Las organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía hicieron oír hoy su voz en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP15) y pidieron la creación de un fondo medioambiental de compensación para sus pueblos.
Las organizaciones de los pueblos amazónicos de nueve países agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) exigieron se les escuche al negociar un nuevo acuerdo climático y se considere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para cualquier iniciativa.
“Necesitamos legalizar los territorios indígenas mediante gobiernos autónomos” afirmó Tito Puanchir, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en una mesa redonda organizada por la COICA en la COP15.
La idea de crear un fondo medioambiental específico para compensar a los pueblos indígenas por la destrucción de los bosques del Amazonas también contó con el apoyo general de las diferentes organizaciones de la COICA.
Juan Carlos Jintiach, encargado del área internacional, admitió que si bien hay coicindencia en las reivindicaciones generales, también existen diferencias particulares.
Por ejemplo, los planes de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD) de las Naciones Unidas es uno de los objetos de discordia.
Mientras la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) admite con reservas su posible uso si garantiza el respeto de los derechos territoriales, otras organizaciones muestran dudas o se oponen directamente, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Roberto Espinoza, quién se expresó a nombre de la AIDESEP, criticó que la REDD amenaza la diversidad ecológica, y destacó que las plantaciones no son bosques y que la lucha a favor de éstos ha costado 34 vidas en Perú, en referencia a las violentas protestas de hace unos meses en la Amazonía peruana.
De opinión similar fue Caicedo quién pidió “que no conviertan la destrucción del planeta en un negocio”, y advirtió que los mercados de carbono son “nefastos” y comercian con los derechos territoriales.
Los dirigentes de la COIAB acusaron al gobierno de Lula no sólo de ignorar sus peticiones, sino también de negarse al diálogo y mantener una política contradictoria.
Por ejemplo, El Fondo de Amazonas, un proyecto del gobierno de Brasil para reforestar la región” es apoyado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) que también financia grandes obras de infraestructura “que destruyen la zona forestal”.
Sonia Guayayara, de la COIAB, exigieron el cese inmediato de las obras en las carreteras que atraviesan el Amazonas y abrir un diálogo sobre la energía hidroeléctrica, así como el acceso a todos los proyectos relacionados con el área amazónica.
La COIAB pidió claridad en los mecanismos relacionados con la reforestación y denunció el peligro que significa compensar a los que destruyen el bosque. “Los que destruyen el bosque no puede ser compensados por la reforestación. Si no, van a ganar dos veces”, aseveró Guayayara.
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