La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo, basado en el dictamen que elaboró la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para levantarle un embargo porUS$ 19.000 millones a la Chevrón Corporation, otorgándole impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
Luego de 20 años de luchas, el hermano pueblo de Ecuador le ganó un juicio a la Corporación Chevrón por desvastar intencionalmente 500 mil hectáreas de selva del Amazonas durante 30 años, provocando muerte, destrucción y desplazamiento de miles de indígenas y colonos que habitan en esa región.
Más allá de los daños irreparables, este juicio permitió que la justicia civil argentina embargase a la filial local de Chevrón con la ratificación unánime de la Cámara de Apelaciones. Surgía de esta manera, la primera oportunidad para que la Corporación Chevrón se viese obligada a respetar la condena que desconoce y se niega a cumplir.
Pero no sólo se impidió esto sino que, gracias al fallo de la Corte Suprema, también se permitió al Gobierno celebrar, a través de YPF, un contrato con Chevrón muy desfavorable para los argentinos, por un monto de U$S 1.500 millones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Tanto es así, que miembros del directorio de YPF han renunciado para no ser cómplices de esta estafa.
Me pregunto si Ricardo Lorenzetti, quien preside un Consejo Internacional de Jueces para proteger el ambiente en el marco del “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente” sabía, cuando firmó, que Texaco-Chevrón arrojó alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos de la Amazonia, que vertió intencionalmente 650 mil barriles de crudo y que construyó 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus desechos.
Me pregunto si saben Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Helena Highton de Nolasco que con su firma le han abierto la posibilidad a Chevrón para que destruya nuestro país al igual que lo hizo en Ecuador.
Me pregunto que entiende Gils Carbó por democratizar el acceso a la justicia, si mientras se penalizan las protestas sociales de los Pueblos Originarios se absuelve a corporaciones que violan nuestros derechos como humanos.
¿Se han preguntado qué va a pasar cuando pueblos damnificados en Argentina se vean obligados a demandar a una transnacional para lograr justicia y dignidad?
Nuestra Corte Suprema ha sentado jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino y de los hermanos pueblos latinoamericanos, que han resistido permanentemente y han actuado para preservar su identidad, su honor, sus recursos y su vida.
Por esto la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a los argentinos y argentinas que queremos soberanía y dignidad para nuestro pueblo frente a las multinacionales, rechazamos este fallo y solicitamos su urgente revisión.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia
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Adolfo Pérez Esquivel
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