Por Alan Rocha Varsanyi (OPSur) / Fotos Martín Álvarez Mullally
En este contexto de crisis civilizatoria y negacionismo frente al colapso ecológico, la provincia de Neuquén se encuentra en el epicentro de un debate clave: la relación entre el modelo extractivista de Vaca Muerta y las políticas educativas. El artículo “La progresiva injerencia de las empresas petroleras en las políticas educativas neuquinas a partir del cluster Vaca Muerta“, publicado por María José Laurente, Ema Paula Penas y Sandra Elisabet Juárez en la Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación aborda críticamente este vínculo mediante una metodología cualitativa que combina entrevistas, revisión documental y análisis comparativos.
El estudio analiza los mecanismos con los que el modelo extractivista vinculado a Vaca Muerta consolidó su influencia en las políticas educativas de Neuquén. Un marco de intervención que articula la integración del sector privado en la redefinición de las funciones estatales, es decir, la promoción del financiamiento mixto con el uso estratégico de discursos de sostenibilidad social para orientar la formación de recursos humanos. Al respecto, las autoras proponen incorporar la idea de filantrocapitalismo que, en este contexto, ayuda a develar el entramado mediante el cual las empresas petroleras aseguran la formación de los recursos humanos que necesitan, mientras legitiman su papel como actores imprescindibles en el desarrollo social.
El trabajo examina las políticas educativas de la provincia de Neuquén en su relación con la alianza estatal empresarial en el marco de Vaca Muerta para dar cuenta de los procesos de privatización endógena y exógena encubiertos. La privatización endógena implica la adopción de prácticas empresariales en la gestión educativa, la exógena hace referencia a la participación directa del sector privado en la provisión de servicios educativos. Ambas formas confluyen en la política neuquina, cuyo resultado es un modelo híbrido, o mixto, que redefine las funciones estatales en el ámbito educativo.
Dos programas clave ilustran esta dinámica. Por un lado, el Plan Provincial “Redistribuir Oportunidades”, sancionado en 2023, que promueve becas educativas cofinanciadas por empresas como Pan American Energy, YPF, Exxon y Shell con el soporte técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por el otro, el Programa “GenEra Neuquén”, de 2024, que desarrolla competencias alineadas con las necesidades del sector hidrocarburífero en escuelas técnicas con la integración directa de empresas como Vista y Tecpetrol al proceso educativo.
Presentadas como filantrópicas, estas iniciativas reflejan el desplazamiento progresivo de las responsabilidades estatales hacia las corporaciones, la subordinación de la educación pública a intereses privados y el refuerzo de la dinámica de formación de capital humano destinada a sostener el desarrollo del fracking.
Para este análisis, Laurente, Penas y Juárez destacan tres desplazamientos en particular. El primero se enfoca en el movimiento de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) al financiamiento mixto en educación. Con el boom del fracking, plantea esta investigación, las primeras intervenciones se basaron en acciones puntuales, localizadas y de bajo presupuesto orientadas a la construcción de una imagen positiva y comprometida de las empresas según las lógicas de la RSE. Sin embargo, las autoras reconocen en el desarrollo de las políticas educativas actuales “un movimiento político de pinzas en donde a la vez que se desfinancia la educación pública, se derraman beneficios desde el generoso comportamiento moral de las corporaciones petroleras alentando desde el Estado el tan mentado incentivo al financiamiento privado, en este caso vinculado a los intereses del modelo extractivo”. El estudio sostiene que, sin abandonar los modos tradicionales de privatización, ni la RSE, “el brazo financiero de las empresas petroleras abre paso a la alianza público privada con un nuevo rango de mayor legalidad y legitimidad”.
El segundo tiene que ver con el desplazamiento de la “licencia social” a la “sostenibilidad social”. Luego de la primera etapa de instalación de los no convencionales en la región, la corporación empresarial emprendió una segunda etapa en relación a la narrativa desarrollista. Además de construir licencia social, “alimenta las expectativas de la denominada sustentabilidad social con la pretensión de que todxs los sectores sociales se beneficiarían del crecimiento económico”. Un modelo que evidentemente plantea serios interrogantes en torno a la autonomía y la calidad de la educación pública en Neuquén.
El tercero y último tiene que ver con el desplazamiento de la “filantropía focalizada” al “filantrocapitalismo”, el movimiento que garantiza la formación de recursos humanos. El trabajo señala, con ejemplos concretos, las acciones de filantropía estratégica institucional que intervienen de manera progresiva en el núcleo de la gestión ministerial y la política educativa. Una serie de mecanismos que, a su vez, profundizan lógicas privatistas y de formación enfocadas en Vaca Muerta. Según las autoras, con estos programas se genera un “lobby constante” que atraviesa la vida cotidiana de docentes y estudiantes. El mismo proceso con el que las empresas petroleras legitiman su rol de agentes indispensables para el progreso y para resolver los problemas educativos y sociales. Así, las empresas son el mensaje y también el medio.
Las autoras incorporan los efectos simbólicos y materiales que generan estas políticas en las comunidades. Los discursos de modernización y desarrollo que enmarcan este tipo de iniciativas desplazan valores democráticos mientras refuerzan desigualdades estructurales. Al respecto, observan “un doble movimiento donde el modelo extractivo alinea y direcciona las políticas educativas, a la vez que moldea y modula subjetividades a tono con la nueva sociabilidad petrolera”. Se trata de políticas que debilitan el derecho a la educación, que lo adaptan a las necesidades del mercado y que terminan por redefinir los alcances y sentidos de los derechos humanos y de la naturaleza.
Según concluyen Laurente, Penas y Juárez, la Norpatagonia padece una privatización educativa específica traccionada por los intereses de la alianza estatal empresarial petrolera mediante la implementación de complejos esquemas de financiamiento mixto. En Neuquén, el resultado es esta privatización que no se traduce en cambios de titularidad de las escuelas, sino en una creciente injerencia de agentes privados en la educación pública. Una modalidad que redefine las responsabilidades tradicionales del Estado y profundiza la influencia corporativa en las políticas educativas.
A partir de estos análisis rigurosos y fundamentados, las autoras de este trabajo invitan a defender la educación pública en un contexto de extractivismo y neoliberalismo con la urgencia que implica repensar la reproducción de la vida desde una perspectiva socioecoterritorial. Un llamado a reconocer la potencialidad política y organizativa de las luchas comunitarias de resistencia para reconstruir los territorios y defender los buenos vivires.
Disponible en: https://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae/article/view/2175
