La ONU alerta sobre violaciones a los DDHH indígenas

Desde Ginebra, Plazademayo.com revela el lapidario informe de la ONU  sobre la situación de los derechos indígenas en el país.
Por Juan Gasparini
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los 2 millones de indígenas de Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de “un procedimiento para la titulación de tierras indígenas”. Tampoco dispone de “un programa de relevamiento … (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados”.
La “promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias” en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los “vacíos y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales”, agregado al “avance de la frontera agrícola” y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de “cientos de miles de hectáreas de bosques” y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.
La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. “No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta”, ni procesos que “cumplan con los estándares internacionales”, deplora Anaya. Subraya que los indígenas “no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos”, y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar “personería jurídica a comunidades indígenas ficticias”, en desconocimiento “de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas”.
La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido “los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena”, a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, “que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas” (leyes autóctonas de referencia, la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, y los instrumentos internacionales vinculantes antes citados).
Esa “vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan” ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, “generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas”, y desencadeando procesamientos de “muchos individuos indígenas” por “supuestos” delitos. Anaya critica “un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta”.
Con la noble intención de sacar a los indígenas de la marginalización y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya, un catedrático de ascendencia indígena, eleva al gobierno que preside Cristina Fernandez de Kirchner, 34 recomendaciones. Le pide “elaborar” reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para “obtener su consentimiento libre, previo e informado” sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. Le solicita “investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios”. Insta a “eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia”, y a suspender “todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas”. Encomienda “revisar la política penal aplicada en los últimos años”, y “adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas”, al unisono para “funcionarios” y “particulares”. La mejor salvaguarda preconizada por la ONU es prohibir la criminalizarción de las luchas sociales, y, en cambio, proporcionar los medios para organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica “para reivindicar los derechos a las tierras tradicionales” y a no cometer “actos contrarios al orden público”.
Plazademayo.com