Lo aseguró Edgar Mojica, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, en este recorrido por la situación energética y social en su país. Propone una transición energética que confronte el modelo hegemónico, sus patrones de consumo y sus impactos. Para Mojica, “los trabajadores debemos atrevernos a decir tranquilamente que estamos por la transición y que, efectivamente, las actividades que nosotros hacemos generan daño. Debemos poner al centro la vida, y de manera integral, no la vida humana, sino la vida de los territorios, y deben regresarnos la dignidad”.

Foto: dw.com

Por Jonatan Núñez y Felipe Gutiérrez.- Edgar Mojica Vanegas es un histórico integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), el mayor sindicato del sector en Colombia, que reúne principalmente a trabajadores de la estatal Ecopetrol. Desde esa posición fue uno de los impulsores de la Mesa Social Minero-Energética y Ambiental por la Paz, plataforma donde se encontraron los intereses de trabajadoras y trabajadores de la industria petrolera y minera junto a la de pobladores de los territorios en los cuales se realizan estas actividades. En un país endémicamente atravesado por la violencia, el eje de la Mesa está puesto en repensar el rol de la producción energética y minera desde una perspectiva en la cual su puesta en producción responda a los intereses sociales, con respecto ambiental y, sobre todo, que su accionar no ponga en riesgo la vida de los más vulnerables. 

Secretario General de la CUT desde los últimos meses de 2018, Mojica reconoce que pese a estos esfuerzos, la situación energética y social de su país ha empeorado. Es resultado de los avances del gobierno de Iván Duque en privatizaciones parciales de distintas compañías, entre las cuales destaca Ecopetrol. Sin embargo, lo más grave de este recrudecimiento del modelo extractivo es que suele ir aparejado de la criminalización de sindicalistas y activistas ambientales, junto con la cual también crece la violencia paramilitar. 

Esa violencia explícita que se da en los territorios colombianos también es parte de la producción hidrocarburífera. Para Mojica;  “el modelo energético mundial en este momento es un modelo de guerra basado en la competencia. En Colombia eso tiene una expresión concreta: ‘acumulación por despojo’, que implica un despojo del territorio con desplazamiento de la gente por la vía violenta, con apropiación y saqueo del territorio”, dice. 

¿Cómo describirías la situación actual en Colombia? 

No es un panorama fácil, es muy, muy complejo. Nosotros venimos caracterizando este gobierno de Iván Duque como un gobierno ilegítimo e ilegal. Ilegítimo por lo equivocado y errado de sus políticas e ilegal porque se evidenció que efectivamente existió todo un fraude electoral en su proceso de elección. Es un gobierno autoritario que no ha querido negociar ni con las centrales sindicales, ni con el movimiento social colombiano que presentó un “Pliego de Emergencia” donde en seis puntos lo que básicamente se pide es comida, salud y protección al empleo. Y la crisis del coronavirus evidencia las profundas inequidades sociales con las que vive Colombia.  

En medio de la coyuntura, una de las propuestas complementarias que se planteó fue una renta básica universal y de salud, además del congelamiento del pago de los servicios públicos para los estratos uno, dos y tres de la población. El gobierno no quiso aceptar esta propuesta, y sacó una medida un poco paliativa que fue una especie de subsidio. Ese decreto no lo firmaron dos ministros, y al no firmarlo dos ministros la Corte lo declaró inconstitucional y se cayó, y obviamente la gente se quedó sin el subsidio. 

Colombia venía de avanzar con los acuerdos de paz y un 2019 muy movilizado. ¿Cuál es la situación actual en general y en particular con las y los trabajadores de energía? 

Desde el 2013 para acá Colombia viene en un ejercicio de movilización interesante en varios sectores con una unidad muy compleja, pero se avanza, como se vio a finales del año pasado. Hay un resurgir interesante del movimiento social, de la articulación de nuevas expresiones sociales en la calle, de re pensarse la lucha, de pensar eso a largo plazo. Al mismo tiempo en lo que va corrido del año van más de ciento sesenta líderes sociales asesinados y, además, últimamente han aparecido diariamente las masacres. Es un tema demasiado, demasiado complejo; con una convivencia entre las fuerzas militares, el narcotráfico y el paramilitarismo en los territorios. 

Por su parte, el gobierno vía decretos de emergencia, incluso quiere privatizar lo poco que queda del sector público, entre ellos la empresa petrolera. Los trabajadores del sector también están defendiendo con acciones de calle la estatización de la empresa petrolera, la no privatización y que se abran espacios de discusión para el tema de la transición. 

¿Qué posición tienen desde el movimiento obrero respecto de los avances de parte del gobierno en la extracción mediante formas extremas como el fracking?

En la CUT, como el movimiento ambiental, coincidimos en dar una lucha abierta contra el fracking, pero una lucha abierta también por hacer planteamientos de una transición energética. Digamos que las dos cosas van de la mano. El movimiento social colombiano está diciendo no al fracking pero también está proponiendo que discutamos el tema de la transición. Entonces lo primero que señalo es que nosotros hemos hablado de transición, lo cual implica confrontar al modelo hegemónico y su visión de desarrollo porque si no hacemos eso, no podemos construir una alternativa. Si no, simplemente construiríamos un paliativo dentro del modelo hegemónico y en la misma lógica de desarrollo. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque ese modelo hegemónico y esa lógica de desarrollo, lo que han evidenciado, es que se logró desestructurar la vida y atacar directamente la dignidad de los seres humanos en términos de que no garantiza derechos; y ahí queda un reto grandísimo.  

Lo segundo es esta expresión concreta del modelo energético mundial que es la  “acumulación por despojo”, un desplazamiento de la gente por la vía violenta, con apropiación y saqueo del territorio. Esa fase de acumulación por despojo obliga a profundizar el modelo extractivo en los territorios, y allí entra a jugar el fracking. Lo mismo con el tema de hidroeléctricas, lo mismo ocurre con el tema de megaminería como carbón, oro, etc.  

Y lo tercero es que, para nosotros, si bien decimos que la transición tiene que ver con el modelo energético, también pasa por vincular el plano individual y las lógicas de consumo en su marco social y comunitario. La actuación concreta puede lograrse si tenemos una conciencia colectiva que posibilite una acción propositiva, pero una acción de masas que respalde esa acción propositiva en términos de la política, es decir, en un contexto como el colombiano, una propuesta política de transición necesita, consideramos nosotros, una correlación de fuerzas importante para actuar en contra del modelo.

2019 | El sindicato petrolero más importante de Colombia se declara contra el fracking:

🚨@usofrenteobrero le dice No al #fracking "Esta es una decisión que permite articular luchas entre el movimiento sindical con las comunidades de los territorios. Además profundizar una discusión de transición energética" dice @EdgarMojicaV Sec. Gral de la @cutcolombia ✊📽️👇 pic.twitter.com/T3c5csFnOV

— Observatorio Petrolero Sur (@op_sur) November 29, 2019

En ese sentido, ¿cómo evalúas experiencias como la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz?

Los trabajadores, petroleros especialmente, siempre hemos estado muy ligados al debate de la paz porque el tema del conflicto ha sido muy fuerte en los territorios donde se viene haciendo la industria petrolera. Eso siempre llevó a que la USO plantee un escenario de paz, y de ahí se gesta la idea de que exista un escenario que se llame Mesa Social Minero-Energético y Ambiental, porque se coincide el movimiento ambiental, que tiene aspiraciones también y propuestas alrededor de todo el tema minero-energético. En ese sentido, la Mesa Social Minero-Energética se convoca como un escenario de articulación de propuesta política, de articulación de diversos actores sociales, de trabajadores de la energía y lo minero-energético, y se acuerda también una propuesta de diálogo nacional. Eso no ha sido posible no solamente con este gobierno sino también con el anterior, porque se rehusaron completamente a integrar el espacio de diálogo, a legitimarlo, a negociar el modelo energético con el movimiento social. De todos modos no se ha arriado la bandera, la Mesa Social sigue insistiendo, tiene la propuesta, y sigue haciendo toda una dinámica de movilización, de reflexión política y de construcción de agenda política [a partir de los acuerdos climáticos] de París en clave minero-energético. 

Nos hablabas de una transición energética de tres puntos principales. ¿Podría ser esta una visión de la idea de Transición Justa de parte del movimiento sindical colombiano? 

Los trabajadores hemos venido haciendo una reflexión de la necesidad de pensar el tema minero-energético más allá de la Transición Justa. Si queremos apostar a un ejercicio de articulación con otros sectores sociales, tenemos que pensar más allá de los puestos de trabajo y más allá de los derechos de los trabajadores; entonces hemos coincidido en incorporar dos elementos de enfoque a ese concepto de Transición Justa y son el concepto de lo social y el de lo comunitario. Porque las empresas multinacionales están haciendo una transición, pero se están quedando con esa transición, es decir, la hacen con un enfoque de negocio, de mercado, y nosotros decimos por ahí no es la cosa, hagamos transición con enfoque social y comunitario y eso implica la necesidad de retomar el sector minero-energético en manos de lo público a escala municipal, a escala departamental y a escala nacional.

El segundo elemento que hemos discutido, por ejemplo, tiene que ver con el tema de responsabilidad global corporativa. Desde la Confederación Sindical de las Américas,  hacemos parte de la campaña del tratado vinculante entre empresas y Derechos Humanos, y esa es una de las cosas que muy poca gente habla. Resulta que en Naciones Unidas, producto de una presión social importante, se logró crear un grupo especializado liderado por el gobierno de Ecuador para que las empresas respondan en una instancia de justicia internacional por violaciones de derechos humanos. Si nos ponemos a pensar entre el 80 y el 90% de los proyectos extractivos y de energía del mundo han violado derechos humanos en África, en América y en Asia.

En vista de las discusiones que existen en torno del concepto, ¿crees que es útil hablar de Transición Justa desde América Latina?

Yo creo que la idea sirve. Entiendo que el concepto nos sirve, pero si lo llenamos de contenido y la ponemos en el contexto del Sur global porque si no, es hacer copiar y pegarlo fuera de contexto, recitar un discurso que no ha lugar. Llenemos de contenido eso, qué es justicia para los trabajadores, qué sería una Transición Justa en medio de un modelo hegemónico que desestructuró la vida y le arrebató la dignidad a la gente; llenemos de contenido eso. Si estamos diciendo que el modelo es de guerra, entonces, qué es, dentro de lo energético un modelo que sea justo si el contexto es de guerra, si el contexto es de despojo de territorio, si el contexto es de acumulación, si el contexto y la lógica es de competencia.

Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.

Con un foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se escucharán los alegatos de las fiscalías. A continuación transcribimos nuestra intervención en esa jornada, fruto del trabajo colectivo que desarrollamos en el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y en el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). 

Sostenemos que es necesario investigar si la deuda -y en todo caso qué parte- es legítima y legal o, por el contrario, es fraudulenta y odiosa. Y, sabiendo que hay múltiples motivos para pensar que puede ser declarada fraudulenta, queremos focalizarnos en tres aspectos del modelo energético, más precisamente hidrocarburífero, que se vinculan con la deuda externa. 

El primero de estos aspectos es el vínculo entre bienes comunes y deuda. Desde los organismos internacionales se asume como garantía del pago de deuda la explotación de los recursos naturales o bienes naturales. Los distintos gobiernos asumen también una definición similar. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, las políticas públicas presionan para la expansión de los procesos de extracción, nocivos para el ambiente y las poblaciones, como una forma de “honrar las deudas”. Esa presión se constata en distintas regiones del país focalizadas en el agronegocio con sus nuevas transgenias y megafactorias, en la megaminería y en los hidrocarburos, entre otras. 

Entonces, la propuesta de “desarrollo” escondida detrás de los acuerdos de deuda podría resumirse en obtener dólares a cambio de la degradación a niveles preocupantes del espacio y el ambiente, que no puede ser escindido de quienes viven allí. La deuda es una condena a quedar atrapados/as en esa lógica.

Al respecto nos parece elocuente una nota al pie de la primera revisión periódica del FMI en torno al acuerdo arribado con Macri. En octubre de 2018, el organismo al analizar la política fiscal señalaba los malos resultados pero indicaba que se iban a compensar con “un repunte de las exportaciones agrícolas después de  la sequía, y un esperado aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción en la cuenca de Vaca Muerta se recupere”[1]. Exportación del campo y de energía como mecanismos para cumplir las metas fiscales y poder garantizar el pago de la deuda.

Para ilustrar la perspectiva gubernamental podemos tomar el plan energético que se publicó en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel a cargo del área. Allí se estimaba que en 2027 los ingresos por exportaciones de hidrocarburos superarían a los ingresos de exportación agropecuaria[2]. 

Más cuidadosamente la gestión actual también cree que con la explotación fundamentalmente de Vaca Muerta se van a minimizar, o incluso superar, los problemas de la restricción externa y, en el mejor de los casos, se podría en unos años hacer frente a los compromisos de deuda[3]. Lo que nos lleva al segundo punto que queríamos señalar en torno a la perniciosa relación entre deuda y sector energético: la fuga de divisas. 

Uno de los objetivos de la explotación de Vaca Muerta mediante fracking es la obtención del gas que Argentina consume y, por lo tanto, evitar la importación, es decir la salida de dólares. Pero hay un punto que habitualmente es omitido y agrava el panorama: las divisas no sólo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas del sector extranjerizan sus excedentes o pagan deuda.

La deuda pública contraída por el macrismo sabemos permitió la fuga de divisas en cantidades similares a las que ingresaron. En ese proceso uno de los sectores que mayor injerencia tuvo fue el energético. La lógica de la inversión del sector que es festejada y promovida por las distintas gestiones implica como contracara un endeudamiento a corto plazo, muchas veces con préstamos intrafirmas. Es decir, lo que se festeja como inversiones salen rápidamente del país engordado por los intereses. Si fuéramos mal pensados/as podríamos suponer que en esas operatorias hay toda una serie de maniobras espurias, sino fraudulentas, como las que se constataron con el vaciamiento de Vicentin, que se ponen en práctica. 

El nivel de fuga del sector energético en los últimos años fue notable. En la lista de las 100 empresas que más fugaron publicada por El Cohete a la Luna, aparecen 27 energéticas que, en conjunto, fugaron casi 6.000 millones de dólares. De esas 27 empresas, 15 tienen una participación central en Vaca Muerta y fugaron casi 4.000 millones de dólares. Lo que creemos pone en duda que la apuesta por los hidrocarburos no convencionales sea tan redituable como se suele esgrimir[4].

Pero ¿qué tiene que ver la deuda privada con la deuda externa? La deuda privada, la remisión de utilidades al exterior u otros mecanismos de fuga de dólares presiona sobre la reservas del Banco Central y, por lo tanto, sobre el tipo de cambio. Esas presiones sobre la cantidad de dólares del Banco Central promueve procesos de devaluación. Las devaluaciones encarecen cada dólar y por tanto devolver los préstamos privados que fueron presentados como inversión implica cada vez más pesos. De esta manera se vuelve cada vez más costoso poder devolver ese dólar privado. Pero la devaluación no sólo encarece el pago de las deudas privadas sino también el pago de las deudas públicas. Es decir, que los endeudamientos millonarios de las petroleras redundan en mayores dificultades para afrontar la deuda pública en dólares.

Finalmente, en esta articulación entre deuda y explotación energética, nos parece relevante señalar la situación de las provincias cuyas economías dependen de los hidrocarburos. Justamente porque poseen esos recursos, esos distritos pueden endeudarse abultadamente en dólares. Ante devaluaciones o ante las cada vez más recurrentes caídas del precio internacional del barril, esas abultadas deudas complican fuertemente sus economías[5]. Por esas crisis de dependencia el gobierno nacional debe auxiliar a esas provincias.

Esas ayudas tienen dos destinatarios. Directamente las arcas provinciales o mediante subsidios a las empresas, de manera tal de reactivar las economías. Pero con estos subsidios las compañías garantizan que van a devolver los préstamos que necesitan para invertir y pueden acceder a nuevos créditos que seguirán expandiendo la espiral de la deuda privada que impacta sobre el tipo de cambio y, por tanto, también sobre todas las deudas públicas en dólares.

Entonces, ante este Tribunal, queremos denunciar que los organismos internacionales y los fondos de inversión, así como el estado nacional y los estados provinciales saben que la toma de deuda como se hizo implicaba la profundización de una matriz productiva dependiente, extractivista y contaminante. Y que incluso, como señala el FMI en su nota al pie, sabía que esa explotación de recursos naturales era la garantía del pago. Lo cierto es que ese esquema aunque profundizó la destrucción de la naturaleza, no puede pagar la deuda. Por lo tanto, más allá de cómo se contrajo y para que se usó la deuda hay una imposibilidad real del pago. Y a su vez, el pago implica continuar con este modelo de financiación para pagar deuda infinita que condena a la contaminación, la dependencia y la superexplotación. Creemos que debemos cortar esa rueda siniestra y el no pago de la deuda con motivos fundados brinda posibilidades para eso.

Como sanción que se declare fraudulenta y que se defina el desconocimiento de la deuda contraída. 

Que se reconozca y señale públicamente a quienes fueron participes desde las instancias gubernamentales del endeudamiento. 

Que se reconozca y señale públicamente a las empresas y capitales que fugaron las divisas que habían entrado al país como deuda pública. 

Que las empresas energéticas devuelvan los dólares que se llevaron, que se imposibilite la remisión de la riqueza generada en Argentina a otros países.

[1]   IMF (2018, October). First review under the stand-by arrangement. Country Report No. 18/297. International Monetary Fund. Pag. 9 Recuperado de: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18297-ArgentinaBundle.ashx

[2] SGE (2018). Plan Energético Argentino: Lineamientos. Secretaría de Planeamiento Estratégico. Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_plan_-_oil_gas_guidelines_-_november_12_2018-min_0.pdf

[3] Telam (01/06/2020). “Kulfas afirma que Vaca Muerta mantiene el mismo potencial y retoma la idea de la Ley de Hidrocarburos”. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/202006/470976-kulfas-afirma-que-vaca-muerta-mantiene-el-mismo-potencial-y-retoma-la-idea-de-ley-de-hidrocarburos.html

[4] Kofman, Marco (14/06/2020). “La Vaca Desatada”. Recuperado en: https://www.elcohetealaluna.com/la-vaca-desatada/ Más precisiones al respecto en García Zanotti, Gustavo (2020). “Vaca Muerta y el desarrollo argentino” Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Recuperado de: https://ejes.org.ar/economistas/vaca-muerta-espanol.pdf

[5] Va con Firma (28/10/2020). “La provincia quedó a 30 días del default”. Recuperado en: https://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_12293/la-provincia-quedo-a-30-dias-del-span-classfindeddefaultspan

Las empresas invierten sólo con subsidios. Comportamiento rentístico de corto plazo. Artículo publicado también en Página/12. La amenaza de no invertir se vuelve una poderosa herramienta de las empresas para intervenir el diseño de políticas sectoriales. En 2018 y 2019 la salida de divisas por devolución de préstamos superó en 2000 millones de dólares anuales a la entrada de nuevas inversiones.