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El informe se presentará el 9 de junio desde las 17 en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. Además, se transmitirá en vivo por youtube.com/obpetsur.
“La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, el organismo de control de la actividad. Esa información fue obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) en respuesta a dos pedidos de informes de enero de 2021.
El trabajo demuestra que Comarsa se apropió ilegalmente de tierras fiscales para acopiar en “piletas clandestinas” grandes cantidades de residuos peligrosos provenientes de la explotación mediante fracking. Además, la documentación oficial corrobora que la empresa mintió en reiteradas oportunidades sobre el volumen de los residuos acopiados y que también en la planta de Añelo Comarsa cometió graves irregularidades.
“Comarsa instaló piletas clandestinas para el acopio de residuos peligrosos, acumuló grandes cantidades de materiales contaminados en suelo sin impermeabilizar e ingresó un volumen de residuos mucho mayor que la capacidad de tratamiento declarada”, sostuvo Esteban Martine, redactor del informe por La Izquierda Diario.
Por su parte, Cecilia Bianco, de Taller Ecologista destacó: “En varias ocasiones las inspecciones corroboraron las emisiones de humo negro y la ausencia de monitoreo en los hornos incineradores, lo que dejó expuesto, una vez más, la pésima gestión de los residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud de la población por afectar la calidad de aire con sustancias químicas tóxicas”.
“La propia información de Ambiente demuestra lo que distintas organizaciones y vecinas y vecinos de la ciudad venimos denunciando hace más de 7 años: El fracking genera tantos residuos que son imposibles de tratar. También quedó comprobado el desprecio que tiene Comarsa por la vida en general y que los distintos gobiernos han respaldado”, señaló Fernando Cabrera, redactor del informe por el Observatorio Petrolero Sur.
En tanto, el diputado provincial Andrés Blanco (PTS/FITU), quien aportó las actas analizadas, sostuvo: “Queda demostrada la absoluta complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales con el accionar contaminante de Comarsa a quien le renovaron una y otra vez los permisos como Operadora de Residuos Especiales. La Municipalidad le cedió tierras a $35 el metro cuadrado, previamente ocupadas y contaminadas. El gobierno nacional continúa subsidiando a las petroleras que operan en Vaca Muerta, que son las generadoras de los residuos. Por eso decimos que el Estado es responsable junto a las empresas del desastre ambiental de los basureros petroleros”
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17, en audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
El Irish Centre for Human Rights y la Universidad Nacional de Irlanda publicaron recientemente una investigación detallada sobre las Consecuencias de la extracción no convencional de petróleo y gas en materia de derechos humanos.
El informe, realizado por Rowan Hickie y Bridget Geoghegan, destaca que el fracking tiene consecuencias de amplio alcance para una cantidad importante de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la vivienda, al acceso a la información, a la participación pública y a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. La violación de estos derechos, advierten los autores, repercute desproporcionadamente en las comunidades y los grupos marginalizados y vulnerables.
La investigación, que analiza las responsabilidades del Reino Unido respecto de estas violaciones, entre sus conclusiones afirma: “El fracking, debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero, a su contribución al cambio climático y a los efectos directos ambientales, sociales y de salud pública para las comunidades cercanas, supone una cantidad importante de amenazas al goce y ejercicio de los derechos humanos”. Y en ese sentido, Hickie y Geoghegan subrayan: “A la luz de los numerosos derechos humanos que el fracking vulnera a nivel internacional y regional, es difícil creer que las operaciones de fracking que ha propuesto el Reino Unido puedan llevarse a cabo sin infringir sus obligaciones en virtud de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos”.
Algunos de los tratados y convenios referidos en el informe son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Argentina es signataria de esos tratados y convenios, la pregunta inevitable es: ¿las operaciones de fracking en nuestro país se llevan a cabo sin infringir las obligaciones emanadas de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos?
Por Redacción Dar La Nota .- Esta tarde se estrenó la obra «Drácula y el colmo del Fracking» que parte de la iniciativa del Observatorio Petrolero Sur. Los tres capítulos ya están cargados en su canal de Youtube y se puede ver de manera gratuita. El relato está ligado a la Patagonia y también a la región de Vaca Muerta y Allen.
«Drácula y el colmo del fracking» es un trabajo destinado a las infancias, una adaptación libre del cuento El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula de Martín Crespi y Diana Chereau.
La propuesta consta de tres capítulos y acompaña la historia relatada en el libro, en la que este personaje atraviesa un proceso de concientización sobre los impactos del extractivismo en nuestro país y dialoga con las infancias para buscar alternativas.
En cada capítulo, un Conde Drácula renovado y vegetariano observa el avance del extractivismo en su territorio y comienza a alarmarse con las noticias que llegan sobre los efectos de esta actividad. Drácula va directo a las zonas de sacrificio, dialoga con animales como Juanita La Garza, y hasta tiene un encuentro con un dinosaurio rapero, Pablo Rex, que a través de su música describe el impacto de la contaminación petrolera.
En cuanto a su realización, este trabajo contó con la producción de El Colmo Títeres y el Observatorio Petrolero Sur, la realización del Colectivo Vaca Bonsai y la colaboración de Fundación Green Grant, Fundación Heinrich Boll Stiftung Conosur.
Por Ulises Crauchuk / La Izquierda Diario .- Con una transmisión en vivo por el canal de youtube del OPSur, realizadores y productores del corto infantil sobre el fracking contaron los motivos de esta propuesta audiovisual para que las infancias conozcan la política extractivista que amenaza el agua, el aire y la salud de millones.
Que el cambio climático se ha instalado como una preocupación presente en nuestra cotidianeidad, está fuera de discusión a pesar del negacionismo instalado desde las propaladoras mediáticas de las grandes corporaciones contaminantes y el discurso de la responsabilidad individual de los Estados.
Inmensa cantidad de materiales se han publicado al respecto y con solo googlear “cambio climático”, 8 millones de entradas aparecen en menos de un segundo. Un tema tan transversal para millones en el mundo ha llevado a la necesidad de explicar a los más pequeños de qué hablamos y cuáles son sus causas y efectos. Algo difícil de resumir cuando debemos explicar cómo buena parte de los animales de los cuentos infantiles están amenazados en su existencia, adonde va la basura, porque el agua está en peligro, porque cierta comida no es comida, o incluso de donde proviene la actual pandemia.
En el caso de los diferentes tipos de extractivismo, la cosa se vuelve más compleja. Explicar que los intereses de empresas y Estados están envenenando del aire y el agua esenciales para la vida de todes, puede resultar engorroso por lo perverso del asunto, y por lo desolador de la realidad.
Por suerte en los últimos años infinidad de libros, películas y cuentos han aparecido para hacer un poco más fácil esta tarea a los adultos. Desde el reconocido corto “Payada pa’ Satán” del año 2013 sobre la megaminería, hasta libros como “Hache y su pandilla salvan Achú Achú” han buscado responder distintos aspectos que hacen a la actual crisis climática y ambiental.
Este jueves 20 de mayo se estrenó a través del canal de youtube del Observatorio petrolero del Sur (OpSur) la serie “El Conde Drácula y el colmo del fracking”, una adaptación del libro de Martin Crespi “El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula” ilustrada por Diana Chereau, de la editorial Pachamamita a fines de 2020 que podes ver acá.
Imagen del libro de Martin Crespi y Diana Chereau
La serie fue idea y adaptación de la titiritera Natalia Fernández, egresada de la Escuela de Titiriteros de Avellaneda. “Hace un par de años, me tocó vivir una situación que fue reveladora. Viajando con el programa “Subíte al Colectivo”, en Jachal me encontré que los chicos conocían los títeres porque la minera Barrick Gold, que todavía no se había instalado en la zona, había hecho una función donde hablaban a favor de la mina.”
En el vivo que podes ver aquí, realizado para la presentación de la serie, el Conde Drácula preguntaba a Martin Crespi “¿Por qué me hiciste buen tipo?”, y luego fue entrevistando entre capítulo y capítulo a Martín Alvarez Mullally, del OpSur, Javier Galgano, director y parte del Colectivo Audiovisual Vaca Bonsai, y finalmente a su creadora.
Desde La Izquierda Diario hablamos con Martín Álvarez Mullally, miembro de OpSur, ni bien terminada la presentación. “Nosotros damos cursos de formación docente en Rio negro a través de UNTER, y haciendo un curso de formación en Allen, las maestras nos acercaron dibujos de los niños, donde expresaban todo el cambio que padecían con la llegada del fracking. Emisiones, ruidos y temblores que los alteran profundamente y los enferman porque las dioxinas de los venteos causan problemas respiratorios en los niños de la región. A partir de todo eso nos contactamos con Martin Crespi, y quisimos mostrarle estos trabajos que estaban haciendo los niños en contraposición a la campaña que estaba haciendo YPF y Chevrón en la zona. Ellos tienen un cine móvil en 3D, e infinidad de materiales para las aulas donde pregonan un discurso cínico de ecología individual, Hacían cursos de formación docente con material, en hoteles de Bariloche, con toda la planificación armada, y muchas docentes nos decían que no tenían material para trabajar la realidad que se vivía en el territorio. A partir de ahí empezamos hacer todos los contactos para hacer este material. Mucha gente no se pregunta de dónde viene la energía, y a costa de qué.”
A pocos días de que el senado apruebe una ley de educación ambiental que a su paso por el congreso despertó críticas desde diputados del FITU en torno a dejar la puerta abierta al financiamiento privado por parte de corporaciones responsables de la contaminación, la referencia resulta reveladora del accionar del lobby corporativo y estatal.
“Hay un discurso perverso, que los libros de Martín Crespi toman, donde Monsanto te dice que quieren salvar al mundo del hambre y hacen desastres, mientras te venden todo lo contrario”, dice Natalia, que está preparando una nueva obra vinculada a la problemática alimenticia y el agro negocio con su compañía El Colmo Títeres.
De hecho buena parte de la obra de Crespi está centrada en esta temática, que desasrrolla desde el personaje de un Conde Drácula vegano, que ha abandonado la sangre por la huerta.
“El Estado ha tenido una política profundamente agresiva hacia el movimiento socio ambiental, los territorios afectados, con atisbos sumamente graves de negacionísmo. YPF lo ha negado y nos ha tildado de eco terroristas radicales, enemigos del progreso, cuando hablábamos de que se generarían sismos y hoy estamos con más de 200 en la zona donde se desarrolla el fracking. Nosotros planteamos la generación de energía, discutiendo para quiénes y cómo, no a costa dé”, completa Martín.
La apuesta del corto es despertar el interés de las infancias en torno a la problemática ambiental y la posibilidad de las energías alternativas, algo que queda abierto en el final donde Pablo Rex, el rapero MC-Rex, deja en claro: “esto recién empieza, y ustedes chicos, tienen mucho por aprender y hacer”.
”Solamente desde un lugar independiente se puede decir estas cosas” agrega Natalia, y desde La Izquierda Diario, no podemos estar más de acuerdo.
Hemos discutido mucho los procesos extractivos desde la contradicción capital-naturaleza y los desastres ecológicos que acarrea. Un aspecto menos explorado es la determinada forma de trabajo que define la explotación de bienes comunes naturales, que impacta directamente en la vida de las y los trabajadores y promueve una configuración social de los territorios implicados.
Por Fernando Cabrera Christiansen / Opsur* .- Enero. La meseta patagónica, árida, quema la piel bajo la ropa de trabajo. Los arbustos dispersos no superan el metro y medio de altura en la principal área de extracción de shale oil de Vaca Muerta. Enfundados en sus mamelucos, un reducido grupo de obreros monta un equipo de bombeo conocido popularmente como cigüeña. Ariel es supervisor de AESA, una compañía de servicios subsidiaria de YPF. De repente, algo falla, un perno en las alturas se desprende de una grúa y no hay tiempo para nada. Lo aplasta. El personal de salud de YPF intenta reanimarlo. No tienen éxito y Ariel se suma así a la trágica lista, cada vez más larga, de petroleros muertos en su trabajo. Las actividades se detienen en esa área, puerta de ingreso del fracking en América Latina, donde hoy hay más de 500 pozos. Pocas horas después, se reiniciarán. El 7 de enero de 2020 Ariel fue el primer muerto de este período que parece anticipar una reactivación petrolera.
El aumento en la actividad hidrocarburífera y la flexibilización laboral se condicen con el incremento en los accidentes y muertes. En 2017, una adenda al convenio colectivo de trabajo empeoró las ya difíciles condiciones laborales en la explotación de hidrocarburos no convencionales. La modificación redujo la cantidad de operarios por equipos, permitió simultaneidad de tareas, habilitó sostenimiento de la jornada con mayores ráfagas de viento y las actividades nocturnas, entre otras flexibilizaciones. Si bien esos cambios no pudieron imponerse totalmente, al poco tiempo hubo una seguidilla de accidentes mortales. Entre febrero de 2018 y mayo de 2019, ocho operarios fallecieron en distintas circunstancias en Neuquén.
Hemos discutido los procesos extractivos desde la contradicción capital-naturaleza y los desastres ecológicos que acarrea. Menos, en cambio, las formas del trabajo que define la explotación de bienes comunes naturales, los impactos que supone para la vida de las y los trabajadores y cómo ese vínculo promueve una configuración social de los territorios implicados. En lo que sigue buscamos avanzar sobre esa caracterización en el mundo petrolero y particularmente en Vaca Muerta.
Si bien hacia fines de la década del setenta comenzó a registrarse una participación creciente de contratistas privadas en el sector petrolero argentino, eso no modificó la elevada integración de actividades en YPF. En cambio, el rápido proceso de privatización, transnacionalización y tercerización de los ‘90 trastocó profundamente todo el sector y, también, la realidad obrera. Al mismo tiempo que se privatizaba YPF, se multiplicaba la entrega de áreas al sector privado. En porcentajes aproximados, las compañías que más extraen en el país hoy son: YPF (40 % del crudo y 30 % del gas), Pan American Energy (20 % y 14 %, respectivamente), Total y Tecpetrol con el 10 % del gas cada una.
Las petroleras operan -es decir, comandan planes de perforación- en las áreas hidrocarburíferas que las provincias, dueñas del recurso, les concesionan. Son grandes corporaciones con relativamente pocos empleados, ya que tercerizan a empresas de servicios la mayor parte de las tareas. AESA, la empresa donde trabajaba Ariel, es una compañía de servicios subsidiaria de YPF.
Las empresas de servicios se organizan en dos tipos. El primer anillo que rodea al núcleo de las operadoras está compuesto por los proveedores cuyas tareas requieren una mayor carga de tecnologías e innovación: Halliburton, BJ, Schlumberger y Baker Hughes, entre otras. El otro grupo cumplen tareas que requieren menor carga tecnológica: transporte de personal, telecomunicaciones, sistemas sanitarios, alimentación, etc., que no tienen capacidad de desplazar fácilmente su localización, por lo que son extremadamente vulnerables y así como se multiplican en épocas de bonanza, desaparecen en los períodos de retracción de la actividad.
La tercerización, a su vez, dinamiza la fragmentación del espacio de trabajo. Los operarios, más allá de horarios y contrataciones diversas, cumplen tareas específicas para distintas empresas que ensamblan sus actividades para viabilizar la explotación. De este modo, un porcentaje mínimo de los trabajadores del sector está vinculado laboralmente con las operadoras, la mayoría es contratado por empresas de servicios.
Pese a que es una relación laboral caracterizada por mejores condiciones salariales y de contratación que la de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, conlleva extraordinarias exigencias y riesgos. Entre 1990 y 2007 el convenio colectivo se modificó siete veces. “Los convenios colectivos fueron de esta manera un ámbito fructífero de ajuste de los derechos adquiridos en décadas anteriores”, sostiene el antropólogo Hernán Palermo (2012) que investigó las relaciones laborales en YPF. Los riesgos son transferidos a los trabajadores, se debilita la continuidad, los criterios de despido o suspensión se acrecientan, se maximiza el tiempo de trabajo y se reducen las licencias, por nombrar solo algunos cambios.
Las condiciones de inseguridad son una constante en este sector. Referido en particular a la explotación con fracking en Estados Unidos, el compendio sobre impactos sociosanitarios realizado por Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility asegura que este tipo de explotación tiene una tasa de mortalidad de cuatro a siete veces superior al promedio nacional de ese país.
La cartelería sobre seguridad es una constante en los yacimientos. Las empresas asumen oficialmente una postura muy exigente con el respeto a esas normas. Su propósito explícito es conservar la integridad física de los trabajadores. Podríamos suponer que también buscan la continuidad de los procesos extractivos. Pese a todo, los accidentes son cotidianos.
Una mirada crítica sobre las políticas de seguridad laboral permite discernir que esa forma implica una individualización de la responsabilidad. “La empresa no quiere hacerse cargo del riesgo inherente a la explotación petrolera y mediante esa insistencia en la regulación produce performativamente la idea de que si acontece algún accidente es de seguro por algún ‘factor humano’”, sostiene Paolo Paris (2016), investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Por eso los trabajadores no suelen notificar estas situaciones. “Luego de cualquier accidente sobreviene (…) una posible culpabilización de la víctima. Otro motivo es un código de masculinidad (…) la consolidación de las transferencias del riesgo empresario configura una manufactura de la masculinidad”, explica Palermo (2017). Por eso no son informados los accidentes cotidianos, que oscilan entre caídas de varios metros de altura, intoxicaciones o heridas de distinta gravedad.
A través de los relatos de trabajadores, Hernán Palermo (2017) concluye que la noción de masculinidad que se construye en los pozos es, en realidad, un avance en contra de la seguridad de los operarios. Y señala la paradoja de que, desde una posición de jerarquía en términos de género, quien ejerce ese tipo de masculinidad se siente dominante mientras demuestra una profunda vulnerabilidad frente a los intereses empresarios. “La virilidad construye un sujeto prisionero de un ethos que los expone a aceptar ritmos acelerados y a ocultar accidentes a fin de sostener una actitud que termina siendo una carga”, plantea.
A la vez, el autor señala que esos petroleros en sus casas se sienten incapaces de desarrollar una vida sexual satisfactoria y caracteriza a esas masculinidades como infantilizadas. El temor a la infidelidad de sus parejas evidencia la incapacidad de los hombres por controlar los cuerpos de las mujeres, lo que devalúa la masculinidad construida desde esta lógica. Su situación en la casa, es el reflejo invertido del sujeto fabril-petrolero-masculino. La mujer se ocupa de administrar y controlar tiempos y recursos en el ámbito doméstico (incluso el salario del petrolero), garantizando la reproducción de la fuerza de trabajo.
“La industria petrolera es un régimen que ordena la vida, no solo la productiva, sino también la reproductiva”, explica Melisa Cabrapan Duarte, quien investigó las economías sexoafectivas en contexto petrolero. “Hay una intervención en la vida privada y un ordenamiento para que los hombres sean más productivos. Desde ahí construyen una fuerte idea de familia heterosexual, en la que la mujer cumple un rol reproductivo de madre, de esposa y donde el hombre está a gusto para ir a trabajar tranquilo y ser productivo”, señala.
Más allá de las relaciones familiares, cómo estas lógicas empresariales y laborales conforman las sociedades de las localidades donde se asienta la explotación es una pregunta difícil de responder si se pretende evitar las estigmatizaciones poco útiles para analizar los procesos. Hace unos años, al reflexionar sobre lo que implicaba Vaca Muerta en la sociedad neuquina, la investigadora Graciela Alonso, parte de la Colectiva Feminista La Revuelta, analizaba: “La violencia que implica la instalación de esta transformación en las formas de acumulación del capital también implica nuevas violencias en su articulación con el patriarcado y violencias de todo tipo, cada vez más crueles”.
Desde 2011 el debate energético argentino mantiene una constante: la expectativa en torno al desarrollo de Vaca Muerta. Sus 30 mil km², equivalentes a 174 veces la Ciudad de Buenos Aires, se extiende por las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza. Para explotarlos se han concesionado más de 40 áreas en las que se aplica la cuestionada técnica del fracking. Vaca Muerta es al petróleo y gas lo que la megaminería a la minería tradicional: multiplica la intensidad de la explotación y, por tanto, de los impactos para acceder a “nuevos” reservorios.
Este tipo de explotación ocasiona que los vaivenes de la contratación laboral se aceleren de la mano de los de la inversión. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) el sector pasó de 51500 trabajadores en el primer trimestre de 2011 a 67300 en igual periodo de 2015. Es decir, más de un 30% de aumento. A partir de entonces las contrataciones empezaron a descender hasta llegar, a comienzos de 2018, a 58000 cuando los subsidios macristas las reavivaron. En el tercer trimestre de 2019 el sector sumó 63000 empleados cuando comenzó otra caída. Desde la expropiación de YPF parecen alternarse períodos sucesivos de expansión y caída de alrededor de tres años. Estos cambios someten a las sociedades a un estrés permanente: desenfreno en el auge y la depresión en la crisis.
Fuente SIPA.
Neuquén, Chubut y Santa Cruz son las provincias donde hay mayor cantidad de contratación petrolera. La primera es la única que registra un ascenso los últimos años y Santa Cruz es la que cae más aceleradamente.
La actividad hidrocarburífera no genera encadenamientos productivos consistentes en las regiones de extracción. Conforma así “enclaves” en los que las rentas obtenidas fluyen extra regionalmente y donde una serie de empresas de menor tamaño, con frecuencia vinculadas al poder político local, dependen de la contratación de las operadoras. Así, ante la caída en la explotación, los territorios dependientes de la explotación sufren rápidamente las consecuencias socioeconómicas. Por lo que los gobiernos provinciales se convierten en los principales voceros de las petroleras.
Por otro lado, este tipo de explotación implica una baja capacidad de absorción de fuerza de trabajo. Así, en las zonas petroleras, por lo general, la principal rama generadora de excedentes no coincide con la principal empleadora. En relación al total de empleados, pocos son los que están directamente contratados por el sector petrolero. En cambio, gracias a las regalías, los estados provinciales se convierten en los empleadores privilegiados. Esto genera una serie de dificultades para la gestión gubernamental: dependencia, vinculación directa de la economía estatal con los vaivenes de la actividad, expansión en los momentos de auge por acceso a deuda, crisis fiscales recurrentes, entre otras.
Ariel murió en enero. El área donde trabajaba aumentó ese mes un 7,7% la extracción de crudo en relación a diciembre. Estas muertes son la consecuencia más brutal de la búsqueda de maximización de excedentes. Lógica que se erige sobre la flexibilización laboral, una noción particular de masculinidad y cuya renta fluye extra regionalmente, tres ejes fundamentales para comprender la complejidad del desarrollo económico configurado en esos territorios.
Por otro lado, los vaivenes cada vez más acelerados de la inversión someten a estas regiones a un estrés permanente. También, las normas de seguridad y la construcción de género promovidas por las empresas se focalizan en culpabilizar a los operarios ante posibles accidentes y pretende sostener la extracción. Al tiempo que favorecen una lógica de reproducción de la vida que viabiliza la explotación. Todo esto define rudos contornos sociales.
*Una versión de esta nota fue publicada en la revista Marabunta n° 3.
Desde el programa Piedra Libre en Radio La Colectiva dialogaron con Fernando Cabrera (OPSur) sobre la problemática de fracking en la zona de Vaca Muerta y con Natalia Fernández (El Colmo Títeres) sobre la producción El Conde Drácula y el colmo del fracking.
Drácula y el colmo del fracking es una serie con títeres destinada a las infancias, una adaptación libre del cuento El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula de Martín Crespi y Diana Chereau.
La propuesta consta de tres capítulos y acompaña la historia relatada en el libro, en la que este personaje atraviesa un proceso de concientización sobre los impactos del extractivismo en nuestro país y dialoga con las infancias para impulsar la búsqueda de alternativas.
Drácula y el colmo del fracking es una serie con títeres destinada a las infancias, una adaptación libre del cuento El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula de Martín Crespi y Diana Chereau.
La propuesta consta de tres capítulos y acompaña la historia relatada en el libro, en la que este personaje atraviesa un proceso de concientización sobre los impactos del extractivismo en nuestro país y dialoga con las infancias para impulsar la búsqueda de alternativas.
Por Biodiversidad LA .- El trigo es uno de los cultivos que mayor importancia ha tenido en la historia de la agricultura y la alimentación. Esta historia, como todas, es una serie de procesos de relaciones de fuerza, de conflictos, de avances y retrocesos.
En este escrito presentamos lo que consideramos esencial para entender la problemática actual en torno al trigo transgénico HB4 en Argentina, que fue aprobado en octubre de 2020, convirtiéndose en el primer cultivo comercial de trigo transgénico aprobado en el mundo.
Nuestro objetivo es hacer un aporte al debate, presentando el contexto en el que se realiza esta aprobación, así como los argumentos para rechazarla y las voces que se han alzado en su contra.
Con un compromiso que se ha expresado en varios de los movimientos activos en Argentina: ¡Trigo limpio! ¡Con nuestro pan NO!
Este informe pertenece a la serie “Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina” realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
Ante la oleada de proyectos de instalación de energías renovables, Ecologistas en Acción hace públicas sus posiciones sobre estas tecnologías a través de un documento resumen. Es perentorio compatibilizar la necesaria descarbonización de la economía con la protección de la biodiversidad, la justicia social y el equilibrio territorial. La organización recuerda que ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa primando un sistema económico insaciable, que encuentra en las empresas energéticas y en sus grandes proyectos la forma de perpetuar sus beneficios.
Las indicaciones científicas son claras: enfrentar la emergencia climática y garantizar un incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC exigen reducciones globales superiores al 7,6 % anual de los gases de efecto invernadero. Para ello, es fundamental proceder a la inmediata descarbonización de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica un horizonte 100 % renovable con la mayor brevedad posible. Objetivo que no sólo contribuiría de forma ejemplar y responsable a la lucha contra el calentamiento global, sino que supondría una notable mejora para la salud de la población y para la biodiversidad más amenazada por los cambios globales en marcha.
Pero ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas empresas energéticas y en sus grandes proyectos insostenibles la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria. Siendo conscientes de que la lucha contra el cambio climático tiene unos efectos muy beneficiosos contra la pérdida de la biodiversidad, no es menos cierto que el proceso de transición energética no puede ser una amenaza para la vida, ni que no se deben perder especies, ecosistemas o espacios, que son irremplazables o de muy compleja e incierta restauración.
Existe una enorme y peligrosa distancia entre los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030, que prevé para el año 2030 una potencia instalada de 50 GW energía eólica y 39 GW solar fotovoltaica, y los proyectos en tramitación de los permisos de acceso en Red Eléctrica de España, donde a 31 de diciembre de 2020 hay 130,4 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 45,3 GW en tramitación, un total de 175,7 GW, lo que significa que ese volumen de potencia de eólica y solar excede claramente lo recogido en el PNIEC. De hecho, la propuesta de planificación de la red eléctrica 2021-2026 mantiene que “las expectativas de los promotores de nueva generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso […] superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica”.
La falta de planificación rigurosa y vinculante y de instrumentos de selección de emplazamientos adecuados está generando ya hoy la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats y la desaparición de especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas. Principalmente, ante la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones son las empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social.
Si bien es cierto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó a finales del año pasado un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales, no desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a esta caracterización. Incluso se siguen observando deficiencias en ese mapeo, como es el caso de las 10 plantas solares que se tramitan en un hueco “robado” al parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), que continúa siendo un lugar apto en el mapa, a pesar de que ya se puso de manifiesto lo inadecuada que sería esa ubicación.
Tampoco las comunidades autónomas, responsables de aprobar los proyectos de menos de 50 MW, cuentan con instrumentos de planificación y de zonificación creíbles. Como mínimo, las distintas CC AA deberían tener en cuenta el nivel de sensibilidad ambiental, especialmente los indicadores ambientales asociados, y la posible presencia de proyectos meramente especulativos, para modificar en su ordenamiento jurídico y territorial, todas aquellas zonas, en sus diversos grados de sensibilidad ambiental señaladas en la zonificación del MITECO que aún no lo estuvieran, y con especial atención y urgencia a las zonas de máxima sensibilidad ambiental. También deberían incorporar con mayor claridad criterios de exclusión en la implantación de estas energías en aquellos lugares que por valía ambiental, o por situarse en el entorno inmediato a éstos, resulten incompatibles con la conservación de la biodiversidad.
Es precisamente a nivel autonómico donde en estos momentos se están ignorando los problemas ambientales de muchos de los proyectos concretos con un elevado impacto. Son las instalaciones de menos 50 MW las que más están proliferando en el territorio, incluso, siguen repitiendo las malas prácticas de fraccionamiento de los proyectos para evitar la tramitación por el MITECO o bien para evitar la evaluación de los impactos sinérgicos de varios proyectos concentrados en un pequeño territorio. A lo que se suma la actitud de gobiernos regionales como el de Andalucía, que acaba de retirar a instancia de la asociación de promotores renovables andaluces la guía y zonificación de renovables para ocultar los conflictos de muchos proyectos con la conservación de las aves esteparias.
Tampoco se está teniendo en consideración que se van a implantar nuevas tecnologías en energía eólica que no se han evaluado correctamente y que son susceptibles de generar un salto cualitativo de impredecibles consecuencias en la mortalidad de la fauna alada. Tal es el caso, de los grandes aerogeneradores de más 100 metros de diámetro de palas y de más 2-3 MW de potencia.
Ecologistas en Acción sigue denunciando cómo actúan las prepotentes empresas del oligopolio energético, que son las que han dictado las normas del mercado eléctrico y de su desarrollo, empresas que juegan también con el sector de las energías renovables repitiendo los errores que nos ha traído a la crisis planetaria actual. Ante esta realidad, resulta urgente establecer fórmulas que favorezcan los consumos energéticos y eléctricos con beneficios a la comunidad y penalicen los privativos y acaparadores, mediante, por ejemplo, el impulso a la gestión de la electricidad desde la economía social y solidaria, eliminando o reduciendo la tributación de los proyectos energéticos generados desde esta óptica no lucrativa. Se necesita más ambición en este sentido y potenciar esas pequeñas y medianas instalaciones de poca potencia instalada, y que nada pueden hacer en el mecanismo de subastas. Estas instalaciones, de iniciativa municipal, de comunidades energéticas o de cooperativas, cubrirían demandas locales y se perdería poca energía en el transporte.