2/12 | Bs As: Declaración del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina

La empresa Monsanto, una transnacional vinculada a crímenes de guerra, que nació como empresa química, siendo parte del grupo de empresas que produjo el agente naranja utilizado por Estados Unidos para la guerra de Vietnam, busca abrir nuevas plantas en Argentina. En 2012 anunció la instalación en la localidad de Malvinas Argentinas, a 12 Km de la capital cordobesa, de una de las plantas más grandes de América Latina de experimentación con semillas transgénicas.

Este nuevo desembarco de Monsanto se da en el marco de una política agropecuaria que tiene su núcleo principal en los agronegocios con la soja transgénica como su principal exponente, como queda reflejado en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2) que impulsa el Gobierno Nacional. Este plan requiere, para alcanzar sus objetivos en cuanto a volumen y superficie, profundizar los violentos desalojos de comunidades campesinas e indígenas, seguir desmontando, destruyendo  ecosistemas, acrecentando así el saqueo de bienes comunes. Consecuentemente nos preguntamos si la riqueza de nuestros suelos debe ser destinada para la alimentación animal, los agrocombustibles y para la generación de divisas para continuar pagando una Deuda Externa ilegitima y fraudulenta, o debería ser para garantizar la alimentación adecuada de nuestro pueblo y de las futuras generaciones.

Pese a todo, Monsanto se encuentra hoy con la férrea resistencia de un pueblo que busca ejercer su soberanía, que quiere decidir quién tiene el poder para determinar que se  hace en su territorio. Así es que en Malvinas Argentinas se bloquea la entrada de camiones a la planta de esta empresa desde mediados de septiembre de este año. Frente a esta resistencia los gobiernos no han hecho otra cosa que reprimir, por medio de las fuerzas de seguridad o utilizando patotas al servicio del poder empresarial. Así fue que luego de varios hechos de represión a la asamblea y al acampe, han amenazado y luego agredido físicamente a Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó Anexo, referentes en la lucha contra los agrotóxicos que han logrado el primer fallo donde se declara como un delito la fumigación en las zonas periurbanas. Y finalmente, el jueves 28 de noviembre una patota de la UOCRA atacó el bloqueo rompiendo parte del campamento y golpeando a varios de los participantes del acampe. Esto se realizó con la presencia cómplice de la policía de la provincia que solo actúo dispersando con balas de goma no a las patotas, sino a quienes se encontraban en el acampe.

Con el fin de profundizar este modelo agrario se requiere reformar la Ley de Semillas, garantizándole a las semilleras transnacionales la posibilidad de cobrar regalías indefinidas por el uso de la misma, prohibiendo de este modo el uso propio de las semillas para futuras cosechas y el intercambio de las mismas entre agricultores, lo cual generará mayor dependencia para los productores agropecuarios, y se constituirá en un nuevo impedimento para la soberanía alimentaria.

Es por ello que también se quiere elaborar una legislación nacional que regule la aplicación de productos fitosanitarios (agrotóxicos) que marque un piso menor al que ya establecen  varias ordenanzas municipales, proponiendo metrajes irrisorios (100 a 200 metros); desoyendo los reclamos de las poblaciones del interior y los resultados de múltiples informes científicos y  asegurando una mayor superficie para el agronegocio, incluso en los bordes de nuestros pueblos.

Esto se agrava si tenemos en cuenta que el Ministro recientemente designado para Agricultura, Ganadería y Pesca es Carlos Casamiquela, del INTA, quien públicamente ha manifestado su apoyo a la iniciativa en Malvinas argentinas diciendo: “Tratar de parar el avance tecnológico es complicado; el avance tecnológico trae una serie de beneficios impresionantes al conjunto de la sociedad. Yo escucho las críticas a algunos modelos de producción, pero la Argentina produce hoy alimentos para 400 millones de personas”.  Se olvida de que tenemos cerca de 14 millones de personas, entre pobres e indigentes, que difícilmente están bien alimentadas o que ni siquiera comen gracias al actual modelo productivo. Y por otro lado de que los forrajes no alimentan personas sino que se utilizan para alimentar ganado o hacer agrocombustibles en el exterior.

También en la reforma del Código Civil que impulsó el Gobierno Nacional se pueden ver algunos hechos que ponen más trabas para lograr la Soberanía Alimentaria. Con esta reforma no se garantizará “el acceso al agua potable” (un derecho que sí contemplaba en el anteproyecto y fue suprimido), ya que los agronegocios afectan a diario los cursos de agua (ríos-humedales-acuíferos), al igual que la mega minería. Además esto ocurre a días de haberse firmado el acuerdo con Chevron para extraer  gas y petróleo no convencional  mediante fractura hidráulica.

El intento de poner en discusión la función social de la propiedad, fue desoído, la habilitación de formas contractuales que afectan directamente al trabajo digno en el campo, la restricción al acceso de la propiedad comunitaria por parte de las comunidades indígenas sin personería jurídica, y otros temas por demás preocupantes.

Por último sostenemos que estamos frente a un modelo impuesto en todo nuestro continente tanto a consumidores como a productores. La avanzada de las empresas como Monsanto, Syngenta y otras semilleras transancionales no es algo que solamente sucede en Argentina, sino que viene sucediendo en toda Latinoamérica. En Colombia por ejemplo, mediante la resolución 970 de 2010, se controló el uso de las semillas, criminalizando las semillas criollas, y privatizándolas mediante patentes o derechos de obtentores vegetales la propiedad intelectual. Esta fue una de las prioridades de EEUU al firmar el TLC con nuestro hermano país, obligando a garantizar la seguridad jurídica para dichas empresas. En Paraguay,  la intensa presión empresarial tuvo como resultado el golpe de estado institucional al presidente Lugo ante el temor de las clases dominantes de una posible reforma agraria y la recuperación de tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, y que habían sido adquiridas ilegalmente por empresarios y Chile sufre la intensa presión para reformar su ley de Propiedad de semillas al haber firmado un TLC con EEUU.

Articulamos en el FLSAA:  Agrupación Visión Sostenible; Amigos de la Tierra Argentina; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); Barricada TV; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA UNLP); Centro de Educación Agroecológico ASHPA; Colectivo Documental Semillas;  Corriente de Organizaciones de Base (COB) La Brecha; Corriente Nacional Emancipación Sur (Proyecto Sur Pcia. de Bs.As); Corriente Unidad Sur (CUS); Centra de Trabajadores Argentinos (CTA);  Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía; Espacio Chico Mendes; Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Marea Popular; Mishkila Alimentos; Movimiento Estudiantil Liberación UNLP; Movimiento Popular La Dignidad (MPLD); MPR Quebracho; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER); Proyecto Squatters; Red Tacurú;  Buenos Aires para Todos en Unidad Popular; Usina Cultural del Sur Almagro y Pompeya.