CON CHEVRON NO HAY SOBERANÍA POPULAR
REPUDIO AL ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN A REPSOL // NO LE DEBEMOS NADA A QUIENES SAQUEARON EL PAÍS
En el día de hoy se anunciaron los términos del acuerdo de compensación por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. La medida aprobada por el Congreso Nacional el 3 de mayo de 2012 que devolvió al Estado el control sobre la principal empresa del país, fue fundamentada sobre la base del vaciamiento de nuestra empresa petrolera nacional rematada por el menemismo a favor de la multinacional española. Luego de años y años de utilizar nuestros recursos para financiar el desarrollo de esa empresa en el resto del mundo, de incumplir con las pautas de inversión que llevaron a nuestro país a perder el autoabastecimiento energético, de la inmensa fuga de ganancias producida durante toda su gestión, el Estado con todo derecho decidió retomar el control de la compañía expropiando el 51% de las acciones en manos de Repsol. Esta medida, aunque limitada, constituyó un paso adelante en materia de soberanía y regulación del sector. Fue el propio gobierno quien planteó los argumentos por los cuales la gestión de Repsol en nuestro país había sido una verdadera estafa y eran ellos quienes estaban endeudados con nosotros por las riquezas extraídas y perjuicios generados para el conjunto de nuestra economía (informe Mosconi).
Justamente por ello es que resulta insultante y lacerante a los principios de soberanía nacional que se esgrimen en los discursos, el acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Administración de Repsol, según el cual el Estado pagará U$S 5.000 millones de dólares (más intereses) en concepto de “compensación” por una decisión soberana y absolutamente justificada por parte de nuestro país.
El gobierno justifica la medida porque permitirá atraer “nuevas inversiones” en una estrategia de buscar desesperadamente financiamiento externo y capitales multinacionales en lugar de ir por las rentas extraordinarias que hoy se producen en nuestro país y que están controladas por los grandes capitales en el agro, la minería, la industria, los hidrocarburos y las grandes comercializadoras. En lugar de afectar los intereses de los responsables de la escasez de divisas que fugaron más de U$S 100.000 millones de dólares en la última década y que especulan con la liquidación de la cosecha para engrosar aun más sus ganancias, se vuelve a recurrir a los mercados internacionales de crédito. En lugar de salir del CIADI y los organismos internacionales que tienen como fin someter a los países del tercer mundo al dictado de las grandes multinacionales, se busca el perdón para que vuelvan a invertir en nuestro país, como si no hubiéramos aprendido ya las nefastas consecuencias que estos capitales tienen sobre nuestra economía y el conjunto del pueblo.
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos rotundamente este acuerdo. Ni un solo dólar de nuestro país debe salir para indemnizar a Repsol. El petróleo argentino pertenece al pueblo y no a las empresas que lo utilizaron para enriquecerse a costa nuestra. Planteamos también la necesidad de derogar la actual Ley de Inversiones Extranjeras heredada de la última dictadura militar que otorga beneficios al capital transnacional y su reemplazo por un nuevo marco legal que defienda la soberanía de nuestro país sobre sus recursos y las ganancias que aquí se generan.
