El presidente Enrique Peña Nieto buscará en los próximos meses poner fin a un tabú de casi ocho décadas al abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada y la competencia. El gobierno espera que la decisión atraiga inversiones de miles de millones de dólares.
La idea es que compañías privadas compartan con el Estado los riesgos de desarrollar reservas de energía cada vez más complejas, como depósitos de crudo en aguas profundas, al permitirles producir crudo y gas a través de acuerdos de ganancias compartidas, indicaron tres dirigentes de alto nivel del gobierno y del partido oficialista, quienes revelaron por primera vez detalles de la reforma.
La propuesta, que incluiría enmiendas a la Constitución mexicana, necesitará el apoyo de dos tercios del Congreso. Pero las fuentes dijeron estar optimistas de conseguir el respaldo de al menos uno de los dos partidos de oposición, sin necesidad de realizar cambios radicales a la reforma.
Las negociaciones formales empezarían probablemente después de las elecciones locales programadas para el 7 de julio, y el Congreso recibiría el proyecto de ley en agosto, dijeron las fuentes.
El plan contempla la apertura a la inversión privada de la exploración y la producción en aguas profundas, donde se cree que está más de la mitad de los posibles recursos petroleros de México, y en crudo y gas de esquisto. Los yacimientos petroleros en aguas poco profundas y en tierra, un área en la que la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene un vasto conocimiento y cuya producción es de menor costo, seguirían siendo de su dominio exclusivo, indicaron las fuentes. “Queremos una reforma profunda que ofrezca certidumbre legal a las empresas [.], queremos que esté muy claro en la Constitución cómo (las firmas privadas) pueden participar”, dijo un alto funcionario de la Secretaría de Energía.
La propuesta podría decepcionar a algunas empresas del sector. Las autoridades, por ejemplo, dijeron que es posible que las energéticas no reciban pagos en petróleo, sino en efectivo a precios de mercado. La restricción buscaría apaciguar a los nacionalistas mexicanos a los que les preocupa el simbolismo de compartir el petróleo del país. Las fuentes insistieron en que Pemex seguirá en manos estatales y que el gobierno seguirá controlando los hidrocarburos del país.
De ser aprobados, los cambios representan un gran avance para un país que tiene una de las leyes energéticas más restrictivas del mundo. Los expertos señalan que sólo Corea del Norte tiene un mercado más cerrado.
“Si lo logran, será sin lugar a dudas una reforma revolucionaria”, dijo Carlos Elizondo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE). “Es el tipo de cambio con el que todo gobierno mexicano ha soñado y que no ha podido lograr en los últimos 20 años”.
La producción petrolera de México se ha estancado en alrededor de 2,5 millones de barriles diarios en los últimos años, luego de llegar a un máximo de 3,4 millones en 2004. El gobierno estima que una mayor inversión y producción añadirán hasta un máximo de dos puntos porcentuales al crecimiento anual de la economía.
La reforma podría ser la última oportunidad de México de atraer miles de millones de dólares necesarios para desarrollar las reservas en aguas profundas y evitar convertirse en un importador neto de crudo, algo que Pemex advierte podría ocurrir en 2020.
Las empresas extranjeras, a su vez, podrían obtener acceso a uno de los principales productores de crudo, con reservas probadas de 13.900 millones de barriles de equivalente de crudo y posiblemente a las cuartas mayores reservas globales de gas de esquisto, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.
La reforma, al mismo tiempo, enterraría uno de los últimos símbolos del nacionalismo revolucionario del siglo XX de México, cimentado cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en 1938.
El cambio subraya la disposición a romper con el pasado entre miembros jóvenes y reformistas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que nacionalizó el crudo y gobernó México durante la mayor parte del siglo pasado. En diciembre, volvió al poder tras 12 años en la oposición.
Por décadas, Pemex ha subcontratado a empresas privadas, como Schlumberger Ltd. y Halliburton Co., tareas como la perforación de pozos a cambio de comisiones fijas. Pero ha prohibido cualquier concesión que les permitiría a las grandes petroleras reclamar reservas como propias o compartir los riesgos y recompensas de grandes hallazgos, a pesar de que productores como Noruega, Brasil, China y Rusia han implementado algún tipo de regulaciones de riesgo compartido.
