El lunes 2 de septiembre de 2013 en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se realizó una conferencia de prensa sobre la problemática de la posesión indígena de la tierra en la Argentina y la aplicación de la Ley Nº 26.160.
De izq. a der.: Mons. Jorge Lozano, Mons. Fernando Maletti,
Pbro. Ponciano Acosta y Dr. Juan Manuel Salgado.
Participaron monseñor Jorge Eduardo Lozano —obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, monseñor Fernando Maletti — obispo de Merlo-Moreno y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (ENDEPA)—, presbíteroPonciano Acosta —Coordinador nacional ENDEPA — y Dr. Juan Manuel Salgado, miembro de la Asesoría Jurídica de ENDEPA.
Refirieron al programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas, establecido por la Ley nacional Nº 26.160, sancionada a fines del año 2006 y prorrogada a los tres años por la Ley Nº 26.554. El relevamiento consiste en los estudios de determinación de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas con el fin de que se reconozca su propiedad, independientemente de quienes aparezcan con los títulos en los registros estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los desalojos mientras se realice el relevamiento y una asignación presupuestaria de $ 60.000.000 para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.
El estudio presentado da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya en el año 2011 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año siguiente.
Refirieron al programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas, establecido por la Ley nacional Nº 26.160, sancionada a fines del año 2006 y prorrogada a los tres años por la Ley Nº 26.554. El relevamiento consiste en los estudios de determinación de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas con el fin de que se reconozca su propiedad, independientemente de quienes aparezcan con los títulos en los registros estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los desalojos mientras se realice el relevamiento y una asignación presupuestaria de $ 60.000.000 para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.
El estudio presentado da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya en el año 2011 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año siguiente.
La actual investigación comienza señalando la falta de transparencia en la información, ya que desde el año 2009 el INAI no presenta ningún informe detallado del estado del programa y de la utilización de los fondos y en lugar de ello ha brindado afirmaciones genéricas falsas en donde sostiene que el programa de relevamiento se ejecutó en un 40 %.
Sin embargo, en base a las respuestas dadas por el propio INAI a requerimientos formulados en base al decreto de acceso a la información, el informe exhibe el estado de ejecución en cada provincia determinando que a seis años de la sanción de la Ley Nº 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava parte (12,48%). “A este paso” —sostiene el documento— “harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”.
Un análisis cualitativo muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65% del total de comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11%”. Ello permite concluir que “en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del I.N.A.I”.
Contrasta este bajísimo nivel de ejecución del programa con la elevada utilización de los recursos asignados. Los fragmentarios e incompletos informes del INAI dan cuenta de la utilización de por lo menos el 76 % del presupuesto asignado ($ 45.847.327 sobre $ 60.000.000), con el agravante de que casi la mitad de esa cantidad ($ 22.329.339) fue transferida por asesoramiento a la Universidad de Lanús “sin que pueda haberse logrado determinar el carácter y las circunstancias de contraprestación ya que esta suma ha sido gastada por fuera de las normas y controles de la administración pública”, hecho que motivó objeciones de la Auditoría General de la Nación.
En resumen, dada la gravedad que asume la indefinición en materia de:
Sin embargo, en base a las respuestas dadas por el propio INAI a requerimientos formulados en base al decreto de acceso a la información, el informe exhibe el estado de ejecución en cada provincia determinando que a seis años de la sanción de la Ley Nº 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava parte (12,48%). “A este paso” —sostiene el documento— “harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”.
Un análisis cualitativo muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65% del total de comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11%”. Ello permite concluir que “en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del I.N.A.I”.
Contrasta este bajísimo nivel de ejecución del programa con la elevada utilización de los recursos asignados. Los fragmentarios e incompletos informes del INAI dan cuenta de la utilización de por lo menos el 76 % del presupuesto asignado ($ 45.847.327 sobre $ 60.000.000), con el agravante de que casi la mitad de esa cantidad ($ 22.329.339) fue transferida por asesoramiento a la Universidad de Lanús “sin que pueda haberse logrado determinar el carácter y las circunstancias de contraprestación ya que esta suma ha sido gastada por fuera de las normas y controles de la administración pública”, hecho que motivó objeciones de la Auditoría General de la Nación.
En resumen, dada la gravedad que asume la indefinición en materia de:
tierras indígenas como origen de desalojos,
represión e incluso muertes de miembros de pueblos originarios,
el bajísimo nivel de ejecución del programa de relevamiento,
la alta utilización de los fondos
y la ausencia de transparencia
constituyen un severo cuadro que urge revertir mediante decisiones políticas adecuadas, adoptadas con la plena participación de los pueblos indígenas víctimas de esta situación.
Algunos textuales
Mons. JORGE LOZANO: “ENDEPA viene trabajando esta problemática hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con el incumplimiento de la Ley a la que estamos haciendo referencia. Nos parece bueno compartir con los medios de comunicación estas preocupaciones que reflejan situaciones extremas que aquejan a tantos y tantos hermanos nuestros. Estamos ante una justicia largamente esperada para que todos los derechos puedan ser reconocidos”.
Pbro. PONCIANO ACOSTA: “Partimos de la realidad concreta. En Argentina hay legislación pero entre lo escrito y la realidad hay una gran brecha. Hemos decidido darle un seguimiento permanente al cumplimiento de la Ley. Queremos llamar la atención y, pasados 2 años de la primera advertencia, lanzamos esta segunda advertencia. Aquí están las vidas, las muertes y los desalojos de muchas comunidades de nuestros pueblos originarios. El gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto”.
Mons. JORGE LOZANO: “ENDEPA viene trabajando esta problemática hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con el incumplimiento de la Ley a la que estamos haciendo referencia. Nos parece bueno compartir con los medios de comunicación estas preocupaciones que reflejan situaciones extremas que aquejan a tantos y tantos hermanos nuestros. Estamos ante una justicia largamente esperada para que todos los derechos puedan ser reconocidos”.
Pbro. PONCIANO ACOSTA: “Partimos de la realidad concreta. En Argentina hay legislación pero entre lo escrito y la realidad hay una gran brecha. Hemos decidido darle un seguimiento permanente al cumplimiento de la Ley. Queremos llamar la atención y, pasados 2 años de la primera advertencia, lanzamos esta segunda advertencia. Aquí están las vidas, las muertes y los desalojos de muchas comunidades de nuestros pueblos originarios. El gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto”.
De izq. a der.: Pbro. Ponciano Acosta y Dr. Juan Manuel Salgado.
Dr. JUAN MANUEL SALGADO: “El Estado argentino debe cumplir con las normas internacionales y los tratados de Derechos Humanos por la posesión indígena de las tierras porque no están tituladas. Han sido víctimas de despojos con el visto bueno de los gobiernos provinciales. Muchas veces quitarle la tierra a los indígenas es sinónimo de progreso”.
Mons. FERNANDO MALETTI: “Nuestro objetivo hoy es visibilizar la problemática, solidarizarnos con nuestros hermanos de las comunidades aborígenes y comprometernos a la construcción del bien común y de una patria de hermanos donde interactúen los valores culturales, religiosos y sociales de todos los argentinos. Tenemos que salir de nuestro encierro de modo que tampoco se ningunee a los peritos interesados en el tema. Nos haría mucho bien reconocer las diferencias y remarcar la condición argentina de los pueblos originarios. Hablamos de ‘Perplejidad’ porque nos quedamos helados porque no esperábamos tanta frialdad frente a un compromiso universalmente asumido. Hablamos de ‘Dolor’ porque siempre los que más pierden son los más pobres y los más débiles de los pueblos originarios. Hablamos de ‘Interrogantes’ porque no sabemos qué va a pasar y no sabemos bien cómo va a terminar esto, sería muy desgastante comenzar la lucha desde cero”.
Mons. FERNANDO MALETTI: “Nuestro objetivo hoy es visibilizar la problemática, solidarizarnos con nuestros hermanos de las comunidades aborígenes y comprometernos a la construcción del bien común y de una patria de hermanos donde interactúen los valores culturales, religiosos y sociales de todos los argentinos. Tenemos que salir de nuestro encierro de modo que tampoco se ningunee a los peritos interesados en el tema. Nos haría mucho bien reconocer las diferencias y remarcar la condición argentina de los pueblos originarios. Hablamos de ‘Perplejidad’ porque nos quedamos helados porque no esperábamos tanta frialdad frente a un compromiso universalmente asumido. Hablamos de ‘Dolor’ porque siempre los que más pierden son los más pobres y los más débiles de los pueblos originarios. Hablamos de ‘Interrogantes’ porque no sabemos qué va a pasar y no sabemos bien cómo va a terminar esto, sería muy desgastante comenzar la lucha desde cero”.
