Los fondos que el Gobierno les entrega a las empresas para contener las tarifas cayeron un 17 por ciento. Ese dinero es el que ahora ponen los usuarios de consumos medios y altos con el ajuste en las boletas.
Gracias a los aumentos tarifarios que ahora el Congreso amenaza con anular, el Gobierno se ahorró durante la primera mitad del año $ 1.389 millones en subsidios para la energía. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) difundido ayer, los fondos que el Estado entrega a las empresas de gas y electricidad para mantener a raya las tarifas cayeron de $ 8.162 millones entre enero y junio del año pasado a 6.773 millones en el mismo lapso de éste. Las subvenciones bajaron así un 17% interanual, tras haber aumentado a un ritmo anual cercano al 100% durante los últimos tres años.
La poda de los subsidios empezó a mediados del año pasado, cuando el conflicto con el campo y la crisis mundial empezaron a resentir la recaudación de impuestos nacionales. A diferencia de lo que ocurrió con las empresas de transporte, que pese a las subas del boleto continuaron embolsando compensaciones crecientes, las generadoras eléctricas sí empezaron a recibir menos fondos del fisco. Y trasladaron ese recorte en forma inmediata a los usuarios, con la venia oficial.
El informe de ASAP, un centro de estudios sin fines de lucro que audita los gastos e ingresos del Estado, detalla que los ahorros más significativos se lograron en las partidas destinadas a la compra de gas boliviano y la importación del fuel oil venezolano que se usó para reemplazar otros combustibles locales en las centrales de generación eléctrica. La petrolera estatal Enarsa, que canaliza esas compras, redujo a la mitad sus gastos, de 1.450 a 740 millones de pesos entre la primera mitad de 2008 y la de 2009.
La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), un ente mixto que subvenciona a las generadoras de electricidad, redujo sus subsidios en un 10%, de 4.567 a 4.111 millones. Precisamente el primer incremento de tarifas de luz –a mediados del año pasado– fue para recomponer los márgenes de rentabilidad de las empresas generadoras. Después vinieron los ajustes para las distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap.
Otra partida que el Gobierno ajustó sensiblemente fue la de Nucleoeléctrica S.A., la firma estatal que opera las centrales atómicas Embalse y Atucha I. Siempre según ASAP, los subsidios que recibió en la primera mitad del año se redujeron a la cuarta parte, de 205 a 48,5 millones.
Curiosamente, en cambio, el fondo fiduciario que solventa el transporte mayorista de electricidad (las grandes líneas de alta tensión) insumió cuatro veces más dinero que un año atrás. Pasó de costarle al fisco $ 91 millones en el primer semestre de 2008 a demandar $ 382 millones en el mismo período de 2009. Es porque las empresas transportadoras no financian las obras de mantenimiento y expansión de la red y el Estado debe reemplazarlas para evitar un colapso del sistema.
Si prosperan los proyectos de la oposición en el Congreso para anular los cargos tarifarios de luz y gas, las empresas distribuidoras podrían verse obligadas a devolver a sus clientes parte de lo facturado. Eso obligaría a la Secretaría de Energía a compensarlas y luego haría subir nuevamente el gasto público en subsidios. Es lo que busca evitar a toda costa el Gobierno, atrapado entre una recaudación que ya no crece al ritmo de los últimos años y las demandas de sectores como el campo, que exigen rebajas en los impuestos que pagan.
Según ASAP, los subsidios para el resto de la economía no se frenaron. Aunque subieron los boletos de trenes y subtes, sus concesionarios recibieron un 34% más de dinero público para operarlos. Lo mismo ocurrió con el fondo fiduciario para pagar las inversiones en infraestructura del transporte: saltó un 39%, de 1.195 a 1.659 millones de pesos.
Fuente: Críticadigital.com
