El kirchnerismo se niega y aduce que se trata de dos sociedades anónimas. Sanz pidió que Cristina mande el decreto 929 y Montero quiere derogarlo.
El acuerdo con características secretas que firmó la petrolera re-estatizada YPF con la estadounidense Chevron será debatido por el Senado nacional, a instancias de la oposición, después de las elecciones primarias.
El kirchnerismo aceptó “averiguar” en la Casa Rosada si es posible que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, asistan a la comisión de Hidrocarburos a dar detalles del convenio, pero se resistió terminantemente a que éstos deban mostrar las cláusulas confidenciales del convenio que YPF firmó con Chevron para explotar 20 hectáreas en Vaca Muerta, el tercer yacimiento mundial de hidrocarburos -gas y petróleo- no convencionales.
El senador socialista Rubén Giustiniani solicitó ayer una sesión especial para analizar este acuerdo y el decreto 929 que firmó la Presidenta para incentivar las inversiones en hidrocarburos (se le da a las firmas que inviertan más de 1.000 millones de dólares en 5 años ventajas impositivas y arancelarias). Pero el oficialismo no aceptó ponerle fecha a la sesión y pateó todo al trabajo en la comisión de Hidrocarburos.
El radical Ernesto Sanz se sumó al planteo de Giustiniani y añadió que el decreto 929 es “de facultades delegadas, estipula un régimen de promoción de inversiones y tiene que tener legalidad, por lo cual el Gobierno debe mandarlo a la Comisión Bicameral” que analiza los decretos especiales como los de necesidad y urgencia o los de delegación de facultades.
“Después de diez días, el jefe de Gabinete no lo mandó a la Comisión Bicameral. Esto no cumple con la ley”, denunció. “El decreto -sostuvo Sanz- es un claro ejemplo de delegación de facultades porque remite a la ley 25.561 de Emergencia, circunstancia que obliga, inexorablemente al Gobierno Nacional, a remitirlo al Congreso nacional para su correspondiente aval”.
La senadora mendocina Laura Montero, también radical, fue más lejos. Presentó dos proyectos para derogar los decretos 929 de este año y el 1277 del año pasado dado que a su juicio avasallan la potestad de las provincias sobre sus dominios, los recursos naturales.
Otros legisladores opositores, como los peronistas disidentes Sonia Escudero y Adolfo Rodríguez Saá y la cívica María Eugenia Estenssoro se concentraron en la necesidad de que el Gobierno e YPF den a conocer el convenio con Chevron. Sin embargo, desde el oficialismo se defendió el secretismo que envuelve dicho acuerdo.
El senador Aníbal Fernández aseguró que “lo que plantearon del secreto no tiene nada que ver con la realidad” y explicó que “esta es una sociedad anónima, por lo que la información de sus acuerdos es privada, porque se trata de una empresa privada en donde da la casualidad que el Estado es accionista”.
