Documento de análisis y pronunciamiento de la Unión de Asambleas Ciudadanas
El contexto mundial
Desde los atentados a las Torres Gemelas en 2001 se viene profundizando una etapa caracterizada por el avance de un andamiaje militarista y represivo en todo el mundo. Durante la administración Bush, el contexto mundial era definido, desde el punto de vista militar, como de “guerra contra el terrorismo” en el cual las “operaciones especiales” y la “guerra secreta” ocupaban un lugar central. Si bien era esperable que el gobierno de Obama redujera la aplicación de los mecanismos de guerra secreta, en los cuales tiene un lugar central la actuación de servicios de inteligencia de manera “preventiva” para detectar “sospechosos” de integrar o apoyar de distintas maneras a los grupos terroristas, no fue lo que ocurrió. Por el contrario, la administración Obama ha aumentado, según una investigación del Washington Post de 2010, “las operaciones especiales a nivel mundial en presupuesto y cantidad”.
Este aumento de las operaciones especiales, es parte de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional que el presidente Obama anunció a fines de mayo de 2010, que tiene determinadas “ventajas”: por un lado, el uso de fuerzas secretas en operaciones estratégicas tiene un beneficio especial en su propia naturaleza clandestina, evitando las críticas y reacciones contra la política de guerra estadounidense por parte de la opinión pública mundial; por el otro, el alto presupuesto de defensa que implican estas operaciones satisface al complejo militar industrial de ese país, que tiene en la sofisticación del armamento y el uso de alta tecnología bélica su gran negocio.
La guerra para la que se viene preparando el estado norteamericano no es una guerra convencional sino irregular, ya que las misiones más importantes de las fuerzas especiales son las de inteligencia, infiltración, subversión, contrainsurgencia y desestabilización que permiten desequilibrar al adversario “desde adentro”. La existencia de agencias como la USAID (United States Agency for International Development; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) son las fachadas para canalizar fondos hacia actores que promueven la agenda norteamericana y para penetrar la sociedad civil de países con intereses estratégicos para la potencia del norte. Estos mecanismos de guerra contrainsurgente incluyen “operaciones especiales” tales como los asesinatos selectivos, el secuestro y la tortura, que se vienen poniendo en práctica en todas esas regiones estratégicas. Finalmente, las fuerzas armadas y las acciones de guerra tradicionales, lejos de desaparecer, no cesan de incrementar su despliegue y presupuesto. La guerra no convencional o “especial”, estatal o paraestatal, no sustituye sino que es complementaria (a veces su forma de “vanguardia”) de la guerra convencional tradicional.
El contexto latinoamericano
Son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta para analizar la avanzada militarista en nuestro continente desde el inicio de este milenio:
Por un lado, se considera que existen nuevas amenazas del siglo XXI a la seguridad, que son transnacionales, no tradicionales, entre las cuales se mencionan: el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, los desastres naturales y ambientales, las organizaciones criminales transnacionales, la inmigración ilegal, los secuestros y las pandillas criminales.
A partir de estas consideraciones, EE.UU. viene solicitando la cooperación hemisférica y la revitalización de sistema interamericano, en cuanto a mecanismos de seguridad colectiva, que involucren a todos los países americanos, transformando de esta forma las preocupaciones y amenazas que hacen a la seguridad del estado norteamericano en problemas de seguridad común que requieren respuestas multilaterales. El ámbito en el que se discute esta normativa referida a la seguridad hemisférica es principalmente la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, en la cual la principal potencia del continente pretende imponer normas continentales que respalden sus intereses particulares.
La cooperación hemisférica en seguridad propuesta por EE.UU. frente a las nuevas amenazas como el terrorismo requiere, también, un efectivo control de las fronteras latinoamericanas, con el objetivo de reducir las posibilidades de que se concreten atentados terroristas. Respondiendo a esta demanda, algunos gobiernos de América Latina han comenzado a implementar controles en las zonas de fronteras terrestres y del espacio aéreo, a través de la informatización de las oficinas de migraciones y la detección de aviones sospechosos a través de un sistema de radares.
Otro aspecto de la militarización se cristaliza en las maniobras militares conjuntas realizadas entre las tropas estadounidenses y las fuerzas armadas latinoamericanas, que tienen el propósito de preparar la participación de las fuerzas armadas de la región en fuerzas multilaterales, bajo la pantalla de la ayuda humanitaria a los países involucrados. Este tipo de ejercicios militares conjuntos permite a las fuerzas armadas extranjeras obtener datos concretos de los territorios en los que operan, tales como existencia de riquezas naturales y las características de las poblaciones. La presencia de tropas extranjeras en la región también contempla la realización de seminarios estratégicos, con miembros del Comando Sur de los Estados Unidos, y el intercambio con expertos en temas de defensa y seguridad, destinados no sólo a las fuerzas armadas, sino también a líderes civiles.
La colocación de bases militares de Estados Unidos en puntos estratégicos del continente es uno de los aspectos más destacados de la militarización de nuestra región. Estas bases tienen dos propósitos explícitos y evidentes: garantizar el acceso a los bienes naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta. En este sentido es que debe entenderse el acuerdo firmado en 2009 entre los gobiernos de Colombia y EE.UU., que permitió que siete bases colombianas cuenten con presencia de militares norteamericanos.
El contexto nacional
En nuestro país se está implementando el uso de fuerzas especiales, que acompañan a las fuerzas represivas del estado, en determinadas “operaciones”. Estas fuerzas pertenecientes a las policías provinciales y a las fuerzas de seguridad nacionales actúan impunemente en los conflictos sociales, y en muchos casos para dirimir conflictos territoriales o reprimir sectores vulnerables de la sociedad. Las formas de operar de estas fuerzas con frecuencia implican la militarización de las comunidades en conflicto por la disputa en torno a los bienes comunes naturales, o de barrios marginales de las grandes ciudades donde habitan los sectores sociales “peligrosos para la seguridad ciudadana”.
Junto a las fuerzas de seguridad públicas y sus grupos de operaciones especiales, observamos también el uso de fuerzas de seguridad privadas que actúan muchas veces conjuntamente, en los conflictos sociales. Se trata de un aumento de la privatización de la represión, ya que la ejercen fuerzas represivas privadas, y del aumento de la represión con fines privados, ya que se defienden intereses empresariales que se oponen a los intereses de la sociedad en su conjunto.
En el ámbito estrictamente legal vemos que las estrategias utilizadas para judicializar las luchas sociales van desde la creación de figuras legales hasta la apertura de causas falsas para incriminar a lo/as luchadore/as sociales.
En el ámbito simbólico, destacamos la implementación de estrategias de estigmatización de los luchadore/as sociales a través de un discurso mediático y político que justifica la represión y legitima la relación directa entre pobreza y delincuencia.
Otro aspecto central de la militarización que nos interesa remarcar particularmente es la legislación antiterrorista que se viene imponiendo en el continente, que habilita a la vigilancia de la sociedad, -cuyos integrantes nos convertimos en sospechosos frente a la supuesta amenaza del terrorismo-, imponiendo mecanismos de control y una cultura del miedo que es parte de nuestra vida cotidiana.
Desde el 2005 la Argentina viene transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año, se convirtieron en ley dos convenios, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999.
A su vez, en 2007 se sancionó la ley N° 26.268 que incorporó al código penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones.
En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.
Ya en ese momento nos preguntamos ¿Quiénes son los terroristas?:
Y comenzamos a construir una respuesta colectiva basada en nuestras experiencias cotidianas de resistencias: Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos, a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.
Un nuevo proyecto de ley que el poder ejecutivo envió el 14 de octubre de 2011 al Congreso de la Nación, fue aprobado finalmente por el Congreso en Sesiones Extraordinarias y promulgado por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre con el N° 26.734. La ley determina un incremento de la escala penal para delitos que tengan por finalidad aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Además, establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados para financiar un delito con finalidades terroristas.
En la fundamentación del proyecto se establecía a su vez que quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos estén dirigidos a reclamar derechos individuales o colectivos; a su vez, en el artículo 3° de la ley dice:“Los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
A pesar de que pareciera ser un texto bastante amigable frente a las acciones de protesta social es necesario que los/as luchadore/as sociales estemos advertido/as, tal como lo expresa la carta pública elaborada por la REDAJ:
1) por el aumento de las penas frente a pretendidos actos terroristas o sus financiadores.
2) porque se utilizan conceptos muy imprecisos que abren la posibilidad de que sean aplicables a las figuras penales frecuentemente utilizadas para la criminalización de la protesta social, como en los casos de resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el espacio público.
3) porque el proyecto genera las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.
4) porque, a pesar de que el proyecto establece que no se aplicará en los casos en que se trata del ejercicio de un derecho constitucional, no hay garantías de que los líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo.
5) además, dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de prueba, y deberán ser esos líderes sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los procesos penales.
6) hay que tener en cuenta que este tipo de reformas son exigidas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro para las inversiones externas directas. De esta manera, se subordinan los derechos a la protesta social en pos de cumplir con exigencias impuestas por organismos financieros internacionales.
7) otro aspecto a destacar son los riesgos que corren las organizaciones que apoyen a los movimientos sociales, que podrían ser consideradas como financiadoras del terrorismo en la medida en que las acciones de protesta social de esas organizaciones sean consideradas como acciones terroristas.
De la misma manera que la avanzada militarista y represiva se puede observar en el continente a través del golpe de estado perpetrado en Honduras, de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia y de los derechos ancestrales en Chile, por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos sido testigos de más de una decena de asesinatos vinculados a la defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones, el más reciente de los cuales es el de Cristian Ferreyra, compañero militante del Mocase, asesinado por un banda armada que opera al servicio de uno de los tantos empresarios que protagonizan, en muchas de nuestras provincias, violentos desalojos a comunidades campesinas e indígenas. La militarización y represión la vivimos actualmente en el amedrentamiento que vienen sufriendo desde el 1º de enero del corriente año las Asambleas Riojanas en defensa del Cerro Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas especiales ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas “negras” de luchadore/as que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y la judicialización de las luchas de compañero/as contra los proyectos megamineros en nuestra cordillera. Todo esto con el fin de que esos territorios transiten el camino de la mercantilización capitalista.
Finalmente como Unión de Asambleas Ciudadanas nos preguntamos cuáles son las razones del avance de la militarización de los territorios, la criminalización de las organizaciones sociales y la actuación de grupos de operaciones especiales en los conflictos sociales y creemos que se trata de poner en juego formas consideradas más eficaces que las tradicionalmente usadas por las fuerzas represivas del estado. Porque en la historia reciente de nuestro país y nuestro continente quedó demostrado que el pueblo organizado no se asusta ni se calla ante la represión, sino que se empecina en seguir defendiendo la vida y sus territorios. Y este empecinamiento cotidiano sólo tiene una respuesta desde el poder: el aumento de la represión, con la utilización de métodos y estrategias cada vez más sofisticados.
Frente a una avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque se perfilan desde la solidaridad concreta y cotidiana, y tenemos que destacar que solidaridad es una palabra que no nos han podido robar porque no existe en el diccionario de empresas, gobiernos y justicias que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas en búsqueda de mayores ganancias al precio de más represión y de más muertes.
UAC – Unión de Asambleas Ciudadanas
