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EDESUR, lxs trabajadorxs y los debates pendientes

Por ASL .- Algunas semanas atrás un grupo de intendentes del Frente de Todos de GBA Sur junto al Defensor del Pueblo bonaerense hicieron una presentación ante el ENRE en disconformidad por el pésimo servicio, los continuos cortes del suministro eléctrico y la demora en la reposición de este por parte de EDESUR.

Mientras tanto, a fines de junio, el presidente Alberto Fernández elogió pública y efusivamente a Marcelo Mindlin y al grupo Pampa Energía que controla, entre otros, a EDENOR.

Como telón de fondo, el gobierno confirmó una anunciada marcha atrás en el bluf de la “estatización” de Vicentin y acordó el pago sin revisión de la deuda externa con los bonistas con un tufillo de victoria pírrica que intentó disimular con impostada euforia en las redes; recibiendo las felicitaciones de la oposición del PRO y el beneplácito de los mercados.

Ahora bien, que las distribuidoras eléctricas brindan un servicio deficitario no es novedad, sino que es la constante desde la privatización en 1992; recordemos sino cuando en 1999 un desperfecto en la Subestación Azopardo (EDESUR-CABA) dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, o el tórrido y oscuro verano de 2013 o, sin ir más lejos, el “apagón” nacional (con afectaciones en Uruguay, Paraguay y Brasil) en junio del año pasado. Pero si a eso le sumamos el casi 3000% de aumento durante el gobierno del PRO el combo es explosivo.

De todas maneras, en términos de tarifas, abultadas ganancias y mal servicio no se encuentran demasiadas diferencias entre las dos privatizadas (1), aunque con una mayor caída de la inversión por parte de EDESUR. Lo mismo podría decirse de EDELAP o de EDEA en la costa atlántica: empresas monopólicas, con lógicas de máximas ganancias en el corto plazo y con un plan de inversiones deficiente y escandalosamente acotado.

¿Qué se está discutiendo?

Parecería que la denuncia y el pedido de “revocación de la concesión” o “reestatización” de EDESUR por parte de los intendentes no es más que un ejercicio de negociación para determinadas obras necesarias en algunos barrios de sus municipios o, tal vez, para frenar el intento de las distribuidoras de descongelar las tarifas.

Pero no se sostendrá más allá ¿Por qué? La experiencia nos demuestra que en su anterior etapa de gobierno (2003/15), las empresas distribuidoras funcionaban igual de mal y se sostenían con no poca inyección de dinero estatal directo (en términos de plan de inversiones) como indirecto (subsidio a la tarifa para que no se disparen, pago de sueldos, etc.). Por otro lado, los cortes y la demora en restablecer el servicio son similares (2) en toda la zona del AMBA y en las dos empresas. Entonces ¿por qué se menciona sólo a una de ellas y en determinada territorialidad? ¿Cuáles son los acuerdos tras bambalinas con Pampa Energía?

La otra hipótesis pasa por pensar que sólo son fuegos de artificios y un intento de mostrarse proactivos de una fracción del Frente de Todos de cara a su base electoral.

¿Y lxs trabajadorxs?

Tanto en la propaganda del gobierno, como en comunicados y campañas de organizaciones de centroizquierda que provienen del campo popular (Frente Patria Grande) o desde algunas organizaciones de izquierda (por ejemplo, el que sacaron una confluencia de ellas (3) ) es llamativa la ausencia de la situación de lxs trabajadorxs y de su intervención en el proceso: ni siquiera se les nombra.

En los tres casos se habla de las ganancias de las empresas de distribución eléctrica; se remarca el pésimo servicio que brindan; y sólo hacen hincapié en EDESUR sin mencionar a las otras privatizadas y sin poden en discusión la matriz energética nacional.

Durante los últimos cinco años se acumularon paritarias a la baja, presiones, persecuciones, despidos arbitrarios, reducción y traslados de planteles y, como telón de fondo, el regreso de los retiros “voluntarios” convirtió a EDESUR en un reflejo de la situación que se dio en la primera etapa de la privatización (4).

El plantel de trabajadorxs se redujo de esta manera en alrededor del 25%, descartando mano de obra calificada, reduciendo costos y horarios de atención y volviendo a tercerizar varias tareas.

Primer resultado: menor capacidad técnica y numérica para atender contingencias, reparaciones, atención al usuario, etc. Segundo: peores condiciones de trabajo, aumento de bajas médicas psicológicas y por stress, incertidumbre. Tercero: aumento por esta vía de la ganancia patronal.

Todo este proceso de retroceso en las condiciones de trabajo hubiese sido imposible sin la complicidad de la conducción burocrática del Sindicato de Luz y Fuerza que, no sólo no promovió ni organizó medidas de lucha defensivas básicas, sino que desmovilizó a las bases y delegaciones gremiales que intentaron tener iniciativas diferentes. Los pocos focos de denuncia y acción directa que las bases pudieron desarrollar fueron a pesar de la burocracia y, muchas veces, sufriendo amenazas veladas o directas.

En este contexto, donde la dirección del sindicato no emite opinión sobre el pésimo servicio de las empresas, sobre el tarifazo y sobre el deterioro en las condiciones de trabajo es que el planteo de organizar y luchar por levantar la alternativa de una empresa pública de gestión o cogestión de lxs trabajadorxs y control popular podría parecer contradictorio.

Sin embargo, se debe recuperar la experiencia de Autogestión de SEGBA entre los años 1974/76, donde se logró tener representantes obreros tanto a nivel de dirección de la empresa estatal como en cada nivel de gestión de los sectores de trabajo y las diversas secciones, con una amplia participación de las bases. No es un tema extraño la intervención de lxs trabajadores (5) en los tiempos de trabajo, en la gestión de conflictos, en el control de la tercerización o en la discusión con las jefaturas acerca de los trabajos a realizar. El “control y/o gestión de lxs trabajadorxs” no debe tomarse aquí como algo “extraño” o “ultra” como evidentemente fue considerado por las organizaciones antes nombradas, donde sólo se deja ver una tímida propaganda “ciudadana” sin siquiera amagar con esbozar una perspectiva de clase, donde se invisibiliza a lxs trabajadoxs y sólo se aporta a la agenda del partido de gobierno acríticamente y sin independencia política.

¿Qué deberíamos discutir?

Hay dos cuestiones urgentes que deberían estar en debate: la matriz energética a nivel nacional y la energía eléctrica como un derecho.

La generación eléctrica sigue dependiendo mayoritariamente de la quema de hidrocarburos en centrales térmicas (alrededor del 70%), con poca intervención de hidroeléctricas y sólo un 8% renovable; más allá de los discursos y de algunos proyectos “verdes” durante el macrismo (6).

Con respecto al segundo punto, una verdadera campaña que deberíamos desarrollar desde las organizaciones sociales, políticas, de trabajadores y usuarios es sobre incorporación de la energía eléctrica como un derecho básico y elemental para la supervivencia y el bienestar popular.

Estas tareas, en el camino de la soberanía energética para la clase trabajadora, nos llevan a plantear la necesidad de que la generación, transmisión (transporte) y distribución de la energía eléctrica debe tener una función social y que de ninguna manera puede desarrollarse en un contradictorio escenario donde conviven, a nivel federal, la participación monopólica de empresas privadas, una serie de “cooperativas” municipales o excepciones de empresas estatales a nivel provincial.

Asumimos que el eje más sensible es, definitivamente, la distribución en el AMBA; tanto por concentración como por repercusión mediática y política.

Cuando se privatizó SEGBA (Servicios Eléctricos Gran Buenos Aires) en 1992 una de las resoluciones fue desguazar la compañía en varios pedazos y segmentos; tanto en distribución (EDESUR, EDENOR, EDELAP) como en generación (Central Costanera, Central Puerto y Cetral Dock Sud). Es desde esa reconstrucción y recuperación que tendría sentido cualquier posibilidad y alcance de “reestatización” o de cancelación por incumplimiento del contrato de concesión.

En ese marco la correcta línea a desarrollar es la necesidad de construir una empresa de distribución de energía eléctrica pública con función social y con gestión de lxs trabajadorxs y un necesario control de las organizaciones territoriales de la zona de influencia de la empresa; desde el AMBA pero con una proyección federal.

(1) Ver informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV -Agosto 2020

(2) Ambas medidas en gran parte por las sanciones económicas que aplica el ENRE (irrisorias, dicho sea de paso).

(3)https://www.facebook.com/abriendo.caminos.argentina/posts/2670295996631796

(4) Solamente en la privatización de SEGBA se perdieron casi 14.000 puestos de trabajo, un 63% del plantel (ver http://www.tel.org.ar/lectura/privarg.html)

(5) Esto se dio en diferentes momentos de las empresas de distribución eléctrica y en diversos países. Por ejemplo, en la actualidad y luego de un feroz desguace de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas de ese país está debatiendo en estos mismos términos una salida popular, desde abajo y con gestión de lxs trabajadorxs para el problema de la distribución de energía eléctrica en el DF.

(6)https://opsur.org.ar/2018/01/14/los-cortes-de-luz-reavivan-el-debate-sobre-el-futuro-de-la-politica-energetica/

“Justicia lenta no es Justicia”

Por Radio La Colectiva .- El 26 de diciembre de 2007 fueron derramados 300 metros cúbicos de hidrocarburos en Caleta Córdova, localidad en las afueras de Comodoro Rivadavía (Chubut), cuando el buque petrolero Arturo Illia, de Antares Naviera, realizaba operaciones de descarga de lastre y carga de crudo en la monoboya de la empresa Termap. El derrame fue ocultado por los responsables en un primer momento y luego, nuevamente ocultado detrás de las indemnizaciones.

Tras 13 años, el 11 de agosto comenzó el juicio contra los responsables. Esta es la primera vez desde que se encontró petroleo en la zona de Comodoro Rivadavía, que se realiza un juicio por daño ambiental. En De Hormigas y Cigarras nos comunicamos con Sonia Ivanoff, abogada de Mirta Calvo, una de las damnificadas. Calvo a quedado como única querellante en esta causa: “Cabe aclarar que cuando se produce un siniestro de esta manera, se activa un seguro compensatorio y muchos vecinos que eran actores civiles o que eran querellantes, se los obligó de alguna manera a desistir judicialmente de continuar las causas si cobraban este seguro”, explicó Ivanoff. Así se llegó, señaló la abogada, a esta situación en la que hay una sola querellante. Incluso el Estado provincial y el Estado municipal de Comodoro, cobraron las indemnizaciones y se retiraron de la demanda.

Podés escuchar la entrevista completa acá.

“El daño de este derrame es inconmensurable”

Así definió la geógrafa Silvia Leanza a la magnitud del delito ambiental que se investiga en el juicio en curso en Comodoro Rivadavia por el derrame petrolero ocurrido en 2007 en Caleta Córdova. Fueron 300 metros cúbicos de crudo que se propagaron por siete kilómetros de costa.

Leanza es integrante de la Fundación Ecosur y explicó el proceso en diálogo con Graciela Barbá en Radio Universidad de Tucumán (FM 94.7), en el programa Tarde a Tarde. Escuchá la entrevista completa:

La historia de la tradición petrolera de Comodoro Rivadavia y las dificultades que eso trae a sus habitantes

 Cómo sucedió el derrame y cuáles fueron las consecuencias para Caleta Córdova

Sustentabilidad de la deuda o el país

Por Horacio Machado Aráoz* / El Cohete a la Luna .- Un gobierno de mayorías no puede prosperar con un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra

Dejando de lado las desorbitadas voces de la derecha extrema local, la amplia mayoría del arco político del país ha saludado como positivo el acuerdo anunciado por el Ministro Guzmán con los acreedores privados externos. El oficialismo lo exhibe como un logro; incluso referentes de la oposición “responsable” así lo admiten.

Desoídos los sectores que reclaman la impugnación y el repudio de la deuda; archivadas las promesas electorales sobre una previa revisión democrática de la legitimidad de la misma, el gobierno instaló de facto un escenario construido sobre la premisa de que “no hay otra alternativa que pagar”. En ese marco, las discusiones sobre cuán aceptable/favorable o cuán desventajoso/perjudicial es lo pactado se restringen al exclusivo campo de los flujos y valores financieros: montos del capital, tasas de interés, plazos; en definitiva, pareciera que lo único que importa es cuánto y cuándo vamos a pagar. La cuestión de cómo se van a afrontar los pagos se debate también dentro del reducido ámbito de las variables macroeconómicas. En ese reducto, las posiciones de derecha (ortodoxas) ponen énfasis en la necesidad del superávit fiscal; las que se dicen progresistas o heterodoxas procuran presentar estrategias de pago que no signifiquen (o que minimicen) políticas de ajuste. Unos y otros dan por descontado que los dólares necesarios para afrontar lo comprometido saldrán de un inevitable aumento de las exportaciones.

Desde los tiempos de campaña, el actual Presidente planteó que su estrategia de sustentabilidad de la deuda consistiría en la fórmula de “crecer para pagar”, apostando para ello a un salto exponencial en el volumen de las exportaciones, como supuesta variable clave para que el peso de las “obligaciones externas” no signifique mayores “políticas de ajuste”. Desde “mis principales aliados son los que exportan”, al anuncio de las negociaciones con el gobierno chino para exportar millones de toneladas de carne de cerdo, y la recepción de la Vicepresidenta al flamante Consejo Agroindustrial Argentino, desde la razón progresista se busca instalar un sólido consenso en torno a la idea de que la intensificación de la vieja matriz primario-exportadora de la economía argentina, sería la única vía posible para eludir el ajuste y la más favorable a los intereses populares.

Esa fórmula parece tener un poder alquímico, capaz de diluir todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivación del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracción de inversiones y la recuperación de la tasa de ganancias; en fin, la base de los superávits comercial y fiscal requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias económicas, no hay mucho espacio para preocupaciones ecológicas. En tiempos de emergencia, lo lógico -para los principales actores del sistema— es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.

Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificación del extractivismo. Paradójicamente, un término que nació al lenguaje político global como significante de problemáticas ambientales, remite ahora a meros balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Como una ironía de la historia (o de la necedad política de los tiempos que vivimos), en nombre del realismo, se impone una lógica sacrificial sobre las fuentes materiales de vida; en nombre de una estrategia-país, se antepone el cortoplacismo de la lógica financiera por sobre la temporalidad de los ciclos geológicos de la materia viviente.

A nuestro entender, la aceptación política de esta fórmula aparece como síntoma de hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social.  La naturalización de la lógica financiera como patrón único de valor social es lo que explica que este crecer para pagar no se vea como una contradicción; ni siquiera como problemático para un gobierno que se pretende progresista. Visto en términos de una elemental ecología política, implica un rumbo cuya concreción significará la consumación de un nuevo ciclo de despojo.

Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo

No es una novedad para la ciencia social la asociación entre préstamos internacionales y producción de desigualdades y dependencias entre países. Desde hace ya más de un siglo, los estudios clásicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los análisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros días.

Rosa analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sistémico de la acumulación a escala global. En tanto el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, la realización de la plusvalía sólo se logra a costa de una continua expansión geográfica (es decir, ecológica y sociocultural). Las colonias proveen a los centros de acumulación lo que estos empiezan a agotar durante su ‘desarrollo’: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversión. De allí el carácter indisociable entre colonialismo y capitalismo.

En ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera, ni al poder de tutelaje que los acreedores adquieren sobre las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. En este proceso, más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a través de los pagos, es el drenaje ecológico, de materia y energía, que fluye desde las economías deudoras a través de sus exportaciones.

Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos análisis, Rosa usara como ejemplo la estructura de relaciones económicas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. Su análisis devela el fondo de la sujeción imperialista que se realiza a través del crédito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en créditos, ferrocarriles y puertos, no sólo se dio a través de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a través de la anexión de la región pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria.

Desde la ecología política, la noción de geometabolismo —que mira el proceso global de acumulación en términos de los flujos materiales y no sólo de los financieros— permite develar la dimensión ecológica del imperialismo subyacente en el comercio mundial. Lejos del mundo idílico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geografía plana, sino que tiene lugar a través de una rígida geometría del poder que divide jerárquicamente las regiones de la pura y mera extracción, de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos. La división internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sistémicos de apropiación desigual del mundo; de extracción de una plusvalía ecológica.

Así como en el siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblemático de estos procesos. La dinámica especulativa y de endeudamiento de los ’90 que desembocó en el colapso de 2001, operó como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permitieron ‘desendeudar’ el país y activar la ‘recuperación’ del mercado interno) significó —en términos geometabólicos— un más que proporcional drenaje ecológico de energía primaria a través de las cuales la geografía argentina subsidió la expansión industrial china. Los millones de dólares de exportaciones ‘ingresados’ durante el período encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estratégicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la economía volvió a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al país a disposición de un nuevo ciclo de despojo.

En este contexto, crecer para pagar significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilización hacia territorios y bienes naturales codiciados por el mercado mundial; concretamente, avanzar con la explotación de Vaca Muerta y el fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotación del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el régimen del agronegocio y de la minería a gran escala a lo largo de la cordillera. La intensificación del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplirá el cometido del endeudamiento: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificación de la plusvalía ecológica. No hay quita de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.

Una dimensión sustantiva de este problema es la cuestión geopolítica; pues la plusvalía ecológica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportación del país están dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qué hablar, en la minería y el petróleo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnológico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de economías naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupación y control de vastas extensiones geográficas. Se configura así una matriz por la que la integridad territorial del país se fragmenta en cuadrículas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificación de las exportaciones, el capital transnacional oligopólico adquiere una decisiva capacidad de disposición sobre fuentes de agua, nutrientes y energía primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupación territorial es el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energía es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.

Extractivismo: cuestión política; no (sólo) ambiental

Desde sus orígenes, el pensamiento crítico latinoamericano se constituyó como tal a partir de la identificación de los regímenes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Las críticas no estuvieron dirigidas a sus consecuencias ambientales, sino a sus implicaciones económicas y políticas. Desnudaron la conexión intrínseca entre modelo primario-exportador, concentración de la tierra y poder.

El extractivismo no sólo tiene que ver con economías exportadoras de naturaleza, sino con un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones. Ese fenómeno está en la raíz de la constitución política de nuestras sociedades. América Latina, como entidad geopolítica, nació al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercancías. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que detonó el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulación originaria a través del envío de “vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global”, como escribió Jason Moore en El auge de la economía-mundo capitalista I.

La historia económica de la Argentina (y de la región) puede verse en términos de ciclos crónicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotación de sus recursos naturales; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecológico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilización creciente. Esa historia nos debería enseñar que el extractivismo es la dimensión ecológica del imperialismo. Que la producción del subdesarrollo, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus raíces en el duro suelo del extractivismo.

Desde la época de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como vínculo geometabólico que subsume las economías coloniales a los centros de acumulación. Las cadenas geográficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte nos atan a un régimen estructural de dependencias y desigualdades ecológicas, económicas y políticas.

En ese escenario, hoy como ayer, crecer para pagar es profundizar la dependencia, ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre países y regiones; entre cuerpos de distintos colores, géneros y generaciones. Es, en última instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecológicas de la democracia. Porque ningún gobierno de las mayorías puede prosperar allí donde rige un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra.

* Investigador Adjunto de Conicet, Equipo de Ecología Política del Sur, CITCA CONICET-UNCA

Repudio y condena por los asesinatos de niñas, niños y jóvenes en Colombia

Desde Censat Agua Viva repudiamos y condenamos de forma enérgica ante la comunidad nacional e internacional el recrudecimiento de la grave situación de violencia y asesinatos en Colombia, que en los últimos meses ha estado dirigida en mayor medida en contra de la niñez y juventud del país.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Desde Censat Agua Viva repudiamos y condenamos de forma enérgica ante la comunidad nacional e internacional el recrudecimiento de la grave situación de violencia y asesinatos en Colombia, que en los últimos meses ha estado dirigida en mayor medida en contra de la niñez y juventud del país. De la misma manera, reafirmamos nuestro repudio y rechazo a la sistemática muerte de líderes y lideresas sociales pertenecientes a las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres. Condición que se agudiza, sin que el gobierno colombiano reconozca la sistematicidad del fenómeno y por tanto no implemente las medidas urgentes para evitarlo.

En menos de un mes, hemos sido testigos de una serie de hechos de violencia en diferentes territorios y ejercida en contra de comunidades por diferentes actores. El 2 de agosto, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN) denunció el asesinato de tres jóvenes comuneros pertenecientes al territorio Canoas en Santander de Quilichao. En la noche del 11 de agosto, cinco adolescentes afrodescendientes del barrio Llano Verde en Cali fueron torturados y masacrados en un cañaduzal. El 12 de agosto, en el municipio del Patía-Cauca fueron torturados y asesinados dos jóvenes, de 15 y 16 años de edad, que habían llegado a la región buscando un mejor futuro. El 16 de agosto, en Samaniego-Nariño fueron asesinados ocho (8) jóvenes que se encontraban en una reunión social, posteriormente, el mismo día y en el mismo municipio fue asesinada una joven de 26 años. Cuando se terminaba de redactar este comunicado, el fin de semana del 22 y 23 de agosto, cinco nuevas masacres ocurrieron en los siguientes lugares: Corregimiento de El Caracol, zona rural del municipio de Arauca (Arauca), en el municipio de El Tambo (Cauca), en el municipio de Tumaco (Nariño), y en la tarde del mismo domingo 23 fueron masacrados un joven de 19 años de edad, otro de 18 años y un adolescente de 15 años, en Venecia (Antioquia),  y además en la mañana del 23 de agosto un hombre fue torturado y decapitado en Monterrey (Casanare)

Adicionalmente, preocupa de manera particular la responsabilidad, en algunos casos,  y la presunta autoría en otros, de las Fuerzas Armadas en varios casos de violencia contra niñas y mujeres. En Neiva-Huila, en el mes de marzo del 2020, un policía es investigado por la supuesta violación de una niña de 14 años[1]. En el mes de junio del 2020, una comunidad de la etnia Nukak-Makú denuncia que una niña de 15 años fue retenida y violada durante varios días por un grupo de uniformados en un batallón del Ejército en el departamento del Guaviare[2]. En junio del 2020, siete (7) militares reconocieron su responsabilidad frente a los hechos que involucraba la violación de una niña de 12 años de la comunidad embera chamí[3], en Pueblo Rico, Risaralda.

El recrudecimiento de la violencia en Colombia es una realidad, que ahora deja como víctimas a niños y jóvenes, vulnerando sus derechos en el presente y afectando las perspectivas de futuro para ellas, sus familias y sus comunidades. Nos preocupa que muchos de estos hechos afectan especialmente a niños, niñas y jóvenes que integran comunidades indígenas y negras que además son quienes más han tenido que soportar los horrores de la guerra. En este sentido, consideramos que la construcción de paz con justicia social es un cimiento fundamental para trabajar de forma conjunta la consolidación de un futuro y presente para los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Por eso rechazamos la nula voluntad por parte del gobierno de Iván Duque en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC, siendo  absolutamente  responsable de la falta de compromiso con la sociedad colombiana en cumplir el mandato de construir la paz y se aparta de su deber constitucional de brindar protección integral a quienes lo necesitan.

Hace casi cuatro meses se realizó una acción internacional dirigida a diferentes instancias del Estado colombiano, condenando el asesinato de más de 71 personas líderes y defensores de los derechos humanos y ambientales, situación exacerbada durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación emitió una respuesta el 29 de junio, nombrando algunas instancias y estrategias que desde el gobierno se han venido implementando, a todas luces insuficientes para cumplir con el mandato de proteger la vida e integridad de los habitantes del país.

En virtud de este contexto, y frente a nuestro compromiso con la construcción de paz en Colombia, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la violencia ejercida contra todas las personas de Colombia, y en particular contra niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos que componen comunidades indígenas o negras o viven en medio de la exclusión y el racismo estructural, y que en muchos lugares del país son precisamente quienes promueven la diversidad, la paz, la cultura, el cuidado de la naturaleza y la vida. De igual manera, expresamos nuestras condolencias y solidaridad y con las familias de las niñas, niños y jóvenes atacados y asesinados. Y por lo anterior, exigimos:

  • Al Estado colombiano garantizar el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia que indica que niñas, niños y jóvenes son sujetos de especial protección en busca de su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos.
  • Al Estado colombiano el cumplimiento de los mandatos constitucionales y el acuerdo de paz, el reconocimiento de la sistematicidad de la crisis, la implementación de medidas reales y eficientes para garantizar la vida y derechos de las colombianas y colombianos.
  • Así mismo, el cese inmediato de las acciones violentas por parte de miembros de instituciones del Estado contra la población y sus organizaciones.
  • Solicitamos vehementemente al gobierno nacional de Colombia adelantar las investigaciones que permitan esclarecer los asesinatos y hechos de violencia.
  • Instamos a las autoridades colombianas destinar y adelantar todos sus esfuerzos para hacer cumplir los derechos fundamentales de todos los niños, niñas, y jóvenes del país.
  • A la comunidad internacional, el acompañamiento y respaldo a las comunidades, organizaciones y víctimas de la violencia en Colombia, manteniendo todos los esfuerzos necesarios para la consolidación de la paz en el país.

Censat Agua Viva

Bogotá, 24 de Agosto de 2020

2 y 3/9 | VI Seminario: Campaña Ni Un Pozo Más

La campaña Ni un Pozo a Más lleva a cabo la IV Semana Sin Petróleo del 1 al 7 de septiembre. El evento será totalmente virtual debido a la pandemia de la COVID-19 e incluye rondas de conversación y debates, sesiones de cine, talleres, muestras de arte y programación para niños. Desde el Observatorio Petrolero Sur, participarán Víctor Quilaqueo y Fernando Cabrera en la jornada del 3 de septiembre desde las 10 horas.

El foco está en los daños de la industria petrolera a la salud, al medio ambiente y a las formas de vida de las comunidades, así como las estrategias de resistencia establecidas en los territorios. El programa cuenta con la participación de miembros de la red Oilwatch Latinoa América e Internacional, brindando una visión y diálogo global sobre el tema.

La invitación original:

A indústria petroleira não para de vazar. Mesmo durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, matando mais de 100 mil pessoas, principalmente a população negra, as classes empobrecidas das periferias urbanas e os povos tradicionais, a indústria petroleira não para. Vaza por toda parte. No Brasil, na América, na África, na Ásia.

Vaza na perfuração de novos poços. Vaza na extração do petróleo e do gás. Vaza no transporte por dutos, navios e caminhões. Vaza no armazenamento e no refino. Vaza no abastecimento. Vaza também no uso e no descarte de seus principais derivados: plásticos, combustíveis, lubrificantes, fertilizantes.

Contamina praias, mangues, baías. Polui florestas e rios. Expropria territórios tradicionais. Cria zonas de sacrifício nas periferias industriais e portuárias. Violenta mulheres. Adoece os corpos e as mentes. Envenena o alimento. Viola por mais de um século os direitos humanos e da natureza. A indústria petroleira é a principal responsável pelo aquecimento global. Sua expansão precisa ser detida.

Lugar de petróleo é no subsolo!
Semeie esta ideia. Dissemine seus sentidos. Semine a transição.
Seminário da Campanha Nem um poço a mais!

Desde el Observatorio Petrolero Sur, participarán Víctor Quilaqueo y Fernando Cabrera en la jornada del 3 de septiembre.

Justicia para Caleta Córdova | Comunicado del gremio docente de Chubut

Desde ATECh – Regional Sur, emitieron un comunicado en solidaridad con los pobladores de Caleta Córdova a partir del inicio del juicio por el derrame de petróleo ocurrido en esa costa en 2007.

Desde la Asociación de Trabajadorxs de la Educación de Chubut Regional Sur, adherimos a la exigencia de justicia para la comunidad de Caleta Córdova en particular y para la comunidad de Comodoro Rivadavia en general, pasados los doce años de aquél fatídico pero negligente hecho en el que se derramaron más de 300 metros cúbicos de hidrocarburos por el buque petrolero Arturo Illia de Antares Naviera cuando realizaba maniobras de carga de crudo en la monoboya de la empresa Termap.

Reivindicamos la lucha de las asociaciones civiles y de lxs damnificadxs para lograr el comienzo del juicio, ya que es la primera vez en la historia de la Ciudad petrolera que se concreta esta instancia ante los graves hechos ocurridos. Así también entendemos primordial acompañar este proceso judicial para que el pueblo encuentre justicia ante tamaña irresponsabilidad.

Creemos fundamental que no debe existir la impunidad frente a delitos de lesa naturaleza como los ocurridos aquél 26 de diciembre de 2007 que atentaron no sólo contra la biodiversidad marítima y terrestre cercana, sino también contra las actividades productivas de recolección de mariscos y pesca tradicional costera.

Exigimos que la justicia se ponga del lado de quienes han sido afectadxs y que paguen las empresas que tanto se han beneficiado y siguen beneficiándose con la extracción constante de los recursos naturales, congraciándose con este modelo de saqueo y destrucción impuesto por diferentes gobiernos.

ATECh

Regional Sur

“Donde hubo un delito ambiental debe haber consecuencias”

Lo afirmó Mirta Beatriz Calvo, vecina de Caleta Córdova, en diálogo con el programa Picada Continental de la AM 590, refiriéndose al histórico juicio que tiene lugar en Comodoro Rivadavia por el más grande derrame de petróleo vertido sobre el Mar Argentino.

La entrevista completa:

Denunció, además, que la causa estuvo durante años sin movimiento y los aprietes empresariales con los que se decía a los vecinos que, a cambio de una compensación económica, no hicieran ninguna denuncia por daños ambientales. La investigación, sin embargo, avanzó, y hoy se trata del primer proceso penal por un delito ambiental.

“Las petroleras, con el dinero que tienen, tapan los ojos y compran obediencia”

Por Gastón Rodríguez / Tiempo Argentino .- Comenzó en Comodoro Rivadavia el juicio por el derrame de hidrocarburos ocurrido en 2007 que, además del daño ambiental, afectó la vida de más de 100 familias dedicadas a la pesca artesanal. Solo una vecina no aceptó dinero para retirar la demanda. Sería la primera condena en el país por verter crudo en el mar.

El 26 de diciembre de 2007, la costa de Caleta Córdova, en el norte de Comodoro Rivadavia, en Chubut, se volvió una oscura y espesa mancha. La noche anterior, en lo que coincidió con las últimas horas de la celebración por navidad, un buque tanque derramó el petróleo suficiente para cubrir de negro siete kilómetros de playas, acantilados y restingas y estropear para siempre la vida de más de 100 familias que vivían de la pesca artesanal y la maricultura. Trece años después, aquel desastre ambiental comenzó a ser juzgado, lo que podría convertirse en la primera condena en el país por verter crudo en el mar. La demora y la necesidad, la misma que llevó a sus vecinos a aceptar dinero a cambio de retirar las demandas contra los tripulantes y la empresa, no quebraron la voluntad de una mujer, la única que continuó como querellante en la causa. “Lo mío –avisa– no es personal. Yo represento a mi familia, al sector pesquero y a toda la comunidad porque el mar es de todos. Lo lógico es que, si alguien provocó un daño, tenga que haber consecuencias”.

Caleta Córdova es, apenas, Caleta para los pobladores de la zona. Allí lo que se impone es el puerto, con sus lanchas amarillas o “fresqueras”, y la monoboya, un depósito de crudo de la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (Termap S.A), donde los buques atracan y cargan el petróleo que luego transportarán hacía refinerías y terminales de ultramar. Durante una de esas maniobras, entre las 22:30 del 25 de diciembre de 2007 y las seis del día siguiente, el carguero Presidente Arturo Illia, propiedad de Antares Naviera S.A., derramó petróleo causando un daño ecológico irreparable en la zona. La costa de Caleta se llevó la peor parte.

“Más de 100 familias, casi todas de pescadores artesanales, pulperos y marisqueros, vieron afectada su fuente de vida. Estamos hablando de un barrio que vivió de economías familiares durante 50 años, una actividad que involucraba a los chicos y chicas que colaboraban con sus padres”, explica Sonia Ivanoff, abogada de la única vecina que llegó como querellante al debate oral.

Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Norberto Bellver, “la contaminación ambiental con hidrocarburos de la costa de Caleta Córdova fue el resultado de la voluntad consciente y deliberada de los imputados”, y detalló que luego de tomar conocimiento del vertimiento al mar del petróleo, “se retiraron del lugar, sin dar aviso y sin implementar o solicitar el plan de contingencia y que con tal decisión omisiva aceptaron la creación de un daño ambiental afectando playas, acantilados, restingas, pesquerías, flora y fauna marítima”.

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De los siete acusados –seis tripulantes del buque y un empleado de la empresa– que llegaron a juicio, dos ya fueron sobreseídos durante la segunda jornada debido a la prescripción de las causas. El resto enfrenta una pena posible de hasta diez años de prisión por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

“Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo, tiene empresas de mucho dinero que tapan los ojos, la gente ha visto y sigue viendo lo que sucede con la contaminación con hidrocarburos, pero han logrado comprar una obediencia debida. Por ejemplo, algunos vecinos que trabajaban en los gasoductos fueron echados luego de que los dueños se enteraran de que habían hecho una demanda por el derrame”, explica Beatriz Calvo, la vecina que sigue denunciando el desastre.

Beatriz tiene 52 años y ya hace 30 que vive en Caleta. Cuenta con orgullo que su hijo Natán es cuarta generación de pesquero con trasmallo y bote a remo, culpa de antepasados portugueses por el lado del padre.

“Este era un barrio de economía familiar –continua– de mucho fileteros, de los hijos ayudando a las madres a pelar langostinos y limpiar centollas, todos trabajaban en sus casas. Una vez con los vecinos llegamos a juntar diez toneladas de almejas”.

Ivanoff destaca que el derrame afectó especialmente a los menores, tanto que tuvo que intervenir la Oficina del Derecho y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia y el Consejo de la Niñez. “Además de vulnerarles el derecho a la salud, les modificó el modo de vida. Ellos salían a ´pulpear´ y se encontraban con que todo estaba cubierto de petróleo. Después, había que cocinar y comer o vender esos productos con el riesgo de que estuvieran contaminados. Quedaron muy temerosos”.

Otra frustración importante fue que la Escuela 7703 de Caleta dejó de entregar el título simbólico con orientación en maricultura. “Qué práctica iban a hacer los chicos si estaba todo contaminado “, se lamenta Ivanoff.

Zona de sacrificio

El Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Ecosur presentaron un amicus curiae en la causa por el derrame en Caleta Córdova, exigiéndole al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que niegue el planteo de prescripción y pedido de extinción de la acción penal presentados en diciembre pasado por las defensas de los imputados argumentando que lo juzgado “tiene potencial dañoso transgeneracional y se inscribe en el elenco de delitos que han comenzado a tratarse por su especial dañosidad para el género humano y el ambiente, como delitos de lesa humanidad”.

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(Foto: Betania Viegas)

Para Ivanoff la convivencia de la industria petrolera con un pueblo que realiza una actividad artesanal de pesca “conlleva riesgos” y destaca que Caleta “pareciera ser una zona de sacrificio porque no hay presencia estatal de control y administración”.

Las consecuencias del impacto sanitario causado por el derrame y las posteriores tareas de remediación todavía es una incógnita. “Hubo muchos casos de conjuntivitis –recuerda Beatriz– y problemas en la piel, pero nunca se realizó un control a la población. Para remediar la playa tiraban querosene y bacterias sulfato reductoras que son las que se usan para limpiar los tanques de petróleo. Los pingüinos aparecían desplumados, les carcomía la grasa corporal. Mucha flora y fauna se destruyó. Tardó 10 años en crecer de nuevo el verdín de la costa”, y agrega: “sabemos que la industria petrolera tiene mayor peso económico, pero tampoco puede atropellar derechos individuales y colectivos. Espero una sentencia en el juicio porque todos los imputados pudieron seguir trabajando después del derrame. Nosotros, en cambio, nos quedamos sin nada”.