De nada servirá la proyectada ley de hidrocarburos si las autoridades no se empeñan en cambiar el clima de inseguridad jurídica y desaliento inversor
Editorial.- La media sanción de la ley de hidrocarburos obtenida por el oficialismo en el Senado expuso una vez más la capacidad del Poder Ejecutivo para lograr imponer sus propósitos sobre la voluntad de las provincias en cuestiones donde existen intereses contrapuestos. En este caso, como en otros, las negociaciones se dirimieron en función del poder del que goza el gobierno nacional por su distribución discrecional de fondos o por la reestructuración de antiguas pero significativas deudas provinciales imposibles de afrontar.
Es notable que una ley que debiera haber dividido los votos afirmativos y negativos, según el interés en juego de cada provincia, terminara siendo apoyada por todos los senadores del oficialismo y rechazada por los de los partidos de la oposición. Debemos recordar que en el Senado se representa a las provincias por encima de las banderías partidarias.
La Constitución de 1994 estableció la jurisdicción provincial sobre los yacimientos y el otorgamiento de concesiones para su exploración y explotación. Desde entonces los gobiernos provinciales contaron no sólo con la atribución de cobrar regalías, como ya lo hacían anteriormente, sino también de definir su magnitud. Además, establecieron los regímenes y condiciones contractuales de las concesiones otorgadas en las áreas de su territorio. La creación kirchnerista de Enarsa fue un intento, ciertamente frustrado, de retomar el manejo de la política petrolera desde la Casa Rosada. Se adjudicaron a esta nueva empresa áreas offshore y las importaciones de gas y combustibles líquidos.
No hace falta recordar los inmensos errores cometidos por las gestiones de Néstor Kirchner y de su esposa en materia de política energética. Han llevado al país a la pérdida de su condición de exportador de energía y a convertirse en fuertemente dependiente de costosísimas importaciones de gas licuado. Se destruyeron los incentivos a la inversión en un marco de precios controlados y de inseguridad jurídica. La importación subsidiada de combustibles dejó pérdidas que contribuyeron a destruir la solvencia fiscal, además de pesar sobre la balanza comercial. Este gobierno quedará en la historia como el que demolió la construcción laboriosamente lograda del autoabastecimiento energético de la Argentina.
Debe reconocerse también que muchas provincias petroleras tomaron caminos, hasta donde su manejo les permitió, no precisamente favorables a la atracción de inversiones. Se crearon empresas estatales provinciales, obligando a quienes concursaron por la concesión de yacimientos a asociarse con ellas, concediéndoles gratuitamente una parte del capital accionario. Esta modalidad, conocida con el nombre de “acarreo”, no sólo afecta la rentabilidad de las explotaciones, sino que crea interferencias de gestión al imponer la presencia de directores que representan intereses en conflicto con los de la empresa. También se produjeron escaladas en los porcentajes de las regalías y en los impuestos provinciales que gravan las concesiones.
En definitiva, hubo abusos provinciales que no encontraron límites en la necesidad de competir para atraer inversiones. A diferencia de las industrias o los servicios, el negocio petrolero no puede optar por lugares de radicación, sino que tiene que ir adonde están los yacimientos.
Las quejas de los inversores existentes o potenciales sobre los manejos provinciales llegaron a la actual conducción de YPF y al gobierno nacional. Ya el presidente de YPF hubo de encontrarse con la realidad al negociar el contrato con la estadounidense Chevron. Debieron incluirse condiciones sobre la disposición de divisas, jurisdicción de arbitrajes y seguramente otras concesiones que no pudieron explicitarse por razones políticas.
Esto explica la decisión de promover las reformas introducidas por esta nueva ley de hidrocarburos. A pesar de todos los errores cometidos por el gobierno nacional, que aún deben ser corregidos, éste promueve esta ley a la que hay que reconocerle diversas razones atendibles. La ley, que ha obtenido media sanción del Senado, propone un modelo único aplicable por todas las provincias, de licitación competitiva de áreas. Prohíbe el “acarreo” y la reserva de áreas para empresas estatales. Fija la regalía en un 12%, limita el gravamen provincial de Ingresos Brutos a un 3% y se excluye el impuesto a los sellos de las inversiones. Exige a las empresas aportar a las provincias el 0,5% del flujo de inversiones para infraestructura social y compromete al Estado nacional a aportar el 1% para obras de infraestructura. Fija plazos diferenciados para las concesiones de explotación: 35 años para los no convencionales y 30 años para el offshore. Se otorga al concesionario de explotación convencional el derecho a solicitar dentro de su área una nueva concesión para proyectos no convencionales, siempre que comprometa las inversiones necesarias para explorar y desarrollar esos recursos. Se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país con el objetivo de generar mayor oferta y velocidad a la actividad. Se establece que hasta el 60% de las utilidades de explotaciones offshore puedan girarse al exterior.
No puede decirse que los postulados de la nueva legislación sean en general objetables. Pero hubiera sido preferible que las propias provincias, dentro de las atribuciones constitucionales que les corresponden, hayan sido las que promovieran un marco de condiciones atractivas para la inversión privada en el sector petrolero. También es deseable que el gobierno nacional reoriente drásticamente sus políticas para restablecer la seguridad jurídica y el marco apropiado para atraer inversiones al país. Sin ese contexto general de confianza, el nuevo encuadramiento legal en materia de hidrocarburos será claramente insuficiente, al tiempo que los futuros contratos terminarán conteniendo, como el de Chevron, cláusulas vergonzosamente secretas
