociado a grandes inversiones en infraestructura, que en la mayoría de los casos se ha hecho con dineros públicos para beneficio de grandes corporaciones.

Sobre los senderos de la transición

El 8 de agosto se anunciaron para la Argentina importantes inversiones de dineros públicos: 1.559 millones de dólares en sólo dos años para realizar obras de transporte y distribución de gas, cuyo objetivo es reducir las importaciones de GNL que tanto impactan sobre la balanza comercial en un contexto de restricción externa luego del endeudamiento producido durante el macrismo. Según los anuncios, estas obras permitirían incrementar la capacidad de transporte de gas desde Neuquén en aproximadamente 10 millones de metros cúbicos por día.

Serían 1.559 millones de dólares para enterrar infraestructura de caños, un negocio en sí mismo que perpetúa un modelo energético dependiente del gas.

Es claramente una propuesta de acción asociada a una concepción de política energética. La misma atiende la necesidad de reducir importaciones pero consolida una infraestructura gasífera.

¿Es posible atender la necesidad de reducir importaciones y a la vez descarbonizar? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué se evalúa? ¿Qué alternativas se contemplan? ¿Cuál es el objetivo de esa política?

Supongamos que el objetivo político, que compartimos, sea evitar la importación de GNL. ¿Tenemos opciones? ¿Se trata sólo de sostener el consumo en esos términos? ¿Es posible satisfacer esos usos del gas de otra manera?

Entendemos que las opciones son múltiples si logramos desprendernos de algunas ataduras epistemológicas y sólo proponemos algunas.

Opciones fuera de la agenda de mercado

En este caso bosquejamos algunas opciones desde el sector de consumo.

• En la Argentina se utiliza para el calentamiento de agua sanitaria de uso doméstico casi el 10% de todo el gas consumido en el país. Los consumos pasivos de calefones y termotanques (los pilotos) utilizados en el país pueden ser superiores a 4 millones de metros cúbicos de gas por día. Podríamos inferir que casi la mitad de la inversión anunciada la podríamos resolver sólo eliminando los sistemas de llama piloto de estos electrodomésticos.
• La mayoría de los calefones y termotanques en uso en el sector residencial son de muy baja eficiencia. Un recambio de equipos por calefones y termotanques clase A (más eficientes) permitiría un ahorro de 3,6 millones de metros cúbicos de gas por día, proceso que incentivaría el sector de línea blanca y que sumado a los pilotos se acerca a los supuestos beneficios del gasoducto.
• El programa Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anuncia la instalación de sistemas solares térmicos híbridos, 120.000 viviendas que calentarán el agua con sol y un poco de gas o electricidad. Esto implicará un ahorro anual de 20 millones de dólares por menores necesidades de importación de gas.
• Si se desarrollase un mercado residencial de estos equipos solares térmicos híbridos, de modo que atendiera la demanda de aquella población sin acceso a la red de gas, se podrían dejar de consumir 4,6 millones de metros cúbicos de gas por día.
• Sabemos que la eficiencia energética es difícil de “vender”. El trabajo realizado por Gil, Giovagri y Codesiera nos indica que si redujéramos un 50% las pérdidas térmicas en la mitad de los hogares de Argentina lograríamos ahorrar 11 millones de metros cúbicos por día de gas.

Todos los ahorros indicados no son durante un año, son desde que los implementemos en adelante.

El ahorro potencial es enorme si consideramos que la opción original del gasoducto no termina con la inversión en el mismo, sino que luego, año a año, hay que pagar el gas y consolidar emisiones.

Entonces, ¿por dónde vamos?

Primera observación, tenemos múltiples opciones de políticas energéticas, muchas con dificultad para vislúmbralas porque no son alternativas de consumo sino de evitar consumo, y esto no implica que no se genere empleo o trabajo alrededor de las mismas.

Sin dudas es más complejo discutir cómo no consumir energía en lugar de dar rienda suelta a una demanda sin sentido. Pensar en consumir menos es disruptivo, rompe la concepción mercantil capitalista de la energía, nos pone frente a un escenario que desconcierta la visión corporativa de la energía.

Lo segundo a observar es que en este ejercicio sólo analizamos cómo actuar sobre menos del 10% del uso del gas, una fracción mínima de la matriz energética. Dimensionemos que pasaría si bajo esta lógica trabajáramos sobre las opciones para el sector transporte o para el sector industrial, para el sector público y el comercial o la generación eléctrica.

La transición energética popular se asienta sobre la idea de desprivatizar, de fortalecer las diversas formas de lo público, lo participativo y lo democrático. Se asienta sobre la imperiosa necesidad de superar la desigualdad, la inequidad, las pobrezas energéticas, de reducir en este marco la utilización de energía, lo que implica redistribuir y a la vez desfosilizar las fuentes energéticas utilizadas. Plantea la necesidad de descentralizar y democratizar los procesos de decisión en torno a la energía. En definitiva, se trata de recuperar la idea de la energía como una herramienta para mejorar la calidad de vida en un contexto de límites y desigualdades. Opciones tecnológicas hay muchas. Números locos también.

* El autor integra el Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario.

Referencias:

• Las transiciones energéticas, de Pablo Bertinat y Jorge Chemes, en El Cohete a la Luna, 18 de julio de 2021.
• Balances energéticos nacionales, Argentina.gob.ar
• Gil, Salvador. Sector Residencial, Agua Caliente Sanitaria, Abril de 2021. GFA, Fundación Bariloche, CEDDET, Nixus.
• Gastiarena, M., Fazzini A., Prieto R. y Gil. S. Gas versus electricidad: uso de la energía en el sector residencial, Petrotecnia, abril de 2017.
• Bertinat P. y Chemes J., Alternativas al fracking. EJES (2017)
• Gil, S., Giovagri, P. & Codesiera, L. (2015), El Gas Natural en Argentina. Propuestas 2016-2025.

[1] Toneladas equivalentes de petróleo.