Sobre la baja de subsidios en el gas natural.
Por Claudio Lozano*
Axel Kicillof puso a salvo de la reducción de subsidios a los grupos industriales más concentrados y por lo tanto del aumento de tarifas. Con la excusa de que no caiga la industria, que hace meses que viene cayendo, y con el supuesto objetivo de no afectar el crecimiento cuando hay en curso un programa recesivo, el ministro vuelve a hacer gala de su escasa imaginación.
Mientras se proponen incrementos que lindan el 100% en las tarifas de gas de quienes tienen menores consumos, el gobierno elude considerar el incremento de tarifas a los grupos industriales más concentrados, omitiendo incluso la necesidad de modificar la ya fracasada política de incentivos fiscales otorgados por el Estado Nacional a los propios productores gasíferos. Hablamos por ejemplo del Plan Gas I que implica transferencias fiscales cercanas a los quinientos millones de dólares al sector productor de gas natural solo en el 2013 y que prevé una cifra superior a los mil millones de dólares para el 2014.
El Gobierno nacional acaba de anunciar una baja de subsidios a los consumos de gas natural que se aplicará a los usuarios residenciales, comerciales y de GNC en tres etapas que comenzarán el 1 de abril, continuarán el 1 de junio y concluirán el 1 de agosto del corriente año.
En ese escenario de baja y reasignación de subsidios, se ha comunicado que, en el caso de los usuarios residenciales, la medida impactará de manera gradual y más progresiva, ya que el 55% de los hogares que hoy pagan entre 20 y 44 pesos por bimestre, verían reducidos los subsidios entre un 17% y un 20%, y abonarían entre 20 y 76 pesos adicionales una vez que concluyan las tres etapas de recomposición previstas. Mientras que el 45% de los usuarios restantes con mayores consumos, tendrían reducciones que van entre el 33% al 80%, con valores absolutos que están entre los 110 y los 228 pesos de reducción al término de los tres tramos de recomposición comunicados. A su vez, se ha anunciado que, aquellos usuarios que tengan ahorro efectivo de consumo de hasta un 20% por bimestre contrastado con el bimestre del año anterior, no sufrirán reducción alguna del subsidio. Ello habrá que verlo, también, en el contexto de las distintas regiones del país, ya que impactará de manera diversa según los consumos.
Ahora, y más allá de que habrá que esperar la implementación de la medida para ver cómo impactará a nivel regional y si se darán mayores precisiones al respecto, estimamos que es necesario hacer algunas puntualizaciones que tienen que ver no sólo con la medida anunciada, sino con el funcionamiento del sector gasífero en la Argentina.
En este sentido, y en relación a la comunicación de baja de subsidios a los consumos de gas natural, no se entiende porqué el sector industrial no ha sido alcanzado por la medida de recomposición de tarifas. Se ha alegado que se lo ha excluido para no afectar la producción industrial y el crecimiento de la economía- recurso permanente del relato- mientras se omite que el mismo sector de la industria del gas natural está siendo beneficiado por políticas de incentivos fiscales otorgadas por el Estado nacional y de manera creciente, desde comienzos de 2013. Asimismo, diversos sectores industriales, en sus acuerdos de provisión de gas natural con el sector gasífero, han gozado en los últimos años de precios de compra del insumo que han oscilado entre los 2,5 y los 4,5 dólares por millón de BTU, en un contexto en el que las empresas productoras de gas natural han presionado al Gobierno para la consolidación de un esquema de aumentos y
recomposición de precios del gas en boca de pozo. Es decir, que el sector industrial, si bien se ha visto perjudicado en los últimos años con cortes de suministro en los meses de invierno a causa de la escasez estructural de oferta de gas natural, ha sido beneficiado con precios más que accesibles por el sector industrial en los acuerdos sectoriales, mientras que, el sector productor, en vez de buscar la recomposición de precio vía aumento del mismo al sector privado, lo hace a través de inaceptables transferencias del Estado nacional que, con dinero del fisco, es decir, de todos los argentinos, le asegura convalidación de nuevos precios por el gas natural, a tal punto que, por la producción de gas nuevo, los operadores estarían recibiendo entre 5 y 7,5 dólares por millón de BTU, lo cual se ha establecido a partir del llamado Plan Gas I en enero de 2013.
Efectivamente, el denominado Plan Gas I, significó sólo en 2013-año de su implementación- una transferencia de 500 millones de dólares al sector productor de gas natural en la Argentina, que han recibido esta cifra a cambio de inyección adicional de gas al sistema, lo cual, por otra parte- y dada la incapacidad demostrada por el Gobierno nacional para controlar los efectivos niveles de producción y desempeño de las empresas- constituye un planteo voluntarista y por ello mismo de graves implicancias, ya que transfiere sumas millonarias, convalida apropiación de renta y demuestra incapacidad total para controlar el proceso de implementación del mismo esquema de funcionamiento creado. Asimismo, el panorama para 2014 es aún más grave, ya que se prevé que, por el mencionado programa, las empresas productoras recibirán entre 1000 y 1200 millones de dólares del Estado nacional a cambio del virtual “gas nuevo” que se comprometerían a inyectar en el sistema.
Este panorama es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, en materia gasífera, la capacidad productiva de los yacimientos en la Argentina, ha declinado de manera más pronunciada que en el caso del petróleo. Veamos, en tal sentido, algunos números contundentes. Entre 2000 y 2013, la pérdida de reservas de gas natural fue superior al 50% y el horizonte de reservas actuales está hoy en el orden de los 8 años. Es más, desde 2004- hace ya una década- la declinación productiva en gas natural no ha cesado y, actualmente, sólo la empresa YPF- de acuerdo a sus números de 2013- es la única que estaría revirtiendo la caída generalizada en extracción que acompaña a todo el sector. Esto tiene que ver con la madurez relativa de la mayoría de los pozos de gas natural en la Argentina, lo cual es un dato de orden geológico por demás grave y determinante para que e Gobierno nacional hubiera encarado- junto a las provincias- un estudio serio de
auditorías de reservas realmente existentes en el país, junto con una planificación de áreas potenciales a identificar para encarar un proceso de exploración que permita recomponer producción y reservas, al tiempo que controlara severamente a los operadores privados y, en caso de corroboración de falta de inversiones, concluyera en la reversión de las concesiones. Sin embargo, nada de esto se ha hecho y, por el contrario, siguen transfiriendo renta al sector gasífero sin solución de continuidad. Y todo ello se agrava aún más, si tenemos en cuenta que, en 2013, la Argentina importó gas natural de Bolivia y gas natural licuado por barcos, por un total de casi 5.500 millones de dólares- 2000 millones por el gas boliviano y unos 3500 millones de gas natural licuado-, lo que representó alrededor del 25% de la oferta total disponible de gas natural, o lo que es lo mismo, la Argentina necesitó importar un cuarto de su declinante producción de gas en 2013.
Ahora, ante el escenario de agobio a las cuentas públicas que implican los subsidios al sector energético- que en 2013 significaron casi 82.000 millones de pesos, un 2,5% del PBI aproximadamente-, el Gobierno nacional vuelve a tomar medidas que impactan sobre el conjunto de la población al compás del avance de la crisis energética, en un contexto grave de inflacion, de aumento en las tasas de interés y estancamiento de la economía posdevaluación. La contracara de ello es que no sólo no afecta las inaceptables transferencias de subsidios al sector gasífero, sino que además excluye al sector industrial en esta recomposición de tarifas y baja de subsidios, con lo cual, reproduce inequidades y castiga a los sectores consumidores en un escenario general de transferencia regresiva de ingresos a partir de la devaluación.
En definitiva, podríamos hablar sobre el tipo de baja de subsidios a los consumos de los hogares residenciales que, al parecer, se haría de manera gradual y en las tres etapas anunciadas, como también podríamos decir que los comercios y los usuarios de GNC sufrirán menores impactos en las quitas anunciadas, pero, en una economía que funciona premiando a sectores oligopólicos y concentrados- como el del gas natural-que, además, ostenta desastrosos niveles productivos en los últimos años, quedarnos en el mero análisis del balance de la forma en que serán quitados los subsidios, sería no sólo de una estrechez de miras importante, sino implicaría una complicidad de hecho con un Gobierno nacional que sigue optando por premiar a los sectores que han descapitalizado y vaciado el sistema energético nacional.
* Claudio Lozano es diputado nacional. Presidente Bloque UNIDAD POPULAR, Bloque integrado por los diputados Víctor De Gennaro y Antonio Riestra.
Argenpress