En Diputados esperan que el Senado sancione la norma el jueves. La decisión ya fue adoptada por la vecina Entre Ríos. También pone límites al termalismo. El vital elemento como derecho humano.
por Mario Cáffaro
“Esta norma es la resultante de un trabajo de mucho tiempo, de un trabajo colectivo como deben ser las políticas de Estado. La provincia hace un gran salto, no es la panacea, pero sí, es un avance”, destacó el radical Santiago Mascheroni al cerrar su alocución en defensa del proyecto de la futura ley de Aguas que Diputados votó por unanimidad y giró en segunda revisión al Senado.
La temática no es novedosa en la Legislatura. Aunque parezca mentira, la provincia no tiene una ley sobre el uso de tan vital elemento como es el agua. El justicialista Julio Eggimann señaló que hay algunas menciones al tema en el viejo Código Rural votado en agosto de 1901. Mascheroni recordó que la temática la instaló en su segundo mandato Jorge Obeid cuando envió un mensaje a la Legislatura. El actual gobernador, Miguel Lifschitz, destacó la necesidad del plexo normativo en sus dos mensajes de apertura de sesiones ordinarias.
El último jueves “con el agua al cuello” como dijo Mascheroni en materia de tiempos legislativos, Diputados aprobó un texto con la expectativa que Senado convierta en ley el jueves venidero. Hubo conversaciones para que ello ocurra aunque los senadores se reservaron la última palabra y que dependerá de la lectura de un texto de 200 artículos.
Es que el Senado es Cámara de Origen a partir de un proyecto de Cristina Berra (PJ – San Martín) que tuvo tres votaciones en ese cuerpo y nunca prosperó en Diputados. En la Cámara Baja, había iniciativas propias de Mascheroni y Eggimann más otra de Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) que apuntaba a prohibir el uso de fracking en la provincia. Para saldar diferencias, Diputados encargó un trabajo académico que hicieron el Instituto Nacional del Agua y las facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL donde compararon los cuatro proyectos y sugirieron la redacción final.
“Es un proyecto complejo, con característica de un Código, es decir un cuerpo normativo que abarca diversos aspectos de una problemática en común, en este caso del agua, desde distintos enfoques: jurídico, administrativo; responsabilidad social, colectiva; responsabilidad del Estado, de particulares y, también, geológica y física”, explicó el radical que fue el primero en exponer. Como los restantes oradores, destacó la decisión del carácter de derecho humano que se establece para el acceso y uso del agua. Detalló luego los distintos aspectos que contiene y se detuvo en el tema del fracking y el termalismo reglados en el proyecto. “El texto es coherente, integral y funcional a los objetivos que se persiguen”, concluyó.
Más voces favorables
El texto regula la gestión integrada de los recursos hídricos para promover los distintos usos del agua de manera sustentable a favor de las generaciones presentes y futuras, garantizando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable.
El socialista Rubén Galassi destacó la responsabilidad del Estado de llegar con agua potable a todas las localidades y señaló que “en los últimos 10 años se pasó de 78 localidades que no tenían agua potable a 24 localidades. Se seguirá trabajando para que éstas también cuenten con este derecho. Se han invertido 9 mil millones de pesos en acueductos, otra de las herramientas fundamentales”, acotó.
El proyecto establece que el dominio de la provincia sobre las aguas es inalienable, imprescriptible e inembargable. El ejercicio de los derechos de dominio y de uso y goce, sean públicos o de particulares, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. También especifica que el Estado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos.
De acuerdo con el articulado del proyecto, el agua es un bien esencial para la vida humana y la de los ecosistemas, tiene una función social y ambiental, es un recurso natural finito y vulnerable con alto valor social, sanitario, ambiental y económico, integra el proceso productivo y que el Estado provincial concede para su uso una vez cubierta la función social y ambiental.
“Santa Fe se debe una ley de aguas”, señaló la radical Estela Yacuzzi. Eggimann destacó que “viene a cubrir un vacío legal”, y admitió que su proyecto se enancó en el ingresado años atrás por Danilo Kilibarda.
Giustiniani explicó las razones por las cuales incluir la prohibición del fracking pese a que Santa Fe hoy es una provincia petrolera pero destacó que los mapas presentados por YPF señala a nuestra provincia como cuenca de shale oil. “No es antojadizo y debemos prever el no uso de esta tecnología cara y contaminante en el territorio. Así como esta provincia es pionera en prohibir la construcción de usinas nucleares, debemos impedir el uso del agua para perforar la roca para sacar petróleo”.
También hicieron aportes a la discusión Patricia Chialvo (PJ), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Verónica Benas (Pares), Héctor Cavallero (FJV) y Gabriel Real (PDP) quien advirtió que más allá de la normas se necesitan decisiones políticas fuertes e inversiones importantes para evitar los graves problemas hídricos que atraviesa la provincia, hoy expuestos en la laguna Melincué y en La Picaza.
Agua segura en establecimientos gastronómicos
También Diputados dio media sanción a un proyecto para promover el consumo de agua segura en la población, incentivando el uso de agua de red y garantizando el derecho de acceso gratuito al vital elemento en establecimientos que prestan servicio de venta de comidas y bebidas.
La iniciativa fue presentada por la socialista Marita Ayala y dijo que apunta a “que los clientes de los establecimientos gastronómicos puedan acceder gratuitamente al agua segura de red en jarras u otros recipientes. Es un derecho fundamental que ya se garantiza en otras ciudades del mundo, y hay ciudades en la provincia que ya han sancionado ordenanzas en este sentido. Es muy importante contar con una norma provincial que reconozca el derecho al agua como derecho humano”.
El proyecto establece que los puestos de venta de comidas y bebidas al público, ya sea en forma permanente, discontinua u ocasional, radicados en la provincia de Santa Fe deberán disponer para sus clientes el acceso gratuito al agua de red apta para el consumo humano mediante una jarra de mesa u otro receptáculo garantizando el derecho humano al agua.
Ámbito
“Esta ley rige la gestión de todas las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas. Todas las aguas quedan sujetas al control, a las limitaciones y a los fines que en función del interés público establezca la Autoridad de Aplicación y sometidas a las disposiciones de esta Ley de Aguas. Sin perjuicio de ello, la prestación de los servicios sanitarios es regida por la ley especial vigente o la que en el futuro la reemplace, conforme los principios derivados de la presente ley”, dice el artículo 2 del proyecto girado en revisión al Senado.
