El Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto Dedicado Tratayén–San Antonio Oeste para el primer proyecto de exportación de GNL de Southern Energy se discutirá en una audiencia ambiental. Analizamos qué dice, qué oculta y qué preguntas no hace. Una lectura crítica para el debate que se viene.
Por Alan Rocha Varsanyi y Yamila del Palacio / Foto: Martín Álvarez Mullally .- El gasoducto proyectado de Southern Energy tendrá 472 kilómetros y conectará la provincia de Neuquén con la costa atlántica rionegrina. Se trata del primer ducto específicamente orientado a abastecer proyectos de gas natural licuado (GNL) vinculados a la exportación del gas de Vaca Muerta. Su objetivo es transportar el recurso desde las áreas de extracción hasta una terminal de exportación en el Golfo San Matías, a pocos kilómetros de Las Grutas, donde se prevé la instalación de dos buques licuefactores: el Hilli Episeyo y el MK II.
El proyecto de unidades flotantes (conocidas en el sector por su siglas en inglés FLNG) es impulsado por Southern Energy, propiedad de Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. En marzo de este año Southern Energy y la alemana Securing Energy for Europe (SEFE) firmaron un acuerdo marco para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL por ocho años a partir de fines de 2027.
El ducto en sí tendrá un diámetro de 36 pulgadas, casi un metro, y una capacidad nominal de 28 millones de metros cúbicos estándar por día. Esta capacidad representa el 27,3 % de la producción nacional de gas no convencional. Un cuarto de lo que se extrae de Vaca Muerta puede evacuarse por este caño.
El trazado contempla una planta compresora en Allen, diversas instalaciones de superficie y un recorrido en gran medida compartido con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que está en construcción. El plazo estimado de obra es de 24 meses, con inicio previsto para mayo de 2026 y finalización en abril de 2028.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) consta de dos tramos: el correspondiente a Neuquén (29 kilómetros), cuya audiencia pública está convocada para el 8 de abril en Añelo, y el de Río Negro (443 kilómetros), aún no presentado. El proyecto fue impulsado por San Matías Pipeline S.A. y el EIA elaborado por la consultora Serman & Asociados S.A., responsable también de los estudios ambientales de ambos buques FLNG. Cabe recordar que la provisión de los caños fue adjudicada a la empresa india Welspun, que se impuso frente Tenaris, de Paolo Rocca, lo que desencadenó tensiones entre el empresario italo-argentino y el gobierno nacional.
La audiencia pública y el “siga siga” corporativo
El EIA es un requisito legal, pero por su lógica y forma de implementación se orienta más a ser un instrumento administrativo que a promover un debate social en torno al desarrollo o no de un proyecto. En este caso, el EIA no indaga si la obra debe realizarse, ni si se inscribe en una planificación energética coherente con los compromisos climáticos del país, el ordenamiento territorial, el uso del agua y otros bienes comunes, o en una orientación de justicia energética; en cambio, se limita a evaluar cómo ejecutar un proyecto minimizando algunos de sus daños.
En este marco, su complemento, las audiencias públicas funcionan como instancias formales de participación, que carecen de carácter vinculante. Esto implica que los aportes realizados por comunidades y organizaciones pocas veces son considerados. Un ejemplo, entre muchos, fue la audiencia pública por el proyecto La Angostura Norte II, en la que el gobierno de Neuquén restringió el acceso de organizaciones, vecinos y prensa, realizándola en un predio privado, vallado y con fuerte presencia policial. Además, el EIA presentó irregularidades: anexos clave se publicaron pocos días antes, con inconsistencias y omisiones relevantes.
Del lado rionegrino la situación es similar, como pasó en las audiencias públicas por el Vaca Muerta Oil Sur, el Hilly Episeyo y el MKII. Son procedimientos que ya en su funcionamiento ajustado a derecho, al no ser vinculantes, acelerar tiempos y limitar instancias de participación, son restrictivos y vaciados. Sin embargo, su funcionamiento real que incluye prácticas represivas, impedimentos arbitrarios al ingreso y obstáculos al acceso a la información, expone con mayor claridad su naturaleza de trámite habilitante formal a favor de las empresas.
Divide y reinarás
El tramo de 29 kilómetros analizado en este EIA es el 6% del trayecto. El 94% restante se analizará en una futura instancia a cargo de las autoridades rionegrinas. Es decir que nadie tiene ante sí el cuadro completo del proyecto. Los impactos sobre cuencas hídricas, ecosistemas, comunidades rurales y pueblos indígenas a lo largo de casi 500 kilómetros son artificialmente fraccionados.
El problema se profundiza porque el gasoducto comparte traza con el Oleoducto VMOS de YPF. Dos grandes obras de infraestructura hidrocarburífera avanzando en paralelo, y ningún instrumento que evalúe el efecto acumulado de ambas sobre el mismo territorio.
A la par, se fragmenta el debate público sobre estos proyectos obstaculizando una comprensión integral. Los proyectos extractivos operan como una cadena integrada desde las zonas de extracción hasta las regiones donde se utiliza la energía, pero las audiencias públicas y los EIA solo habilitan el debate de la infraestructura y las afectaciones de cada jurisdicción por separado, sin tener cómo se acumula y retroalimenta esa afectación con otras obras.
Es necesaria la puesta en funcionamiento de la Evaluación Ambiental Estratégica, una metodología que analiza el sistema completo y sus efectos combinados. Eso hoy no existe y ese vacío legal no es neutral: favorece sistemáticamente a quienes proponen los proyectos. Esta demanda no es comparable con la propuesta empresarial de “armonización normativa” o “ventanilla única”, que apunta a agilizar los trámites de aprobación y no a profundizar la evaluación. “Somos cuenca, somos mar, ni aquí ni allá: el oleoducto no va a pasar”, esta fue una de las consignas del movimiento socioambiental frente al avance del oleoducto VMOS. Está por verse si frente a los nuevos proyectos el movimiento socioambiental podrá construir nuevamente una respuesta integral que entienda a estos proyectos extractivos como un todo más allá de los límites jurisdiccionales.
El gas como ancla
El EIA sostiene que existe “un consenso fuerte entre la comunidad energética respecto de la necesidad de maximizar el gas natural como combustible de transición hacia modelos energéticos más sustentables y descarbonizados”. Esto argumentando que el gas quema más limpio que el carbón. Esta afirmación es engañosa.
Estudios científicos –como los del investigador Robert Howarth de la Universidad de Cornell en Estados Unidos– mostraron que, cuando se miden las fugas de metano que se dan en la extracción, el transporte y la licuefacción, la huella climática del gas no convencional puede ser igual o incluso mayor que la de los otros combustibles fósiles. Es más, como gas de efecto invernadero, el metano es 80 veces más nocivo que el CO2 cuando se lo analiza en un periodo de 20 años.
En Argentina, la expansión de Vaca Muerta impulsó la extracción de gas mediante fracking, multiplicando pozos, plantas de tratamiento y estaciones compresoras. Cada eslabón abre nuevas fuentes de fugas. Todo este entramado refuerza un modelo fósil intensivo que, lejos de ser de transición, tiende a consolidar un futuro fósil.
Finalmente, está la cuestión del Cambio Climático. El IPCC establece que para limitar el calentamiento a 1,5°C no deberían desarrollarse nuevos proyectos fósiles. Este gasoducto genera dependencias tecnológicas, financieras y políticas que se extienden hasta 2050. No es un puente hacia otro modelo energético: es un ancla al actual.
Más fracking, más agua
El proyecto no debe desvincularse del modelo energético que lo sostiene. La infraestructura proyectada forma parte de una estrategia de expansión del gas no convencional orientada a la exportación de GNL, según los dos proyectos de exportación de GNL aspiración a exportar alrededor del 80% de la extracción actual de gas, lo que supone una intensificación de la actividad de fracking en la cuenca neuquina.
En esa dirección se inscribe, por ejemplo, el Plan 4×4 de YPF, que plantea concentrar inversiones en Vaca Muerta, abandonar áreas convencionales y aumentar la producción con el objetivo de multiplicar las exportaciones de hidrocarburos. Este tipo de estrategias refuerzan el rol de la cuenca neuquina como plataforma de extracción a gran escala, incrementando la presión sobre los recursos naturales/bienes comunes.
El fracking requiere volúmenes masivos de agua por pozo y genera grandes volúmenes de retornos contaminados que deben ser gestionados como residuos peligrosos. En este sentido, las afectaciones sobre el agua no se explican por el ducto en sí, sino por el aumento de la escala extractiva que este tipo de obras habilita.
Evaluar el gasoducto aisladamente omite esa relación estructural. La infraestructura no sólo transporta gas habilita un modelo de producción que intensifica la demanda hídrica, multiplica los riesgos de contaminación y profundiza la presión sobre un recurso estratégico en una región atravesada por procesos de estrés hídrico.
Quien gana y quién pierde
El gasoducto para la exportación de gas natural licuado avanza en un contexto donde amplios sectores de la población aún tienen dificultades para acceder a servicios energéticos básicos y en el que se disparan los precios internacionales.
La contradicción expone una desigualdad estructural. Mientras los beneficios del proyecto se orientan a mercados internacionales y a grandes actores económicos, las afectaciones territoriales –ocupación de tierras, riesgos ambientales y presión sobre los recursos– se concentran a nivel local, en una región y un país que, por si fuera poco, tampoco tienen resuelto el acceso a la energía
Lejos de responder a necesidades energéticas internas, el proyecto profundiza un modelo extractivo orientado hacia el afuera, donde los territorios funcionan como canastas básicas de recursos para sostener la inserción del país en los mercados globales que, mediante el RIGI, dejarán casi nulos beneficios.
Un modelo que avanza
El gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste forma parte de una red de proyectos que articulan la expansión de Vaca Muerta con su inserción en los mercados internacionales de energía.
La fragmentación de los estudios, la limitación de la participación pública y la ausencia de evaluaciones integrales no son fallas del sistema, son condiciones que permiten su avance. En este escenario, el desafío es construir una mirada que recupere la escala real de estos procesos. En donde lo que está en juego –más allá de la construcción del gasoducto– es el modelo energético y territorial que se consolida en la región y que cada vez más limita las posibilidades de otros tipos de economía y sociedad.
