Empresas no respetan convenios con comunidades y se niegan a reconocer daños causados en Ecuador
Por Luis Ángel Saavedra.- “Nosotros estábamos convencidos de que hacíamos buenos negocios con las petroleras al firmar los acuerdos de compensación, pero la realidad resultó ser muy distinta”, afirma Diocles Zambrano, líder de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, (RLCAS), organización que agrupa a comunidades afectadas por la explotación petrolera en la provincia nororiental de Orellana.
En efecto, una investigación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), finalizada en noviembre, reveló que las petroleras han cumplido únicamente con el 10% de los compromisos asumidos como forma de compensación social a las comunidades, en tanto que éstas han sido obligadas a cumplir todos los acuerdos, incluyendo renuncias voluntarias a reclamos ante nuevas afectaciones que puedan tener.
“Todos los convenios establecen una cláusula en donde las comunidades renuncian a reclamar por los daños que provoquen las empresas, especialmente por derrames de petróleo que contaminen las fincas de los campesinos o los territorios indígenas”, afirma Rodrigo Varela, autor de la investigación.
En los convenios, firmados durante los últimos 15 años, las empresas catalogan los derrames de petróleo como accidentes, hechos fortuitos o de fuerza mayor, y, por tanto, no asumen responsabilidades sobre los mismos.
“Todo derrame se produce por negligencia de las compañías, ya que mantienen infraestructura obsoleta,” afirma Varela.
Palabra empeñada
“Al inicio, los acuerdos con las petroleras fueron verbales. No se necesitaba más. Nuestros ancianos respetaban la palabra empeñada, pero las petroleras nunca respetaron un acuerdo de palabra; por eso se empezó a exigir un acuerdo firmado”, comenta Zambrano, al referirse a los acuerdos realizados en los años 80, pues antes de eso ni siquiera se contaba con la opinión de las comunidades.
“Las empresas entraban pateando al perro y decían que era por orden del presidente”, comenta Ángel Álvarez, del Comité de Derechos Humanos de Shushufinde, en la provincia de Sucumbíos.
La palabra es de fundamental importancia en la vida de los campesinos e indígenas; por eso los acuerdos con los delegados de las empresas, generalmente personas sin ningún poder de decisión, se hacían verbalmente. Pero mientras los primeros cumplían con lo acordado, los segundos no reconocían haber hecho un acuerdo.
“Yo di permiso para que la empresa pase por un costado de mi finca, pero ellos hicieron un camino por la mitad y me dañaron todo. Cuando reclamé, el delegado reconoció el daño y aseguró que la empresa me pagaría por el daño. Cuando fui a la empresa para que me paguen, dijeron que no se había acordado nada conmigo”, cuenta Carlos Gordillo, miembro de RLCAS.
“Cuando empezamos a exigir convenios firmados, creíamos que habíamos ganado y que las empresas ahora sí cumplirían”, afirma Zambrano,
Sin embargo, en el análisis realizado por INREDH se concluye que tampoco los convenios escritos han constituido una garantía para que las comunidades fuesen compensadas por los daños que producen las empresas.
“Los convenios se limitan a establecer montos muy pequeños de inversión en las comunidades, tales como casas comunales, adecuación de canchas deportivas y a veces infraestructura sanitaria. En ningún caso se comprometen en temas como salud o educación”, comenta Varela.
Los convenios escritos resultaron ser nuevas trampas para los campesinos e indígenas, pues establecían cláusulas que violentaban sus derechos o se establecían sistemas de compensación irónicos, como un acuerdo firmado por la petrolera italiana AGIP y la nacionalidad waorani en 1994.
Alexandra Almeida, investigadora de Acción Ecológica, una de las principales organizaciones ambientalistas del Ecuador, cuenta que AGIP “hizo un acuerdo escrito con algunos waoranis en el que la empresa se comprometió a nivelar un terreno para una cancha de fútbol y proporcionar un pito para el árbitro. A cambio los indígenas daban permiso a la petrolera para que ingrese a todos los territorios waoranis y haga uso de los recursos que necesite, lo que incluía la explotación forestal y la apertura de caminos”.
“Este acuerdo, como todos los demás, también obligaba a no realizar reclamo alguno en el futuro por cualquier afectación que provoque la explotación petrolera. Este convenio es una muestra de cómo las empresas manipulan a las comunidades indígenas; es volver al canje de baratijas por oro que se hizo en la conquista de América”, dice Almeida.
Las petroleras no se conformaron con engañar a la gente haciéndola firmar convenios ilegítimos, sino que tampoco cumplieron las pocas obligaciones que asumían, lo que llevó a nuevos conflictos que, a su vez, llevaban a la firma de nuevos convenios. “Los convenios analizados tienen como antecedentes convenios anteriores incumplidos, lo que provocó que las comunidades asumieran actitudes de hecho, como el cierre de carreteras y el boicot a la producción petrolera, para lograr un nuevo convenio con una compañía, que a su vez, nuevamente se incumplía”, afirma Varela.
En este escenario, las comunidades aprendieron a negociar bajo presión, pero también asimilaron prácticas clientelares, en donde la compañía petrolera era vista como la única con posibilidades de conceder favores.
Estado asume a medias sus obligaciones
La dinámica de las petroleras creó dependencia en las comunidades, pues las empresas se presentaron como alternativas al rol del Estado. Es decir, el Estado dejó de ser el referente de la inversión social y se convirtió en el agente de seguridad de las empresas, mientras que éstas asumían el rol de proveedoras de servicios básicos.
Con la nueva Constitución del Ecuador, vigente desde octubre del 2008, se quiere modificar esta realidad, pues se argumenta que el petróleo constituye una riqueza nacional y es el Estado quien deberá poner las reglas de la inversión social y no las empresas. Por ello la Secretaría de Pueblos y Participación Social es ahora la encargada de dialogar con las comunidades y así evitar los conflictos con las empresas.
“Sin embargo, las nuevas atribuciones del Estado han provocado que las empresas desconozcan los compromisos asumidos previamente. Ahora las empresas nos dicen que pidamos al gobierno las compensaciones por los daños que ellas causan”, dice Zambrano.
El gobierno, por su parte, está empeñado en conseguir el beneplácito de las comunidades para ampliar la producción petrolera, pero no tiene en cuenta el impacto que provoca en el ambiente, ni en las formas de vida de las comunidades.
“No se trata sólo de conseguir compensaciones económicas; se trata de garantizar una vida digna para las comunidades, y eso incluye el prever un sistema de remediación ambiental, es decir, se debe presentar a las comunidades los planes de emergencia para remediación ambiental y no sólo un plan de cuentas de una futura inversión social”, dice Varela.
Mientras tanto, los campesinos e indígenas de las zonas petroleras deberán conformarse con el 10% que recibieron de lo ofrecido por las empresas, pues ahora ni el Estado ni las empresas desean asumir los convenios de compensación ya firmados.
Noticias Aliadas
