El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que “si los fondos buitre tuvieran buena fe, también pedirían el stay”. La filial local del Citibank rechazó una presentación de NML en su contra, acusándolo de actuar “con gran hipocresía”.
El Gobierno respondió ayer a través de una nueva solicitada a las acusaciones que vertieron los fondos buitre en los últimos días, en las que insisten sobre un supuesto default en ciernes para el país. “Default es no pagar. La Argentina paga”, es el título de la respuesta oficial en los principales matutinos, en la que acusa a los buitres de “extorsionar, amenazar y difamar al país”. La solicitada se conoce un día después de que la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de tareas de los buitres, difundiera en medios porteños que el default es una elección de las autoridades argentinas. Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó también a los holdouts de carecer de buena fe al momento de negociar y los instó a solicitar un stay (suspensión de la sentencia) para seguir negociando. Con respecto al default sostuvo que “es un eufemismo creado por calificadoras de riesgo, ya que los fondos están depositados para que los acreedores puedan percibirlos”. Ayer, el Citibank envió al juez distrital en Nueva York, Thomas Griesa, un escrito en el que pide que rechace los argumentos de los fondos buitre, que objetaron la autorización de pago de los bonos en la filial argentina.
“La Argentina no se encuentra, como dicen los fondos buitre, sentando las bases para un nuevo default. Al contrario, la Argentina continúa honrando el pago de su deuda externa, tal como lo viene haciendo desde el año 2005. El 30 de junio, la Argentina pagó en concepto de intereses una suma superior a los 900 millones de dólares”, recordó el Gobierno. Los fondos buitre intentan embargar el dinero de los bonistas para lograr una ganancia exorbitante”, señala la solicitada firmada por Presidencia de la Nación. Mientras se aguarda por la reunión del martes próximo con Griesa, los buitres redoblaron el lobby. Junto a las solicitadas se publicaron artículos de opinión de especialistas financiados por la ATFA, amenazando con una reversión de las inversiones en Vaca Muerta si no se acuerda una salida con los buitres. Todo esto lo hicieron mientras reclaman un mayor diálogo con las autoridades argentinas.
“¿Cuáles serán los verdaderos propósitos de los fondos buitre? ¿Por qué incursionan en temas de hidrocarburos, de terceros países, de empresas privadas? No van a engañar a los argentinos. Esta historia ya la vivimos”, destaca el aviso publicado por el gobierno argentino. “Los fondos buitre no negocian, nunca lo hicieron. Quieren sobreendeudar al país. No intentan que la Argentina pague 1600 millones de dólares. Quieren que la Argentina tome nuevo endeudamiento por valores de 120 mil millones de dólares y que, según los analistas, podría superar los 500 mil millones de dólares”, agrega. Los dichos de Capitanich estuvieron en línea con la solicitada. Sostuvo que “es absolutamente clara la maniobra de apropiación estratégica de recursos naturales, como la de pretender un sobreendeudamiento del país y acorralar a la Argentina a un supuesto default”.
“Si existiera buena fe en los fondos buitre, automáticamente promoverían la reposición de la medida cautelar, es decir del stay, en el tiempo solicitado por la Argentina, para generar condiciones de negociación justas, equitativas y legales”, agregó. La reposición del stay fue un pedido que llevaron los negociadores argentinos al mediador Daniel Pollack. Por su parte, los bancos y las cámaras compensadoras involucrados en el proceso de distribución de los fondos elevaron a Griesa sendos pedidos para que libere el dinero de los bonistas. Los buitres presentaron una moción para que el juez no otorgue ese permiso.
El primer pedido de aclaración de la orden de Griesa provino de la filial argentina del Citibank, para permitir que los tenedores de deuda en pesos con legislación local cobren los vencimientos del 30 de junio último en bonos Discount. Sobre esta presentación, que obtuvo la autorización de pago de Griesa, se sumaron las entidades europeas Euroclear y Clearstream, y el JP Morgan Chase para bonistas japoneses. El Citi volvió a elevar esta semana un escrito al juez para que rechace la pretensión de los buitres en contra de la autorización de pago en la Argentina. El documento de la filial local del banco sostiene que “la moción de reconsideración no debe concederse cuando la parte actora persigue fines de litigar un asunto ya resuelto”. En duros términos, el banco señala, respecto de los fondos buitre, que “los demandantes argumentan ahora, con gran hipocresía, que la Corte no entendió el argumento del Citibank. Sostienen que la Corte pudo haber pasado por alto el hecho de que los bonos denominados en dólares estadounidenses son endeudamiento externo que pueden ser cubiertos por la cláusula pari passu”. Pero advierte que la resolución de Griesa, al prohibir los pagos, no se basa en una cuestión de derecho, ya que no hay argumento legal que lo sostenga, sino de hecho, para forzar un pago o un acuerdo de la Argentina con los fondos buitre.
Página/12
“¿Cuáles serán los verdaderos propósitos de los fondos buitre? ¿Por qué incursionan en temas de hidrocarburos, de terceros países, de empresas privadas? No van a engañar a los argentinos. Esta historia ya la vivimos”, destaca el aviso publicado por el gobierno argentino. “Los fondos buitre no negocian, nunca lo hicieron. Quieren sobreendeudar al país. No intentan que la Argentina pague 1600 millones de dólares. Quieren que la Argentina tome nuevo endeudamiento por valores de 120 mil millones de dólares y que, según los analistas, podría superar los 500 mil millones de dólares”, agrega. Los dichos de Capitanich estuvieron en línea con la solicitada. Sostuvo que “es absolutamente clara la maniobra de apropiación estratégica de recursos naturales, como la de pretender un sobreendeudamiento del país y acorralar a la Argentina a un supuesto default”.
“Si existiera buena fe en los fondos buitre, automáticamente promoverían la reposición de la medida cautelar, es decir del stay, en el tiempo solicitado por la Argentina, para generar condiciones de negociación justas, equitativas y legales”, agregó. La reposición del stay fue un pedido que llevaron los negociadores argentinos al mediador Daniel Pollack. Por su parte, los bancos y las cámaras compensadoras involucrados en el proceso de distribución de los fondos elevaron a Griesa sendos pedidos para que libere el dinero de los bonistas. Los buitres presentaron una moción para que el juez no otorgue ese permiso.
El primer pedido de aclaración de la orden de Griesa provino de la filial argentina del Citibank, para permitir que los tenedores de deuda en pesos con legislación local cobren los vencimientos del 30 de junio último en bonos Discount. Sobre esta presentación, que obtuvo la autorización de pago de Griesa, se sumaron las entidades europeas Euroclear y Clearstream, y el JP Morgan Chase para bonistas japoneses. El Citi volvió a elevar esta semana un escrito al juez para que rechace la pretensión de los buitres en contra de la autorización de pago en la Argentina. El documento de la filial local del banco sostiene que “la moción de reconsideración no debe concederse cuando la parte actora persigue fines de litigar un asunto ya resuelto”. En duros términos, el banco señala, respecto de los fondos buitre, que “los demandantes argumentan ahora, con gran hipocresía, que la Corte no entendió el argumento del Citibank. Sostienen que la Corte pudo haber pasado por alto el hecho de que los bonos denominados en dólares estadounidenses son endeudamiento externo que pueden ser cubiertos por la cláusula pari passu”. Pero advierte que la resolución de Griesa, al prohibir los pagos, no se basa en una cuestión de derecho, ya que no hay argumento legal que lo sostenga, sino de hecho, para forzar un pago o un acuerdo de la Argentina con los fondos buitre.
Página/12
