Por Fabián Gaioli.- Los proyectos que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) pueden beneficiarse del fondeo que brinda el mercado de carbono. Dichos flujos surgen de los compromisos obligatorios asumidos por los países industrializados en el marco del Protocolo de Kyoto o por las acciones voluntarias emprendidas por Estados, empresas o sectores que no están alcanzados por las obligaciones de Kyoto o por cuestiones de imagen corporativa. En ese sentido, existen dos mercados, el regulado por Kyoto y el voluntario. La diferencia radica en el precio a obtener por esos bonos. En Kyoto, cada bono vale aproximadamente US$ 15 dólares, mientras que en el mercado voluntario es del orden de una tercera parte de ese valor.
Una pregunta muy frecuente que surge es la conveniencia o no de entrar al mercado de carbono. La pregunta tiene sentido porque no todo proyecto que reduzca emisiones de GEI tiene posibilidades de reclamar bonos o, de tenerlas, puede que resulte inviable gestionarlas debido a los altos costos de elaborar un proyecto de estas características. Hay que evaluar la inversión adicional necesaria, los costos de monitoreo para dar cuenta de las reducciones de gases, los costos de gestión del proyecto asociados a las auditorías para la aprobación del proyecto, los gastos en consultoría, entre otras cosas.
La experiencia ha mostrado que los proyectos presentados son los de más bajo rendimiento en términos de la relación costo-beneficio. En cambio, tienen un margen mayor de efectividad los proyectos que reducen emisiones de GEI con mayor potencial de calentamiento global, tales como el metano, óxido nitroso y otros gases sintéticos. El metano, por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el del dióxido de carbono (convencionalmente tomado como la unidad). Esto significa que la reducción de la emisión de una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CO2 abatidas. Ese efecto multiplicador potencia el volumen total de bonos a obtener.
Para tener una idea de las escalas, comparemos algunas actividades con potencial de reducción de emisiones de GEI. Digamos que ese valor ronda los US$ 100.000 para proyectos de pequeña escala. Dos ejemplos: la sustitución de combustibles o cambio tecnológico en automotores requeriría de una flota muy grande de vehículos, más de la que suelen tener individualmente las empresas de transporte público. Y la generación de energía a partir de fuentes renovables necesitaría considerar una capacidad instalada tan grande que permita compensar, además, el bajo valor de venta de la energía a la red.
iEco – Clarín