La Administración catalana no podrá otorgar los permisos urbanísticos para construir instalaciones de fracturación hidráulica
Por Dani Cordero
El fracking está prohibido en Cataluña. La oposición de la Generalitat a permitir esa polémica práctica extractiva de hidrocarburos es ley desde el pasado jueves, cuando se publicó la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. Esta recoge una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.
En la práctica, lo que ese cambio implica es que la Administración catalana no podrá otorgar los permisos urbanísticos para construir y poner en marcha en territorio catalán instalaciones con el objeto de utilizar esa técnica basada en la destrucción de la roca madre del suelo mediante la inyección a presión de agua y productos químicos.
Hasta ahora, la Generalitat ya había ido denegando una a una todas las peticiones de licencias para utilizar el fracking en subsuelo catalán, en algunos casos porque había expirado el calendario para presentar la documentación, pero quedaban algunos flecos pendientes. Sobre todo en cuatro zonas a caballo de Cataluña y Aragón donde el Ministerio de Industria había autorizado la exploración para conocer si se podía extraer gas o petróleo del subsuelo. Aunque los resultados fueran positivos, sería imposible llevarlas a cabo, a no ser que las instalaciones se sitúen completamente en territorio aragonés. “En Cataluña está totalmente prohibida”, confirmó ayer el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Pere Torres.
La decisión de la Administración, no obstante, no descansa sobre argumentos medioambientales. Reside en un estudio del Gobierno catalán que concluye que la fractura hidráulica apenas permitiría aflorar el equivalente a 0,7 años del consumo de gas de la comunidad. Ante esas expectativas, el documento apostaba por dar carpetazo para evitar los “costes sociales” causados por los movimientos opositores.
El País
Hasta ahora, la Generalitat ya había ido denegando una a una todas las peticiones de licencias para utilizar el fracking en subsuelo catalán, en algunos casos porque había expirado el calendario para presentar la documentación, pero quedaban algunos flecos pendientes. Sobre todo en cuatro zonas a caballo de Cataluña y Aragón donde el Ministerio de Industria había autorizado la exploración para conocer si se podía extraer gas o petróleo del subsuelo. Aunque los resultados fueran positivos, sería imposible llevarlas a cabo, a no ser que las instalaciones se sitúen completamente en territorio aragonés. “En Cataluña está totalmente prohibida”, confirmó ayer el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Pere Torres.
La decisión de la Administración, no obstante, no descansa sobre argumentos medioambientales. Reside en un estudio del Gobierno catalán que concluye que la fractura hidráulica apenas permitiría aflorar el equivalente a 0,7 años del consumo de gas de la comunidad. Ante esas expectativas, el documento apostaba por dar carpetazo para evitar los “costes sociales” causados por los movimientos opositores.
El País
