El presidente Evo Morales anunció que la Asamblea Legislativa aprobará durante esta gestión una norma para “separar la licencia ambiental de la consulta y participación”, con el objetivo de destrabar las inversiones en proyectos estatales estratégicos.
Las declaraciones del Jefe de Estado se dieron en el marco de la clausura de la cumbre social convocada por el Gobierno en la ciudad de Cochabamba y a la que asistieron empresarios privados, juntas vecinales, gremiales, campesinos, entre otros sectores. Morales explicó que este año la Asamblea Legislativa Plurinacional “debe entregar 70 leyes importantes”, entre las que se encuentra la “normativa para separar la consulta (y participación) de la licencia ambiental”.
Según el Mandatario, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ejercen influencia en “algunos dirigentes del movimiento indígena” para que se opongan a la realización de proyectos estatales estratégicos como la construcción de caminos o en proyectos de exploración hidrocarburífera.
“Cuando queremos dar valor agregado a nuestros recursos naturales, cuando queremos construir caminos o cuando queremos explorar nuevos campos hidrocarburíferos a veces estamos sometidos a algunas ONG”, aseguró el presidente Morales. Esta situación, sostuvo, perjudica al país porque retrasa el desarrollo de proyectos que generarán más ingresos económicos para el Estado boliviano.
Norma. La consulta y participación se inicia cuando el proyecto hidrocarburífero, eléctrico, minero, o de otra actividad productiva, ocasiona un alto impacto socioambiental en los pueblos o comunidades indígenas, originarios o campesinos que habitan dentro de su área de influencia.
El proceso tiene cuatro etapas: informar a la población afectada sobre el proyecto; planificar la consulta de forma conjunta y suscribir un Acta de Entendimiento sobre la forma de su ejecución; efectuar la misma; y consensuar los resultados, ratificándolos a través de la suscripción de un Convenio de Validación de Acuerdos.
En reiteradas oportunidades, el Órgano Ejecutivo denunció que algunas comunidades o dirigentes indígenas, originarios o campesinos utilizaban la consulta y participación para “chantajear” a las empresas públicas o compañías privadas que intentaban iniciar un nuevo proyecto, principalmente en el área hidrocarburífera.
El 23 de diciembre de 2011, el vicepresidente Álvaro García reveló que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Takovo Mora pidió una compensación de $us 37 millones para permitir la construcción de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande.
Ese mismo día, pero durante una entrevista concedida a La Razón, el Vicepresidente sostuvo que en las comunidades indígenas “hay un grupo de dirigentes políticos que, malinterpretando el derecho a la consulta, están chantajeando a YPFB para pedirle $us 10 millones o $us 20 millones”.
García dijo que esos recursos son “para el uso de un pequeño grupo de dirigentes” y no para las comunidades. El presidente de la APG, Celso Padilla, dijo que las compensaciones obtenidas por los pueblos guaraníes se reinvierten en proyectos productivos acordes a las necesidades de cada APG, bajo control del ente central.
ONG asesoran a dirigentes
“Algunos dirigentes asesorados por ONG (…) chantajean al Estado para obtener ganancias privadas en detrimento de la ganancia colectiva de todos los bolivianos”, dijo el vicepresidente García en una entrevista concedida a La Razón el 23 de diciembre.
La Razón
