Un equipo de especialistas impulsa un proyecto de ley para prevenir la sismicidad vinculada con la explotación mediante la técnica del fracking. Buscan establecer un sistema público de monitoreo y protocolo de actuación en caso de que se registren movimientos sísmicos. “Ningún ente de la administración pública está atajando este tema como corresponde y tampoco lo está haciendo la industria”, sostienen.
Por Fernando Cabrera Christiansen (OPSur) / Foto: Martín Álvarez Mullally .- Otra fría noche de julio en la estepa neuquina. Las jarillas y el viento suave ocupan toda la escena cuando, súbitamente, la tierra tiembla unos segundos. Son las 21.58 de un martes cualquiera. El epicentro del temblor se ubica 24 kilómetros al noreste de la localidad de Añelo, muy cerca del área Bajada del Palo Oeste, que es operada por la empresa Vista.
El sismo fue registrado por el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES), tuvo una magnitud de 3,2 ML (Richter) y a una profundidad de 9 kilómetros. Es el sismo inducido número 41 en 2025. Desde 2015 ya se registraron casi 550.
Relatos similares a ese nutren las conversaciones de la ciudad de Neuquén desde 2018. Gracias al trabajo del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), un equipo técnico que monitorea e informa la existencia de sismos inducidos por la explotación petrolera, se conoce el origen de esos novedosos movimientos telúricos y qué es lo que está sucediendo en las entrañas de Vaca Muerta. Ahora, el grupo da un paso más y propone un proyecto de ley para regular el fracking y prevenir así la actividad sísmica.
Guillermo Tamburini-Beliveau es integrante del OSI y uno de los promotores de la propuesta de ley. Es doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, ingeniero en Cartografía y Geodesia, y licenciado en Geografía. Es investigador asistente del CONICET e integró el equipo de autores de dos de los textos más importantes que se realizaron sobre sismicidad inducida en Latinoamérica: uno se publicó en la prestigiosa Nature y otro tuvo la participación de una de las figuras más relevantes del mundo sobre este tipo de sismicidad: Ryan Schultz del Servicio Sismológico Suizo. “Consideramos que ningún ente de la administración pública está atajando este tema como corresponde y tampoco lo está haciendo la industria”, sostiene el Tamburini-Beliveau.
– ¿De qué se trata el proyecto de ley que están presentando?
– El proyecto básicamente viene a cubrir un vacío legal. Vaca Muerta es un referente a escala global de la industria del fracking y ésta tiene un espectro de consecuencias asociadas que deben ser contempladas indefectiblemente. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de arena o de agua y a otro elemento ineludible: la potencialidad de la sismicidad inducida. La sismicidad inducida se asocia al fracking, no hay ninguna discusión al respecto. Es un efecto indeseado que hay que tratar de gestionar. En otras cuencas petroleras importantes del mundo que trabajan con fracking se establecieron marcos para gestionar esa situación, en Argentina, en Vaca Muerta, esto no está pasando. Y, sin embargo, la presencia y la consecuencia de este fenómeno ya es un efecto nocivo para la sociedad, incluso para la industria. Entonces, es necesario regular la prevención de la sismicidad inducida. Es una necesidad para todos, para la industria, para la sociedad, para el ambiente y, dado que no se está dando respuesta desde otros lugares, el OSI hace esta propuesta. No es la mejor, es solamente una propuesta que ofrecemos para impulsar el debate y el trabajo sobre este tema y, ojalá, lograr cubrir el vacío.
– ¿Cuáles son los puntos básicos de la propuesta?
– El eje principal es el concepto de protocolo de semáforo sísmico. Es un marco, un protocolo de acciones fundamentales que debería realizar la industria para prevenir la sismicidad inducida y, llegado el caso, si se dispara la sismicidad, saber cómo actuar. Como todo protocolo, tiene que ser claro, tiene que ser fácil de seguir. Entonces, por ejemplo, su forma de presentación es mediante esa metáfora del semáforo. Para el caso de Vaca Muerta tomamos el ejemplo de una compañía que trabaja en la zona y que lo tenía ya estipulado a nivel interno, usamos cuatro niveles de actuación, que equiparamos con luces de un semáforo: Verde, amarillo, ámbar y rojo. Y esos cuatro niveles definen cuatro formas en las que debería actuar la industria para prevenir o para actuar frente a la sismicidad inducida.
– ¿Y esos colores qué implican?
– Si pensamos en el semáforo, el verde es está todo bien, se puede seguir trabajando. El amarillo indica que se detectó algún grado de riesgo sísmico, entonces se aplican medidas preventivas para evitarlo. El ámbar implica que ya hay una situación de alerta y las medidas no sólo son preventivas sino que son de un mayor grado de acción como parar la actividad parcialmente. Y el rojo indica que se disparó el riesgo sísmico, ocurrió un sismo inaceptable, hay que parar la actividad, entender lo que está pasando y no se puede reactivar la actividad hasta asegurar que la intervención no va a disparar el riesgo sísmico. Comparando con otros casos en el mundo, esos cuatro niveles se definen según la actividad sísmica medida en la escala de magnitud local (ML), que es lo que típicamente conocemos como la escala de Richter. Se observa qué sucede con la graduación de la escala de Richter y en función de eso se actúa. Los umbrales que definirían son 1.5, 2.5 y 3.5 grados de magnitud.
– ¿Hubo gran debate, y ustedes fueron promotores desde el OSI, sobre la necesidad de que haya claridad en torno a los registros de los sismos? ¿Quién los mediría? ¿Con qué herramientas?
– Nosotros consideramos que ningún ente de la administración pública está atajando este tema como corresponde y tampoco lo está haciendo la industria. Desde 2019 la provincia de Neuquén sostiene un seguimiento de la actividad sísmica sin explicar por qué lo hace ahora y no lo hizo antes. Evidentemente está monitoreando la actividad sísmica inducida. Pero nunca usa esa palabra. La provincia tiene una red de monitoreo sísmico que es público-privada, pero es una red cerrada, es una red confidencial y no es posible trabajar con estos datos. Nuestra propuesta es que haya un sistema público de monitores muy transparente y con una metodología clara que permita actuar preventivamente contra la sismicidad inducida. Esa red debería ser gestionada entre la provincia, el INPRES, la universidad, las empresas pero de modo transparente.
– En 2019 el gobierno provincial argumentaba que no había sismógrafos, ¿hoy hay?
– Antes de 2019 podíamos decir que no había sismógrafos. Pero con la escasísima información que había ya estaban los elementos dados para poder empezar a hablar de sismicidad inducida, pero después de eso la infraestructura está. Eso no quiere decir que no pueda mejorar, ni tampoco quiere decir que por el hecho de estar sirva para actuar, porque es una infraestructura que básicamente se rige por criterios privados y confidenciales.
– Más allá del semáforo también proponen otras medidas, como la definición de “zonas de exclusión”…
– Efectivamente, otro elemento clave de esta propuesta es la de establecer zonas de exclusión. Consideramos que por sus características particulares hay zonas que implican un mayor riesgo sísmico o el riesgo sísmico tiene un impacto mayor sobre la sociedad. Pueden ser centrales energéticas, como hidroeléctricas, donde el impacto de un evento sísmico puede generar consecuencias mucho más graves que sobre otro tipo de territorio. O zonas habitadas, por ejemplo, con escuelas, hospitales. Un sismo de pequeña magnitud en un territorio deshabitado y sin infraestructuras sensibles puede no ser grave. Sin embargo, en un territorio habitado genera unas problemáticas que se asocian mucho a problemas de salud derivados del estrés, aunque no lleguemos a consecuencia materiales tangibles. Entonces, hay zonas sensibles, zonas pobladas, con población crítica, como hospitales o escuelas, o infraestructuras críticas son las principales zonas sensibles por las cuales nosotros definimos radios de exclusión. No puede haber fracking cerca de estas zonas, por el riesgo potencial.
– Y ponen una distancia
– Ponemos una distancia que se fundamenta en los ejemplos internacionales. Ponemos una distancia de 15 kilómetros de radio desde cualquier fuente sismogénica, es decir, desde cualquier elemento que pueda potenciar la sismicidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque los pozos son horizontales, entonces la cabeza del pozo puede estar bastante alejada del lugar donde se hace la fractura y que es donde se puede estar generando la sismicidad. Entonces, no hablamos solo de la distancia a la boca de pozo sino de esa fuente sismogénica de cualquier parte de la estructura. Por otra parte, el análisis científico y la experiencia misma demuestran que el foco de un sismo inducido puede ocurrir a varios kilómetros de su fuente sismogénica. Es por ello que considerando estos antecedentes, proponemos el radio de exclusión de 15 kilómetros.
– Hasta 2018 la bibliografía internacional daba cuenta de los pozos de inyección de líquido como el origen de la sismicidad vinculada al fracking. ¿Eso cambió en este tiempo?
– Ese es un debate que tuvimos nosotros cuando empezamos a investigar, pero pudimos ver como los sismos en Vaca Muerta ocurren debido a los pozos de fracking y no a los sumideros. Es el caso paradigmático de la sismicidad inducida por fracking en la Cuenca Pérmica en Estados Unidos. Ahí el problema fundamental sí está en los pozos sumideros. Pero en la Cuenca Pérmica, por cada barril de petróleo, salen entre 4 y 10 barriles de agua. Entonces, tienen una cantidad de agua tóxica descomunal que no saben dónde meter. Por lo que finalmente la inyectan nuevamente al subsuelo y eso es lo que provoca la sismicidad. En Vaca Muerta no pasa esto. En Vaca Muerta sale muy poca agua de formación y flowback comparativamente. Es decir, hay una reinyección residual mucho menor. Sucede lo mismo en Canadá, la mayor inyección se da para las fracturas. ¿Puede haber algún sismo en Vaca Muerta con un sumidero? Puede ser. No es lo que sucede en el día a día.
– ¿Podrías cuantificar de qué estamos hablando?
– Para darte un poco más de contexto: los primeros artículos que analizaron la sismicidad inducida en la cuenca Pérmica, como por ejemplo el artículo de Weingarten en Science de 2015, indicaron que pozos sumideros con tasas de inyección mensual de unos 50 mil litros de fluido al mes eran altamente propensos a generar terremotos. En Vaca Muerta, ya en 2018 cuando el fracking se consolidaba, era habitual que un pozo que practicaba menos de 30 etapas de fractura inyectará 40 mil litros en ese proceso, y muy a menudo había varios pozos cercanos fracturando al mismo tiempo. Hoy hay pozos con 50 ó 60 etapas de fractura que inyectan más de 100 mil litros al mismo tiempo. Sin embargo, no llegamos a esos números en los pozos sumideros de Vaca Muerta.
– Volviendo al proyecto ¿a quién se lo presentaron? ¿Cuál es el camino que esperan siga su propuesta?
– Le presentamos el proyecto a los distintos bloques de la Legislatura de Neuquén, a oficinas del Ejecutivo Provincial, a algunos espacios de la Universidad Nacional del Comahue o institutos académicos como el INPRES y el Instituto Volponi, a varias empresas petroleras, y está disponible en nuestra web para quien le interese el tema. Es nuestro aporte técnico al debate y a un vacío legal. Esperamos que ayude a que lo tomen los espacios políticos o los movimientos sociales o las empresas, quien lo quiera tomar, esperamos que el gobierno lo tome para hacer una propuesta de ley.
– ¿Qué parámetros creen que son los mínimos que debería tener una norma en ese sentido?
– Shell tenía un semáforo sísmico a nivel interno. Nosotros tomamos esa experiencia como punto de partida para nuestra propuesta. Y hace poco la secretaria de Ambiente de Neuquén Leticia Esteves sostuvo que están discutiendo un semáforo sísmico pero no se sabe nada más al respecto. De modo que no existe una propuesta real. Un mínimo es lo que estamos presentando nosotros que tiene varias aristas… Pero un mínimo, mínimo fundamental, es establecer un semáforo sísmico. Nuestra propuesta de ley es más amplia pero un eje fundamental es plantear un protocolo de actuación, un semáforo, para prevenir la sismicidad inducida.
– ¿Por qué un semáforo prevendría, si trabaja después de sucedidos los hechos?
– Son las dos cosas. Están esos cuatro niveles donde los dos primeros son más preventivos y los dos siguientes son más de actuación ante los hechos. Sabemos que el fracking es una industria hipermonitorizada y, entonces, los datos previos y de control de operación deben permitir prevenir. Porque hay algunas indicaciones que permiten prevenir el sismo en sí o bien prevenir un sismo mayor. Eso sería en los dos primeros umbrales del protocolo. Sí que es cierto que la sismicidad también es muy impredecible. La natural es casi impredecible. La inducida no tanto, porque, justamente, sabemos cómo la estamos induciendo. Pero aún así se puede escapar de las manos. Entonces sí que, llegado el caso de la ocurrencia de sismicidad indeseada, o por encima de un umbral aceptado, están los dos últimos niveles del protocolo, que ya son para actuar sobre las consecuencia del hecho presente y prevenir uno mayor. Es decir, si, como ocurrió en 2019, se detecta un umbral con más de 30 sismos en menos de 24 horas, aunque sean de baja intensidad, alguien tiene que decir que la actividad frene porque esa situación se puede descontrolar, todavía no vino un sismo de magnitud 5 pero hubo 30 de magnitud entre 2 y 3. En esa ocasión, unas pocas semanas más tarde (el 7 de marzo de 2019) ocurrió finalmente un sismo de magnitud 5 ML, uno de los mayores sismos causados por el fracking a escala global y que podría haber tenido consecuencias verdaderamente graves, si bien, por suerte, no fue este el caso.
– Si las empresas ya tienen un protocolo similar al que proponen ustedes, si ya hay un autorregulación privada, ¿qué cambia con una ley?
– Lo primero es que es de cumplimiento obligatorio. Dejaría de estar librada a la voluntad de cada compañía. Y como segundo elemento porque establecería una regulación y una metodología consensuada socialmente, políticamente, económicamente, técnicamente. Es decir, no dependería sólo del criterio de la entidad interesada, como podría ser la Secretaría de Ambiente o la operadora, sino que es un acuerdo social de cómo hay que actuar. Entonces, el hecho de que sea de obligatorio cumplimiento y de que sea un acuerdo consensuado son dos elementos fundamentales que hacen que se necesite la ley.
– Como Observatorio de Sismicidad Inducida vienen trabajando hace unos seis años sobre estos temas, ¿qué balance, qué lectura más política general del asunto, hacen de su tarea? ¿Qué lograron y qué falta?
– Lo primero a resaltar es el enorme aprendizaje, tanto directamente en el OSI como en nuestro entorno cercano, gente preocupada por la realidad de la industria en Patagonia o Patagonia Norte. Hay un aprendizaje propio y compartido muy positivo. Luego, creo que ese aprendizaje ayudó a construir un discurso social: se conoce la existencia de la sismicidad inducida. Lo que ayuda a enriquecer el discurso sobre los aspectos indeseados de la industria de los hidrocarburos. Sabemos que el discurso mayoritario dice que la industria es muy ventajosa, que tiene muchos aspectos positivos para el país, la población, la región, pero tiene muchos aspectos negativos y este es uno de ellos, y no está aislado, se complementa con otros y creemos que sí que hizo un gran aporte en ese sentido. La sismicidad inducida se convirtió en un hecho muy visible de los aspectos negativos de la industria, pero creemos que sí que es necesario prestar atención a muchos otros aspectos que no son positivos de esta industria. En términos ambientales, el impacto en el uso del agua y en la agricultura y luego en términos sociales económicos muchos más. Es necesaria una reflexión profunda de este modelo industrial.
