Foto: Martín Barzilai / Planta de Comarsa en funcionamiento, al fondo la ciudad de Neuquén
En un hecho inédito, la Fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén acusó al dueño y dos directivos de Comarsa, una de las cuatro empresas de tratamiento de residuos petroleros que operan en Vaca Muerta. Les imputó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y de administración fraudulenta. En su exposición, la Fiscalía advirtió sobre los riesgos del acopio y abandono de residuos petroleros y cuantificó el pasivo en más de siete millones de dólares. Además, informó que desde 2023 la planta ubicada en la ciudad de Neuquén está prácticamente abandonada. “Los imputados hoy son tres, pero seguramente sean muchos más”, anticipó el fiscal Máximo Breide Obeid.
Por Fernando Cabrera
La fiscalía acusó al director y principal accionista de Comarsa, Juan Manuel Luis, al director suplente entre 2014 y 2021, Héctor Basilotta, y al gerente general entre 2013 y 2016, que solicitó no ser mencionado. Les atribuyó gestionar una planta que “recibió sistemáticamente residuos peligrosos que no podía tratar y haber simulado ganancias por tratamientos que no realizaron, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de la población”. Los delitos, que comenzaron en 2014, se sostienen hasta la actualidad en el predio ubicado en el Parque Industrial Oeste de la ciudad de Neuquén.
Según la exposición, las montañas de barro de Comarsa poseen hidrocarburos totales de petróleo, que contienen compuestos volátiles y altamente tóxicos, entre los cuales se pueden mencionar los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) y HAPS (Hidrocarburos aromáticos policíclicos, como naftaleno, fluoreno, fenantreno) y metales pesados como plomo, bario y mercurio, entre otros.
La empresa recibió estos residuos por sobre su capacidad de tratamiento, lo que generó que el acopio en el predio se incremente año a año. Paralelamente, la empresa emitió a YPF certificados de tratamientos de esos residuos y cobró a sus clientes por tratamientos que nunca realizó. Esta maniobra les permitió disimular la situación real de la empresa para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener los contratos y justificar ganancias y entorpecer las labores de contralor.
En 2018, la empresa presentó a la Subsecretaría de Ambiente un plan de reducción de volúmenes, reconoció que existían 307 mil m3 de residuos. Allí solicitó tratar los residuos a través de biorremediación o biopilas dentro de la misma planta y enviar al menos 200 mil m3 de suelo contaminado al relleno de seguridad de Añelo. Este plan, como otros que había presentado anteriormente, fue incumplido y subejecutado. “En marzo de 2023 la empresa abandonó totalmente el tratamiento de residuos por biorremediación y envió a disposición final. La fiscalía constató que no se biorremedia más. No se está haciendo nada”, sostuvo Breide Obeid.
“Hoy permanecen acopiados más de 200 mil m3 de residuos peligrosos, separados de la población circundante a 500 metros solo por un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, señaló. Sobre el impacto a la salud, indicó que “es inconmensurable la cantidad de vecinos afectados”. A menos de 500 metros de la planta hay barrios densamente poblados como 7 de Mayo, El Nido, Loteo Social y Cuenca XV.
En tanto, la planta de Comarsa en Añelo también está cerrada, no recibe residuos y no está tratando. “Posiblemente esta fiscalía amplíe la investigación sobre Añelo porque ha abandonado residuos sin tratar y todavía desconocemos cuáles son los volúmenes que hay en Añelo”, anticipó el Fiscal.
De los contratos firmados con YPF, se establece que Comarsa tuvo ingresos por 700 millones de pesos que cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y que perdió con el tiempo la capacidad de tratarlo. El fiscal no precisó cuántos pesos actuales o dólares podrían significar ese monto. En cambio, indicó que entre 2014 y 2016, cuando se consolidó el pasivo ambiental que aún persiste, Juan Manuel Luis, recibió aproximadamente 2.375.000 dólares en concepto de honorarios y ganancias.
Según la estimación de la Fiscalía, trasladar el residuo implica unos 10 mil viajes en camión. El proceso de tratamiento, traslado y disposición final alcanzaría un pasivo de 7.350.000 dólares. “Comarsa no puede responder. Las tierras no son de ellos, la plata se la llevaron ¿Quién se va a hacer cargo? La provincia y los ciudadanos neuquinos”, advirtió Breide Obeid.
La causa se inició por una denuncia de la Asociación de Abogades Ambientalistas que se presentaron como querellantes, rol que también asumió la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH). Ambas organizaciones participaron de la audiencia y subrayaron la importancia del proceso en una provincia en la que la economía petrolera se maneja prácticamente sin fiscalización gubernamental. Ahora la Fiscalía tendrá un año para investigar y llevar a juicio a los acusados. Y ya anticipó que hará un relevamiento epidemiológico de la zona mediante una encuesta en la que ya está trabajando.
Medidas precautorias y el riesgo de nuevos barrios
Como medidas precautorias la fiscalía solicitó, entre otras cosas, la inhibición total de los bienes de Luis y Basilotta y de la empresa Comarsa, que prácticamente no posee bienes porque sus dos plantas están en terrenos fiscales. Esas medidas fueron concedidas por el juez, aunque posteriormente, una vez finalizada la audiencia, fueron apeladas por las defensas. Por otro lado, la justicia no aceptó conceder el requerimiento de que Juan Manuel Luis entregara los libros contables de la empresa porque podía autoincriminarse.
También señaló que el municipio está expandiendo servicios como cordones cuneta y alumbrado para instalar barrios en las inmediaciones de Comarsa. Por eso, la fiscalía recurrió al principio precautorio para solicitar la prohibición de que se realicen loteos a menos 1000 metros de Comarsa hasta que la planta sea saneada. El juez no hizo lugar a la medida por exceder los objetivos de la audiencia. “Supongo que habrá un estudio de impacto ambiental”, consideró. De esta manera quedó planteado el riesgo de esos planes de vivienda que ya fueron entregados por el Municipio a distintos sectores sociales de la ciudad.
Un paso, tras de una década de reclamos
La presentación de cargos es una hecho inédito. En ese acto la fiscalía asumió institucionalmente las denuncias que las y los vecinos de la planta sostienen desde 2014: Comarsa contamina y enferma.
En octubre de 2014 se presentó públicamente la Asamblea Fuera Basureros Petroleros que en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén denunciaron los impactos de Comarsa en los barrios aledaños, en los medios de comunicación y en la Legislatura provincial.
Como respuesta a esos reclamos, en noviembre de 2015 se publicó el decreto 2263 que regula la actividad y obliga a estas plantas a ubicarse a más de 8 kilómetros de la población. A más de ocho años de aquella resolución, la planta de Comarsa del Parque Industrial todavía contiene más de 200 mil m3 de residuo petrolero tóxico, con los agravantes de que está prácticamente abandonada y que el Municipio está instalando barrios en las inmediaciones.
La formulación de cargo es sin dudas, un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que las petroleras saquean y contaminan. Queda mucho por investigar:
- En las intervenciones del fiscal se esboza la necesidad del análisis de la situación de la planta de Comarsa de Añelo que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- Resta, además, señalar la inevitable connivencia de funcionarios estatales que siguen hasta la actualidad habilitando el trabajo de esas plantas.
- Por otro lado, la Justicia deberá indicar las responsabilidades de las grandes petroleras, como YPF, y todas las que firmaron contratos con Comarsa, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente. Esas compañías son las generadoras del residuo y, según la ley de Residuos Peligrosos, las principales responsables porque sean bien descontaminados y depositados en lugares apropiados.
- De esta causa se deriva también que es necesario investigar con determinación las otras tres empresas con basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
Esta causa, impulsada por quienes están directamente afectados y distintas organizaciones sociales y políticas, iniciada con una exhaustiva presentación de Abogados Ambientalistas, y que encontró una Fiscalía permeable a sus planteos, demuestra lo que es Vaca Muerta. Como dijo uno de los abogados querellantes: “mientras algunos se enriquecen los residuos quedan acá”.
