Los obreros habían realizado piquetes en reclamo por fuentes de trabajo en las intersecciones de las rutas nacionales 3 con las provinciales 26 y 39, bloqueando el paso de camiones y camionetas hacia los yacimientos de Chubut
Obreros desocupados de la construcción levantaron esta tarde un bloqueo al acceso a las plantas petroleras aledañas que habían iniciado por la madrugada, en medio de denuncias de las seis empresas que operan en la provincia y la advertencia judicial de que proseguirán las causas contra los manifestantes.
Los obreros habían realizado piquetes en reclamo por fuentes de trabajo en las intersecciones de las rutas nacionales 3 con las provinciales 26 y 39, en las inmediaciones de esta ciudad, bloqueando el paso de camiones y camionetas hacia los yacimientos de Chubut.
Julio Cuñacar, vocero de los desocupados, señaló que los piquetes se levantaron luego de conversar con el jefe de la Brigada de Investigaciones y segundo jefe de la Unidad Regional, Leonardo Bustos, quien a su vez señaló que “tras un diálogo con los desocupados que encabezaban la protesta en las rutas, decidieron levantar la medida”.
“Les pedimos que se retiren porque cometían un delito y nos pidieron colaboración con alguna gestión y en esto estamos”, aclaró Bustos. Mediante un comunicado, las compañías productoras de hidrocarburos con actividades en la provincia (YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, CAPSA, Sinopec y Oil) fijaron posición “frente a los actos de violencia y bloqueos de rutas ocurridos desde tempranas horas de este miércoles, que han impedido el acceso a los yacimientos y la actividad normal de la industria petrolera” en Chubut.
Según aseguraron “desde la madrugada de hoy, y una vez más, la actividad hidrocarburífera de las áreas del Golfo San Jorge, en la provincia del Chubut, ha sido afectada en su totalidad por cortes de rutas y accesos a todos los yacimientos. Al frente de estas irracionales acciones se encuentran individuos que ya han sido identificados por la Justicia en reiteradas oportunidades como causantes de desmanes y daños a las personas e instalaciones”.
En el comunicado agregaron que “en el caso de Cerro Dragón, de junio del 2012, significaron enormes pérdidas para toda la industria, un impacto negativo a la economía nacional y provincial como así también al empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge. Esto ocurre en momentos en los que el país necesita -más que nunca- del esfuerzo por recuperar el autoabastecimiento energético como motor indispensable del desarrollo económico y social”.
Las operadoras aseguraron que “repudiamos enérgicamente las manifestaciones públicas en los medios de la ciudad de Comodoro Rivadavia de protagonistas de las mencionadas acciones en el sentido que se prohibirá el paso de los trabajadores a los yacimientos”.
Las empresas condenaron “estos hechos como medidas de protesta” e hicieron “un llamado a la reflexión a todos los actores políticos y sociales de la Cuenca del Golfo San Jorge de la provincia del Chubut para que se encuentren soluciones definitivas que permitan a los ciudadanos y a las empresas poder trabajar en paz y libertad por el progreso de nuestro país”.
En tanto, el fiscal federal Norberto Bellber confirmó que pese a que las rutas fueron liberadas “ya se iniciaron” causas judiciales tras la manifestación, “como hacemos en cada corte de ruta”, a los que calificó como “ilícitos”. Al respecto, precisó que en estos casos se prevé una pena “de hasta dos años de prisión” y añadió que aunque se levanten los cortes “la causa sigue avanzando porque el delito ya está cometido”.
