Castigan a funcionarios de la AFIP por un reclamo a YPF

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION
La estatización de YPF ya causó cinco bajas en las filas oficiales. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, forzó el desplazamiento de cinco altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que avanzaron a toda velocidad contra la empresa cuando todavía la controlaban los españoles, pero cuya ofensiva, por casi $ 410 millones, impactó de lleno contra la firma cuando ya estaba en manos del Gobierno.
El reclamo de la AFIP se había centrado en supuestas inconsistencias detectadas en el pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural por $ 267,1 millones, más otros $ 142,2 millones en intereses resarcitorios. Pero lo que comenzó contra la chequera española terminó en la billetera del Estado.
Las dos víctimas centrales de Kicillof fueron Juan Carlos Cheli y Bibiana Vacirca, jefes del Departamento Gestión de Cobro y de la División Recaudación, respectivamente, de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, desplazamientos que se informaron en el Boletín Oficial del lunes 25 del mes pasado. Un día después se sumó el tercer desplazado: Enrique Lalanne, jefe de la División Cobranzas Judiciales, y el 3 de este mes, los últimos dos: Roberto Alejandro Gómez y Marcelo Malagón, jefes de departamento y división letrada de Contencioso Administrativo. Es decir, los encargados de iniciar juicios para cobrar los millones adeudados al fisco. Ahora, uno de ellos pidió licencia; otro fue rebajado a sacar fotocopias.
Los cinco, en rigor, cayeron en desgracia por la ofensiva de la AFIP y, más relevante, como responsables por las consecuencias de un fallo que resultó inédito por su veloz tramitación, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas de fuentes del Tribunal Fiscal, la AFIP y el Ministerio de Economía.
Velocidad notable
Todo el proceso resultó notable por su velocidad. En menos de dos meses, dos flamantes jueces nombrados por el Gobierno rechazaron la apelación de YPF contra la determinación de la AFIP y le franquearon la puerta al fisco para intimarla por casi $ 410 millones. Es decir, un logro que en la mayoría de los casos insume años o incluso décadas.
La ofensiva de la AFIP registró más particularidades. Entre otras, Armando Magallón y José Luis Pérez, los jueces designados mediante un controvertido concurso del Ministerio de Economía, se apartaron de las pautas fijadas por un fallo plenario del propio Tribunal Fiscal en 2007 y avanzaron sin correrle traslado al Estado de los planteos de YPF. Sin más, rebatieron ellos sus argumentos defensivos y le aplicaron las costas del proceso por otros $ 3,4 millones.
“Es válido no correrle traslado al Estado si el planteo de la otra parte es manifiestamente improcedente. Pero éste no es el caso”, estimó una fuente del Tribunal Fiscal. “Forzaron la jurisprudencia con una clara intencionalidad de habilitar la ejecución contra YPF”, abundó, lo que convalidó una segunda voz dentro del órgano jurisdiccional revisor de la AFIP.
La ofensiva también mostró una notable correlación con las acciones del Gobierno contra la gestión de Repsol, según corroboró LA NACION en las actuaciones del expediente 35-722-I que se inscribió en el registro como EXP-S01:0527895/2011.
El primer paso ocurrió cuando la AFIP fijó en $ 267,1 millones la “determinación fiscal” por diferencias detectadas en los precios “de surtidor” de los combustibles entre la Patagonia y el resto del país.
La YPF española rechazó las conclusiones de la AFIP y apeló ante el Tribunal Fiscal el 29 de diciembre. Tras los asuetos de fin de año y la feria de enero, el proceso comenzó a correr en febrero, mientras se le retiraban pozos petroleros a la compañía y crecían las versiones sobre su intervención, lo que se concretó el 16 de abril. Dos días después, Magallón y Pérez firmaron su sentencia.
La premura del Tribunal Fiscal, sin embargo, terminó por repercutir contra el Estado. Porque la AFIP quedó habilitada a ejecutar a YPF por cerca de $ 410 millones justo cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concretó su nacionalización, el 3 de mayo. Y la ofensiva, tras las notificaciones de rigor, impactó en los cálculos fiscales.
En cuestión de días, la ofensiva se volvió también contra los funcionarios involucrados de la AFIP, a pesar de que contaban con el visto bueno de su jefe máximo, Ricardo Echegaray. La presión de Kicillof fue más fuerte.
La Nación