Por Hedelberto López Blanch.- El fallo judicial sancionado en Ecuador contra la compañía petrolera estadounidense Chevron confirma fehacientemente que las naciones de América Latina deben abstenerse de firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) como los ha deseado imponer Estados Unidos en la región.
Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
La historia de esta tragedia ambiental en la Amazonia comenzó cuando la entonces compañía estadounidense Texaco, (adquirida por Chevron en el año 2001) empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos junto con la compañía Gulf. Tres años después encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1.
A las extracciones se sumó, años más tarde, el Estado ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990, Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió siendo parte de la asociación.
En 1993, 88 ecuatorianos (en representación de más de 30 000 habitantes afectados) presentaron la primera demanda por daño ambiental en contra de Texaco en una Corte Federal de Texas, y un año más tarde el mismo grupo llevó la queja ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes las desecharon. En el 2003 la querella ambiental en contra de Chevron-Texaco fue llevada finalmente a la Corte Superior de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia, que se tomó ocho años para dictar sentencia.
Para muchos especialistas esta ha sido una de las peores catástrofes ambientales causada por la actividad petrolera en la historia de la humanidad, y hasta superior a la de British Petroleum (BP), en 2010, en el Golfo de México y a la del buque Exxon Valdez ocurrida en las costas de Alaska en 1989.
El desastre se ha descrito como infernal. La activista norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer durante tres días las zonas afectadas redactó un informe en diciembre de 2009 que fue publicado por la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y que expresa:
“Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos”.
Entre 1964 y 1990, Texaco perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2 700 millas cuadradas de selva y en ese período obtuvo más de 30 000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18 000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción (una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos) que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan.
Kerry puntualizó que la Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se colocó ningún concreto para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.
“Yo había escuchado durante años sobre el Chernobyl de Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo”, sentenció Kennedy.
La cantidad fijada por el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Justicia de Nueva Loja, fue de 8 646 millones de dólares que aumentarán otros 864 millones al sumarle 10 % del total a favor de los demandantes, como dispone la ley y consta en la sentencia. En un plazo de 60 días las partes deberán constituir un fideicomiso mercantil, a cargo de algunas de las administradoras de fondos del país, entidades que forman parte de la banca privada ecuatoriana. El beneficiario del fideicomiso será el Frente de Defensa de la Amazonia, que reúne a los demandantes y según el fallo, todo el patrimonio tendrá como destino cubrir los costos necesarios para la contratación de las personas encargadas para ejecutar las medidas de reparación previstas. El desglose de la suma a pagar por Chevron será de 5 396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1 400 millones a favor de construir sistemas de salud, 800 millones en planes de salud y atención a los pacientes con cáncer derivado de la contaminación, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones destinados a la recuperación de especies nativas, 150 millones en proyectos de dotación de agua y 100 millones para reparar el daño cultural. La cifra impuesta por la Corte de la provincia de Sucumbíos es más pequeña que la sugerida por el mismo perito del tribunal que la había fijado en 27 000 millones de dólares, y mucho menor a los números que manejaban los expertos de los demandantes, entre 40 000 y 113 000 millones.
De todas formas, la respuesta de Chevron no se hizo esperar y en una suerte de furia incontenida, el vocero de la empresa, James Craig la catalogó de “ilegítima e inejecutable, producto de fraude y contraria a la evidencia científica”.
En un comunicado, la compañía divulgó que tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia emitida por la corte ecuatoriana.
Una semana antes, un juez federal en Nueva York decidió conceder a Chevron una protección temporal contra cualquier fallo que le ordene el pago de una indemnización multimillonaria por supuestos daños ambientales en Ecuador.
Tres días después, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que se emita en contra la compañía petrolera.
Estas acciones demuestran porqué Estados Unidos trata de imponer en toda América Latina los Tratados de Libre Comercio.
Una de las exigencias de Washington es que los países firmantes de los TLC, (como ocurrió con México y Perú) ratifiquen sin enmiendas el capítulo 10, el cual posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma, ni obreros ni autoridades nacionales tienen potestad para demandar a las compañías transnacionales ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas.
Entre las cláusulas de los TLC se reafirma la imposibilidad de acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Chevron que aparece como la segunda peor compañía en el mundo por su ataque al medio ambiente, también ostenta gran influencia política y de capital.
Baste recordar que la ex jefa del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush, Condoleeza Rice fue su directora en los años 90, mientras Dick Cheney, uno de los hombres claves para la invasión y ocupación de Irak, actuó como director de Halliburton, una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con la Chevron.
La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, pero tienen a su favor que Ecuador no haya firmado el TLC con Estados Unidos y así continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
Rebelión
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“El juicio contra Chevron está totalmente corrompido”
Gonzalo Ortiz entrevista a JAMES CRAIG, portavoz de Chevron para América Latina
Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, entiende que no hay mejor defensa que un buen ataque en todos los frentes para revertir la condena a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales y sanitarios en la selva ecuatoriana.
El fallo emitido el 14 de febrero por un tribunal provincial ecuatoriano es “corrupto, ilegítimo, inaplicable, producto de un fraude”, dijo en entrevista con Tierramérica el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig.
La empresa solicitó al juez Nicolás Zambrano aclaraciones de esa sentencia, mientras prepara la apelación. Pero también accionó contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, y contra abogados y líderes de los demandantes ante un tribunal de Nueva York, donde los acusa de inventar un caso fraudulento.
Según Craig, el magistrado no tomó en cuenta “muchos elementos que constan en el proceso”, basó su fallo solo en estudios de los demandantes y no consideró que el perito Richard Cabrera, encargado de efectuar una evaluación imparcial, presentó un informe que le habían redactado por los litigantes.
Si bien Zambrano explicitó en la sentencia que había ignorado ese cuestionado reporte de Cabrera, para Craig “el juicio está totalmente corrompido”.
Texaco efectuó operaciones de exploración y explotación petrolera en el noreste de Ecuador entre 1964 y 1990, en goce de un contrato con el Estado, y mantuvo la propiedad de 37,5 por ciento del negocio hasta 1992. En 2001 la empresa fue adquirida por Chevron.
Según las denuncias, Texaco perforó alrededor de 350 pozos en unos 6.900 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Cavó más de 900 fosos para arrojar en ellos fango de petróleo, sin revestir la tierra, y derramó unos 68.000 litros de agua de producción, una mezcla de petróleo, ácidos y otras sustancias tóxicas que se filtraron a ríos y arroyos. El siguiente es un extracto de la entrevista con Craig.
TIERRAMÉRICA: Chevron acudió a la corte de La Haya antes de que se emitiera el fallo en primera instancia, reclamando que el Estado ecuatoriano responda por cualquier sentencia en su contra. ¿Por qué el Estado ecuatoriano sería el responsable si ustedes operaron en la zona entre 1964 y 1990?
JAMES CRAIG: Texaco fue operador del consorcio entre 1972 y 1990, cuando el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) decidió que no necesitaban un socio extranjero. Es (la empresa estatal) Petroecuador la que viene operando en los últimos 20 años.
Cuando salió Texaco, se acordó una cierta cantidad de trabajos de remediación en determinados lugares donde había impacto por las operaciones del consorcio. Entonces, el Estado, como socio mayoritario, y Texaco, como socio minoritario, decidieron en un contrato firmado en 1995 que Texaco tenía que hacerse cargo de un tercio de esos pasivos ambientales y que el Estado iba a hacerse cargo de los otros dos tercios.
Texaco remedió 162 piscinas y seis áreas de derrame, instaló siete facilidades de reinyección de agua de producción e invirtió más de cinco millones de dólares en trabajo social. Y en el año 98 se firma el acta final, que libera a la empresa de toda responsabilidad u obligación. (Craig exhibe el documento suscripto por autoridades ecuatorianas y ejecutivos de Texaco).
Si existen problemas ambientales, el único responsable es el Estado ecuatoriano.
TIERRAMÉRICA: Pero dicho acuerdo no liberó a Texaco de responsabilidad frente a terceros. El procurador del Estado, Diego García, sostiene que éste es un conflicto entre privados y que el tribunal de La Haya no tiene jurisdicción.
JC: Tenemos abundante evidencia para comprobar cómo el gobierno y la política han influido en este caso. Además de múltiples expresiones del presidente (Rafael) Correa contra Chevron, tenemos un boletín de prensa de la Presidencia en donde el gobierno no solamente dice que apoya a los demandantes, sino que se compromete a recopilar pruebas para ayudarlos.
Tenemos grabadas en vídeo reuniones entre Alexis Mera (secretario jurídico de la Presidencia) y el abogado (Pablo) Fajardo, (el activista Luis) Yanza, el abogado (Julio Prieto, el abogado Alejandro Ponce Villacís (miembros del equipo demandante) para hablar de cómo podían declarar la nulidad del acuerdo de 1998.
TIERRAMÉRICA: ¿Cómo obtuvieron grabaciones de reuniones en la Presidencia de la República?
JC: Los demandantes mandaron a hacer un documental de su “lucha contra la malvada multinacional”.Y, por dos o tres años, el cineasta (Joe Berlinger) los sigue a todas sus reuniones, grabando y filmando todo, para estrenar en 2009 un documental que se llamó “Crude”.
Pedimos por medio de la justicia norteamericana (estadounidense) que se nos diera acceso al material filmado que no fue usado en la película. El juez dijo que ese material nos tenía que ser entregado. Aquí le voy a dar dos discos compactos con 16 tomas, aunque la de la reunión con Mera no está. (Al terminar la entrevista, Craig entrega una memoria portátil con imágenes de ese encuentro).
TIERRAMÉRICA: La corte de La Haya, sin haber resuelto aun si tiene jurisdicción, ordenó en forma cautelar a Ecuador que no ejecutara la sentencia contra Chevron. Pero cualquier abogado sabe que una sentencia no puede ejecutarse hasta que no quede firme.
JC: Los propios abogados de los demandantes dijeron que iban a ir con la sentencia de primera instancia a foros internacionales para comenzar a embargar nuestros bienes. Por eso el tribunal de La Haya decidió que había que tomar medidas para evitar daños irreparables, como la confiscación de plataformas de alta mar o refinerías.
TIERRAMÉRICA: Pero una declaración así, aunque haya sido hecha por los demandantes, no tiene sustento jurídico.
JC: La pregunta sería para el tribunal de La Haya, que tiene mucha de esa evidencia. Tenemos cientos de miles de documentos, decenas de miles de correos electrónicos comprometedores.
TIERRAMÉRICA: ¿También obtenidos mediante orden judicial?
JC: Claro. De discos duros que obtuvimos a través de varios procesos que empezamos desde el año pasado.
TIERRAMÉRICA: Usted ha dicho que Chevron vino a Ecuador a comparecer al juicio de buena fe. Pero cuando el proceso se inició en Estados Unidos en 1993 ustedes lo manipularon argumentando que no eran sus tribunales los que debían entender en el caso.
JC: Decir “manipularon” es una tergiversación de la realidad. Nosotros nos defendimos con los argumentos de que las cortes norteamericanas no eran el foro correcto para tratar un tema netamente ecuatoriano.
La corte en primera en instancia estuvo de acuerdo. La corte de apelaciones también, pero nos puso la condición de que no podíamos oponernos a la jurisdicción de Ecuador, en caso de que fuésemos demandados aquí. Por eso Chevron vino de buena fe a responder a la demanda.
TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es el futuro de este caso?
JC: No sabemos. La respuesta a nuestro pedido de aclaraciones depende del juez. Luego tendremos tres días para apelar. Lo haremos ante el pleno de la Corte Superior de Sucumbíos y, si es necesario, ante la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional y, si es necesario, iremos afuera.
Tenemos otro proceso en Nueva York contra Fajardo, Yanza, (el abogado estadounidense Steven) Donziger, que es el número uno, y otros que participaron en el fraude, coludieron con jueces, presionaron a la justicia e indujeron la interferencia del gobierno.
TIERRAMÉRICA: ¿En qué consiste la demanda?
JC: Es por fraude y asociación ilícita para delinquir y extorsionar.
TIERRAMÉRICA: ¿Y se reclama una suma de dinero?
JC: No hay una cantidad especificada. Es una demanda civil, pero sí pretendemos recuperar lo que se ha gastado en el proceso para defendernos.
* Este artículo fue publicado originalmente el 5 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
IPS
