Una producción del Observatorio Petrolero Sur para seguir pensando la transición energética para el cambio social, que transforme las fuentes y la matriz. Entrevistas a trabajadorxs, investigadorxs y activistas de Argentina, México y Colombia.
Episodio 1 | Transición Justa para vivir, con Ana Julia Aneise, licenciada en Economía y militante de Jóvenes por el Clima.
Episodio 2 | Transición Justa desde los sindicatos, con Cecilia Anigstein, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Episodio 3 | Transición Justa desde los territorios, con Humberto Montes de Oca, de México, que integra el sindicato Luz y Fuerza del Centro.
Episodio 4 | Transición Justa desde el sur, con Laura Maffei, docente y parte de la UNTER, el sindicato de trabajadores de la educación de la provincia de Río Negro.
Episodio 5 | Transición Justa para el cambio social, con Edgard Mojica, Director del Departamento de Organizaciones Sociales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia.
Con este trabajo buscamos generar un diálogo entre el mundo de lxs trabajadorxs y el mundo socioambiental. Hace décadas que se anuncia el fin del petróleo. Pero en los últimos años nos golpeó otra realidad: la crisis climática. La quema indiscriminada de combustibles fósiles está llevando al planeta a un punto de no retorno: la supervivencia de nuestra especie y de los ecosistemas que habitamos, están en juego. La transición energética es el proceso de transformación para migrar de fuentes energéticas contaminantes a fuentes limpias, pero ese cambio no resuelve todo el problema.
A partir de la Caravana #ToxiTourMexico se realizó un informe colectivo que examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación.
Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M. Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.
El informe se sustenta en los resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico) fue una iniciativa impulsada por organizaciones sociales mexicanas que co-convocaron al “Capítulo México” del Tribunal Permanente de los Pueblos, y por el Equipo de Poder Corporativo de TNI. En la Caravana participaron miembros del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, además de activistas y científicas/os de Europa, Estados Unidos y América del Sur. Recorrió más de 2.500 kilómetros en diciembre de 2019, involucrándose directamente con cerca de 50 organizaciones de afectadas/os en seis regiones.
Photo credit Martín Álvarez-Mullally y Colectivo Guardianes de la Cuenca Independencia.
En el informe se evidencia la devastación socioambiental generada por la arquitectura de la impunidad corporativa en este país. Expone hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores.
Uno de los elementos que más impactó a la/os observadores/as internacionales de la Caravana radica en la capacidad de organización y de articulación de las resistencias que han desarrollado las comunidades afectadas en las seis regiones. En pleno año 2020 de pandemia por la COVID-19, y apoyándose en la visibilidad conseguida en parte gracias a la Caravana, estas organizaciones mantuvieron la presión sobre el gobierno. Y en 2021 lograron un avance histórico, que puede sentar un precedente para otras regiones a nivel nacional e internacional. El cumplimiento de los compromisos gubernamentales en ese sentido es tan necesario como urgente, y deben ser objeto de seguimiento por parte de la sociedad civil mexicana e internacional.
El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.
Autoras/es y revisoras/es: Martín Álvarez-Mullaly, Iñaki Barcena, Lucía Bárcena, Lucía Benavides, Lorenzo Bozada, Cristina Caldera, Alan Carmona, Refugio Choreño, Peter Clausing, Thomas Dürmeier, Sofía Enciso, Graciela González, Ralf Häußler, Julisa Hernández, Fabiola Lara, Martin Mantxo, Julia Martí, Cindy McCulligh, Alejandra Méndez Serrano, Laura Méndez Rivas, Rocío Montaño, Bettina Müller, Cecilia Olivet, Mercedes Páramo, Mayra Peña Contreras, Manuel Pérez Rocha, Olivier Petitjean, Federico Pohls Fuentevilla, Alejandra Ramírez Varela, Patricia Rendón, Giovanna Segura, Sabrina Spitznagel, Mónica Vargas, Oswaldo Villegas, los equipos de la Taula per Mèxic y de Multiwatch, y las oficinas de la Eurodiputada Leïla Chaibi y de la Senadora Patricia Torres Ray (Minnesota, Estados Unidos).
Comunicado de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras .- Pronunciamos un rotundo rechazo a la propuesta de Ley para la Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas, presentada el día 15 de septiembre, por el Ejecutivo Nacional.
Este proyecto, sustentado en el falso discurso de alcanzar la soberanía energética para el abastecimiento del mercado interno y la generación de saldos exportables que permitan acumular divisas para el pago de la deuda externa ilegitima y fraudulenta, se plantea como la reactivación del sector de hidrocarburos a lo largo y a lo ancho del país.
De aprobarse la ley, se brindaría estabilidad financiera e impositiva por 20 años a las inversiones del sector petrolero en toda la cadena productiva, además de las exportaciones garantizadas y la libre disponibilidad de divisas para un porcentaje de la producción incremental.
La explotación offshore tendrá beneficios adicionales como un bono fiscal, en función del riesgo y la complejidad de la operación. Dicho sea de paso, ese mayor riesgo implica mayores posibilidades de accidentes y derrames, con los consecuentes impactos ambientales. Además habla de avanzar en la explotación tanto en la Plataforma Continental como en el Mar Territorial, mucho más cercano a la costa.
En su discurso, el Presidente Alberto Fernández dejó bien explicito el sueño de transformar a la Provincia de Buenos Aires en una “empresa/provincia petrolera”, desconociendo el reclamo que las comunidades costeras contra el inicio de la exploración sísmica en nuestro mar.
El anuncio no hace más que reafirmar el destino planificado desde hace muchos años para los territorios costeros, por parte de las corporaciones petroleras y el estado: ser sacrificados en el altar de la industria hidrocarburífera, que además de los graves impactos ambientales y sociales generados, profundiza la matriz energética petróleo dependiente y el cambio climático.
Esta Ley es un paso más para avanzar en el corrimiento de las fronteras hidrocarburíferas, y su aprobación legitima el despojo al que seremos sometidas las comunidades asentadas en los territorios donde existan reservas factibles de ser extraídas.
Nos oponemos a su aprobación. Porque profundiza el extractivismo, el saqueo y la contaminación de los bienes comunes, arrasando con las economías regionales, las actividades sociales y culturales de las comunidades afectadas.
Por otro lado, el día 23 de septiembre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación presentó la Resolución 16/2021 de la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La misma, determina la Suspensión de los plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN100 Y CAN 114)”, presentado por la empresa EQUINOR, hasta tanto se reciba respuesta de todos los organismos que deban ser consultados.
Cabe mencionar que esta resolución se ampara en la presentación hecha el 31 de agosto, por parte de las Cámaras empresarias de la pesca, en la que cuestionan el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de participación ciudadana realizada en ese contexto. Es decir, las corporaciones pesqueras reclaman no perder su lugar en el reparto del mar, y un acuerdo de convivencia entre las dos actividades, y en el peor de los casos un plan de remediación y resarcimiento económico claros, con el Estado Nacional como mediador.
En relación a esto, reivindicamos el proceso de organización y resistencia que venimos gestando a pulmón desde las comunidades costeras. Hemos vencido el cerco mediático y de desinformación, logrando instalar nuestro reclamo a través de las distintas acciones realizadas en estos meses. La Audiencia Pública, a pesar de su carácter virtual y de haberse realizado en medio de la cuarentena sin que la comunidad pudiera informarse sobre estos proyectos y sus impactos socio ambientales, fue una muestra más que contundente del rechazo al avance del extractivismo petrolero sobre el mar. Al igual que lo fueron las movilizaciones y jornadas de difusión llevadas a cabo.
Nuestra lucha sigue vigente, y continuaremos reclamando hasta lograr el rechazo definitivo del proyecto de exploración sísmica presentado por Equinor por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las adjudicaciones de las áreas marítimas concesionadas a las corporaciones petroleras.
El extractivismo petrolero no podrá avanzar hacia el mar, porque la resistencia de las comunidades organizadas lo detendrá.
¡Somos la ola de un tsunami que se agiganta contra las petroleras en el mar!
¡Fuera el extractivismo de nuestrxs cuerpxs y nuestros territorios!
Renovables en las políticas públicas fue el segundo encuentro del ciclo Diálogos para la transición. Participaron Santiago Garrido, asesor de la Dirección Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), miembro del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET; Virginia Marchisio, ingeniera química y técnica del área de Biogás de la subsecretaría de Tecnologías para la Sostenibilidad del ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; y Lucas Zanovello, diseñador industrial e integrante del INTA-IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar).
Por OPSur .- ¿A qué necesidades responden los programas y experiencias nacionales al margen del RenovAr? ¿Inclusión? ¿Descentralización? ¿Experiencias piloto? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus dificultades? Estas fueron algunas de las preguntas vertebrales de la charla Políticas públicas para renovables, organizada por el Observatorio Petrolero Sur, en el marco del ciclo destinado a pensar las iniciativas de fomento de las energías renovables y a recuperar experiencias valiosas para la transición.
“La transición energética es un discurso de cambio que se plantea transformar. Es casi la principal discusión relacionada con la crisis climática”, definió Santiago Garrido, el primero de los panelistas en intervenir luego de la introducción a la actividad realizada por Analía Zárate, investigadora del OPSur. Sin embargo, Garrido considera que sigue presentándose de forma sesgada: como si fuera un fenómeno actual y no un proceso de cambio histórico. No necesariamente, sostuvo el integrante de OPDS, la transición energética es positiva: “Hay que trabajar para que sea lo más justa y sostenible posible y no necesariamente más sostenible que la actual”. Tampoco es una mera transformación tecnológica: “Esta idea provoca que se hable de transición energética asociada al litio, electromovilidad e hidrógeno, dejando muchas opciones fuera de la discusión”.
En el mismo sentido, Garrido repasó algunas políticas de fomento de energías renovables en la década de 1980 que no apuntaron a modificar la matriz sino a desarrollar capacidades locales o la inclusión, también mencionó el PERMER, que surgió en 2012 y logró continuidad en el tiempo. Por otra parte, se refirió a la ley de Energías Renovables del 2006, la ley de Generación distribuida y cómo se fue aplicando a través de programas provinciales en Santa Fe, Salta, Mendoza, Neuquén, Misiones y Jujuy. “El problema -aclaró Garrido- es que estos sistemas de generación distribuida quedan reducidos a los usuarios que tienen capacidad de inversión, porque los equipos son costosos. Son programas asociados con el abastecimiento de energía, con que el usuario pueda abastecerse sin mayor expectativa”.
Garrido valoró que “los programas de calefones solares tienen alcance más interesante y complejo que los de distribución de energía, porque están pensados para personas que no pueden acceder a fuentes de energía y porque permiten un ahorro importante”.Podría convertirse, en los sectores populares, en una política de ingreso. “Además de reemplazar la energía de fósiles por renovables, para alivianar el peso de los subsidios en términos de costo fiscal o para reducir las importaciones de gas, si se hace de forma masiva”, explicó y agregó: “Es interesante que los programas de vivienda social incluyan este tipo de tecnología en sus ofertas”.
Para Garrido, si la transición energética justa es mucho más que un cambio de matriz, países como el nuestro se encuentran ante un desafío muy grande: superar la “importación” de casos exitosos. “La transición hoy aparece como una ventana de oportunidad para el desarrollo del entramado productivo y de servicios, como resolución de desequilibrios regionales y para corregir inequidades históricas”, definió. Por eso, sostuvo, es necesario fomentar “redes de soporte muy complejas, acceso a conocimientos técnicos desarrollados, profesionalizar la gestión, pensar en un servicio público que pueda ser comercializado en circuitos de cercanía, salirse de la trampa del asistencialismo en lo energético”. Garrido subrayó que la clave de pensar una transición para resolver asimetrías o inequidades “tiene que ver con pensar soluciones tecnológicas energéticas de alta calidad, pero para los sectores que ahora están siendo excluidos en términos de energía y en materia económica”.
El integrante de OPDS coincidió con les otres expositores en que parte del desafío es alinear políticas complementarias, industriales, regulación o limitación de cierto uso de tecnología en beneficio de otras, entre otros enfoques. Es decir, dar al proceso de la transición una mirada integral. “Eso permitiría un ahorro energético grande. Pensar algo parecido a lo de las lamparitas incandescentes y hacer una prohibición de equipos ineficientes y hacer una política de recambio tipo plan canje y una política industrial para desarrollar la alternativa. Se abre una ventana de oportunidad que incluye no solo financiar sino también, a partir de la regulación incentivar la inversión y habilitar ese cambio. “A partir de ahí, reactivás la economía vinculada con el empleo”, planteó. Actualmente, sostuvo, las políticas hacia la transición están disociadas de esa planificación: “Los estados municipales son los que aprueban nuevas edificaciones y podrían orientar cierto aprovechamiento de energía renovable definiendo características de las viviendas en términos de transición. En la provincia de Buenos Aires existe una norma de calidad constructiva con eficiencia energética para las viviendas pero no se aplica. La ciudad de Rosario intentó establecer que las obras nuevas deberían tener sistemas de calentamiento de agua solar y solamente quedó para el ámbito público por resistencia del mercado inmobiliario”, enumeró.
Mirá el registro de la actividad completa
Virginia Marchisio, ingeniera química y técnica del área de Biogás de la subsecretaría de Tecnologías para la Sostenibilidad del ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe contó la experiencia de acciones llevadas adelante en su gestión, con acento en el programa Biodigestores para FORSU (Fracción Orgánica para Residuos Sólidos Urbanos) en la comuna de Ataliva, de dos mil habitantes, y La Emilia, de mil. También destacó el Programa Educación Energética.
En el primer caso, Marchisio reflexionó sobre problemas de implementación: “Hubo algunos errores técnicos y otros estratégicos. También hubo en algunos casos un desinterés en la tecnología, falta de participación o conceptos erróneos”. Consideró, además, que el modelo de La Emilia en particular tuvo inconvenientes con la clasificación de los residuos. Sobre el segundo programa, destacó el gran alcance y los aportes del proceso, y como dificultades consideró a las cuestiones climáticas, de infraestructura, la falta de comunicación eficaz de la propuesta, el defasaje en la formación docente y la falta de participación en la toma de decisión por parte de los actores involucrados, que tuvo como consecuencia cierto desinterés por la propuesta.
Marchisio, además, estuvo de acuerdo con el planteo de Garrido sobre la necesidad de incentivar el desarrollo tecnológico y profesionalizar, “pero hay que combatir la idea de que por cada falla hay que llamar a la NASA. Hay que pensar en un punto medio y es fundamental armar una red de soporte”. Sobre su caso, explicó que en la gestión anterior Santa Fe tenía una actividad muy fuerte en renovables, pero sin articulación con el gobierno nacional. “En esta nueva etapa, donde somos ministerio de Ambiente, las acciones recién están comenzando. En este momento, aún, no hay articulación a nivel nacional en mi área”, agregó.
Por último, intervino Lucas Zanovello, diseñador industrial e integrante del INTA-IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar). Repasó los institutos para la agricultura familiar del INTA y algunas otras experiencias y explicó: “Uno de los objetivos es conectar organizaciones locales, instituciones, organismos internacionales, sector científico tecnológico y comunidades para abordar múltiples ejes sobre la agricultura familiar”.
Zanovello contó que en el Relevamiento de productores y prácticas de tratamiento de residuos (Plottier y Senillosa, Neuquén. 2017-2019), pudo verse que solo el 4 % de los productores encuestados tiene acceso a red de gas natural y el 62 % a la energía eléctrica. Como cada productor/a produce 800 kg por día de estiércoles, el 82 % podría satisfacer su demanda mediante digestión anaeróbica de estos residuos, explicó Zanovello.
Mientras que al momento de analizar qué falta en el circuito de la energía solar térmica para pensar una política pública a largo plazo, explicó, en línea con los otros dos expositores: “Es necesario construir ciertas capacidades: fabricantes, instaladores, laboratorios, servicios de mantenimiento, regulaciones, capacitaciones, estándares y diseño de instrumentos de financiación”.
Para Zanovello, “todos los casos (nacionales e internacionales) que funcionan con éxito tienen un fuerte apoyo estatal. En el Plan RenovAr, a gran escala, se alinean actores, incluso sacaron leyes para la implementación. Terminó siendo exitosa, porque se aplicaron las cuestiones que comentamos acá pero a gran escala y apalancadas con políticas de financiamiento. De eso podríamos tomar para la agricultura familiar”. De acuerdo con Marchisio y Garrido, Zanovello consideró clave como estrategia la alineación de políticas públicas.
La jornada recorrió el debate por un diseño integral de las políticas de fomento a renovables, las dificultades y los aciertos de las experiencias existentes y, sobre todo, la importancia de la transición energética como una necesidad de múltiples dimensiones. “Es central pensar colectivamente cómo el diseño y la implementación de políticas públicas deben ser abordados teniendo en cuenta complejidades: la vinculación entre las esferas del estado, las tecnologías en diálogo con las necesidades de la población, la importancia de la producción y la planificación a largo plazo”, consideró Analía Zárate, investigadora de OPSur, para concluir el encuentro.
En el marco del impulso a la Ley de promoción de hidrocarburos, la animación Vaca Muerta: el cuento del oro negro y la lluvia verde busca explicar una parte del flujo económico en torno al megaproyecto. Extraer petróleo por medio del fracking promete cubrir el suministro de energía por años y generar riqueza, trabajo y desarrollo nacional. Pero los mecanismos más frecuentes de inversión de las empresas trasnacionales no son lo que parecen. Mirá la animación.
Evitar el pago de impuestos o imponer condiciones que favorezcan su rentabilidad son algunos de sus objetivos, y las consecuencias: fragilidad económica y degradación ambiental. Un trabajo de EJES y el Colectivo VacaBonsai.
(Escenarios y personajes: Ramiro Javier Cabrera / Locución: Rosaura Barletta)
Declaración de Oilwatch Latinoamérica .- La extracción, quema y uso industrial de combustibles fósiles es la causa principal de la crisis climática. Desde 1830, y de manera exponencial en las últimas dos décadas, el planeta se ha calentado debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Tan solo 100 corporaciones energéticas son responsables del 71% de las emisiones generadas desde 1988.
Es necesario entender que las políticas basadas en la contabilidad, suma y resta de moléculas de dióxido de carbono (CO2), son también parte del problema, puesto que, hábilmente, los mismos responsables de la crisis desvían la atención de la causa principal del cambio climático: la extracción y uso de carbón, petróleo y gas en un modelo económico energívoro y petrodependiente.
La contabilidad de carbono consiste en mover moléculas de un lado a otro, crear falsas equivalencias, borrar con un “click” las emisiones y ocultar responsabilidades, con el fin de hacer negocios sin importar de ninguna manera el clima. Las instituciones centran sus iniciativas en inventarios de emisiones, porcentajes que hay que reducir – o mejor dicho, que se pueden emitir – y por ende llevar a la falsa propuesta de que estas se pueden “compensar” con el pago por “transferencia de moléculas”.
Cuantificar las emisiones de CO2 es la cortina de humo que permite a los gobiernos de los países del Norte global seguir financiando la industria fósil con millones de millones de dólares, incluso desde la firma del Acuerdo de París. Con cada contabilización de emisiones de carbono equivalente se privilegia el mercado, mientras que las comunidades tradicionales continúan sufriendo con las constantes violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza, mientras la crisis climática se exacerba.
Como parte de esta farsa está la propuesta de “carbono neutralidad” o de “cero emisiones netas” que consiste en suponer que las emisiones generadas en la cadena de extracción fósil se pueden restar (compensar) de la fijación de carbono de los procesos naturales o mediante geoingeniería. El desequilibrio entre las emisiones debidas a la quema de fósiles y las removidas en procesos naturales, significa más calentamiento. De esta manera, los impactos de la crisis climática aumentan con la abundancia de propuestas enmarcadas en falsas soluciones: MDL, REDD+, mercados de carbono, SBN, agricultura y ganadería climáticamente inteligentes, BECCS, y otras que, aunque sean planteadas como programas de conservación, son negocios especulativos que no tienen nada que ver con una respuesta real a la crisis.
Todas estas propuestas borran las deudas con la naturaleza y los pueblos y engañan a la opinión pública, haciendo creer que trabajan en una solución mientras su modelo de negocio sigue intacto. No necesitamos más farsas como la compensación de emisiones. Una acción climática orientada a dejar los hidrocarburos en el subsuelo haría posible llevar las emisiones a un “cero real” en el cortísimo plazo, una manera eficaz, medible y enmarcada en los preceptos de la justicia climática.
Este es el camino por el que hace décadas OILWATCH propone transitar, como nos lo enseñaban los Ogoni del Delta del Níger en 1995, el pueblo U´wa de Colombia en 1997, Acción Ecológica en Ecuador en 2007 con la iniciativa Yasuní, el mismo que reafirman hoy los pueblos, las organizaciones y los movimientos sociales de toda América Latina. En esta línea, OILWATCH planteó en la COP de París la creación del Anexo Cero¹, en la que podrían estar países, estados, naciones, que hayan iniciado el camino a convertirse en lugares libres y emancipados de la dependencia de las energías fósiles.
La única manera de afrontar eficazmente las crisis ambientales es dejar el carbón, el petróleo y el gas enterrados, e implementar de manera masiva e inmediata, una reparación integral de los pueblos, de las tierras, de los territorios sacrificados por las actividades extractivas y de la naturaleza. El camino para afrontar la crisis climática se recorre junto con los pueblos y organizaciones que luchamos por una Tierra para la vida de nosotras y nosotros, junto al resto de seres que hacen que vivir tenga sentido.
¡El carbón, el petróleo y el gas deben dejarse bajo tierra!
Comunicado de los trabajadores y trabajadoras de DANP y CEAN .- La provincia del Neuquén posee enormes desafíos en cuanto a su biodiversidad y también tiene excelentes técnicos y profesionales con formaciones específicas vinculados a su manejo y conservación. Sin embargo, en esta provincia mueren cóndores por empleo de agrotóxicos, se matan pumas sin control, existen más de 30 especies nativas de vertebrados en peligro de extinción, ambientes con alteraciones o modificaciones irreversibles sin planes de manejo que persigan su conservación, las áreas naturales protegidas están derruidas y desamparadas, los ambientes con irreparables perdidas de biodiversidad y sin manejo se acrecientan año a año, no hay evidencia de aplicación efectiva de políticas de restauración de ecosistemas y de adaptación al cambio climático global, entre tantos otros hechos de extrema gravedad.
Nadie parece relacionar las causas de la actual pandemia de COVID-19, que aunque alejada en distancia geográfica, posee los mismos desencadenantes. Los destratos y desmanejos hacia el medio ambiente conllevan profundos efectos colaterales y residuales que afectan nuestra salud, economías y subsistencia. Acá en Neuquén, nadie parece levantar el guante.
La Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente tiene bajo su estructura a la Dirección Provincial de Recursos Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas, de la cual dependen el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y la Dirección de Áreas Naturales Protegidas (DANP). El CEAN es el órgano público de investigación y consulta de la Autoridad de aplicación de la ley Nº2539/06 en temáticas vinculadas al manejo y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats en la Pcia. del Neuquén y la DANP es la autoridad de aplicación de la Ley 2594/08 que legisla sobre el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Entre sus objetivos u actividades se encuentran la conservación de la biodiversidad, la realización de actividades educativas y de investigación y el desarrollo de actividades para el crecimiento sostenible, además de desempeñar una fuerte labor pedagógica, de transferencia de conocimiento, comunicación y asesoramiento.
Pero en una provincia donde los recursos que absorben el mayor interés y la agenda política son los hidrocarburíferos, el manejo y conservación de la biodiversidad y sus hábitats siempre estuvo en segundo o tercer plano, solo hay que visitar el ANP Auca Mahuida, en la que con una sola foto se devela las prioridades de la provincia. De esta manera, el manejo de los bienes comunes naturales está subestimado y menospreciado y los que hacemos a estas instituciones día a día y desde hace años, lo sabemos muy bien. Así y desde sus orígenes, el trabajo en conservación siempre transitó por caminos difíciles y sinuosos para implementar y aplicar lo que las leyes y normativas en la materia dictan, tratando de priorizar la biodiversidad y su uso sustentable como uno de los componentes centrales en las dinámicas económicas y sociales de la provincia. Nunca, nunca fue fácil.
El CEAN ha atravesado momentos muy buenos de apogeo y momentos de extrema dificultad que pusieron en riesgo su funcionamiento y su existencia. Momentos similares se vivieron con las ANPs de la provincia, si bien no siempre hemos podido salir ilesos, hemos sido capaces de sobreponer con criterios técnicos y legales, la conservación de la biodiversidad sobre emprendimientos no compatibles con ello. De todos estos momentos difíciles nos hemos podido recuperar con mucho esfuerzo perdiendo muchas cosas en el camino, pero siempre con la convicción de que los bienes comunes naturales merecen un lugar de importancia en la agenta política provincial. Nuestro compromiso es con los neuquinos y neuquinas, siempre.
Hoy ambas instituciones atraviesan unos de sus momentos más complejos y de mucha zozobra. Tal vez los peores momentos de su historia, signados por el abandono y la desidia. El vaciamiento institucional se refleja no solo en perdida de espacios físicos, sino en misiones, funciones e incumbencias de la institución difusas y poco claras, la ausencia institucional en territorio, áreas protegidas sin guardaparques, obstáculos permanentes para la realización de campañas a campo y continuidad de las investigaciones, falta de recursos y una implacable ausencia de gestión que imposibilitan el accionar, el trabajo cotidiano y su proyección, exclusión de los diferentes espacios de toma de decisión, desarticulación de las relaciones históricas que supimos conseguir con otras instituciones provinciales y nacionales, descredito institucional, recurso humano insuficiente y en franca disminución, abandono total de estructuras edilicias o falta de ellas, estado paupérrimo de vehículos, falta de material e insumos de trabajo diario, recursos informáticos arcaicos, caja chica y viáticos alguna que otra vez, entre otros. En fin, un abandono profundo.
Es muy doloroso y triste advertir como todos los organismos e instituciones vinculadas con el manejo, uso sustentable y conservación de bienes comunes en Neuquén están siendo desarticulados, atomizados, vaciados y abandonados sistemáticamente. Y todo esto ocurre en medio de una crisis ambiental feroz. Sin embargo, los que hacemos estas instituciones desde nuestras incumbencias no estamos dispuestos a entregarnos porque creemos que el aporte que pueden seguir brindando estos organismos a la provincia es valioso y necesario en un escenario global que requiere de fuertes compromisos y acciones locales. La fuerza pedagógica y comunicacional para visibilizar y concientizar sobre los cuidados de las especies y sus ecosistemas, es enorme. Y en ese sentido, es que estas instituciones requieren de personas que asuman con fuerza ética las responsabilidades asumidas por nuestro país en las agendas públicas internacionales, como lo es la Agenda 2030, en materia de conservación y preservación de los ambientas naturales.
Creemos que es responsabilidad de todos como sociedad, buscar y trabajar por otra realidad, que contemple a la biodiversidad como otro pilar de nuestra existencia. Por ello, los trabajadores de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y CEAN, sostenemos cuatro principios fundacionales: 1) Que la participación social en todos sus niveles es fundamental para profundizar el proceso de democracia participativa y activa e integración social en la conservación de nuestra diversidad biológica, 2) que el correcto manejo de los ambientes y unidades de conservación, teniendo en cuenta las necesidades de pobladores criollos y pueblos originarios, contribuye a la distribución de la riqueza y a eliminar la pobreza, 3) que los trabajadores necesitamos los presupuestos y recursos necesarios y las condiciones de trabajo adecuadas para que nuestro esfuerzo y voluntad se vean reflejados en un mejor manejo de la fauna, flora y las áreas naturales protegidas y 4) que el trabajo integrado junto a otras organizaciones sociales, instituciones municipales, provinciales, nacionales e internacionales -principalmente latinoamericanas-, fortalecen nuestro Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas y el de la biodiversidad toda.
En un contexto de crisis climática y fuertes presiones sobre los ecosistemas, Neuquén no puede darse el lujo de tener este tipo de instituciones abandonadas, subaprovechadas, en estado terminal. Nuestro futuro cercano esta signado por la forma en que decidamos relacionarnos con nuestro entorno. Neuquén tiene mucho para mejorar. El escenario es definitivamente apremiante, las acciones urgentes y las soluciones inaplazables.
El gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un paquete de proyectos de ley anunciados como “verdes”. Uno de ellos propone la creación de un sistema de compensación por emisiones de gases de efecto invernadero. Alcances, intenciones y dudas.
Por Leonardo Salgado y Martín Álvarez Mullally .- A fines de agosto, la gobernadora Arabela Carreras envió a la Legislatura de Río Negro una serie de proyectos; uno que propone la elaboración de un plan que regule y fomente la movilidad sostenible, otro sobre etiquetado de viviendas y un tercero que contempla la creación de un sistema de compensación para los grandes emisores. En esta oportunidad, analizaremos la iniciativa que obligaría a los grandes emisores a “compensar su huella de carbono mediante la plantación, cuidado y mantenimiento de una cantidad determinada de especies arbóreas nativas”.
El proyecto sobre compensaciones tiene como alcance a “quienes realizan alguna de las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero por encima de los niveles que fije la reglamentación”. La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, parece reconocer que las petroleras son una de las principales destinatarias de esta norma. La propuesta no define cómo se estimarán las emisiones, pero puede inferirse que sería en base a lo que las petroleras declaren en concepto de venteo de gas quemado e incidentes en sus locaciones. Esas emisiones que, según Migani, habrían alcanzado en 2020 el equivalente a unas 260.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), serían tasadas en relación al precio internacional del CO2 para estimar el monto que las petroleras deberían destinar a proyectos de forestación.
El artículo uno del proyecto establece que la compensación será proporcional a las emisiones declaradas. Por lo tanto, en principio, las grandes emisoras no estarían obligadas a compensar la totalidad de sus emisiones. Por ejemplo, si una empresa emite 100 y compensa 80, y al año siguiente emite 60 y compensa 48, estaría guardando la proporcionalidad, compensando en ambos casos el 80% de lo emitido. Si la idea del gobierno fuera compensar la totalidad de las emisiones, la redacción del artículo hubiera sido otra.
Otro interrogante en relación a este proyecto tiene que ver con la posibilidad de las compañías petroleras de trasladar el coste de la compensación al precio del combustible, dado que ya existe en Argentina un impuesto al CO2 incluido en el precio del combustible. También quedan dudas sobre si estas empresas podrían recortar inversiones, personal, salarios, horas extras, como mecanismo para transferir ese coste (1). En la Unión Europea (EU), se calcula que entre un 20 y un 100% de los costes de los bonos de carbono comprados por las empresas de generación eléctrica (2) fue trasladado al precio final (3).
¿Qué hay detrás del proyecto del gobierno ?
En febrero de 2021, el subsecretario de Recursos Forestales de Río Negro, Fernando Arbat, hizo declaraciones en relación a la reforestación de las áreas incendiadas durante enero y febrero en la zona de El Bolsón: “El mensaje tiene que ser claro y decir con sinceridad que la remediación recién podrá ser dentro de dos años, a través de un plan que hay que trazar ahora y proyectar, por lo menos, a cinco o seis años” (4). El proyecto de compensación de emisiones presentado a la Legislatura parece ser ese plan al que se refería Arbat.
Sin embargo, la plantación de árboles nativos que plantea el proyecto gubernamental nunca podrá compensar las emisiones de las petroleras: en el mejor de los casos, podrá compensar la pérdida de bosques talados o incendiados, pretender lo contrario es una maniobra engañosa.
El ciclo del carbono consiste en dos subciclos menores interconectados. Uno es el llamado ciclo lento o geológico y el otro es el ciclo rápido o biológico. En el primero, el carbono de las rocas es liberado a la atmósfera a través de las erupciones, o a los ríos a través de la meteorización de las rocas, para pasar por los océanos donde se acumula para volver finalmente a la corteza. En el segundo, el carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas vía fotosíntesis e incorporado a las cadenas tróficas, para luego ser devuelto a la atmósfera en forma de CO2 mediante la respiración y la degradación de la materia orgánica a cargo de los descomponedores. Como las superficies boscosas son limitadas, los árboles jamás podrán absorber la totalidad, o una parte importante, de ese carbono extra que aportan las emisiones antropogénicas y que corresponde al ciclo geológico.
Esto motiva una pregunta que va al fondo de la cuestión: ¿es una buena estrategia apostar fuerte a la plantación de árboles para capturar el CO2 antropogénico en un contexto de severa crisis climática?
En primer lugar, no existe acuerdo científico sobre cuánto CO2 podrían efectivamente absorber los bosques. Bonnie Waring, investigadora del Grantham Institute perteneciente al Imperial College London, sostiene que los ecosistemas terrestres pueden albergar vegetación adicional como para absorber entre 40 y 100 gigatoneladas (5) de carbono de la atmósfera. El problema, sostiene Waring, es que actualmente se arrojan a la atmósfera unas 10 gigatoneladas de carbono al año, alcanzándose en 2019 el récord de 43 gigatoneladas de CO2 (6). Waring también señala que los bosques establecidos naturalmente contienen más especies de plantas y animales que los bosques plantados, y concluye: “los ecosistemas terrestres nunca podrán absorber la cantidad de carbono liberada por la quema de combustibles fósiles (7).
Por su parte, James Dyke, de la Universidad de Exter, Robert Watson y la Universidad de East Anglia, Wolfgang Knorr y Lund, reconocen que la plantación de árboles para absorber carbono requeriría enormes cantidades de agua, y que poner árboles hace que la superficie sea más oscura y, por lo tanto, absorba más energía del sol, haciendo aumentar las temperaturas (8).
El problema de los incendios no es un asunto menor. Basta un gran incendio como el que se produjo en El Bolsón durante enero y febrero de 2021 para liberar de golpe todo el CO2 capturado hasta ese momento, volviendo, el mejor de los casos, la absorción a foja cero.
Por último, por supuesto, los árboles no capturan metano (CH4) ni ningún otro gas de efecto invernadero que no sea CO2. Los bosques no entienden de equivalencias.En suma, la ley de compensación de emisiones presentada por el gobierno de Río Negro no solo es de dudosa eficacia, sino que no atiende el fondo del problema: la necesidad urgente de descarbonizar la economía y dejar atrás el petróleo y el gas.
Por Fundación Rosa Luxemburgo – Cono Sur .- Crisis civilizatoria, resistencias y construcciones populares en la periferia capitalista. El Centro de Investigaciones Geográficas del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, la Editorial Muchos Mundos y la Fundación Rosa Luxemburgo les invita a descargar el libro Geografías del Conflicto.
Para descargar Geografías del conflicto click aquí
Crisis civilizatoria, resistencias y construcciones populares en la periferia capitalista. Una experiencia de autoría colectiva, producto de lo acontecido durante las “II Jornadas de Geografías del Conflicto” realizadas en junio de 2020.
Esta publicación reúne una serie de artículos, crónicas, entrevistas e ilustraciones que tienen por objetivo problematizar el modelo de desarrollo, sus crisis, sus mecanismos de despojo y sus impactos en los cuerpos y territorios. Quiere también visibilizar construcciones desde abajo, resistencias y luchas que se tejen en defensa de la vida y los bienes comunes en Nuestramérica. En estas hojas se expresan trayectorias y lenguajes diferentes que se proponen entender y contribuir a la transformación del mundo en que vivimos, con la convicción de que al capitalismo, al patriarcado, a la colonialidad y a sus consecuencias sociales y ambientales, se los combate uniendo luchas, resistencias, saberes y lenguajes diversos.
Textos e ilustraciones tienen en común la denuncia de problemáticas urgentes y la apuesta por las respuestas colectivas. Se busca que estas reflexiones sirvan de insumo para las discusiones en las asambleas de las organizaciones de base, en los espacios educativos público-estatales y en los abiertos por las organizaciones sociales. Es un material que no quiere dormir en el papel, sino someterse a nuevas reflexiones, críticas y pensamientos colectivos para sumar a nuevas y viejas luchas.
Este libro fue coordinado por Daiana Melón y Mariana Relli Ugartamendía y contiene aportes de investigadorxs, militantes y artistas populares; fue editado por Muchos Mundos con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
El martes 8 de junio a las 18 hs. se realizará la presentación. Pronto más información del evento.
Si lo queres en papel manda un mail a muchosmundos.ediciones@gmail.com
En medio de la inestabilidad política, el Gobierno pretende entregar tranquilidad fiscal por 20 años a las petroleras a través de una nueva ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. El anteproyecto presentado ayer busca estimular proyectos de fracking, offshore y almacenamiento subterráneo de gas, prácticas altamente cuestionadas por sus impactos socioambientales. Una vez más las decisiones de la política energética se tomaron entre cuatro paredes, con las petroleras adentro y la gente afuera. La soberanía energética está hoy, un paso más atrás de lo que estaba ayer.
Por OPSur .- Acompañado por el hasta ahora ministro de Economía Martin Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez, el presidente Alberto Fernández dio a conocer el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que se anunciaba desde comienzo del mandato. “El plan tiene una ambición muy grande. Tiene la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes e ingresen los dólares que hacen falta”, sostuvo el mandatario. Hasta ese momento, no se conocía la letra de la iniciativa que busca reforzar la matriz energética fósil con perspectiva exportadora, que dificulta aún más la desdolarización del sector y concibe a la energía como una mercancía.
La promoción incluye a toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Tiene especificaciones destinadas a distintas cuencas, incluso la offshore, la industrialización y hasta contiene a un nuevo sistema de acopio subterráneo de gas que ya se está utilizando en algunas provincias.Sin embargo, y pese a que el proyecto esboza un intento de estímulo a la explotación más allá de Vaca Muerta, nada hace prever que el protagonismo del fracking disminuya.
A la caza de divisas
El proyecto otorga estabilidad fiscal por 20 años, define una serie de posibilidades para la explotación petrolera e incorpora la subasta de gas (el sistema del PlanGas.Ar) en la ley como forma de organizar ese mercado. Un punto central de la norma es la posibilidad de exportar de manera sostenida entre el 20 y 50 % de la extracción que supere la de los últimos años y disponer libremente del 50 % de esas divisas. Fija, además, un porcentaje máximo de retenciones en un 8 %. El objetivo es, entonces, que la libre disponibilidad impulse la inversión hidrocarburífera de manera tal que eleve la extracción, disminuyendo los costos de importación de gas en dólares.
Planificar ese modo de ahorro de dólares no tiene en cuenta que la propia inversión del sector implica una serie de mecanismos de salida de divisas: flujos financieros como los pagos de préstamos, y las importaciones productivas, entre otros. Es decir, esa perspectiva omite otros movimientos de divisas que en definitiva impiden, o en el mejor de los casos restringen, la posibilidad de contribuir a la relajación de la restricción externa.
Al mismo tiempo, la lógica del proyecto le impone otra dificultad cara al oficialismo. Si se promueve la inversión en función de las exportaciones hidrocarburíferas, el horizonte de tender a un sistema tarifario pesificado se aleja cada vez más. En un contexto en el que el Ministerio de Economía presenta un presupuesto que prevé que la devaluación acompañe a la inflación, estimada en un 33% para 2022.
¿Sustentable?
Otro de los ejes destacados en los discursos gubernamentales es el de un supuesto cuidado ambiental. “Tenemos que garantizar la sustentabilidad de todo esto porque para nosotros el cuidado del ambiente no es un tema retórico, es un tema que nos preocupa y con el cual estamos totalmente comprometidos”, sostuvo Fernández. Sin embargo, el compromiso ambiental se demuestra con políticas certeras hacía los pasivos e injusticias ambientales y, hasta el momento, el tema no ha superado las enunciaciones de algunos funcionarios.
Una verdadera política ambiental en la industria hidrocarburífera debe tener en consideración la degradación que ya generó la explotación. Un siglo de actividad petrolera en el país ha dejado graves impactos sociales y ambientales que deben ser el primer objetivo de la relación entre la industria hidrocarburífera y el ambiente. Pero nada de esto está contemplado en las políticas hacia el sector; es una especie de “borrón y cuenta nueva” que profundiza las injusticias ambientales que viven los territorios afectados por la explotación hidrocarburífera.
La inclusión de la explotación costa afuera –offshore– dentro de los regímenes de promoción, es otro elemento relevante del anteproyecto. En todos los países donde esta actividad tiene desarrollo, tanto en el centro como en la periferia global, existe una serie de impactos documentados. Supone un riesgo directo para otras actividades productivas en las localidades costeras y produce severas consecuencias en la fauna marina -de la cual también dependen las economías regionales. Incluso la exploración de estos recursos ha provocado conflictos como los ocurridos con los pescadores artesanales del Golfo San Jorge (Chubut) en 2010. Bajo la lógica propuesta en el anteproyecto, el offshore se transforma en un nuevo corrimiento de la frontera extractiva, esta vez hacia el mar, bajo una lógica energética de escala global que tiene fuertes impactos a nivel local.
Una novedad del anteproyecto es la inclusión de “las concesiones de almacenamiento subterráneo” en la Ley de hidrocarburos 17.319. Estos almacenes son depósitos geológicos que serán concesionados por 25 años. Infraestructura que alimenta la especulación porque permite regular la puesta en mercado del bien en función del precio. Además, implican altos riesgos de fugas que se incrementan cuando se realizan en zonas con sismicidad y significan, a la vez, un peligro para la población y el ambiente. Es el caso del proyecto Cupen que YPF tiene en funcionamiento en el área Sierra Barrosa de Neuquén.
Más allá de la cantidad de veces que repitan “sustentabilidad” en sus discursos, es un error seguir apostando por las energías extremas, como el fracking y el offshore. Estas políticas impiden llevar adelante una transición que resuelva las necesidades energéticas de nuestro país, a la par que perpetúa la explotación de hidrocarburos y sus impactos locales -como la contaminación- y globales -como la crisis climática.
Vaca Muerta, pese a todo
La centralidad de Vaca Muerta durante la última década se erigió sobre tres grandes promesas:
que permitiría cubrir la demanda nacional de gas, evitaría la salida de dólares por importación y, en lo posible, permitiría exportar;
que dinamizaría las economías de las provincias o regiones en que se explota;
que generaría encadenamientos productivos dinámicos.
Ninguna de las tres promesas se cumplieron: la importación de energía sigue siendo un problema, la situación social de las provincias donde se extraen hidrocarburos es crítica y los encadenamientos productivos son mínimos.
Por otro lado, aún sin considerar la perspectiva social y ambiental, el análisis del desarrollo del fracking durante sus primeros años de explotación permite dar cuenta de lo costoso de la explotación de este tipo de energía. En un artículo anterior sosteníamos que Vaca Muerta tiene una alta dependencia de subsidios debido al alto costo del fracking, lo que se revela como una falla estructural de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en todo el mundo. Al mismo tiempo, la inexistencia de infraestructura y mercados potenciales acordes a las grandes proyecciones, que algunos sectores cifran en Vaca Muerta, hace inviable que este megaproyecto pueda convertir a la Argentina en potencia exportadora de hidrocarburos en el mediano plazo.
El proyecto presentado no tiene como objetivo la soberanía energética sino conseguir dólares. De ese modo, sostiene la explotación de fósiles en un contexto de crisis climática. Una política energética soberana implica decisiones para torcer el rumbo de la energía, para que deje de ser considerada una mercancía y se entienda como un derecho. En ese camino es urgente comenzar una transición energética hacia otras fuentes que tengan en cuenta a quienes trabajan en el sector, a quienes consumen y a quienes se ven afectados/as por la extracción de hidrocarburos y su cadena de transformación. Ese tránsito debe implicar una revisión profunda del consumo que constituye nuestra matriz energética. La desigualdad de los usos, la ineficiencia de los usos en los hogares, la transformación de las ciudades y del sistema agroalimentario, así como la modificación del sistema industrial y de transporte son algunas de las transiciones que deben comenzar hoy.
