Gobierno y empresas finalizan relación contractual.
La lucha de 14 años de la comunidad kichwa de Sarayaku por la salida de dos empresas petroleras de su territorio en la oriental provincia de Pastaza, rindió sus frutos con el acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y las empresas Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina, subsidiaria de la estadunidense Chevron, y Burlington Resources, de EEUU, de poner fin de manera amigable a sus contratos.
Según información periodística, en diciembre tanto CGC como Burlington solicitaron a la petrolera estatal Petroecuador la finalización de sus contratos por mutuo acuerdo debido a que no pudieron desarrollar sus operaciones por la oposición de las comunidades indígenas.
En 1996, el Estado ecuatoriano, sin consultar a Sarayaku, otorgó en concesión a CGC y Burlington dos bloques contiguos de exploración y explotación petrolera en el territorio indígena, incumpliendo el “Acuerdo de Sarayaku”, firmado siete años antes, por el cual el Estado le garantizaba su derecho al territorio y la protegía de la explotación petrolera.
A principios del 2003, ante la resistencia de Sarayaku a la actividad petrolera, las autoridades determinaron la militarización y prohibición del libre tránsito de los indígenas en su propio territorio, a lo que se sumó la campaña de amedrentamiento contra la población por parte de las petroleras.
Esta situación obligó a Sarayaku a presentar en el 2004 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado ecuatoriano y solicitar medidas cautelares a favor de la comunidad. Las petroleras se vieron obligadas a suspender sus actividades al año siguiente luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución a favor de Sarayaku ordenando a las autoridades gubernamentales tomar medidas provisionales para la protección de los indígenas.
Aunque la finalización de los contratos con las petroleras es un hecho, hay un punto de las medidas cautelares planteadas por la CIDH que el Estado ecuatoriano no ha cumplido: el retiro de 400 kg de explosivos colocados por CGC dentro del territorio indígena.
El 3 de febrero, Sarayaku recurrió nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección por la existencia de los explosivos en su zona. Según el presidente de Sarayaku, Holger Cisneros, “pese al tiempo transcurrido, el Estado ecuatoriano sólo ha retirado 14 kg de explosivos”.
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