Por Ileana Alamilla.- Al gobierno del presidente Colom le ha tocado enfrentar una serie de adversidades increíbles, desde fenómenos naturales convertidos en desastres sociales por la situación estructural prevaleciente, hasta desafíos ambientales que comprometen el futuro de generaciones.
Después del necesario acatamiento a la decisión de la Comisión Interamericana en relación con la Minería —lo contrario hubiera sido desastroso—, hoy tiene todavía el gran reto de priorizar nuestras selvas y aguas sobre la gran tentación de prorrogar el contrato petrolero a la empresa Perenco.
Hace algunos meses, en una importante alianza académica, el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) y el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar, después de un profundo análisis, plantearon la necesidad legal de impugnar la decisión del presidente, si en dado caso fuera positiva.
El Parque Nacional Laguna del Tigre se encuentra en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya, por lo que permitir la extracción de petróleo contraviene normas nacionales, incluso constitucionales, y convenios internacionales, afirmaron los personeros del Ipnusac.
La ampliación del Contrato 2-85 es considerado como una actitud temeraria, una burla a todo el ordenamiento jurídico y un nuevo desafío a compromisos internacionales. Ante la precaria situación financiera del Estado, las regalías obtenidas de la explotación petrolera, que podrían ser aproximadamente Q4 mil millones, es una tentación, además de los compromisos gubernamentales que pudieran existir con esa empresa para garantizar la continuación de esa actividad extractiva.
Sin embargo, según estimaciones del Iarna, los beneficios que se obtienen de la conservación de la Laguna del Tigre ascienden a Q5 mil 600 millones. La operación matemática es clara.
Ambas entidades académicas aseguraron, a partir de un análisis jurídico, que la extensión del contrato tipificaría un delito, por violar la Constitución Política de la República, responsabilidad que recaería directamente en Álvaro Colom.
Estamos en la antesala del vencimiento del contrato. El presidente, hace pocos días, se fue financiado por Perenco a París, según ha trascendido en la Prensa; no queremos pensar mal para no acertar.
Otros análisis realizados han revelado que, de acuerdo con información de Perenco, esta empresa produce aproximadamente 10 mil barriles de crudo al día y del contrato de Laguna del Tigre depende el 95 por ciento de la explotación petrolera nacional.
Del 2002 al 2009, las regalías percibidas por el Estado fueron de US$660 millones, pero en ese período de tiempo las exportaciones de la empresa le generaron US$1 mil 695 millones, unos Q13 mil millones, ingresos que únicamente le pertenecen a la petrolera.
El Parque Nacional Laguna del Tigre es el humedal más importante de Mesoamérica, por su sistema de lagunas, pantanos y lagunetas, así como por la biodiversidad que en él habita; constituye, además, una barrera natural contra huracanes y es regulador del ciclo del agua.
Si el mandatario guatemalteco insistiera en aprobar la prórroga de este contrato petrolero, Perenco explotaría el crudo durante otros 15 años en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya. Veremos su sensatez.
ALAI