LONDRES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) – Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la “tragedia de Derechos Humanos” que sufre la población del Delta del Níger a causa de las actividades de las empresas extranjeras, que causan un importante daño medioambiental y afectan al bienestar de los habitantes locales sin que el Gobierno de Nigeria les obligue a “rendir cuentas”.
“El Delta del Níger es un descarnado ejemplo de la falta de rendición de cuentas de un Gobierno ante su población, y de la casi nula rendición de cuentas por parte de las empresas multinacionales en relación con las consecuencias de sus operaciones para los Derechos Humanos”, afirmó la responsable del trabajo sobre empresas y Derechos Humanos, Audrey Gaughran, coautora del informe ‘Petróleo, Contaminación y Pobreza en el Delta del Níger’, presentado este martes en rueda de prensa en Abuya.
En el informe se examinan los vertidos de petróleo y materiales de desecho, las explosiones de gas y otros impactos ecológicos de la industria petrolífera. La mayoría de las pruebas sobre contaminación y daño al medio ambiente reunidas por AI y expuestas en su informe se refieren a las operaciones de Shell, principal compañía petrolera que actúa en los terrenos del delta del Níger.
“Quienes habitan el delta del Níger tienen que beber, cocinar y lavarse con agua contaminada. Comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas, si es que consiguen encontrar aún bancos de pesca”, prosiguió Gaughran. “La tierra que cultivan se está degradando” y tras los vertidos de petróleo, “el aire que respiran huele a petróleo, gas y otros agentes contaminantes”, añadió. “La gente se queja de problemas respiratorios y lesiones en la piel, y sin embargo ni el Gobierno ni las compañías petroleras vigilan los efectos de la contaminación del petróleo en los seres humanos”, señaló Audrey Gaughran.
Según Amnistía, “apenas” se ha informado sobre las consecuencias de la contaminación para los Derechos Humanos en el Delta del Níger. La mayoría de la población de la zona depende de su entorno natural para alimentarse y subsistir, especialmente mediante la agricultura y la pesca.
“El Gobierno de Nigeria es consciente de los peligros que entraña la contaminación del petróleo para los Derechos Humanos, pero no ha tomado medidas que garanticen que no se lesionan esos derechos”, lamentó la experta de AI. “A pesar de la contaminación generalizada de tierras, ríos y arroyos del delta del Níger,y de las numerosas denuncias por parte de habitantes de la región, prácticamente no hemos conseguido ningún dato oficial sobre las consecuencias de cualquier aspecto de la contaminación petrolera para los seres humanos en el delta del Níger”, denunció.
“El Gobierno de Nigeria no cumple con su obligación de respetar y proteger el derecho de la población del Delta del Níger a la alimentación, el agua, la salud y a ganarse el sustento”, afirmó Audrey Gaughran. “Por su parte, algunas compañías petroleras se han aprovechado de la falta de medidas por parte del gobierno, mostrando un escandaloso desprecio por las consecuencias de sus actividades para los Derechos Humanos”, agregó.
No obstante, según AI, se han observado algunos signos de mejora recientemente. La recién creada Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo (NOSDRA, por sus siglas en inglés) parece tener un planteamiento más sólido. “Acogemos con satisfacción el enfoque que NOSDRA parece querer adoptar, más activo, si bien para ello se precisan más recursos”, afirmó Audrey Gaughran.
RESPONSABILIDADES Y CONFLICTO ARMADO
“El Gobierno debe abordar el impacto de la contaminación producida por la industria petrolera en los Derechos Humanos. Tiene la obligación de proteger a la ciudadanía de los abusos contra sus Derechos Humanos o los daños que causan las empresas. Y no está cumpliendo con esa obligación”, alertó.
No obstante, prosiguió, “el hecho de que un Gobierno no proteja los Derechos Humanos de su población no exime a las empresas de ser responsables de sus actos”. “Las empresas petroleras como Shell no pueden sin más hacer caso omiso de las consecuencias de sus operaciones sólo porque el Gobierno no las obligue a rendir cuentas”, advirtió. “La norma internacional no permite que las empresas puedan actuar impunemente a su antojo; existen normas internacionales que regulan las operaciones de la industria petrolera, y en relación con las repercusiones sociales y medioambientales, que las empresas petroleras del Delta del Níger conocen perfectamente”, manifestó.
“El Gobierno nigeriano está desesperado por ver el fin del conflicto en el delta del Níger”, pero “la pobreza y el conflicto que siguen azotando la región no tendrán fin hasta que se resuelvan las causas subyacentes, incluidas varias décadas de daños medioambientales y la impunidad por los abusos contra el medio ambiente y los Derechos Humanos, y hasta que el Gobierno nigeriano reúna la voluntad política suficiente y los medios para hacer frente a las actividades de las empresas petroleras”, concluyó Audrey Gaughran.