Total fue condenado a 375.000 euros de multa, la mayor sanción impuesta en Francia por un delito ecológico, una pena que fue confirmada en apelación el pasado día 30, cuando la petrolera fue de nuevo considerada responsable penal del naufragio.
La decisión de recurrir la sanción se conoció el mismo día en el que la prensa francesa aireó que Total está imputada en un caso de corrupción relacionado con el programa “Petróleo por Alimentos”, creado en 1996 por la ONU para Irak.
El grupo francés, la mayor empresa del país en capitalización bursátil, siempre ha negado su responsabilidad en el naufragio del Erika, un petrolero de pabellón maltés que se hundió el 12 de diciembre de 1999 frente a Bretaña con 20.000 toneladas de crudo, lo que provocó una marea negra en 400 kilómetros de costas y contaminó a unos 150.000 pájaros.
En primera instancia la empresa, dueña del petróleo que transportaba el buque, fue considerada en enero de 2008 responsable penal, condenada a una multa de 375.000 euros y a pagar 192,5 millones de euros de indemnizaciones a los afectados conjuntamente con la empresa de certificación Rina, responsable de comprobar el estado del barco.
La petrolera fue considerada por primera vez en Francia culpable de un delito ecológico, una figura delictiva de reciente creación.
Total recurrió aquel fallo y, en segunda instancia, el Tribunal de Apelación de París confirmó la multa, pero eximió a la petrolera del pago de nuevas indemnizaciones que pedían algunos de los afectados.
Ahora, el grupo pedirá que se pronuncie el Supremo con el argumento de que es preciso que una instancia superior decida sobre el mayor caso de contaminación juzgado en el país. La máxima jurisdicción francesa tendrá un año para pronunciarse sobre el caso.
Total sostiene que no era de su responsabilidad conocer el estado del Erika, una tarea que correspondía a Rina.
Esta sociedad de certificación italiana también fue condenada en primera y segunda instancia a una multa de 375.000 euros.
Además, el tribunal de apelación confirmó las multas de 75.000 euros impuestas al armador, Giuseppe Savarese, y el gestor del barco, Antonio Pollara.
Apelación también decidió elevar a 200,6 millones de euros el monto total de las indemnizaciones, pero eximió a la petrolera de nuevos pagos al considerar que ya había afrontado su parte de las mismas.
Total decidió tras la catástrofe indemnizar a los afectados con 171,5 millones de euros independientemente del resultado del proceso abierto por el hundimiento del Erika.
El Tribunal dictaminó que los pagos restantes corresponden a los otros condenados.
Además, Total desembolsó unos 200 millones de euros más para contribuir a los gastos derivados de las labores de limpieza de las costas. EFE
ABC
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Medio ambiente: millonaria indemnización y fallo histórico por el derrame del petrolero Érika
Argentina espera para el 20 de abril otro fallo que atañe directamente a lo ambiental
Por Verónica Toller.- Un tribunal francés acaba de condenar a la empresa Total SA a pagar 285 millones de euros por el desastre del petrolero Érika, en 1999 en un fallo histórico: es el primero en ese país que pone precio a un delito ambiental. Tendrá incidencia de peso como jurisprudencia en otros casos de daño al medio ambiente. Argentina aguarda el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso contra Uruguay por una cuestión ligada en forma directa a lo ambiental. Hay quienes postulan que, para estos casos, debe crearse una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente.
Veamos primero lo sucedido en Francia.
El 12 de diciembre de 1999, durante una tormenta, el petrolero maltés Érika se hundió en la costa de la Bretaña francesa y causó un grave desastre ecológico. El Tribunal de Apelación de París confirmó ayer una pena millonaria al macrogrupo Total SA por los daños causados, condenándola a pagar 285 millones de euros en indemnizaciones (ello, pese a que los daños del desastre se estiman en 900 millones).
El naufragio causó marea negra: derramó 20.000 toneladas de diesel-oil pesado y ocasionó daños incalculables a la vegetación y vida animal en un área de 402 kilómetros, desde Finisterre hasta Charente-Maritime, en la costa atlántica francesa. Se estimó una pérdida de entre 150.000 y 300.000 aves acuáticas empetroladas, entre otros seres vivos.
Fue una jueza de instrucción, Dominique de Talancé, la que se dispuso en octubre de 2001 a acusar al grupo de «contaminación marítima» y «complicidad en la puesta en peligro de la vida ajena». En enero de 2008 hubo condena contra Total SA, la sociedad de clasificación italiana Rina y el armador Giuseppe Savarese, entre otros. Debían pagar 192 millones de euros a 101 denunciantes (la sociedad italiana de certificación Rina fue quien homologó al petrolero, de 25 años de uso, que en realidad se encontraba en estado calamitoso. El casco estaba corroído y no tenía mantenimiento). Pero hubo apelación, resuelta recién ahora.
La sentencia tiene el interés agregado de ser la primera en Francia que considera punible el “perjuicio ecológico” y pone un monto indemnizatorio a los desastres contra el medio ambiente. En lo inmediato, alienta los reclamos de organizaciones ecologistas del mundo entero contra barcos en mal estado que salen cargados de materiales tóxicos o peligrosos. Además, se dictarán medidas preventivas en cuanto a las vías de navegación, las frecuencias y el estado de los buques. Para 2015, los petroleros de casco simple deberán desaparecer. También, se creará una Agencia Europea de Seguridad Marítima y se instalarán cajas negras en los barcos.
“El mensaje es que una sociedad que envía ‘barcos de basura’ al mar debe de pagar las consecuencias”, dijo Dominique Voynet, ex ministro del Medio Ambiente y ahora senador por el Partido Verde (agencia AP). Allain Bougrain-Dubourg, presidente de la Liga de Protección de Aves (LPO en francés), dijo a France Press: “Es una victoria formidable. A partir de hoy, la justicia no pasará de lado ante una causa justa como ésta. La sentencia de hoy va a crear jurisprudencia” (diario El País de Madrid).
El caso argentino en la Corte de La Haya
El ministro de Ecología de FRancia, Jean-Louis Borloo, ha dicho en estos días: el veredicto por el derrame del Érika “señala un paso muy importante” al reconocer “el concepto de un daño ecológico resultante de un ataque contra el medio ambiente. El concepto de responsabilidad es medular para el desarrollo sostenible” (AP).
Nuestro país aguarda para el 20 de abril otro veredicto: la CIJ de La Haya debe decidir si Uruguay incumplió o no los postulados del Tratado del Río Uruguay, y ello, en relación a una empresa cuya actividad está calificada entre las más contaminantes del planeta. Nos referimos a la industria pastera. Argentina sostiene hoy, y así lo presentó con pruebas y testigos calificados ante la Corte, que la actividad de Botnia ya no es potencial sino probadamente contaminante del medio ambiente.
Por eso, y porque estaría probado el incumplimiento uruguayo de la norma binacional que rige el manejo del río Uruguay, la Cancillería argentina confía en un fallo positivo. Habla incluso de relocalización de Botnia tras el dictamen del máximo tribunal.
Desde la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, las voces suenan distinto, unas en Si mayor, otras en Si menor y algunas, hasta agregan bemoles. Para el abogado Fabián Moreno Navarro, “no creemos que la Corte no convalide que Uruguay violó el Tratado”. Pero “si la sentencia no hace lugar a todas las presentaciones de nuestro país, no cierra la posibilidad de un planteo posterior”, ya que todavía se está a tiempo de realizar más “presentaciones que demuestren el daño de la pastera”.
En el caso de que sí condene a Uruguay, la Corte no tiene poder de policía como para obligar a una relocalización. Sí podría pedir a las Naciones Unidas sanciones al país. Pero nada más.
Una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente
Para algunos observadores argentinos, el fallo será salomónico. Dará en parte razón a Argentina y en parte a Uruguay. Algunos esperan una orden de monitoreo conjunto.
Hasta el momento, La Haya ha demostrado no atender al derecho preventivo sino los hechos consumados. Y aunque Argentina presentó pruebas de contaminación ya existente, sigue siendo una incógnita cuál será el parámetro del tribunal.
Y es por los antecedentes de la CIJ en materia de fallos ambientales que muchos plantean la necesidad de crear una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente. Creen que así resultaría asequible responsabilizar a los que contaminan y sancionarlos, defender los derechos de los habitantes presentes y de las generaciones futuras, promover el derecho a la injerencia ecológica y a la licencia social. Todos ellos, conceptos jurídicos nuevos por los que la CIJ no ha demostrado simpatía.
Ya en 2001, la abogada Corinne Lepage, ex ministra de Medio Ambiente de Francia, afirmaba: “Hay que instituir el crimen ecológico en crimen contra la humanidad”. Instaba a elevar los delitos ecológicos a crímenes contra la humanidad. Como abogada, esta mujer defendió a municipios que sufrieron la marea negra del Érika en 1999. La defensa del medio ambiente tropieza con un sistema jurídico inadaptado, denunciaba.
En 2008 y 2009, la Academia Internacional del Ambiente de Venecia (IAES) bregó por lo mismo. Los Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el Dalai Lama, promovieron ante el Secretariado General de las Naciones Unidas la creación de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, del Planeta Tierra y de sus Ecosistemas. Pérez Esquivel y Antinino Abrami son Presidentes de dicha Academia. En junio del año pasado lanzaron una campaña mundial de adhesiones para formar la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, lo que requerirá reformar los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Y ello se logra con el voto de las 2/3 partes de los países integrantes de dicha Corte.
En nuestro país, la campaña en pro ya está en marcha.
Lepage decía en 2001 que “la amenaza financiera es la única forma de responsabilizar a los que contaminan”. Hacerles pagar multas importantes.
En el caso del Érika acaba de suceder.
El 20, sabremos qué ocurrirá con el caso Botnia.
El Entre Ríos
