Por Felipe Gutiérrez Ríos (OPSur) / Revista Crisis .- La renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo a la Secretaría de Energía dejó instalado un detonador: aumento de tarifas masivos, ganancias extraordinarias para un puñado de empresas e incertidumbre sobre la provisión de electricidad durante el verano. En esta nota, las idas y vueltas de la gestión energética del ultraliberalismo argentino.
“Va a necesitar más tiempo para sí mismo”. Así justificó la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo el Ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta en X. Lo reemplazó María Tettamanti, integrante de la Fundación Pensar, centro de pensamiento del PRO. La economista ha pasado por distintas empresas del sector gasífero y hasta la semana pasada era gerenta general de NGR Argentina, una empresa dedicada a la producción de arenas para el fracking.
Más allá de la versión oficial de su alejamiento por problemas de salud, la gestión de Chirillo estuvo marcada por una serie de descoordinaciones. Como en mayo, cuando buscó ahorrar en la compra de gas importado pero el frío generó más consumo del que había calculado la Secretaría de Energía. Hubo desabastecimiento en estaciones de GNC y grandes industrias, por lo que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tuvo que comprar 12 cargamentos de gasoil y fueloil por un monto de US$ 500 millones que no estaban previstos. A las apuradas y sin licitación pública, también Enarsa hizo una compra de GNL, en este caso a Petrobras y de manera directa. Sin embargo, la petrolera brasilera denunció que el pago no se pudo documentar y el gobierno cortó el suministro de las 100 principales industrias del país durante la última semana del mes.
Como demostrando que al excel de los ultraliberales criollos le faltan las estaciones del año, la cercanía del verano volvió a desnudar la improvisación en el área energética. A mediados de septiembre, Guillermo Francos reconoció públicamente que puede haber suspensiones en los servicios eléctricos durante los meses de calor. El aviso del jefe de Gabinete provocó la reacción inmediata de Rodríguez Chirillo, que para espantar fantasmas aclaró que los cortes programados no afectarían el sector residencial, como pasó en los ochenta, si no que se harían en acuerdo con las industrias.
Las razones que anticipan los posibles cortes no son nuevas: el sistema nacional no alcanza para cubrir el alza de la demanda de consumo eléctrico. De hecho, durante los últimos veranos se evitaron los apagones masivos importando energía, principalmente desde Brasil. Según un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) la situación de este año podría ser peor. El documento dice que 2025 empezará caluroso, es decir, anticipa una temporada estival en la que aumentará la demanda eléctrica y descenderá la provisión de energía nacional, básicamente por la creciente caída de la generación hidráulica y suspensión de las operaciones de la central nuclear de Atucha I y que entrará en un proceso de “extensión de vida” por lo que va a parar por al menos 30 meses.
Estas escenas de descoordinación al más alto nivel político del gobierno muestran hasta qué punto la crisis de un sistema energético precarizado e inestable podría agravarse aún más con la política que empuja el gobierno de Milei. Pero igual no la ven. De hecho, durante su última semana Chirillo publicó “El camino hacia el crecimiento energético”, un video con cierto tono de despedida en el que desarrolla lo que entiende como principales logros de su gestión: la “normalización de los mercados de energía” adecuando las tarifas para que -como dicen en su jerga- “reflejen los costos reales de suministro” y la promoción de la inversión de grandes proyectos. A modo de balance analizamos estos dos grandes ejes de la política energética del gobierno, los logros de Eduardo.
Alma de frío polar
El combo energético de inestabilidad de los servicios se agranda con el aumento de las tarifas. De acuerdo con la consultora Economía y Energía respecto al AMBA, para el sector que corresponde al nivel 1 de mayores ingresos, las tarifas de agosto de 2024 fueron un 223% más altas que en el mismo mes del año anterior. Para el nivel 2 de ingresos medios, el aumento alcanzó un 472%, mientras que para el nivel 3 de ingresos bajos, el aumento fue del 379%. Estos datos evidencian un impacto mayor en los sectores medios y bajos.
En Argentina, además, cerca de la mitad de las viviendas no cuentan con acceso a gas de red. Esto multiplica los costos de calefacción y supervivencia durante los meses de invierno. A pesar de ello, la Secretaría de Energía decretó en agosto la desregulación del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), quitando los precios máximos de referencia. En la resolución 216/2024 que liberó el costo de las garrafas, el gobierno sostiene que la norma “tiene por objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”. Según relevó el periódico Río Negro, la medida de esa libertad tuvo efecto inmediato: en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, en tres días la garrafa de 10 kilos pasó de valer $8.500 a $14.000. El gobierno resolvió obturar el acceso al gas envasado mientras transcurría uno de los inviernos más fríos de los últimos sesenta años, cuando las temperaturas extremas estaban haciendo estragos en todo el país. La pizca de crueldad que le faltaba al combo energético de Milei.
Las razones que anticipan los posibles cortes no son nuevas: el sistema nacional no alcanza para cubrir el alza de la demanda de consumo eléctrico. De hecho, durante los últimos veranos se evitaron los apagones masivos importando energía, principalmente desde Brasil.
Los números que publica el Indec al respecto son brutales. El precio del conjunto de los servicios vinculados con la energía creció un 352% en el último año en el Gran Buenos Aires y hubo alzas similares en el resto del país. En el mismo período, sin embargo, los ingresos de los hogares crecieron un 87,5%. La cuenta es clara: las tarifas aumentaron cuatro veces más que los ingresos
Los aumentos desproporcionados de las tarifas impulsaron movilizaciones en todo el país. En septiembre, un grupo de usuarios prendió gomas afuera de una sucursal de EDET en Tucumán. Al mes siguiente, una multisectorial de Río Grande, en Tierra del Fuego, se movilizó para reclamar por el acceso a la energía. Los relatos se repiten ante lo insostenible: las familias tienen que elegir entre comprar comida y pagar las tarifas, aumentan sus deudas, hacen rifas para pagar la luz y denuncian aumentos de más de 10 veces respecto del año anterior. Ante esta situación, el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos convoca a un Apagón Nacional para el próximo 31 de octubre.
Todo el poder a las empresa
En una punta del sistema está el consumo, en la otra, la extracción y generación de energía. Un sector evidentemente estratégico para el gobierno desde el inicio de su gestión. De hecho, la mitad de los artículos de la Ley de Bases que ingresó en abril al Senado corresponden al capítulo sobre energía. El texto explicita que el objetivo de la política energética es la “maximización de la renta obtenida por la explotación de los recursos”. Las empresas pueden fijar los precios y se les habilita la libre exportación, a menos que exista una objeción específica de la Secretaría de Energía.
La Ley definió una serie de privilegios para inversionistas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La herramienta establece la pérdida de soberanía en tanto habilita que las posibles controversias con los inversores se sometan al arbitraje internacional en vez de resolverse en los tribunales nacionales. El RIGI otorga, además, una serie de beneficios tributarios y económicos que no podrán ser modificados por nuevas regulaciones. Un régimen de garantías exageradas cuyo objetivo es convocar grandes empresas globales a explotar hidrocarburos en el país, con el foco puesto en Vaca Muerta pero también en el Mar Argentino.
Sin embargo, el sueño de la Vaca Muerta exportadora para resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina no nació con el mileísmo. La fuerza de Vaca Muerta como política energética central comprime la grieta argentina desde los inicios del proyecto. Su explotación fue un pase de postas de los gobiernos de la última década, cada cual con sus matices y sectores empresariales a los que beneficiar. Milei recibió entonces un modelo energético sostenido por consenso.
Pero eso no es lo único, porque además se tomó de uno de los eslabones más débiles de la política de los últimos gobiernos, tanto progresistas como liberales: la situación del sector eléctrico. El atraso de la infraestructura de redes, los altos consumos de algunos sectores industriales, el comportamiento lumpen de algunas de las compañías privatizadas -como Edesur, que fue intervenida en 2023-, y la incapacidad de establecer un criterio racional de subsidios para las tarifas del sector residencial configuran el estado de situación del sector que le entregaron a Milei. Un contexto que le permite avanzar con los objetivos liberalizadores sin mayores dificultades. Esos polvos trajeron estos barros.
¿Me van a cortar la luz en el verano? Esa pregunta no tiene respuesta porque hoy la política energética transita en la incertidumbre. Cammesa hizo la advertencia, el Jefe de Gobierno dijo una cosa, el Secretario de Energía dijo otra. Ahora ese Secretario de Energía ya no está más. Deja, eso sí, un legado de desregulación y descoordinación como impronta.
Haciéndose fuerte sobre el terreno débil, el gobierno desplegó de entrada la crítica al modelo de subsidios al consumo que fueron aplicando los gobiernos anteriores. Se fijó como objetivo la toma del control del sector privado, de manera de restaurar, en su jerga, tanto la cadena de pagos como las señales de precios. Su búsqueda es pura ideología: se trata de entregar todo el poder a las empresas en un contexto de “libre competencia”, lo que permitiría, de acuerdo a esta perspectiva, que el sistema se regule a través de los precios.
En ese aspecto el sueño de Milei dialoga con la mirada ultraliberal de la energía que había ensayado el gobierno de Mauricio Macri. De hecho su primer ministro de Energía, Juan José Aranguren, aplicó el tarifazo con la promesa de que permitiría el ingreso de nuevas empresas, un movimiento cuyo resultado a mediano plazo sería la baja “natural” de los precios. La misma sintonía del gobierno actual, que decretó la liberación de los precios del gas licuado asegurando que la desregulación “producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.
Este es el punto en el que chocaron este año los dos grandes objetivos económicos del gobierno. Por una parte, la quita de subsidios le permitió acercarse al objetivo de déficit cero. Pero el alza de los precios de la energía impactó sobre la inflación, motivo por el cual hubo que demorar mes a mes el plan de aumentos progresivos. Sobre este posible conflicto, la subsecretaría de Planeamiento Energético, Mariela Belijansky, dijo tener la respuesta. Durante la audiencia pública por el incremento de las tarifas en el AMBA destacó que “los aumentos tarifarios lejos de aumentar la inflación la reducirán”. La medición de la inflación de un mes no debe confundirse con la de mediano plazo, según señaló. Y agregó que “el aumento de las tarifas se verá compensado porque sin inflación otros bienes de la economía no aumentarán”. Una muestra clara de la tensión que enfrenta el liberalismo pragmático para despojarse del liberalismo teórico.
En la práctica los resultados de los primeros diez meses del gobierno de Milei son bastante claros. El marco de presión sobre la inflación más la experiencia del gobierno de Macri orientó un alza de tarifas más gradual en relación a la que aplicó Aranguren, y de todos modos sostenida. La ecuación que contrasta el aumento de las tarifas con la pérdida de los ingresos no le cierre a nadie. Excepto, claro, a los empresarios del sector. Por ejemplo Edenor, otra de las distribuidoras eléctricas privatizadas, declaró en Comisión Nacional de Valores una ganancia operativa -es decir, no financiera- de $86.650 millones para el primer semestre del año. Un 261% más que el primer semestre anterior.
Preguntas abiertas y un objetivo claro
¿Me van a cortar la luz en el verano? Esa pregunta no tiene respuesta porque hoy la política energética transita en la incertidumbre. Cammesa hizo la advertencia, el Jefe de Gobierno dijo una cosa, el Secretario de Energía dijo otra. Ahora ese Secretario de Energía ya no está más. Deja, eso sí, un legado de desregulación y descoordinación como impronta. ¿Cambia algo con María Tettamanti? En principio parece que son todas figuritas intercambiables en un esquema de gestión de la energía que tiene un objetivo claro.
El precio del conjunto de los servicios vinculados con la energía creció un 352% en el último año en el Gran Buenos Aires y hubo alzas similares en el resto del país. En el mismo período, sin embargo, los ingresos de los hogares crecieron un 87,5%. La cuenta es clara: las tarifas aumentaron cuatro veces más que los ingresos.
Los resultados del sistema del liberalismo ideológico y el pragmático se pueden ver como en una foto. De un lado, más de la mitad de la población empobrecida, con ingresos que no alcanzan para cubrir los alimentos, excluida del acceso a los servicios básicos. Del lado opuesto, un rinconcito de empresas y empresarios enriqueciéndose desvergonzadamente y en el centro, pulgares al cielo y sonrisas firmes, el equipo de ultraliberales de Milei y los endeudadores reincidentes capitalizando un sistema energético que ya venía precarizado, productivamente orientado al exterior. Lo que extraen de la mayoría del país se convierte en las ganancias de esos pocos. Por eso se ríen los descocados. Porque pese a que la balanza de logros no les cierra por ningún lado, esta imágen de entrega y desigualdad ultraliberal también es parte de sus objetivos, más allá de quien encabece la Secretaría de Energía.
